Este nuevo decreto deroga la prima de servicios el que dio origen a esta prima de servicios.

 

• Con el decreto 0030, el Gobierno dejó en firme la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas a partir del nuevo periodo legislativo, que inicia el próximo 20 de julio.

• La medida se fundamenta en criterios de austeridad, sostenibilidad fiscal y equidad, con respaldo de la jurisprudencia constitucional.

 

Bogotá, 20 de enero de 2026. El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual se elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. 

La norma deroga el Decreto 2170 de 2013, que había sustituido las primas de localización, vivienda y salud por una prima especial de servicios equivalente a $7.898.445 mensuales, reajustable anualmente y constitutiva de factor salarial para otras prestaciones.

La decisión se sustenta en el marco constitucional y legal vigente, en particular en el artículo 187 de la Constitución Política, la Ley 4ª de 1992 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Estas instancias han precisado que las primas reconocidas a los congresistas no son obligatorias para el Ejecutivo y pueden ser limitadas de manera legítima, sin que ello implique una vulneración automática de derechos adquiridos.

El decreto señala que, si bien existe el deber de preservar el poder adquisitivo del salario, dicho principio no es absoluto, especialmente cuando se trata de servidores públicos con altos niveles de ingreso. En ese contexto, el Gobierno argumenta que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país, lo que hace necesario reorientar el gasto público para avanzar en el cierre de brechas sociales, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

Finalmente, el Decreto 0030 ratifica que Función Pública es la única autoridad competente para conceptuar en materia salarial y prestacional de los servidores públicos.