DECRETO 1391 DE 2010

 

(Abril 26)Derogado por el art. 29, Decreto Nacional 1043 de 2011.

 

Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

 

En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a. de 1992,

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y para quienes optaron por el régimen previsto en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994, y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las Ramas del Poder Público, organismos o instituciones del sector público.

 

ARTÍCULO 2. A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Procurador General de la Nación, del Viceprocurador General de la Nación, los Procuradores Delegados y del Defensor del Pueblo será de: ocho millones seiscientos treinta mil ochocientos setenta y seis pesos ($8.630.876) m/cte., discriminados así: asignación básica: tres millones ciento siete mil ciento quince pesos ($3.107.115) m/cte., y gastos de representación: cinco millones quinientos veintitrés mil setecientos sesenta y un pesos ($5.523.761.) m/cte.

 

Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y, de conformidad con la Ley 797 de 2003, para la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

Los funcionarios con esta remuneración mensual únicamente tendrán derecho a disfrutar de prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes.

 

ARTÍCULO 3. A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, del Director Nacional de Investigaciones Especiales, del Procurador Auxiliar de la Procuraduría General de la Nación, del Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, del Secretario General de la Defensoría del Pueblo y el Veedor de la Procuraduría General de la Nación será de trece millones ciento cincuenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos ($13.150.749) m/cte, distribuida así:

 

Asignación Básica	3.852.085
Gastos de Representación	3.852.084
Prima Técnica	3.382.743
Prima Especial	2.063.837

 

ARTÍCULO 4. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Defensores Delegados grado 22 y los Directores Nacionales grado 22 de la Defensoría del Pueblo será de once millones doscientos treinta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos ($11.237.879) m/cte. Distribuida así:

 

Asignación Básica	3.293.239
Gastos de Representación	3.293.238
Prima Técnica	2.888.888
Prima Especial	1.762.514

 

ARTÍCULO 5. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual del Veedor de la Defensoría del Pueblo será de nueve millones cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($9.480.564) m/cte, distribuida así:

 

Asignación Básica	3.066.521
Gastos de Representación	3.066.521
Prima Técnica	1.673.761
Prima Especial	1.673.761

 

ARTÍCULO 6. A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual del Procurador Distrital de la Procuraduría General de la Nación; los Defensores Regionales grado 21 y el Secretario Privado grado 21 de la Defensoría del Pueblo, será de: Ocho millones cuatrocientos veintiún mil quinientos catorce pesos ($8.421.514) m/cte, distribuida así:

 

Asignación Básica	3.304.001
Gastos de Representación	3.304.000
Prima Técnica	1.813.513

 

ARTÍCULO 7. A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Regionales creados por el artículo 9º del Decreto 264 de 2000 en la planta de la Procuraduría General de la Nación, será de: Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos ($8.568.404) m/cte, distribuida así:

 

Asignación Básica	4.231.890
Gastos de Representación	3.303.529
Prima Especial	1.032.985

 

ARTÍCULO 8. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal Militar, Nacional, ante Jurisdicción Agraria, de Menores y Familia, será de: Siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos ($7.475.948.) m/cte, distribuida así:

 

Asignación Básica	2.933.272
Gastos de Representación	2.933.272
Prima Especial	1.609.404

 

ARTÍCULO 9. A partir del 1º de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Judiciales I será de cinco millones ciento noventa y cuatro mil setecientos veintitrés pesos ($5.194.723) m/cte. El treinta por ciento (30%) de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República.

 

ARTÍCULO 10. A partir del 1° de enero de 2010, la remuneración mensual de los Procuradores Provinciales será de cinco millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos ($5.739.421) m/cte., distribuida así:

 

Asignación Básica	2.869.711
Gastos de Representación	2.869.710

 

ARTÍCULO 11. Los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. Esta prima es incompatible con la prima especial a que se refieren los artículos anteriores.

 

ARTÍCULO 12. Los gastos de representación establecidos en el presente Decreto se tendrán en cuenta únicamente para efectos fiscales.

 

ARTÍCULO 13. La prima técnica y la prima especial de que trata el presente Decreto no tendrán carácter salarial, para ningún efecto legal.

 

ARTÍCULO 14. A partir del 1º de enero de 2010, la asignación mensual de Sustanciador en lo Contencioso Administrativo y Sustanciador en lo Judicial Grado 11 será de dos millones trescientos veintisiete mil quinientos un pesos ($2.327.501) m/cte.

 

ARTÍCULO 15. A partir del 1° de enero de 2010, la asignación básica mensual para los empleos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores se regirá por la siguiente escala:

 

GRADO	ASIGNACIÓN MENSUAL	GRADO	ASIGNACIÓN MENSUAL
1	586.570	14	2.506.520
2	685.360	15	2.555.434
3	816.355	16	2.804.446
4	965.827	17	3.262.440
5	1.094.099	18	3.661.887
6	1.237.847	19	4.048.897
7	1.382.768	20	4.471.003
8	1.546.344	21	4.829.655
9	1.673.519	22	5.199.929
10	1.856.934	23	5.853.137
11	1.976.808	24	6.610.744
12	$2.169.958	25	$7.573.465
13	2.359.948

 

PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 tendrán derecho, a partir del 1° de enero de 2010, a un reajuste de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación venían percibiendo a 31 de diciembre de 2009, del dos por ciento (2.00%).

 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.

 

ARTÍCULO 16. En ningún caso, la remuneración total mensual de los empleados, funcionarios y agentes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo podrá exceder la que corresponda al Procurador General de la Nación.

 

ARTÍCULO 17. A partir del 1° de enero de 2010, los citadores que presten los servicios en la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:

 

a. Para ciudades de más de un millón de habitantes, la suma de cincuenta y cinco mil quinientos noventa y siete pesos ($55.597.) m/cte, mensuales.

 

b. Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, la suma de treinta y cinco mil cuarenta y seis pesos ($ 35.046.) m/cte, mensuales.

 

c. Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, la suma de veintidós mil doscientos sesenta y dos pesos ($22.262.) m/cte, mensuales.

 

ARTÍCULO 18. Los servidores públicos de que trata este Decreto tendrán derecho a un auxilio de transporte, en los mismos términos y cuantías que establezca el Gobierno para los trabajadores particulares y empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

PARÁGRAFO. No tendrán derecho al auxilio de que tratan los artículos 17 y 18 del presente Decreto, los servidores públicos que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre ese servicio.

 

ARTÍCULO 19. A partir del 1º de enero de 2010, el subsidio de alimentación para los servidores públicos que perciban una asignación básica mensual no superior a un millón ciento treinta y dos mil seiscientos tres pesos ($1.132.603) m/cte, será de cuarenta y un mil seiscientos doce pesos ($41.612.) m/cte, pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.

 

No habrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre la alimentación.

 

ARTÍCULO 20. Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente Decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4 del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.

 

ARTÍCULO 21. Las pensiones de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de cotización dispuesto por el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, y la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a de 1992 para aquellos servidores que tengan derecho a ella, dentro de los limites dispuestos por el artículo 5º de la Ley 797 de 2003.

 

ARTÍCULO 22. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo señalen, además establecerán las condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondo.

 

ARTÍCULO 23. Los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que tomaron la opción establecida en los Decretos 54 de 1993 y 107 de 1994 o quienes se vinculen con posterioridad a la vigencia de este Decreto no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y cualquier otra sobreremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad, bonificación por servicios prestados y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regularán por las disposiciones legales vigentes.

 

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7o de la Ley 33 de 1985.

 

ARTÍCULO 24. Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva.

 

ARTÍCULO 25. El Procurador General de la Nación, en los casos catalogados como fenómenos especiales de corrupción administrativa o violación de los derechos humanos, podrá asignar una bonificación especial equivalente al 40% de la asignación básica mensual a los funcionarios del nivel profesional, técnico y operativo encargados de la investigación, cuando sean comisionados para prestar sus actividades con carácter transitorio fuera de Bogotá.

 

La bonificación que se autoriza en el presente artículo solo podrá causarse durante el período de la comisión, sin que en ningún caso supere dos meses continuos y proporcional al tiempo de la misma, siempre y cuando esta sea superior a un mes continúo.

 

PARÁGRAFO 1. La mencionada bonificación no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

 

PARÁGRAFO 2. En ningún caso podrán gozar concurrentemente de esta bonificación más de veintiocho funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, y cada funcionario a lo sumo podrá percibirla como máximo en dos comisiones al año.

 

ARTÍCULO 26. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

 

ARTÍCULO 27. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4a. de 1992.

 

ARTÍCULO 28. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

 

ARTÍCULO 29. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 726 de 2009 surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2010.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de abril del año 2010

 

FABIO VALENCIA COSSIO

 

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,

 

OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

 

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

 

NOTA: Publicado en el Diario Oficial ** de *** ** de 2010