Las respuestas a las víctimas del conflicto en materia de indemnizaciones, consulta de identidad del ciudadano y certificados de incapacidad, entre otros. (Foto: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas)

Bogotá, miércoles 6 de diciembre de 2017. Los procesos de restitución de tierras y de indemnización administrativa para víctimas del conflicto armado son ahora más eficientes y transparentes gracias a las mejoras de varios trámites emprendidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, y por la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en el marco de la política de racionalización de trámites que lidera Función Pública.

Una de las medidas más importantes se refleja en la reducción del tiempo de respuesta para que las víctimas del conflicto reciban los giros de la indemnización administrativa que no fueron cobrados oportunamente, anteriormente el tiempo de respuesta era de hasta un año, hoy es de 3 meses.

Así mismo, las mejoras de este trámite permiten consultar en línea la identidad del ciudadano, gracias a un convenio con la Registraduría, acción que representa ahorros en tiempo y en dinero al solicitante; además, los estudios de las solicitudes son más ágiles al ser definidos los criterios que deben tener en cuenta las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, para emitir los certificados de discapacidad que se deben presentar.

En cuanto al trámite para solicitar la inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, se creó la plataforma tecnológica "Nodo de tierras" que permite gestionar las solicitudes en menor tiempo y reduce posibilidades de errores, ya que las entidades intercambian en tiempo real información requerida para el proceso administrativo, judicial y post-fallo de restitución de tierras a víctimas del conflicto.

Esta mejora tecnológica también permite hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de restitución decretadas para las víctimas del despojo y abandono forzado, lo que se traduce en más eficiencia y agilidad en la garantía de derechos de los ciudadanos.

La tecnología también posibilita seguridad, transparencia y ahorros en tiempo y papel gracias a que la presentación de las demandas ante los jueces ya no se hace de forma presencial y el intercambio de información entre entidades se hace mediante interoperabilidad tecnológica.

Estos trámites de paz racionalizados, orientados a la garantía de derechos de las víctimas del conflicto, hacen parte de la política desarrollada por Función Pública que, desde 2015, ha permitido la racionalización de 706 trámites.