XII Encuentro Iberoamericano de Escuelas, Institutos y Sistemas de Administración Pública

 

Bogotá D.C., 1 de junio 2026. Altos servidores públicos y expertos en gestión pública procedentes de veinte países de América y Europa se reunirán en Bogotá, Colombia, entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio para proponer ideas en favor de ‘La ética y la integridad en el servicio público en la era de la transformación digital’, el tema del XII Encuentro Iberoamericano de Escuelas Institutos y Sistemas de Administración Pública, un evento organizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), de Colombia; y la Escuela del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo multilateral, este último, que, agrupa a 24 países miembros y 49 aliados, para trabajar, desde hace más de medio siglo, hacia «la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico para el desarrollo económico y social», según reza su principio fundacional. La reunión también contará el apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

 

Celebradas sus once ediciones anteriores en Antigua (Guatemala), Asunción (Paraguay), Cartagena (Colombia), Montevideo (Uruguay), San Salvador (Salvador), Lima (Perú), Madrid (España), Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil), y, los dos más recientes, nuevamente en las capitales peruana (en 2024) y española (en 2025), los encuentros anuales del CLAD sirven para cualificar y actualizar a los funcionarios y directivos públicos de los países miembros mediante el intercambio de experiencias alrededor de los múltiples y más álgidos aspectos que implican su labor, tales como el uso de la inteligencia artificial, la práctica de la equidad de género, el trabajo en equipo para el logro de soluciones reales y la capacidad de innovación, entre muchos otros que imponen los rápidos cambios de los tiempos actuales. En esta ocasión, la conversación de los asistentes girará alrededor de las posibilidades que hoy ofrecen la accesibilidad y la inmediatez de la tecnología para incentivar formas de gobierno más transparentes, más participativas y susceptibles de un mayor control social.

 

¿Pueden los gobiernos, a través de tecnología, seguir en tiempo real y a bajo costo la ejecución de contratos de obras civiles ¿por ejemplo¿, para asegurar ritmos de avance en los tiempos convenidos y evitar demoras y sobrecostos? ¿Cómo pueden las entidades públicas facilitar la interacción con la ciudadanía, aprovechar las solicitudes en línea para recoger datos estadísticos útiles y necesarios en la toma de decisiones, sin que eso se convierta en un mecanismo de control sobre la población y sin invadir la privacidad ni vulnerar las libertades individuales de cada persona? ¿Es posible implementar sistemas informáticos programados para activar alarmas ¿otro ejemplo¿ ante movimientos sospechosos de dineros en cuentas públicas, a fin de facilitarle a los organismos fiscales su función de vigilancia rápida y hasta preventiva sobre la destinación de recursos públicos? Cuestiones de este tipo permiten entender las potenciales ventajas, para el bien común, de la digitalización de los procesos administrativos, pero también los riesgos posibles que solo podrán atenuarse y contrarrestarse con un servicio público cada vez más calificado y con claridad sobre su misión ética.