Es un instrumento de administración de personal que por mandato Constitucional (art. 122) y de ley (Ley 909 de 2004, Decreto 770 de 2005, Decreto 785 de 2005, 2539 de 2005) deben tener todas las Entidades e Instituciones del Estado. En él se establecen las funciones y competencias exigidas para el desempeño de los empleos públicos que conforman la planta de personal. Es el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos de una institución. El propósito principal de todo manual específico de funciones y competencias es: Establecer y precisar de manera clara las funciones, competencias y responsabilidades de los empleos que conforman la planta de personal establecida Especificar los requerimientos de los empleos en términos de conocimientos y experiencia, como medio para orientar la búsqueda y selección del personal con los perfiles adecuados para ocupar los cargos. Entregar la información básica sobre sus funciones a todos los miembros de la entidad o institución para el desempeño eficiente de sus empleos. Instrumentar la marcha de los procesos tales como selección de personal, inducción de nuevos empleados, capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo, evaluación del desempeño, etc. Servir de soporte para la planeación e implementación de medidas de mejoramiento y modernización administrativa Ayuda en el establecimiento de parámetros de eficiencia, calidad y criterios de autocontrol. Lo anterior, es precisamente en aras de dar cumplimiento a los objetivos de las Entidades cuya intención principal es el lograr la eficacia, eficiencia y efectividad de su quehacer a través de la identificación de las competencias laborales para cada cargo requerido, teniendo claro lo que se necesite y se demande alcanzando una gestión pública adecuada a las necesidades de cada entidad, tanto nacional como territorial. Es por esto que el Departamento Administrativo de la Función Pública como el ente formulador de la Política del Empleo Público ha realizado herramientas que ayudan a su aplicación en todos los sectores de la administración pública, bien sea misional o transversal, para que sean utilizadas y permitan reconocer el cumplimiento de requisitos en los distintos campos de trabajo y que la gestión del talento humano se optimice.