Sentencia T-133 de 2004 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública

Sentencia T-133 de 2004 Corte Constitucional

Fecha de Expedición: 18 de febrero de 2004

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

ACCIONES JUDICIALES
- Subtema: Edad de retiro forzoso

Se interpuso una acción de tutela por la vulneración de los derechos a la tranquilidad, la paz y la vida digna. Por ello se solicita protección constitucional y la adopción de medidas orientadas a ese propósito.

T-133-04 PROYECTO DE CIRCULACIN RESTRINGIDA

Sentencia T-133/04

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Sistema normativo de proteccin

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Improcedencia de tutela/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia excepcional para violencia intrafamiliar

 

ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Afectacin de la vida e integridad personal por violencia intrafamiliar

 

Dado el agresivo comportamiento del accionado, su idoneidad para afectar la vida o la integridad personal de su ta y de su madre, la avanzada edad de stas, el peligro que corren esos derechos fundamentales y la inidoneidad de los mecanismos de proteccin a los que hasta momento han acudido, es necesario concederles amparo constitucional hasta tanto el comisario de familia competente adopte las medidas de proteccin pertinentes. Por estos motivos, la Sala tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal de la actora pero nicamente de manera transitoria.

 

ALCOHOLISMO-Caractersticas

 

PERSONA EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Alcoholismo y drogadiccin/ESTADO-Proteccin a personas en estado de drogadiccin y alcoholismo

 

Este panorama permite asumir a Guillermo Marmolejo Meja no slo como una persona que despliega actos de violencia al interior de su familia, contra la cual se ejerce la accin de tutela y la que resulta conminada por la orden transitoria de amparo, sino tambin como una persona que se encuentra en condicin de debilidad manifiesta y que debe ser objeto de especial proteccin. Mucho ms si no ejerce actividad laboral alguna y si las limitadas condiciones econmicas, tanto suyas como de su madre, no le garantizan el acceso al rgimen contributivo del sistema de seguridad social en salud. Por este motivo, la Corte le solicitar a la Secretara de Salud del Valle del Cauca que disponga lo necesario para que al accionado se le realice un diagnstico del estado en que se encuentra y para que se le suministre el tratamiento que requiere en razn del alcoholismo y la drogadiccin que le afectan. Desde luego, tal tratamiento slo se realizar con el consentimiento del accionado, sin querer decir con ello que no pueda haber intentos de persuasin mdica, y se mantendr en tanto l lo acepte.

 

DESACATO DE TUTELA-Trmite incidental/DESACATO DE TUTELA-Juez no puede anticipar la sancin

 

El desacato de una orden de tutela, el juez debe promover un trmite incidental en el que se ejerce el derecho a solicitar pruebas, a contradecirlas e incluso a alegar antes de la decisin. Slo luego de ponderar los elementos de juicio recaudados, el juez debe decidir si hay lugar o no a la sancin y, en caso positivo, procede a su determinacin. De esto se infiere, que al juez no le est permitido, so pretexto de asegurar el cumplimiento del fallo de tutela, anticipar la sancin a imponer en caso de incumplimiento pues ste es un momento posterior a la demostracin de la procedencia de la sancin.

 

ACTO ANTIJURIDICO DEL JUEZ-Anticipacin de sancin en el desacato

 

 

Referencia: expediente T-825738

 

Accin de tutela de Esperanza Meja Arias contra Guillermo Marmolejo Garca

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CRDOBA TRIVIO

 

 

 

Bogot, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil cuatro (2004).

 

La Sala Cuarta de Revisin de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

dentro del trmite de revisin de la tutela instaurada por Esperanza Meja Arias contra Guillermo Marmolejo Meja.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

A. Resea fctica

 

Guillermo Marmolejo Garca es una persona de 48 aos de edad, residente en la ciudad de Cali y quien afronta problemas de alcoholismo y drogadiccin. Con frecuencia, sobre todo cuando se encuentra bajo el efecto de bebidas alcohlicas o drogas, se presenta en el domicilio de su madre y su ta, de avanzada edad, con el fin de solicitarles dinero u otros implementos. Como stos no le son suministrados, despliega actos de violencia contra la edificacin en la que aquellas habitan, les rompe las ventanas, las agrede verbalmente y las amenaza.

 

Las afectadas solicitaron colaboracin a la Polica Metropolitana de Cali, a una inspeccin de polica, a un juez de paz e infructuosamente han intentado que el accionado ingrese a un centro de rehabilitacin. No obstante, Marmolejo Garca persiste en su comportamiento.

 

B. La tutela instaurada

 

El 12 de septiembre de 2003, Esperanza Meja Arias acudi al Juzgado Sptimo Penal Municipal de Cali y all, de manera verbal, interpuso accin de tutela. En ella manifest que su sobrino, con el comportamiento desplegado desde hace varios aos, vulnera sus derechos a la tranquilidad, a la paz y a la vida digna y pone en peligro su derecho a la vida. Por ello solicit proteccin constitucional y la adopcin de medidas orientadas a ese propsito.

 

 

II. SENTENCIA JUDICIAL OBJETO DE REVISIN

 

El 22 de septiembre de 2003, el Juzgado Tercero Penal Municipal dict sentencia. En ella plante que el accionado haba vulnerado los derechos a la paz y a la tranquilidad de su madre y de su ta y, con miras a la proteccin de tales derechos, envi copia del fallo a la Estacin de Polica de El Lido. Adems, le advirti al accionado que en caso de incumplimiento se har merecedor a un DESACATO, procediendo el despacho a ordenar su internacin -previo envo del mismo a medicina legal- al anexo siquitrico que para los efectos entratndose de persona drogadicta, de la crcel villa hermosa de la ciudad, por el trmino de tres meses, tal y como lo ordena el decreto 2591 de 1991, en su artculo 52 y multa de un salario mnimo legal mensual.

 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIN

 

1. Los hechos que desencadenaron la accin de tutela en razn de la cual se dict el fallo hoy sometido a revisin, remiten a un caso de violencia intrafamiliar. Se trata de una persona que agrede verbalmente a su madre y a su ta cuando no aceptan sus exigencias de dinero, que despliega actos de violencia contra la vivienda de aquellas y que amenaza con lastimarlas.

 

La violencia intrafamiliar, aparte de su tipificacin como conducta punible contra la familia en el artculo 233 del Cdigo Penal, se encuentra regulada en la Ley 294 de 1996, reglamentada por el Decreto 652 de 2001 y modificada por la Ley 575 de 2000. Este sistema normativo regula las diferentes modalidades de violencia en la familia. En esa direccin, entre otras cosas, indica cmo se integra una familia, los principios que orientan la aplicacin de la ley, las medidas provisionales y definitivas de proteccin, la manera como tales medidas deben solicitarse, el procedimiento que se debe agotar para acceder a ellas, las sanciones a que hay lugar en caso de incumplimiento de las medidas de proteccin dispuestas y radica la competencia en los comisarios de familia o en los jueces civiles o promiscuos municipales tanto para imponer la medida como para su ejecucin y cumplimiento.

 

Como puede advertirse, entonces, cuando se trata de una modalidad de violencia en la familia, la ley ha diseado un sistema normativo que consagra mecanismos de proteccin y la manera de acceder a ellos.

 

2. No obstante lo expuesto, es posible que con ocasin de la violencia intra familiar no solo se altere la pacfica convivencia sino que se vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales de sus miembros. En estos casos excepcionales, en los que la violencia desborda el mbito de la regulacin legal y compromete derechos fundamentales, como cimiento del sistema poltico y jurdico constituido, puede ejercerse la accin de tutela con miras a su proteccin. ste es el supuesto regulado en el artculo 19 de la Ley 294 de 1996, norma de acuerdo con la cual Los procedimientos consagrados en la presente ley no sustituyen ni modifican las acciones previstas en la Constitucin y en la ley para la garanta de los derechos fundamentales, ni para la solucin de los conflictos jurdicos intrafamiliares.

 

Desde luego, debe entenderse que se trata de supuestos excepcionales, en los que la violencia en la familia lesiona o pone en peligro inminente derechos de esa ndole. De lo contrario, de extenderse la accin de tutela a supuestos ajenos a esa particular condicin, se desconoceran los mecanismos legales de proteccin, se vaciara la competencia de los comisarios de familia o de los jueces y se distorsionara la tutela como mecanismo de proteccin de los derechos fundamentales.

 

3. Antes de la Ley 294 de 1996, esta Corporacin admiti que el maltrato fsico o moral al interior de la familia comporta una situacin de indefensin para las vctimas (Sentencias T-529-92 y T-487-94) y reconoci que en razn del maltrato pueden vulnerarse los derechos a la vida y a la integridad personal de aquellos miembros de la familia que son sometidos por la violencia fsica o moral (Sentencias T-529-92 y T-552-94). De all que en esos supuestos, sin desconocer el alcance de instituciones propias del derecho de familia, penal o policivo, acept la procedencia del amparo constitucional para proteger los derechos fundamentales de las vctimas de esa modalidad de violencia.

 

No obstante lo expuesto, tras la expedicin de la Ley 294 de 1996, mediante la cual se prev un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, esta Corporacin afirm la improcedencia de la accin de tutela para amparar los derechos fundamentales vulnerados o puestos en peligro con ocasin de la violencia intrafamiliar por cuanto ella consagra claros medios de defensa judicial, cuyo objeto consiste especficamente en la proteccin inmediata, mediante trmites sumarios y expeditos, de los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados en tales situaciones. De esta manera, la accin de tutela, eminentemente residual y subsidiaria, pierde su razn de ser y en consecuencia no debe ser admitida en estos casos (Sentencia T-421-96).

 

Con todo, es de destacar que an bajo la vigencia de la Ley 294 de 1996 y de las normas que la modifican y reglamentan, esta Corporacin ha admitido la procedencia de la accin de tutela como mecanismo transitorio en procura de la proteccin de la paz y la tranquilidad intrafamiliar y hasta tanto el comisario de familia o el juez, segn el caso, tome las medidas definitivas de proteccin (Sentencia T-608-01). De igual manera, la Corte, an tras la entrada en vigencia de la citada ley, ha concedido amparo constitucional cuando agotadas las medidas en ella previstas, no fueron idneas para la proteccin de los derechos fundamentales de los miembros de la familia o se le dio una dilacin injustificada a su toma o aplicacin (Sentencia T-789-01).

 

De acuerdo con lo expuesto, entonces, la accin de tutela es improcedente cuando se trata de la proteccin de derechos fundamentales afectados por la violencia intra familiar, salvo como mecanismo transitorio o ante la inidoneidad de las medidas de proteccin o su dilacin injustificada.

 

4. En el caso presente, el agresivo comportamiento desplegado por Guillermo Marmolejo Meja est demostrado: frecuentemente acude al domicilio de su madre y de su ta, de 80 y 68 aos de edad respectivamente; las agrede verbalmente; en cinco oportunidades ha destruido los ventanales de esa vivienda y las amenaza con causarles dao en su vida e integridad. Frente a l, estas personas se encuentran en completo estado de indefensin pues su condicin de mujeres de la tercera edad les impide el despliegue de cualquier acto defensivo. De all que su actitud haya consistido en ocultarse para evitar males mayores y en requerir, cuando es posible, la limitada colaboracin de terceros. Una situacin como esa afecta la paz y la tranquilidad a que tienen derecho la actora y su hermana y, adems, pone en peligro su derecho fundamental a la integridad personal pues los actos violentos del accionado han estado a punto de afectarlas.

 

Sin embargo, como se indic, en este momento est vigente un sistema normativo que regula las diversas modalidades de violencia en la familia y que establece medidas de proteccin, tanto provisionales o definitivas, para las vctimas. De all que la actora se halle en el deber de agotar tales mecanismos de proteccin de sus derechos fundamentales. Existiendo tales mecanismos, segn lo advirti la Corte desde la entrada en vigencia de la Ley 294 de 1996, la accin de tutela resulta improcedente como mecanismo de proteccin de los derechos puestos en peligro.

 

No obstante, dado el agresivo comportamiento del accionado, su idoneidad para afectar la vida o la integridad personal de su ta y de su madre, la avanzada edad de stas, el peligro que corren esos derechos fundamentales y la inidoneidad de los mecanismos de proteccin a los que hasta momento han acudido, es necesario concederles amparo constitucional hasta tanto el comisario de familia competente adopte las medidas de proteccin pertinentes.

 

Por estos motivos, la Sala tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal de la actora pero nicamente de manera transitoria, sentido en el cual se modificar el numeral primero de la sentencia proferida por el juez constitucional de instancia.

 

Para facilitar el ejercicio de los mecanismos ordinarios de proteccin, la Sala le solicitar a la Defensora del Pueblo, Regional Cali, prestarle a la actora la asistencia jurdica que requiere.

 

5. De otro lado, la Sala no puede ignorar que el accionado es una persona de muy limitados recursos econmicos, que no desempea una actividad econmica estable y que, aunque no se conoce con precisin su nivel de afectacin y las implicaciones consecuentes, padece problemas de drogadiccin y alcoholismo. Esto es as al punto que lo refieren reiteradamente la actora y sus hermanas y lo acepta el accionado. Incluso en el proceso se da cuenta de los frustrados esfuerzos que se han emprendido hasta ahora para someter a Guillermo Marmolejo Meja a tratamientos de rehabilitacin.

 

Ahora bien. Como lo ha indicado la Corte,

 

el alcoholismo presenta, desde el punto de vista jurdico, varias caractersticas relevantes y concurrentes: (i) se trata de una afeccin que es el resultado del deseo repetido de quien consume alcohol, es decir, el alcoholismo no surge instantneamente sino que su desarrollo supone una conducta continuada en el tiempo; (ii) el consumo de alcohol puede generar cambios profundos en el comportamiento de la persona a diferencia de otras adicciones como el tabaco que pueden afectar las relaciones interpersonales del alcohlico y amenazar derechos de terceras personas; (iii) superar el alcoholismo requiere del concurso decidido y constante de la voluntad de la persona que consume alcohol aunque dicha voluntad podra ser insuficiente- (Sentencia T-1325-01).

 

Por otra parte, la Corte ha expuesto:

 

el estado de drogadiccin crnica debe ser atendido por el sistema de seguridad social en salud. Bien sea por el rgimen subsidiado o el contributivo e inclusive por las entidades pblicas o privadas que tienen contratos con el Estado para la atencin de los vinculados al sistema en caso de que se demuestre la necesidad inminente del tratamiento y la incapacidad econmica del afectado para cubrirlo.

 

...La drogadiccin crnica es considerada como un trastorno mental o enfermedad psiquitrica. Como regla general quien se encuentra en ese estado ve alterada su autodeterminacin. Al ser esto as, se hace manifiesta la debilidad psquica que conlleva el estado de drogadiccin. En consecuencia, se puede afirmar que al estar probada esta condicin, la persona que se encuentre en la misma merece una especial atencin por parte del Estado en virtud del artculo 47 constitucional que contempla que el Estado adelantar una poltica de previsin, rehabilitacin e integracin social para los disminuidos fsicos, sensoriales y psquicos, a quienes se prestar la atencin especializada que requieran.

 

En la medida en que se compruebe en una persona el estado de drogadiccin crnica y la limitacin que ste ha conllevado en su autodeterminacin, es dable afirmar que en los trminos del artculo antes reseado esta persona es beneficiaria de los programas que el Estado a travs de su sistema de seguridad social en salud- debe haber adelantado, en la medida de lo posible y lo razonable, para su rehabilitacin e integracin. Es claro que dentro de nuestro Estado social de derecho existe este mandato de optimizacin a favor de las personas con estado de debilidad psquica en virtud de su drogadiccin crnica (Sentencia T-684-02).

 

6. Este panorama permite asumir a Guillermo Marmolejo Meja no slo como una persona que despliega actos de violencia al interior de su familia, contra la cual se ejerce la accin de tutela y la que resulta conminada por la orden transitoria de amparo, sino tambin como una persona que se encuentra en condicin de debilidad manifiesta y que debe ser objeto de especial proteccin. Mucho ms si no ejerce actividad laboral alguna y si las limitadas condiciones econmicas, tanto suyas como de su madre, no le garantizan el acceso al rgimen contributivo del sistema de seguridad social en salud.

 

Por este motivo, la Corte le solicitar a la Secretara de Salud del Valle del Cauca que disponga lo necesario para que al accionado se le realice un diagnstico del estado en que se encuentra y para que se le suministre el tratamiento que requiere en razn del alcoholismo y la drogadiccin que le afectan. Desde luego, tal tratamiento slo se realizar con el consentimiento del accionado, sin querer decir con ello que no pueda haber intentos de persuasin mdica, y se mantendr en tanto l lo acepte.

 

7. Para concluir, la Sala debe hacer un pronunciamiento en relacin con la decisin tomada por el juzgado de instancia en el numeral segundo de su sentencia y de acuerdo con la cual Se le informa al accionado seor GUILLERMO MARMOLEJO MEJIA que el incumplimiento al presente fallo se har merecedor en forma inmediata a un DESACATO, procediendo el despacho a ordenar su internacin -previo envo del mismo a medicina legal- al anexo siquitrico que para los efectos entratndose de persona drogadicta, de la crcel villa hermosa de la ciudad, por el trmino de tres meses, tal y como lo ordena el decreto 2591 de 1991, en su artculo 52 y muta de un salario mnimo legal mensual.

 

Una de las innovaciones ms importantes de la Constitucin de 1991 fue la accin de tutela pues a travs de ste mecanismo los ciudadanos acceden a los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, con miras a la proteccin de los derechos fundamentales. Para la eficacia de ese mecanismo de proteccin, la ley consagr sanciones para las personas que incumplan las rdenes impartidas por los jueces que conocen de l. Por ello, el artculo 52 del Decreto 2591 de 1991 dispone que esa sancin consistir en arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mnimos legales mensuales, salvo que se hubiese sealado una consecuencia distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

 

Se impone resaltar que ante el desacato de una orden de tutela, el juez debe promover un trmite incidental en el que se ejerce el derecho a solicitar pruebas, a contradecirlas e incluso a alegar antes de la decisin. Slo luego de ponderar los elementos de juicio recaudados, el juez debe decidir si hay lugar o no a la sancin y, en caso positivo, procede a su determinacin. De esto se infiere, que al juez no le est permitido, so pretexto de asegurar el cumplimiento del fallo de tutela, anticipar la sancin a imponer en caso de incumplimiento pues ste es un momento posterior a la demostracin de la procedencia de la sancin.

 

De all que, en el caso presente, cuando el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cali conmin al accionado al cumplimiento del fallo y en caso de incumplimiento, plante que se hara merecedor a internacin en el anexo psiquitrico de la Crcel Villa Hermosa de esa ciudad, por tratarse de una persona drogadicta, por el trmino de tres meses, incurri en un acto claramente antijurdico, pues:

 

a. Desconoci el principio de buena fe al presumir el posterior incumplimiento del accionado.

 

b. Determin la sancin sin previamente haber establecido la responsabilidad del accionado en el futuro incumplimiento.

 

c. Vulner el debido proceso pues determin la sancin omitiendo el trmite incidental exigido por la ley y, en consecuencia, despoj al accionado de los derechos de defensa, contradiccin e impugnacin.

 

d. Orden su internacin en el anexo siquitrico de una crcel cuando, de conformidad con la ley, lo nico que procede es el arresto y la multa.

 

e. Pese a afirmar el carcter de drogadicto de Guillermo Marmolejo Meja, desconoci su estado de debilidad manifiesta y la necesidad de someterlo a tratamiento mdico.

 

f. Desconoci el internamiento en un anexo psiquitrico es una medida de seguridad que procede contra el inimputalbe que ha sido encontrado responsable de una conducta punible y no una sancin imponible a quien incumple un fallo de tutela.

 

g. Invoc un decreto que en manera alguna la habilita para proceder de forma arbitraria.

 

Siendo, entonces, ostensible la ilicitud de la decisin contenida en el numeral segundo de la resolutiva de la sentencia proferida por el juez de instancia, la Corte la revocar.

 

 

IV. DECISIN

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Cuarta de Revisin de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. Modificar, en los siguientes trminos, el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2003 por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cali:

 

a) Conceder, como mecanismo transitorio de proteccin, la tutela de los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal de Esperanza Meja Arias y de su madre.

b) Ordenar a Guillermo Marmolejo Meja abstenerse de ejecutar actos de violencia fsica o moral en contra de su ta Esperanza Meja y de su madre.

 

c) Ordenar al Comandante de la Estacin del barrio El Lido de Cali, ejercer vigilancia sobre la conducta de Guillermo Marmolejo Meja para la proteccin de los derechos a la vida y a la integridad personal de Esperanza Meja Arias.

 

d) Confiar al Juzgado Tercero Penal Municipal de Cali velar por el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia.

 

f) Solicitarle a la Defensora del Pueblo, Regional Cali, que le preste a la actora la asistencia jurdica que requiere para el ejercicio de lo mecanismos legales de proteccin contra los actos de violencia emprendidos por Guillermo Marmolejo Meja.

 

Segundo. La proteccin dispuesta permanecer vigente slo durante el trmino que la autoridad competente utilice para decidir de fondo sobre la accin que la afectada instaure, con base en la Ley 294 de 1996, en los 30 das siguientes a la notificacin de este pronunciamiento y con la asistencia de la Defensora del Pueblo, Regional Cali.

 

Tercero. Solicitarle a la Secretara de Salud del Valle del Cauca que disponga lo necesario para que a Guillermo Marmolejo Meja se le preste el tratamiento mdico que requiere en razn del alcoholismo y la drogadiccin que le afectan.

 

Cuarto. Revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cali.

 

Quinto. DSE cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifquese, comunquese, cmplase e insrtese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

JAIME CRDOBA TRIVIO

Magistrado Ponente

Presidente de la Sala

 

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

 

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

 

 

 

 

IVN HUMBERTO ESCRUCERA MAYOLO

Secretario General (E)