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Por una migración visible

Por: Claudia Blum
Canciller de Colombia
Tomado de: Presidencia de la República

Colombia vive la migración venezolana en su cotidianidad. Miles de migrantes se han integrado gradualmente y tienen ahora lazos familiares y empleos estables; otros hacen parte de la fuerza laboral que depende del trabajo informal en campos y ciudades, expuestos a vulnerabilidad, riesgos laborales y explotación. Y somos testigos de las familias de caminantes que atraviesan el país a pie por cordilleras, páramos, valles y senderos, buscando dónde establecerse o cómo seguir a otros destinos.

No obstante, algunos retornos de familias venezolanas a su país durante la pandemia, un poco más de 1,7 millones de personas se han establecido en nuestro territorio con vocación de permanencia.

En Colombia, el 56 % de los venezolanos, es decir, casi un millón, tienen condición migratoria irregular. Ante esa realidad, el ‘statu quo’ no es una opción. Tampoco lo es cerrar los ojos o pretender que no existen. La visibilidad y la regularización de todos los venezolanos que viven en el país son la única salida para que la migración sea ordenada, responsable y segura.

Por eso es tan importante el Estatuto Temporal de Protección. Mecanismo que, sin lugar a dudas, contribuirá a normalizar la situación y proteger los derechos de los migrantes. Con el registro migratorio que se deriva del Estatuto existirá también una planeación adecuada de las políticas públicas para su atención e integración. Así mismo, será posible focalizar mejor la cooperación internacional en los temas y regiones que más la requieren.

Al responder ante el fenómeno migratorio hay dimensiones adicionales. Una, la necesidad de ir más allá de la asistencia humanitaria de emergencia, y tener acciones con visión de futuro, más duraderas y que permitan una inserción en la vida económica y social. El Estatuto apunta hacia esa dirección, al facilitar el acceso al trabajo, a la bancarización, a los servicios públicos y sociales. Lo que volvería la migración un factor de desarrollo, en línea con lo acordado en la Agenda 2030, en la que los países incluimos las políticas migratorias planificadas y bien gestionadas como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otro desafío es el trabajo con las comunidades y poblaciones que acogen a los migrantes. No solamente para darles a conocer el sentido del Estatuto, sino para asegurar que las políticas de respuesta sean incluyentes, faciliten la convivencia y prevengan escenarios de discriminación y xenofobia.

Como ha reconocido Naciones Unidas, la cooperación internacional es esencial para proteger los derechos de los migrantes. Esta solo es posible si se crea la conciencia mundial sobre la dimensión del éxodo de familias venezolanas que han tenido que salir de su país por la grave crisis que padecen. Por eso, desde la Cancillería y con nuestras embajadas estamos socializando el Estatuto para que los Estados, las organizaciones internacionales, ONG, medios de comunicación y la sociedad civil conozcan esta política y los retos que afrontamos como principal país receptor de migrantes venezolanos.

El presidente Iván Duque desde el comienzo de su gobierno ha respondido a la migración venezolana con hermandad, solidaridad, equidad y con visión de futuro sobre la contribución de los migrantes al bienestar y el desarrollo. Entendiendo, además, que es urgente visibilizarlos y promover escenarios de convivencia pacífica e inclusión. El Estatuto Temporal de Protección es el paso más determinante en esta dirección.