Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
El Decreto 1072 de 2025 establece lineamientos de política pública y control de eficiencia para definir e implementar mecanismos que contribuyan a la confiabilidad y la estabilidad tarifaria en la prestación del servicio público de energía eléctrica dentro del mercado regulado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
El Decreto 1073 de 2025 incluye la especialidad de combate “Asalto Marítimo Especial”, para Oficiales del Cuerpo Ejecutivo de Infantería de Marina de la Armada, especificando que las Especialidades de Combate se podrán adelantar en escuelas o unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, o en instituciones militares del exterior.
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El Decreto 0019 de 15 de enero de 2026 establece la nueva estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de fortalecer su capacidad institucional para garantizar la protección de personas en situación de riesgo, definiendo las dependencias, funciones y niveles de organización de la entidad, precisando la distribución de competencias entre sus áreas misionales y administrativas. También, incorpora disposiciones orientadas a mejorar la coordinación interna, la eficiencia operativa y la respuesta oportuna frente a las solicitudes de protección, en concordancia con las políticas de seguridad y derechos humanos del Estado Colombiano.
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
El Decreto 0064 de 26 de enero de 2026 adiciona disposiciones al Decreto 1066 de 2015 para reglamentar el artículo 38 de la Ley 2079 de 2021, estableciendo la creación, conformación y funcionamiento del Observatorio de Ordenamiento Territorial. Esta norma también define dicho observatorio como una instancia técnica orientada a recopilar, analizar y difundir información sobre el ordenamiento territorial en Colombia, con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, mejorar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales, y fortalecer la toma de decisiones en materia de planificación del territorio y desarrollo urbano y rural.
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El Decreto 0072 de 27 de enero de 2026 dispone la reorganización de la planta de personal de la entidad, mediante la supresión y creación de empleos, con el fin de adecuar su estructura organizacional a las necesidades del servicio. Para tal efecto, el referido decreto modifica el Decreto 3358 de 2009, actualizando las disposiciones relacionadas con la composición y funcionamiento de la planta de personal, y deroga expresamente el artículo 3 del Decreto 1082 de 2025, al resultar incompatible con la nueva estructura adoptada.
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El Decreto 0076 de 27 de enero 2026 ordena la ampliación de la planta de personal de Colombiana de Pensiones mediante la creación de nuevos empleos públicos, fortaleciendo la capacidad operativa y técnica de la entidad, para atender las nuevas responsabilidades derivadas de la reforma pensional y mejorar la capacidad operativa en la gestión de éstos trámites.
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La Ley 2565 del 12 de febrero de 2026 prorroga la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (Decreto Ley 893 de 2017) hasta el 28 de mayo de 2037, con el fin de consolidar y fortalecer la transformación rural en 170 municipios afectados por el conflicto, la pobreza y economías ilícitas, garantizando financiación, articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y el fortalecimiento de capacidades locales.
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La Ley 2568 de 19 de febrero de 2026 reforma la educación superior en Colombia con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, modificando la Ley 30 de 1992, priorizando el cierre de brechas regionales y la ampliación de cobertura, enfocándose en aumentar las transferencias estatales por encima del IPC para consolidar la política de gratuidad.
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modifica el Decreto 780 de 2016 para implementar un modelo de aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional, mediante la introducción de mecanismos diferenciales que organizan la operación de las EPS según criterios de población, participación de afiliados y capacidad operativa. La norma establece límites al número de EPS por territorio, fija umbrales mínimos de participación para su permanencia, regula la actualización del ámbito territorial de operación y define un sistema obligatorio de asignación de afiliados cuando una EPS se retira o deja de operar, garantizando la continuidad del servicio, la sostenibilidad financiera del sistema y la eficiencia en la gestión del riesgo en salud, especialmente en zonas dispersas o de baja densidad poblacional.
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El Decreto 0217 de 5 de marzo de 2026 modifica el artículo 4° del Decreto 1271 de 2024, en lo relacionado con la entrada en vigencia de la Norma de Información Financiera NIIF 17, Contratos de Seguro y adiciona al Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2025, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información.
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El Decreto 0223 de 5 de marzo 2026 actualiza la reglamentación de las prácticas laborales y del contrato de aprendizaje en Colombia, estableciendo obligaciones en materia de afiliación y aportes al sistema de seguridad social, definiendo la cuota obligatoria de aprendices a cargo de las empresas y regulando los mecanismos de monetización cuando no se cumple dicha cuota; en este contexto, la norma busca fortalecer la formalización del entorno laboral, mediante la integración de medidas de protección social para los aprendices y una mayor claridad en las responsabilidades de los empleadores.
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El Decreto 0234 de 6 de marzo 2026 introduce una transformación estructural del régimen de negociación colectiva al establecer un modelo unificado y multinivel que reorganiza los procesos de negociación en el sector privado y para trabajadores oficiales. La norma fortalece la coordinación entre actores mediante la unidad de pliego, mesa y convención, incorpora criterios técnicos de representatividad para sindicatos y empleadores, y reconoce la negociación en niveles superiores al de empresa (sector, rama o grupo empresarial), fijando un piso mínimo de derechos laborales que no puede ser desmejorado. Asimismo, regula cláusulas de adaptabilidad, impone deberes de buena fe e intercambio de información, y otorga efectos obligatorios a las convenciones sectoriales, con disposiciones diferenciales para MIPYMES. En conjunto, el decreto busca superar la fragmentación del sistema, ampliar la cobertura de la negociación colectiva y alinear el ordenamiento interno con estándares internacionales de la OIT, impactando de manera significativa la estructura de las relaciones laborales en Colombia.
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Por el cual se modifica el Decreto 1195 de 2025
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273716
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Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.
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Por el cual se modifica el Decreto 2418 de 2015
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Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las Universidades Estatales u Oficiales.
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Por el cual se establece la escala de asignación básica para los empleos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
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Por el cual se fijan las escalas de viáticos.
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Por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD - y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional.
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Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Auditoría General de la República y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y de los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS - Suprimido, incorporados a la Policía Nacional.
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Por el cual se modifica el Decreto 612 de 2025
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Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Contraloría General de la República y de la planta transitoria y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
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Por el cual se fijan las escalas de asignaciones básicas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones,
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Por el cual se fija la escala salarial para los empleos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Secciona les de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se dictan normas en materia salarial para los servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – .
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Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial,
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Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones
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Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
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El Decreto 0121 de 30 de enero de 2026 establece la nueva planta de personal del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la creación de nuevos empleos, con el propósito de fortalecer su estructura administrativa frente al incremento, la especialización y la complejidad de las cargas laborales derivadas del cumplimiento de sus objetivos misionales, para mejorar la eficiencia en los procesos institucionales.
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Las condiciones laborales y funciones de los trabajadores oficiales se encuentran en los instrumentos que rigen la relación laboral tales como son el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo o en el reglamento interno de trabajo. Ahora bien, con relación a la figura de la asignación de funciones, es pertinente aclarar que es una figura para los empleados públicos y su aplicación a los trabajadores oficiales resultará posible en la medida que los instrumentos señalados así lo contemplen. De acuerdo con lo anterior, la Entidad deberá verificar si en los instrumentos aplicables a los trabajadores oficiales se encuentra señalada la posibilidad de asignar funciones diferentes a las estipuladas en el contrato de trabajo y bajo qué criterios se puede hacer.
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
El Comité de Convivencia Laboral tiene la función legal de presentar ante la alta dirección (Comité de Gestión y Desempeño en entidades públicas) recomendaciones para medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, además de un informe anual de resultados de su gestión. A su vez, se hace necesario precisar que los informes que se socializan deben contener estadísticas de quejas, tipos de casos (sin nombres) y el estado de cumplimiento de los planes de mejora, para el Comité de Gestión y Desempeño (bajo el marco del MIPG en entidades públicas), esta información es vital para la dimensión de Talento Humano, ya que permite tomar decisiones sobre el clima organizacional y la política de prevención del daño antijurídico, eso sí, bajo ninguna circunstancia se deben socializar detalles que permitan identificar a las partes involucradas (quejosos o presuntos acosadores) en la presentación de los citados informes ante el Comité de Gestión y Desempeño, la reserva de la información es una obligación legal del Comité de Convivencia Laboral que no desaparece al informar a la alta dirección para la toma de decisiones...
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
una vez superados los 540 días de incapacidad, el empleado no obstante continúa vinculado a la entidad, se encuentra en efecto suspensivo frente a su relación laboral, por lo cual no hay lugar al pago de salarios, sino que procederá, entonces, el auxilio económico si se ha prorrogado la incapacidad o postergado el trámite de la calificación de invalidez, en los términos de las normas que regulan la materia. Por otra parte, en criterio de esta Dirección Jurídica tal como se dejó indicado, una vez el empleado supera el término de 540 días de incapacidad, resulta obligatorio continuar con el reconocimiento de la totalidad de prestaciones sociales de que trata el artículo 5º del Decreto Ley 1045 de 1978, tales como la prima de navidad, las cesantías y sus intereses. No obstante, en relación a los elementos salariales tales como: bonificación por servicios prestados y prima de servicios, no hay lugar a su reconocimiento, ni se ha de tener en cuenta este tiempo como tiempo de servicio, puesto que el empleado no realiza la prestación del servicio.
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Existen dos tipos de licencia no remunerada: la ordinaria y la destinada para adelantar estudios, las cuales se encuentran descritas en el Decreto 1083 de 2015, normativa en la que se establecen los requisitos y condiciones para su otorgamiento. Además, dichas licencias se conceden a favor de los empleados públicos sin que tenga injerencia el tipo de vinculación (Carrera Administrativa o Provisionalidad). En ese sentido, se colige que los empleados nombrados en forma provisional pueden ser beneficiarios de estas licencias, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la norma.
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
Se podrá conceder una licencia no remunerada para adelantar estudios por un término que no podrá ser superior a doce (12) meses, prorrogable por un período igual hasta por dos veces, cuyo otorgamiento es potestativo del empleador siempre que no se afecte la prestación del servicio y el servidor cumpla las siguientes condiciones: llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad, acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año, acreditar la duración del programa académico y adjuntar copia de la matrícula durante el tiempo que dure la licencia. Es importante destacar que el texto normativo no exige que dichos estudios se cursen específicamente en modalidad presencial ni establece restricciones respecto de la modalidad académica.
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
Las vacaciones se pierden únicamente cuando no se ejerce el derecho a ellas y ese derecho prescribe. De tal manera que el disfrute de cada periodo de vacaciones o la respectiva compensación en dinero, prescribe en cuatro (04) años, contados a partir de la fecha en que se haya causado el derecho – fecha en que se hicieron exigibles, o a partir de la fecha del aplazamiento o interrupción consagrado en el respectivo acto administrativo.
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El 27 de octubre de 2025 se genera este documento que recoge espacios de observación, conversaciones con distintas personas tanto del Departamento Administrativo de la Función Pública como de otras entidades, encuentros de trabajo con algunos grupos y organizaciones e indagación de experiencias de las propias entidades que han implementado acciones de lenguaje claro. En particular fue de gran utilidad el Encuentro de Lenguajes claros, comprensibles e incluyentes, realizado en octubre de 2023, previo al cual se convocó a un registro de experiencias significativas en lenguaje claro de las entidades públicas. En total se registraron 20 experiencias y, de ellas, seis se presentaron en el Encuentro para entrar en diálogo con la academia y algunas organizaciones sociales.
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Este artículo presenta los avances y desafíos de la Mesa Sectorial de Mujer y Género del Acuerdo Nacional Estatal entre el periodo del 2015 hasta el 2025, como una estrategia clave para la institucionalización de la paridad y el enfoque de género en la administración pública colombiana. A través del trabajo conjunto entre el Gobierno, los sindicatos y las ciudadanías de las mujeres, esta Mesa ha logrado introducir acciones formativas, normativas y culturales que promueven la equidad y fomentan una bioadministración pública participativa, abierta y garante de derechos. (Pagina196)
Boletìn 1 - Enero 01 a 31 de 2026
El 23 de febrero de 2026 fue expedida la Circular Externa 100-007 de 2026, a través de la cual se imparte lineamientos a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial para garantizar el cumplimiento del derecho a la desconexión laboral, en desarrollo del artículo 75 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en lo relacionado con la política pública de trabajo digno y decente, el Acuerdo Nacional Estatal 2025-2027 entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales de los empleados públicos y la Ley 2191 de 2022. En particular, precisa la obligación de respetar el tiempo de descanso durante la jornada laboral, especialmente la hora de almuerzo, sin afectar la continuidad del servicio, y de implementar programas de pausas activas como medidas de prevención y bienestar laboral. Asimismo, reitera la facultad de las entidades para organizar la jornada dentro del límite legal de 44 horas semanales, enfatizando la responsabilidad institucional de promover condiciones de trabajo digno que favorezcan la salud física y mental de los servidores públicos.
