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Participación ciudadana en el Acuerdo de Paz:

Derechos para los ciudadanos
Obligaciones para servidores públicos y entidades

Aquí puedes consultar las obligaciones que las autoridades deben cumplir con la participación de la ciudadanía, o que deben adelantar para fortalecer el ejercicio de los derechos constitucionales de la participación y el control social, y que están contempladas en el Acuerdo de Paz y la normatividad reglamentaria.

Puedes buscar la información por tres filtros dispuestos: objetivo de la actividad participativa, punto del Acuerdo de Paz y entidad o actor responsable (próximamente). Tan pronto hagas clic en el filtro seleccionado, se despliega la matriz informativa en la que se encuentran la obligación participativa, el objetivo en relación con la participación y la fuente que origina la obligación, ya sea el Acuerdo o la normatividad reglamentaria. Próximamente encontrarás la entidad o el actor responsable y datos adicionales para que si es tu interés, puedas ponerte en contacto con este último.

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Resultados de la búsqueda

¿Cuál es la obligación participativa?

1

Elaborar de manera participativa un Plan de Acción para la Transformación Regional -PATR-, que incluya todos los niveles del ordenamiento territorial, concertado con las autoridades locales y las comunidades.

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2

Implementar progresivamente herramientas tecnológicas que permitan la digitalización, la clasificación y la organización de la información relacionada con las condiciones de acceso al Registro de Sujetos de Ordenamiento -RESO- para el Fondo de Tierras para la reforma rural integral. Esto con el fin de permitir la consulta en línea por las autoridades públicas, veedurías ciudadanas y personas determinadas en el ejercicio del control ciudadano. Los documentos que soportan las condiciones de acceso al RESO serán manejados conforme a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, las políticas de acceso a la información fijadas por la entidad, y las tablas de retención respectivas, respetando el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades étnicas

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3

Crear en los planes de reparación colectiva con enfoque territorial espacios de participación para definir las prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva; asegurar la participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación; y establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos. Se garantizará la participación de las mujeres en estos espacios de participación.

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4

Convocar y celebrar un evento de amplia participación con víctimas y organizaciones de víctimas, incluyendo a las que no hacen parte de estas instancias de participación.

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5

Poner en marcha un proceso efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones, promoviendo espacios para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes. Esto con el fin de fortalecer la política de atención y reparación integral a víctimas, adecuarla a las necesidades y oportunidades del nuevo contexto, y asegurar que constribuya de manera efectiva a la convivencia, la no repetición y la reconciliación.

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6

Garantizar la construcción de los planes nacionales de reparación colectiva con la más alta participación de sus beneficiarios. Estos planes tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de mujeres, gremios económicos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, partidos y movimientos políticos y sociales, organizaciones del sector religioso, con el fin de reconocer las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial organizativo, y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas locales y nacionales.

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7

Garantizar la construcción de los planes nacionales de reparación colectiva con la más alta participación de sus beneficiarios. Estos planes tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de mujeres, gremios económicos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, partidos y movimientos políticos y sociales, organizaciones del sector religioso, con el fin de reconocer las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial organizativo, y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas locales y nacionales.

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8

Garantizar la participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el diseño y puesta en marcha del plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y los planes regionales correspondientes.

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9

Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos.

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10

Coordinar con las instituciones del Estado, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y con la activa participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

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Documentos y lineamientos

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera (24/11/2016)

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Decretos que incluyen obligaciones en materia de participación:

Decreto Ley 902 de 2017:

Presidencia de la República

“Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras".

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Decreto 870 de 2017:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

“Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”.

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Decreto 893 de 2017:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

"Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET".

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Decreto 884 del 2017:

Ministerio de Minas y Energía

"Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

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Decreto Ley 890 del 2017:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

“Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

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Decreto Ley 895 de 2017:

Presidencia de la República

"Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política".

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Decreto Ley 885 de 2017:

Ministerio del Interior

"Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia".

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Decreto Ley 154 de 2017:

Ministerio del Interior

“Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”.

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Decreto Ley 896 de 2017:

Presidencia de la República

"Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-".

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Decreto 587 del 2017:

Presidencia de la República

"Por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)".

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Decreto 588 del 2017:

Presidencia de la República

"Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición".

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Decreto 589 del 2017:

Presidencia de la República

“Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.

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Leyes

Ley Estatutaria 1757 de 2015:

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”

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Ley 1712 de 2014:

“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”

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Ley 850 de 2003:

“Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”

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