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Organización para la cooperación y el desarrollo económico

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Servir al interés general, velar por la integridad de las actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas - cargos públicos, altos funcionarios, empleados públicos, en su conjunto -, y, para ello, identificar y gestionar adecuadamente las situaciones de conflictos entre los intereses públicos que estos profesionales están obligados a promover y defender y los intereses particulares que como ciudadanos pudieran tener, es una cuestión de la máxima actualidad en los organismos internacionales y en la legislación y en la práctica de muchos países. En un sector público caracterizado por estar sujeto a vertiginosos cambios, es impensable que estos conflictos puedan ser eliminados; por ello, su prevención, tratamiento y resolución tiene hoy una importancia y repercusión a escala mundial.



El informe de la OCDE de 2000 que lleva por título “Trust in Governement” (en francés, Reforcer l´ethique dans le service public”), llamó justamente la atención sobre los conflictos de intereses, como un problema emergente que requería profundizar en una análisis mas detallado, en la línea de otro documento anterior, la conocida Recomendación del Consejo de la OCDE de 23 de abril de 1998 sobre la mejora del comportamiento ético en el servicio público, en el que se incluían los principios apropiados para favorecer la gestión de la ética en el servicio público.



En este marco de actuaciones se inscribe la publicación que hoy presentamos en su versión al español, publicada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, que es el primer y más importante resultado del proyecto lanzado por el Comité de Gestión Pública de la OCDE en 2001, llevado a cabo por un grupo de expertos sobre conflictos de intereses bajo la dirección de Howard. R. Wilson, Consejero de Ética del Gobierno de Canadá. Tras de reunir información detallada sobre políticas y prácticas en mas de 30 países, el estudio culminó con la elaboración de un texto - que son estas “Líneas Directrices para la Gestión de los Conflictos de Intereses en el Servicio Público -, aprobado por unanimidad en la reunión de primavera del Comité de Gestión Pública de 2003 y finalmente formalizado como Recomendación del Consejo de la OCDE a los países miembros de la organización.



Las “Líneas directrices” no intentan resolver, una a una, las múltiples situaciones de conflicto que pueden surgir entre los deberes oficiales y los intereses privados de los funcionarios y cargos públicos, sino servir de referente general para inspirar a los Gobiernos y a sus Administraciones Públicas unas políticas y unas prácticas de prevención y gestión adecuada de estos conflictos de intereses. En este sentido las “Líneas directrices” proponen a la consideración de los países un método coherente y sistemático para gestionar las situaciones de conflicto de intereses, formado por un conjunto de elementos:



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