Si bien es cierto la vinculación de la actora fue antes de proferirse la sentencia de inexequibilidad, lo cierto es que no se trata de una situación jurídicamente consolidada, pues de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el reconocimiento de prestaciones sociales en una relación en la que se comprueban los tres elementos del vínculo laboral, es exigible desde el momento en que este se reconoce, es decir, con la sentencia que lo acredita, hasta el momento en que esto ocurra la demandante tiene una mera expectativa. Así las cosas, una vez proferida la Sentencia C-401/98 desapareció el fundamento jurídico del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, lo que conlleva la pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones administrativas que con fundamento en las normas declaradas inexequibles se hayan proferido. Sumado a lo anterior, si bien la declaratoria de inexequibilidad del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, en los apartes referidos, de acuerdo con la Sentencia C-401/98 tiene efectos hacia el futuro, ello no impide que el juez se pronuncie sobre la legalidad del acto acusado proferido con fundamento en disposiciones declaradas inexequibles, por cuanto es manifiesto que desde su origen, el acto nació viciado de inconstitucionalidad.

FUENTE FORMAL: LEY 1042 DE 1978 – ARTICULO 83 INCISO 5

NOTA DE RELATORIA: Sobre la inexequibilidad del artículo 83 inciso 5 de la Ley 1042 de 1978, Corte Constitucional C-401/98

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia del 6 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso instaurado por MARLA SOFIA ROJAS GONZÁLEZ contra la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

La parte actora, por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A, instauró demanda contra la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio de la administración frente a la petición que elevó el 14 de marzo de 2001, tendiente a obtener el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales.

De igual manera, solicita se declare que existió una relación laboral con la entidad, desde el momento de su vinculación, así como el derecho a obtener el pago de cesantías, pensión y demás prestaciones sociales.

Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene a la entidad demandada a pagar las acreencias salariales tales como cesantías, intereses a la cesantía, prima de alimentación, prima de navidad, vacaciones, y auxilio de transporte, por la totalidad del tiempo laborado y la sanción establecida en el artículo 99 de la ley 50 de 1990.

Como hechos fundamento de la presente acción, relató que prestó sus servicios a la Registraduría Nacional del Estado Civil, circunscripción Boyacá, desde el 1° de diciembre de 1997 hasta el 31 de diciembre del mismo año y desde el 16 de enero hasta el 23 de junio de 1998, como Auxiliar Administrativo en una relación de permanente subordinación a los delegados de la Registraduría en Boyacá, cumpliendo un horario de trabajo en igualdad de condiciones que los demás empleados vinculados mediante acto administrativo y a cambio de una remuneración periódica mensual, mediante órdenes de prestación de servicios.

Adujo que durante el horario de trabajo debió cumplir las labores asignadas en el manual de funciones y las órdenes emitidas por el Jefe inmediato.

Manifestó que en vista de la prestación continua del servicio, el 14 de marzo de 2001 solicitó a la demandada el reconocimiento de sus derechos prestacionales, solicitud que no ha sido resuelta.

El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia de 6 de marzo de 2008, declaró la nulidad del acto ficto producto del silencio de la administración en relación con la solicitud elevada por la actora el 14 de marzo de 2001 y en consecuencia ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil pagar el valor equivalente a las prestaciones sociales ordinarias que perciben los empleados públicos de la misma denominación en la entidad, tomando como base para la liquidación el valor pactado por concepto de remuneración en las resoluciones de nombramiento, por el periodo comprendido entre el 1° de diciembre y el 30 de diciembre de 1997 y desde el 16 de enero hasta el 23 de junio de 1998.

Encontró probada la subordinación a la empleadora, la prestación personal del servicio y el pago de una remuneración, además de que cumplía un horario de trabajo de 8:00 am a 5:00 pm, como si fuera un trabajador de planta, según la certificación expedida por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.

En relación con los nombramientos efectuados en calidad de supernumerarios, advirtió que el art. 83 del decreto 1042 de 1978, que prescribía que cuando este tipo de vinculación no excediera de 3 meses no habría lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que hoy en día los empleados supernumerarios tienen derecho a prestaciones sociales desde el mismo momento de la vinculación y en forma proporcional al tiempo laborado.

Que en consecuencia, en este caso resulta imperativo ordenar el pago de las prestaciones sociales equivalentes a las percibidas por los empleados públicos de la misma denominación en la Registraduría, en razón a que le fueron asignadas las funciones características de los empleados de planta, como la de clasificar la correspondencia, atender al público y colaborar con las labores de archivo de tarjetas alfabéticas del material de identificación.

La parte demandada, inconforme con la decisión del Tribunal, la apela. (fls.137 -138). Señala que si bien es cierto la decisión atacada se fundamenta en la declaratoria de inexequibilidad que hizo la Corte en agosto de 1998 de los apartes del artículo 83 del decreto 1042 de 1978, esta es posterior a la vinculación de la demandante con la entidad a la que representa, por tanto no es posible acceder a sus pretensiones porque al momento de la vinculación de la actora la norma en que se fundamentó la defensa gozaba de plena vigencia.

El marco de juzgamiento que delimita la segunda instancia lo constituye la inconformidad del apelante, que en este caso se contrae a que no se puede dar aplicación a lo previsto en la Sentencia No. C-401 de 1998, que declaró inexequibles el inciso tercero y la expresión "Cuando la vinculación del personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales", contenida en el inciso quinto de dicho artículo, por haber sido proferida con posterioridad a las situaciones fácticas descritas y probadas, razón por la cual, la Sala centrará su análisis únicamente en este aspecto.

La Sala encuentra probado lo siguiente:

Conforme al Oficio No. 02632 del 22 de diciembre de 2004, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó (fl.69):

Es decir que laboró como Supernumerario entre el 1° y el 31 de diciembre de 1997 y del 16 de enero al 15 de junio de 1998 y se prorrogó su nombramiento mediante la Resolución 004 de 16 de junio de 1998, hasta el 23 de junio del mismo año.

Referenciado lo anterior, la Sala considera necesario abordar el fondo del asunto en el siguiente orden: a) De los supernumerarios; b) De los efectos de la sentencia de inexequibilidad frente a las situaciones jurídicas no consolidadas; y c) Del caso concreto

El artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 dispone:

Con relación a la imposibilidad de reconocimiento de prestaciones al personal Supernumerario vinculado por un término de tres meses o menos, la Corte Constitucional mediante sentencia C-401 de 1998 declaró inexequible el inciso 5° del precitado artículo 83 del Decreto Ley 1042 de 1978 que consagraba esta prohibición.

Ahora bien, al pronunciarse sobre la vinculación de los empleados supernumerarios la Corte precisó a través de la sentencia mencionada:

En cuanto al límite para vincular personal Supernumerario, señaló:

Y finalmente, sobre el pago de prestaciones sociales a los empleados supernumerarios, estableció:

En un asunto de contornos similares, esta Corporación en sentencia de 8 febrero de 2007, Exp. No. 6683-05, Actor: LUIS FERNANDO RESTREPO RODRIGUEZ con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, preceptuó en relación con la providencia de la Corte Constitucional:

En consecuencia, en relación con el tema del personal Supernumerario se concluye que: (i) no puede ser utilizado para evitar el cumplimiento de las prestaciones sociales legales, (ii) su duración no puede ser limitada, pues la contratación la determina la permanencia de la actividad a desarrollar, y (iii) su utilización debe ser de carácter excepcional.

En esa medida le asiste razón al tribunal cuando afirma que hoy en día los supernumerarios tienen derecho a prestaciones sociales desde el mismo momento de la vinculación y en forma proporcional al tiempo laborado.

Ahora, y como se advirtió en la parte inicial de las consideraciones, respecto del punto en discordia sobre la aplicación de los efectos de la inexequibilidad de la Sentencia C-401 de 1998, la Sala seguirá con el orden establecido, así:

B) DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD FRENTE A SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS.

La Corte Constitucional ha señalado que "los efectos de los fallos de inexequibilidad rigen para el futuro, salvo que esta misma Corte determine lo contrario, pero aún en este último evento la responsabilidad de aplicar tales decisiones en los procesos en curso radica única y exclusivamente en el juez de la causa", una vez la providencia se encuentre ejecutoriada.

En sentencia T-401 de 1996 la Corte Constitucional al decidir una tutela señaló:

En el caso examinado, la demandante fue vinculada a la Registraduría de Tunja como Supernumerario, entre el 1° y el 31 de diciembre de 1997 y desde el 16 de enero de 1998 hasta el 23 de junio del mismo año, con fundamento en lo establecido en el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, disposición que se encontraba vigente para la fecha de su vinculación como Supernumerario, pues su desaparición del ámbito jurídico se produjo con la declaratoria de inexequibilidad mediante Sentencia C-401 del 19 de agosto de 1998.

Si bien es cierto la vinculación de la actora fue antes de proferirse la sentencia de inexequibilidad, lo cierto es que no se trata de una situación jurídicamente consolidada, pues de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el reconocimiento de prestaciones sociales en una relación en la que se comprueban los tres elementos del vínculo laboral, es exigible desde el momento en que este se reconoce, es decir, con la sentencia que lo acredita, hasta el momento en que esto ocurra la demandante tiene una mera expectativa.

Así las cosas, una vez proferida la Sentencia C-401/98 desapareció el fundamento jurídico del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, lo que conlleva la pérdida de fuerza ejecutoria de las decisiones administrativas que con fundamento en las normas declaradas inexequibles se hayan proferido.

Sumado a lo anterior, si bien la declaratoria de inexequibilidad del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, en los apartes referidos, de acuerdo con la Sentencia C-401/98 tiene efectos hacia el futuro, ello no impide que el juez se pronuncie sobre la legalidad del acto acusado proferido con fundamento en disposiciones declaradas inexequibles, por cuanto es manifiesto que desde su origen, el acto nació viciado de inconstitucionalidad.

Con mayor razón cuando se está frente a una situación jurídica que, como ya se dijo, se encuentra en controversia con posterioridad a la fecha de la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones que sirvieron de sustento a los actos administrativos de carácter particular que afectaron la situación de la actora.

De acuerdo con el recuento probatorio citado anteriormente y con fundamento en los lineamientos legales y jurisprudenciales anteriores, la Sala confirmará la decisión del Tribunal que reconoció a favor de la actora las prestaciones causadas entre el 1 y el 30 de diciembre de 1997 y del 16 de enero al 23 de junio de 1998, iguales a las percibidas por los empleados públicos de la misma denominación, es decir, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

CONFÍRMASE la sentencia de 6 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por MARLA SOFIA ROJAS GONZALEZ contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha.-