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De la política a la trasformación cultural

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Para nadie es un secreto que el éxito de toda política de gestión pública se basa en la efectividad, la participación y el servicio al ciudadano, la vocación por lo público, y la trasparencia, principios fundamentales que han estado presentes a lo largo y ancho de nuestra historia administrativa y que, sin embargo, al aterrizarlos en el inmenso panorama de nuestra sociedad se perdían, tristemente, por el fenómeno de la corrupción.

Consciente de esto, el Presidente Juan Manuel Santos buscó la manera de unificar y trasformar la estrategia de administración del Estado. En estos casi ocho años el gobierno ha trabajado muy duro por encontrar y promover una serie de valores y principios transversales que no sólo modificaran la política sino también la cultura del servidor público. Estos principios los hemos bautizado, desde 2010, los principios del Buen Gobierno.

En este segundo periodo de la administración Santos, el Gobierno Nacional ha trabajado duro -a través de la Función Pública, la Presidencia y muchas otras entidades nacionales y en cooperación con los organismos de control- en consolidar los principios morales del Buen Gobierno y convertirlos en una trasformación cultural a través de la cual se maneja el Estado.

De hecho, uno de nuestros propósitos para conseguir dicha trasformación cultural en lo público ha sido el de pensar en cómo llevar las instituciones a un nivel de efectividad y compromiso mayor. Por eso, quisimos optimizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para lograr que cada peso que se invierta en la gestión pública de cualquier entidad sea eficiente y necesario. Estamos reduciendo los costos de administrar lo público sin renunciar a la transparencia.

Nuestro segundo gran propósito ha sido cambiar la concepción cultural de separación entre la ciudadanía y el Estado. Hemos promovido toda una nueva dinámica entre el Estado y la ciudadanía; hemos trabajado por integrarlos para que aprendan, se conozcan y se interpreten cada vez mejor el uno al otro.

Para poder lograr esto, lo primero que debimos hacer fue trabajar en recuperar la confianza y reducir la frustración que tienen algunos ciudadanos con la Administración. Esto lo hemos logrado así: facilitándole la vida a la gente cuando realiza algún trámite -racionalizando 800 en este último cuatrienio-; siendo cada vez más transparentes y aguerridos contra la corrupción y, por último, permitiendo que el ciudadano participe y se apropie de la gestión del Estado invitándolos a veedurías ciudadanas y a que ejerzan control político y administrativo .

Además, cambiamos de paradigma en la gestión de los recursos humanos en el sector público colombiano. En Función Pública creemos que tener funcionarios más felices -contentos y orgullosos de hacer parte de los objetivos del Estado y la sociedad- no solo es el deber ser de nuestras organizaciones, sino que nos garantiza mejores resultados como Nación.

Igualmente, logramos simplificar el compromiso ético de quienes trabajan en el sector público a cinco valores sencillos pero contundentes: HONESTIDAD con los deberes públicos, RESPETO por los demás, COMPROMISO con la ciudadanía, DILIGENCIA con los recursos públicos y JUSTICIA para garantizar los derechos de todos en lo que llamamos el Código de Integridad del Servicio Público.

También hicimos de la transparencia una política de Estado transversal a cualquier organización pública. Herramientas digitales como la Urna de Cristal y el Portal de Transparencia del Estado se suman a los requisitos de transparencia contemplados en el MIPG y la exigencia a las entidades de hacer pública toda la información de contratación, financiera y de sus funcionarios. Con todo esto hemos revolucionado el control social en Colombia.

Estos esfuerzos complementan la robusta infraestructura anticorrupción que se ha construido desde distintas instancias del Estado. El Estatuto Anticorrupción, la Ley de transparencia y la Comisión Nacional de Moralización son algunas instancias y herramientas creadas para mejorar la cooperación entre los poderes públicos y los órganos de control para prevenir y sancionar actos de corrupción.

Todo esto lo hemos hecho pensando siempre en el destinatario final de nuestro trabajo: la ciudadanía. Mejorar la experiencia del ciudadano aumenta la legitimidad del Estado; demuestra que vale la pena pagar impuestos y que su dinero está en buenas manos.
Por consiguiente, invito a todos los servidores públicos a celebrar con nosotros la cultura del Buen Gobierno como uno de los principales legados que dejamos a nuestro país. Defender estos principios es un compromiso de todos quienes hacemos parte del Estado sin importar nuestro rol específico.

Si pensamos en cómo podemos ser más eficientes, transparentes, comprometidos, serviciales y si denunciamos activamente la corrupción será más fácil para todos los ciudadanos confiar en nuestro trabajo, pues habremos conseguido que la lucha contra la corrupción se haya convertido, del todo, en un compromiso


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