*20246000012841* 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20246000012841 

Fecha: 11/01/2024 02:59:14 p.m. 

Bogotá D.C. 

Referencia: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Posibilidad de que un funcionario público suscriba contrato  con entidad que no es de naturaleza pública.  Radicado No.: 20239001053442. Fecha: 2023-11-28. 

Se plantea la siguiente consulta: “En el momento ostento un cargo público al cual accedí mediante  concurso de méritos, que corresponde a Líder de Programa, código 206, grado 8, en la secretaría de Medio  Ambiente y Desarrollo Rural, de la Alcaldía Municipal de La Calera, Cundinamarca. adicional a esto tengo una  oferta laboral para desarrollar actividades de consultoría con el Programa de Las Naciones Unidas para el  Desarrollo PNUD, las cuales de ser factibles, desarrollaría en horario extralaboral y por consiguiente no  interferirían con mi cargo actual Líder de Programa, código 206, grado 8, en la Alcaldía de La Calera. Dado lo  anterior, quisiera solicitar su concepto técnico a este respecto, específicamente sobre la viabilidad y/o  factibilidad para desarrollar este contrato de consultoría con el PNUD, así como los asuntos legales  asociados”. En atención a su comunicación, mediante la cual eleva la anterior consulta, esta  Dirección Jurídica se permite manifestarle lo siguiente:  

Es importante precisar que, conforme a lo previsto en el Decreto 430 de 2016¹, el  Departamento Administrativo de la Función Pública tiene como objeto el fortalecimiento  de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del  Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la  gestión pública, el empleo público, la gestión del talento humano en las entidades  estatales, la gerencia pública, la organización administrativa del Estado, la planeación y la  gestión, el control interno, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano,  mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas,  la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación.  

En desarrollo de lo anterior, este Departamento Administrativo emite conceptos técnicos y  jurídicos mediante los cuales brinda interpretación general de aquellas normas de  administración de personal en el sector público que ofrezcan algún grado de dificultad en su comprensión o aplicación, pero no es competente para definir casos particulares  propios de las diferentes entidades o emitir concepto sobre los actos administrativos o  decisiones proferidas por las mismas. Por ende, la respuesta a su consulta hará  referencia al fundamento legal descrito, sin que por este hecho se refiera al caso  particular; por cuanto tal potestad se le atribuye a la respectiva entidad nominadora por  ser quien conoce de manera cierta y detallada la situación de su personal a cargo. 

Por otro lado, resulta menester analizar los parámetros legales y jurisprudenciales que  han de tenerse en cuenta a la hora de estudiar y aplicar el régimen general de  inhabilidades.  

la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo con  radicación 11001-03-28-000- 2016-00025-00(IJ) del veintitrés (23) de mayo de dos mil  diecisiete (2017), con ponencia de la Magistrada Dra. Lucy Jeannette Bermúdez  Bermúdez, estableció que:  

“las circunstancias de inelegibilidad son límites al derecho de acceso a cargos públicos y al derecho a  elegir y ser elegido, inspiradas en razones de interés general y bien común. Son, a su vez, expresiones de  un género, dentro del cual existen varias especies, que en querer del Constituyente o del Legislador  definen, en buena parte, las condiciones de quien ha de acceder a la función pública. Ello, por medio de la  exigencia, bien sea positiva o negativa, de pautas comportamentales y cualificaciones de los sujetos  activos y pasivos del acto de elección.” 

(...) “estas configuran el patrón de conducta y/o el perfil esperado del eventual servidor público antes de  ocupar un cargo, así como las particularidades que deben rodear su designación, a través de previsiones  que se resumen, por ejemplo, en “hacer”, “no hacer”, “haber hecho” o “no haber hecho”, así como en “ser”,  “no ser”, “haber sido” o “no haber sido.  

Esa connotación excluyente impone que cualquier pretensión hermenéutica que sobre ellas recaiga debe  necesariamente orientarse por el principio de interpretación restrictiva, que demanda que ante la dualidad  o multiplicidad de intelecciones frente al precepto que las consagra, se prefiera la más benigna; y, al  mismo tiempo, conlleva la proscripción de razonamientos basados en la extensión y la analogía.” 

Aunado a lo anterior, la corporación que por excelencia ostenta la salvaguarda de nuestra  Constitución Política, en reiterados pronunciamientos² ha sido consistente al manifestar  que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como las demás calidades,  exigencias o requisitos que debe reunir quien aspire a ingresar o a permanecer al servicio  del Estado, deben estar consagradas en forma expresa y clara en la Constitución y en  Ley. 

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado³ en sentencia proferida el 8 de febrero  de 2011, refiriéndose al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consideró lo  siguiente: 

“Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas,  son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es  rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris,  excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y, además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que  integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden  ser derogadas por acuerdo o convenio”. (Las negrillas y subrayas son de la Sala).  

El contenido de la normatividad y jurisprudencia citadas nos permite concluir que, las  inhabilidades ostentan un carácter prohibitivo, están expresamente fijadas por la  Constitución y la Ley y su interpretación es restrictiva, habida cuenta de que son reglas  fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de  cargos o funciones públicas, motivos por los cuales no es procedente hacer respecto de  ellas algún tipo de analogías, como tampoco resulta ajustado a derecho, que el intérprete  les desdibuje para hacerlas extensivas a circunstancias no comprendidas de manera  expresa por el Legislador.  

Para efectos de establecer si existe algún tipo de prohibición para que un funcionario  publico pueda suscribir un contrato con una entidad que no es pública, resulta menester  analizar el respectivo marco normativo:  

El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia establece que nadie podrá  desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación  que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte  mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. 

En desarrollo del precepto Constitucional traído a colación se expidió la Ley 4 de 1992⁴,  en la que se señala que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo  público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de  empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo las  excepciones previstas en el artículo 19 ibídem. 

De conformidad con las normas citadas, la prohibición para el servidor público de recibir  más de una asignación, se predica de aquellas que provengan del tesoro público o de  empresas en que tenga parte mayoritaria el Estado, en ese sentido, se colige que el  empleado público no podrá tener más de una vinculación con entidades públicas, salvo  las excepciones contenidas en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992. 

Ahora bien, en el caso de que se traten de servicios prestados para una entidad privada,  en criterio de esta Dirección Jurídica, no se evidencia impedimento legal alguno, siempre  y cuando las labores sean ejecutadas por fuera de la jornada laboral, dado que no se ha  previsto inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal frente a ingresos provenientes  del sector privado por fuera de la jornada de trabajo. 

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta que el numeral 21 del artículo 39 de la  Ley 1952 de 2019, el cual señala que, al servidor público le está prohibido el “Gestionar  directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros; en asuntos  que estuvieron a su cargo.” 

De otra parte, el numeral 12) del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, señala como deber  de todo servidor público el “Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las  funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.”, en consecuencia, es deber de los  funcionarios públicos, dedicar la totalidad del tiempo reglamentario establecido como  jornada laboral al desempeño de las funciones propias del empleo. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que se consulta la posibilidad de contratar con un  organismo internaciones, no podemos omitir los preceptos consagrado en los articulo 129  y 189 numeral 18 de la Constitución Política, que rezan en los siguientes términos:  

“ARTICULO 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de  gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización  del Gobierno.” 

“ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y  Suprema Autoridad Administrativa: 

(...) 

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter  temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

(...) 

De acuerdo con lo previsto en la norma, los servidores públicos, como es el caso de los  empleados públicos, no podrán, entre otros, celebrar contratos con organismos  internacionales, sin que se obtenga previamente autorización del Gobierno. 

Así las cosas, una vez adelantada la revisión de las normas sobre inhabilidades e  incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, dando respuesta a la interrogante  planteada, nos permitimos concluir que, no hay impedimento para que un servidor público (distinto de los abogados) pueda prestar sus servicios de manera particular o en  entidades privadas y tratándose particularmente de la posibilidad de suscribir un contrato  con una organización internacional como lo es la ONU, de conformidad con el artículo 129  de la constitución política, antes de suscribir el contrato con la organización internacional  específica, es menester que el servidor público cuente con la autorización del Gobierno,  que deberá darse en los términos del numeral 18 del articulo 189 Constitucional.  

Este concepto lo emitimos en los términos y con los alcances dados por el artículo 28 del  Código de Procedimiento Administrativo  Ley 1437 de 2011. 

Para mayor información relacionada con los temas de este Departamento Administrativo,  le sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva, en el botón  web Gestor Normativo puede consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por  esta Dirección Jurídica. 

Cordialmente, 

ARMANDO LÓPEZ CORTÉS 

Director Jurídico 

Proyectó: Oscar Eduardo Merchán Álvarez.  

Reviso y Aprobó: Armando López Cortés 

11602.8.4

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Función Pública”

2 Corte Constitucional en Sentencia No. C-546 de 1993, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz

3 Sentencia proferida dentro del Expediente N°: 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI) Demandante: Cesar Julio Gordillo  Núñez. 

4 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del  régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y  para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad  con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.