Segunda edición - Revista BioAdministración Pública
BioAdminitración Pública y el Territorio
profundiza en la articulación entre la gestión pública y las realidades territoriales de Colombia. Esta publicación, impulsada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, busca fortalecer el enfoque de una administración pública que reconoce y se adapta a las particularidades sociales, culturales y ambientales de cada región.
Revista Institucional de Función Pública
Función Pública en Colombia en el siglo XXI, destacando la necesidad de una transformación profunda que integre enfoques como la bioadministración pública para construir administraciones que realmente sirvan a la vida y a sus comunidades.
- Plantea superar prácticas excluyentes y obsoletas para promover gobernabilidad democrática y eficiente.
- Propone un nuevo modelo organizacional y normativo para las entidades públicas, enfocado en la protección y cuidado social.
- Resalta la necesidad de territorios y comunidades como ejes de la administración pública.
La administración pública colombiana enfrenta desafíos históricos y contemporáneos que requieren una profunda reforma para adaptarse a las dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas actuales. Es necesario replantear el rol y las instituciones del gobierno para proteger y servir eficazmente a la ciudadanía. El gobierno debe centrarse en la protección y el cuidado social, transformando los modelos tradicionales en sistemas administrativos inclusivos, transparentes, democráticos y participativos. La bioadministración pública se propone como un nuevo paradigma que integra los ecosistemas administrativos, promueve la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana activa. El gobierno debe revisar el marco normativo del derecho público para fortalecer la estructura organizativa y los principios constitucionales.
1. BioAdminitración Pública
En la gestión pública y en las decisiones cotidianas está marcada por un sesgo presentista, que favorece beneficios inmediatos a costa de los efectos a largo plazo. Este comportamiento, impulsado por incentivos como los ciclos electorales, hace que tanto las personas como las instituciones se enfoquen en resultados a corto plazo, dejando de lado las consecuencias futuras que pueden afectar especialmente a las generaciones jóvenes y las próximas generaciones en general.
Se destaca que este sesgo puede tener graves repercusiones, como la pérdida de oportunidades para garantizar un desarrollo sustentable y la protección del derecho al futuro. Para contrarrestarlo, el texto propone varias opciones institucionales: la gobernanza anticipatoria, la creación de comités o comisiones de futuro, el reconocimiento y la implementación de la justicia intergeneracional, y la incorporación del derecho al futuro en las políticas públicas, asegurando que estas consideren las implicaciones a largo plazo.
Finalmente, se enfatiza que el cambiar esta perspectiva requiere una actitud proactiva y que las decisiones actuales pueden influir positivamente en el bienestar de futuras generaciones, siempre que existan mecanismos que promuevan esta visión de largo plazo en la gestión pública y social.
2.Territorio y Administraciones Públicas
Explora la relación entre el espacio geográfico y el accionar del Estado, destacando cómo la gestión pública debe adaptarse a las particularidades sociales, culturales, ambientales y económicas de cada territorio. Se enfatiza que el territorio no es un simple escenario físico, sino un espacio vivo que condiciona y transforma las políticas públicas.
La publicación propone una visión bioadministrativa, que reconoce la diversidad territorial como eje central para una administración más eficaz, equitativa y con sentido humano. En este enfoque, las administraciones públicas no solo ejecutan funciones desde el centro, sino que dialogan con las realidades locales, fortaleciendo la descentralización, la participación ciudadana y el enfoque diferencial.
Asimismo, se resalta que las soluciones centralizadas pierden eficacia cuando se desconoce la complejidad del territorio. Por ello, se promueve una articulación entre niveles de gobierno, actores comunitarios y conocimiento del entorno, con el objetivo de diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.
3. Gobierno del Cambio
Presenta una reflexión profunda sobre los desafíos estructurales y las apuestas transformadoras del Estado colombiano en el contexto de un nuevo enfoque de gestión pública. Se articula alrededor de una visión que busca reformular la relación entre el gobierno, la ciudadanía y el territorio, bajo principios de justicia social, paz y participación.
Uno de los ejes centrales del capítulo es el análisis de los dilemas actuales de la democracia, evidenciando cómo las estructuras tradicionales han excluido a amplios sectores sociales y cómo el Estado debe reinventarse para abrir paso a nuevas formas de gobernanza inclusiva y plural.
En segundo lugar, se destaca el problema de las inflexibilidades fiscales, que limitan la capacidad del gobierno para ejecutar políticas transformadoras. Se hace énfasis en la necesidad de repensar las rigideces presupuestales heredadas, que hoy dificultan la redistribución de recursos en función del bienestar común.
Finalmente, el capítulo propone que el Estado sea un actor activo en la construcción de paz, aprendiendo de experiencias internacionales y centrando su acción en la reparación simbólica, la memoria colectiva y la transformación cultural. Este enfoque, inspirado en la bioadministración, busca un Estado más humano, cercano y comprometido con las necesidades reales de los territorios.
4. Invitado Especial
La Ley 2220 de 2022 introdujo cambios significativos en el procedimiento de conciliación extrajudicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incrementando su eficiencia al permitir que el proceso se realice completamente por medios electrónicos. A pesar de las mejoras en el trámite, se evidencia que la tasa de éxito en la resolución de conflictos a través de la conciliación es baja, alcanzando solo un 7,8% de acuerdos durante un periodo determinado, lo que indica que el mecanismo, aunque eficiente, no ha logrado ser efectivo como solución de conflictos.
Los factores que contribuyen a esta baja eficacia incluyen una percepción del proceso como un mero trámite administrativo, la falta de recursos presupuestarios en las entidades públicas para cumplir con las conciliaciones, el temor de los jueces a refrendar acuerdos debido a casos de corrupción previos, una actitud reactiva de las entidades públicas hacia la conciliación, y la ausencia de verdaderas facultades del procurador judicial para actuar como conciliador.
El documento sugiere que la conciliación administrativa debería ser repensada como una política pública, proponiendo un modelo donde las entidades públicas tomen la iniciativa en los procesos de conciliación, además de fortalecer el rol del Ministerio Público como verdadero conciliador. Se plantea una hoja de ruta para mejorar la eficacia del mecanismo, que incluye un estudio previo de los conflictos por parte de las entidades, una proyección de contingencias y la creación de mesas de trabajo con la participación de diversas entidades, lo que, según se argumenta, podría reducir la carga judicial y mejorar la protección del patrimonio público.
5. Testimonio del cambio
El documento presenta las experiencias de dos servidores públicos en Colombia: Tomás Antonio Guzmán Posada y Edilma Andrade Torres, quienes comparten sus vivencias y retos en el ámbito laboral, especialmente en relación con la discapacidad y la formalización del empleo público.
Tomás Guzmán, una persona con discapacidad auditiva, narra su lucha personal y profesional. A pesar de enfrentar desafíos significativos, incluyendo la pérdida de sus padres y una vida laboral inestable durante 17 años, encontró en el sector público una oportunidad para superar sus dificultades. Tomás destaca la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, enfatizando que su contratación mejora la productividad, reduce la rotación de personal y optimiza el clima laboral. También subraya que la inclusión requiere un cambio de mentalidad y formación adecuada, además de resaltar los beneficios que esto conlleva.
Por otro lado, Edilma Andrade relata la trayectoria de María Marleny, una trabajadora contratista en el sector público que ha enfrentado la precariedad laboral. A pesar de la legalidad que respalda la formalización del empleo, muchas entidades optan por mantener prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores, dejando a personas como María Marleny sin acceso a prestaciones sociales y condiciones dignas de trabajo. Edilma aboga por la dignificación del empleo público y la necesidad de cumplir con las normativas que garantizan derechos laborales.
En conclusión, ambos testimonios enfatizan la importancia de la inclusión y la formalización en el ámbito laboral, sugiriendo que una transformación en estas áreas no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la estructura socioeconómica del país.
