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El Gobierno expidió decretos que le dan vida a la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas
Febrero 22 de 2018 10:00 AM
Bogotá, jueves 22 de febrero de 2018. El presidente Juan Manuel Santos expidió tres decretos que establecen la planta de personal parcial, el sistema especial de remuneración de los funcionarios y parcialmente la estructura de la Unidad de Víctimas de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).
Los decretos fueron elaborados y firmados por los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Justicia, Enrique Gil Botero y la Directora de Función Pública, Liliana Caballero.
“Esta Unidad coordinará los esfuerzos para aclarar los casos de aquellas personas que por desastres de la guerra no se cuenta con información de su paradero”, explicó Caballero.
Para su puesta en funcionamiento el Decreto 290 de 2018 establece que contará con un Director General de Unidad Especial, un Secretario General de Unidad Especial, cinco asesores de la Unidad Especial grados dos, cinco asesores de la Unidad Especial grado uno y, dos técnicos administrativos de la Unidad Especial.
El Decreto 289 de 2018 establece que el salario para nivel directivo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas será de entre $7.490.221 y $13.391.212 dependiendo del grado. Para los asesores de entre $7.399.644 y $8.388.193. Y para el nivel técnico de entre $1.707.968 y $2.590.707.
Según el Decreto 288 de 2018 “La Unidad entrará en funcionamiento una vez se adopte la totalidad de la estructura interna y la planta de personal requerida para el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Decreto ley 589 de 2017, plazo que no podrá ser mayor a cinco meses contados a partir de la expedición del presente Decreto”.
“Con la expedición de los decretos se continúa dando pasos significativos para la consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y ratifica el compromiso del gobierno por la garantía de los derechos de las personas más afectadas por el conflicto”, concluyó la Directora de Función Pública, Liliana Caballero.
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