Sentencia SU-040 de 2018 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública

Sentencia SU-040 de 2018 Corte Constitucional

Fecha de Expedición: 10 de mayo de 2018

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
- Subtema: Personas con Discapacidad

La protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite una discapacidad. En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que caracteriza al trabajador. El Decreto 2011 de 2017, reglamentó el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público de acuerdo con la Ley 1618 de 2013, el cual aplica a todos los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes. Así, estableció unas reglas para vincular un mínimo de trabajadores en condición de discapacidad y para promover el acceso al empleo público de este grupo de personas de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública y el tamaño total de la planta (obtenida de la sumatoria de la planta permanente, integrada por empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades.

SU040-18

Sentencia SU040/18

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O DISMINUCION FISICA-Proteccin constitucional

 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD-Reiteracin de jurisprudencia

 

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos de especial proteccin por parte del Estado y de la sociedad 

 

PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES-Reiteracin de jurisprudencia

 

DERECHO AL TRABAJO-Proteccin en todas sus modalidades

 

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES-Aplicacin/ PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES EN MATERIA LABORAL-Contrato realidad 

 

La teora de la primaca de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos casos en los cuales el Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestacin de servicios, actuacin que implica desconocer por un lado, los principios que rigen el funcionamiento de la funcin pblica, y por otro lado, las prestaciones sociales que son propias a la actividad laboral. En estos eventos, para que proceda la declaracin de existencia del contrato realidad el juez constitucional deber verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artculo 23 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.

 

CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN MATERIA LABORAL-Reiteracin de jurisprudencia  

 

CONTRATO REALIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado 

 

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O DISMINUCION FISICA EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Reiteracin de jurisprudencia

 

La Corte ha acudido a varias frmulas para resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral reforzada y que el tipo de vinculacin no ha sido un obstculo para conceder dicha proteccin, aceptando que la misma procede en contratos de prestacin de servicios independientes.

 

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Proteccin legal y medidas afirmativas en planes de desarrollo distritales o municipales para lograr inclusin social, real y efectiva

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-No vulneracin por cuanto vinculacin laboral de accionante se dio en virtud de una poltica pblica de inclusin especfica y temporal y por lo tanto no se configura una estabilidad laboral

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO-Declarar existencia de contrato realidad a trmino fijo entre accionante y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, hoy Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot

 

 

 

Referencia: Expediente T-5.692.280

 

Accin de Tutela instaurada por Mara Eugenia Leyton Corts contra la Alcalda Mayor de Bogot D.C y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot.

 

 

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

 

Bogot, diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo -quien la preside-, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Prez, Antonio Jos Lizarazo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, Jos Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ros, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y especficamente las previstas en los artculos 86 y 241 numeral 9 de la Constitucin Poltica, profiere la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el trmite de revisin del fallo de tutela proferido en nica instancia el veinticuatro (24) de junio de dos mil diecisis (2016), por el Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogot. Conforme a lo consagrado en los artculos 86 de la Constitucin Poltica y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Seleccin Nmero Ocho de la Corte Constitucional eligi, para efectos de su revisin, el asunto de la referencia.[1]

 

I.    ANTECEDENTES

 

El 16 de diciembre de 2016, la Sala Sptima de Revisin[2] profiri la sentencia T-723, mediante la cual concedi el amparo de los derechos fundamentales a la salud, al mnimo vital, a una vida digna, al trabajo, a la igualdad y a la estabilidad laboral de la seora Mara Eugenia Leyton Corts. En esa oportunidad, la Sala de Revisin declar la existencia de un contrato laboral entre ella y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, hoy en liquidacin. Adicionalmente, orden a esta entidad o en su defecto a la que se encargue de realizar sus funciones, que dentro del trmino de 48 horas contadas a partir de la notificacin de ese fallo, procediera a reintegrar a la accionante Mara Eugenia Leyton Corts al cargo que vena desempeando o en uno similar y a pagarle el salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminacin de su contrato, as como la indemnizacin prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) das de salario. Advirti adems a la entidad demandada que no puede, bajo el argumento de encontrarse en proceso de liquidacin, sustraerse al cumplimiento de esta orden a travs de un acto administrativo que declare su imposibilidad para cumplirla. En caso de no ser posible el reintegro en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, la Administracin Distrital deber reubicarla en la entidad que considere pertinente.

 

Mediante Auto 263 de 2017 y atendiendo la solicitud de aclaracin del apoderado del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, en liquidacin, la Sala Sptima de Revisin[3] accedi a aclarar el numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-723 de 2016, en el entendido que el reintegro de la accionante Mara Eugenia Leyton Corts deber efectuarse en la entidad que de acuerdo con los actos administrativos que regulan la liquidacin del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, se haya sealado o creado para asumir sus funciones. Este reintegro deber realizarse atendiendo a la naturaleza jurdica de la entidad previamente indicada. Si sta permite la vinculacin a travs de un contrato laboral, como lo indic la sentencia, se realizar a travs de dicha figura; de lo contrario, deber vincularse en un cargo de carrera en provisionalidad. En ningn caso el reintegro se har en un cargo en carrera, toda vez que la accionante no ha participado en concurso alguno para acceder al mismo. Finalmente, el salario y sus correspondientes prestaciones, se debern reconocer en un valor equivalente al que la accionante Mara Eugenia Leyton Corts vena percibiendo como operador de recepcin en la lnea de emergencias 1, 2, 3.

 

En cumplimiento de la orden proferida en la Sentencia T-723 de 2016, la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[4] expidi la Resolucin 00171 de 2017, mediante la cual se nombra en provisionalidad a la seora Mara Eugenia Leyton Corts en el empleo en vacancia definitiva de Auxiliar Administrativo Cdigo 407, Grado 19, de la planta global de esa entidad.[5]

 

Posteriormente, en Auto 478 del 13 de septiembre de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional declar la nulidad de la sentencia T-723 de 2016. Consider que en esta oportunidad prosperaba el cargo formulado por la Secretara Jurdica Distrital relacionado con la existencia de rdenes, en la sentencia cuestionada, a la Alcalda Distrital, sin ser vinculada al proceso y sin tener la oportunidad procesal para intervenir en su defensa. Ello, por cuanto se evidenci la vulneracin del debido proceso de dicha entidad por parte de la Sala Sptima de Revisin de la Corte Constitucional al conceder el amparo de los derechos de la seora Mara Eugenia Leyton Corts, toda vez que como consecuencia de la orden impartida, la cabeza de la Administracin Distrital se convirti en la responsable de la reparacin de los derechos de la accionante sin haber tenido conocimiento y participacin alguna dentro de la accin de tutela. En dicha providencia, como medida cautelar mientras se profiere la sentencia de reemplazo, se orden a la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot, mantener la vinculacin de la seora Mara Eugenia Leyton Corts bajo las mismas condiciones que se le concedieron al dar cumplimiento a la citada providencia T-723 de 2016. Igualmente, se dispuso que la sentencia de reemplazo sera proferida por la Sala Plena de la Corporacin.

 

1.  Hechos, argumentos y solicitud

 

Mara Eugenia Leyton Corts solicita mediante accin de tutela la proteccin de sus derechos fundamentales a la salud, al mnimo vital, a una vida digna, al trabajo, a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Alcalda Mayor de Bogot D.C, al terminar unilateralmente su contrato de trabajo sin tener en cuenta su condicin personal.

 

1.1.         Sostiene la accionante que sufre de Polineuropata diabtica funcional para la marcha- trastorno depresivo entre otras, razn por la cual debe estar en permanente tratamiento mdico. Dice que se mantiene con dolores fuertes en el cuerpo, lo que afecta su anatoma funcional y su movilidad. Tal condicin le gener una prdida de capacidad laboral del 62.30%.[6] Adems, expresa que es una persona de escasos recursos, sin redes de apoyo, a pesar de mi discapacidad debo suministrarme mi propia subsistencia.

 

1.2.         Indica que el 23 de junio de 2015, despus de superar las etapas de seleccin establecidas por el Secretario de Gobierno de la Alcalda Mayor de Bogot, fue seleccionada para iniciar a laborar con dicha entidad mediante contrato de vinculacin para trabajadores con discapacidad desempeando la labor de operador de recepcin en la lnea de emergencias 1, 2, 3. El cargo lo desempe hasta el 23 de abril de 2016, cuando la nueva administracin decidi unilateralmente terminar su contrato de trabajo.[7] Al respecto precis lo siguiente: sin consideracin para con la situacin de salud que atravesaba en ese momento y que a la fecha se ha venido agravando notoriamente, y sin que MI EXPATRONO, entre otras obligaciones se dignara a indemnizarme siquiera por ese concepto, la cual corresponde a ciento ochenta (180) das, y adems de no cancelarme los salarios desde la fecha del despido, como las prestaciones sociales, dado que existi en el desarrollo del contrato la subordinacin, cumpliendo rdenes, horarios de trabajo, turnos etc, es decir, se reunan todas las condiciones de un CONTRATO DE TRABAJO.

 

1.3.         La seora Leyton Corts precis que la remuneracin mensual bsica que reciba ascenda a la suma de un milln ochocientos mil pesos ($1.800.000). Al dar por terminado su contrato de trabajo, obviamente volvi a estar en una grave situacin.

 

1.4.         Alega que la entidad accionada a pesar de las mltiples solicitudes verbales que ha realizado debido a su situacin de debilidad manifiesta le responde que no tiene obligaciones con ella y no la pueden vincular a nmina porque percibe una pensin de invalidez. Aclara que en la actualidad solo recibe trecientos veintitrs mil novecientos cincuenta y cuatro pesos ($323.954) mensuales de su pensin por discapacidad y con ese dinero debe proporcionarse vivienda, alimento, vestido y transporte. A su juicio, esto demuestra que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, en especial si se tiene en cuenta que vive con su esposo de 76 aos, enferma en un apartamento donde las personas de buen corazn me han acogido. Me es imposible subsistir con este dinero, dado que yo carezco de redes de apoyo que me puedan ayudar al menos compartiendo un cuarto y una agua de panela, mxime que la enfermedad que padezco me exige una buena alimentacin y no estoy en condiciones de proporcionrmela.

 

1.5.         La accionante solicita la proteccin de sus derechos fundamentales a la salud, al mnimo vital, a una vida digna y al trabajo, en tanto es una persona en situacin de discapacidad. Alega que todava puede ejercer la labor de operador del 1, 2, 3. Al suspender su asignacin mensual se afect de manera grave su situacin econmica[8], por lo que pide insistentemente su reintegro laboral.

 

2.       Traslado y contestacin de la demanda[9]

 

2.1.         La Secretaria de Gobierno de la Alcalda Mayor de Bogot, actuando a travs de apoderado se manifiesta acerca de los hechos de la tutela. Al respecto, indica:

 

Respecto de los hechos de la tutela, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones: No es cierto como lo afirma la accionante, respecto de su participacin en un proceso de seleccin en la Secretara Distrital de Gobierno, producto del cual fue vinculada con mi representada. As mismo, segn informacin recibida de la direccin de gestin humana, la hoy accionante no hace, ni ha hecho parte de la planta de personal de la Secretara Distrital de Gobierno y sus dependencias. La vinculacin laboral referida por la accionante en el escrito de tutela corresponde a un contrato de prestacin de servicios celebrado entre la contratista y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot y no con mi representada, la Secretara de Gobierno ()

 

Ahora bien como el contenido de la accin de tutela versa sobre la relacin laboral que tena la accionante con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, siendo esta entidad quien debe precisamente pronunciarse respecto de los hechos y pretensiones referidos por la misma, puesto que mi representada, la Secretara Distrital de Gobierno no interviene en ninguna parte dentro de los procesos de contratacin adelantados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, siendo esta una entidad con autonoma administrativa y presupuestal ()

 

2.2.         El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot,[10] a travs de apoderado judicial, insiste en que la actora tiene otras vas judiciales para controvertir sus pretensiones, como es el caso de la accin contractual ante la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo. Igualmente, precisa que es la misma tutelante la que pone de presente que la situacin de discapacidad que padece fue uno de los aspectos a tener en cuenta para suscribir con ella el contrato de prestacin de servicios. En esta medida, alega que nunca se ha desconocido la patologa que presenta, lo cual consta tambin en el examen ocupacional que se le practic. Finalmente, resalta que los antecedentes y el objeto contractual son claros en manifestar que no exista vinculacin de tipo laboral, tal como se advierte en la clusula decima quinta del contrato 0642 de 2015.[11] En consecuencia, no existe obligacin de cancelar indemnizacin alguna. En este caso, dice, el contrato de prestacin de servicios se termin por vencimiento del plazo pactado y no por su condicin de invalidez. Adems, no hay perjuicio ya que la propia accionante confiesa gozar de pensin de invalidez.

 

3.       Decisin nica de Instancia

 

Mediante providencia del veinticuatro (24) de junio de dos mil diecisis (2016), el Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogot, resuelve negar la proteccin de los derechos fundamentales invocados por la actora y desvincular de la presente accin a la Secretara Distrital de Bogot.

 

Consider que conforme a las pruebas allegadas y lo expresado por las partes, en efecto la ciudadana Mara Eugenia Leyton Corts mantuvo un vnculo contractual con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, el cual termin por vencimiento del trmino pactado en el contrato de prestacin de servicios. Adems, seal que las partes convergen en determinar que se tena conocimiento de la discapacidad presentada por la contratista desde antes del inicio del contrato y que la misma es beneficiaria de pensin de invalidez teniendo cobertura en el sistema de seguridad social en salud a travs de la Nueva EPS, lo que permite inferir que a pesar de sus limitaciones la misma no padeca serios deterioros que le impidieran desempear la labor encomendada en el contrato suscrito. Precisa que la actora conoca plenamente las clusulas del contrato y la fecha de terminacin del mismo y [a]l terminarse el vnculo no estaba cobijada por ningn fuero legal que obligara a la entidad a mantener una nueva vinculacin, y mucho menos que pudiera ampararse bajo el principio de estabilidad laboral reforzada, pues se itera aunque en sus manifestaciones la misma indique que no cuenta con apoyo de ninguna ndole, las pruebas demuestran lo contrario, que percibe una mesada pensional con la cual puede procurarse su subsistencia. Por ltimo, resalta que si la actora lo considera puede acudir a la jurisdiccin de lo contencioso administrativo de forma tal que el juez de la causa, con el pleno de las garantas del debido proceso, pueda desplegar todas sus facultadas para indagar, si en efecto, ha existido un despido injusto o un vnculo laboral que genere el pago de las indemnizaciones y prestaciones que reclama y por ende hay lugar al reintegro pedido. Ms, tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, supuesto que en caso particular, no se encuentra acreditado, pues ni siquiera se precisaron las circunstancias que lo aparejaban.

 

4. Actuacin en Sede de Revisin

 

Mediante auto del 28 de octubre de 2016 el Magistrado ponente ofici a la accionante para que informara si 1. De conformidad con su situacin de salud, durante la vigencia y ejecucin del contrato de prestacin de servicios tuvo que ausentarse para acudir al mdico para el tratamiento de su enfermedad. Especifique las fechas y de ser posible, adjuntar la historia clnica.|| 2. Si durante la ejecucin del contrato de prestacin de servicios fue incapacitada por motivo de su enfermedad. En caso afirmativo, sealar las fechas y adjuntar documentos de soporte. Adems, indicar si alguna persona dentro de la entidad accionada recibi las incapacidades y cul fue el trmite impartido. || 3. En virtud de las respuestas anteriores, si dentro de la entidad accionada una persona deba autorizar sus permisos o inasistencias. || 4. Manifieste si usted cumpla horario. En caso afirmativo, cul era ese horario laboral. Adems, indicar si en caso de incumplimiento, haba alguna consecuencia.|| 5. Si existi subordinacin o dependencia respecto del empleador que facultara a ste para exigirle el cumplimiento de rdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. De ser afirmativa la respuesta, sealar en qu consista dicha subordinacin. Adicionalmente, requiri al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot que indicara 1. Si la accionante cumpla un horario. || 2. Si existi continuada subordinacin o dependencia del trabajador respecto del empleador, que facultara a ste para exigirle el cumplimiento de rdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.|| 3. Si en la actualidad alguien ejerce las funciones que desarrollaba la accionante en vigencia de su contrato.

 

4.1. Mediante escrito del 4 de noviembre de 2016[12] la liquidadora del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot en Liquidacin, dio respuesta de la siguiente manera:

 

1. La accionante no cumpla horarios, desempeaba las obligaciones contractuales de un contrato de prestacin de servicios en diferentes turnos para atender la lnea de emergencias 123, de conformidad con las necesidades de prestacin del referido servicio.

 

2. Nunca existi subordinacin o dependencia de la prestadora del servicio con el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOT hoy en liquidacin. Por lo anterior, nunca se le exigi cumplimiento de rdenes, en cuanto al modo tiempo o cantidad de los servicios contratados, tal como se argument en la respuesta a la accin de tutela interpuesta.

 

3. Me permito informar que el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOT se suprimi por acuerdo Distrital 637 de 2016 y se orden su liquidacin mediante Decreto N. 409 de 30 de septiembre de 2016, de la Alcalda Mayor de Bogot, copias de los mismos que anexo al presente escrito. Igualmente anexo copias de mi nombramiento y posesin como liquidadora. Por lo anterior en la actualidad el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOT en Liquidacin no realiza contratacin para las obligaciones que cumpla la accionante.

 

4.2. De otra parte, se advierte constancia secretarial relacionada con la imposibilidad de notificar personalmente a la demandante,[13] motivo por el cual se envi copia del auto al correo electrnico suministrado.[14] El 25 de noviembre de 2016, la accionante dio respuesta al requerimiento manifestando en primer lugar que no recuerda las fechas exactas de las incapacidades. Los reportes de las incapacidades se le entregaban a la supervisora y jefe de seccin la seora Luz Dary Cuervo. A ella se le pedan los permisos para las citas con especialistas, porque las citas con mdico general haba que pedirlas en horas que no tuviramos turno.[15] Seal al respecto, los nombres de las personas que tenan a cargo la supervisin de las funciones. Adicionalmente, indic que nosotros s cumplamos horarios de entrada que se marcaban con el carnet del NUSE con el cdigo de barras. Nosotros como poblacin discapacitada no tenamos trato especial, igualdad de condiciones, su SEORA con todo respeto fui discriminada por mi condicin mdica. Finalmente, reiter su solicitud de proteccin de sus derechos fundamentales teniendo en cuenta su condicin de discapacidad.

 

4.3. Mediante sentencia T-723 del 16 de diciembre de 2016, la Sala Sptima de Revisin[16] concedi el amparo de los derechos fundamentales a la salud, al mnimo vital, a una vida digna, al trabajo, a la igualdad de la seora Mara Eugenia Leyton Corts. En esa oportunidad, la Sala de Revisin declar la existencia de un contrato laboral entre ella y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, hoy en liquidacin. Adicionalmente, orden a esta entidad o en su defecto a la que se encargue de realizar sus funciones, que dentro del trmino de 48 horas contadas a partir de la notificacin de ese fallo, procediera a reintegrar a la accionante Mara Eugenia Leyton Corts al cargo que vena desempeando o en uno similar y a pagarle el salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminacin de su contrato, as como la indemnizacin prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) das de salario. Advirti adems a la entidad demandada que no puede, bajo el argumento de encontrarse en proceso de liquidacin, sustraerse al cumplimiento de esta orden a travs de un acto administrativo que declare su imposibilidad para cumplirla. En caso de no ser posible el reintegro en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, la Administracin Distrital deber reubicarla en la entidad que considere pertinente.

 

4.4. En Auto 263 del 7 de junio de 2017 y atendiendo la solicitud de aclaracin del apoderado del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, en liquidacin, la Sala Sptima de Revisin[17] accedi a aclarar el numeral tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-723 de 2016, en el entendido que el reintegro de la accionante Mara Eugenia Leyton Corts deber efectuarse en la entidad que de acuerdo con los actos administrativos que regulan la liquidacin del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, se haya sealado o creado para asumir sus funciones. Este reintegro deber realizarse atendiendo a la naturaleza jurdica de la entidad previamente indicada. Si sta permite la vinculacin a travs de un contrato laboral, como lo indic la sentencia, se realizar a travs de dicha figura; de lo contrario, deber vincularse en un cargo de carrera en provisionalidad. En ningn caso el reintegro se har en un cargo en carrera, toda vez que la accionante no ha participado en concurso alguno para acceder al mismo. Finalmente, el salario y sus correspondientes prestaciones, se debern reconocer en un valor equivalente al que la accionante Mara Eugenia Leyton Corts vena percibiendo como operador de recepcin en la lnea de emergencias 1, 2, 3.

 

4.5. En cumplimiento de la orden proferida en la Sentencia T-723 de 2016, la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[18] expidi la resolucin 00171 de 2017, mediante la cual se nombra en provisionalidad a la seora Mara Eugenia Leyton Corts en el empleo en vacancia definitiva de Auxiliar Administrativo Cdigo 407, Grado 19 de la planta global de esa entidad.[19]

 

4.6. Mediante Auto 478 del 13 de septiembre de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional declar la nulidad de la sentencia T-723 de 2016. Consider que en esta oportunidad prosperaba el cargo formulado por la Secretara Jurdica Distrital relacionado con la existencia de rdenes, en la sentencia cuestionada, a la Alcalda Distrital, sin ser vinculada al proceso y sin tener la oportunidad procesal para intervenir en su defensa. Ello, por cuanto se evidenci la vulneracin del debido proceso de dicha entidad por parte de la Sala Sptima de Revisin de la Corte Constitucional al conceder el amparo de los derechos de la seora Mara Eugenia Leyton Corts, toda vez que como consecuencia de la orden impartida, la cabeza de la Administracin Distrital se convirti en la responsable de la reparacin de los derechos de la accionante sin haber tenido conocimiento y participacin alguna dentro de la accin de tutela. En dicha providencia, como medida cautelar mientras se profiere la sentencia de reemplazo, se orden a la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot, mantener la vinculacin de la seora Mara Eugenia Leyton Corts bajo las mismas condiciones que se le concedieron al dar cumplimiento a la citada providencia T-723 de 2016.

 

4.8. En auto del 8 de noviembre de 2017, el despacho orden vincular a la Alcalda Distrital de Bogot al trmite constitucional de revisin de la accin de tutela T-5.692.280, para que en el trmino de tres (3) das siguientes su notificacin y en ejercicio de su derecho de defensa, manifestara lo que estimara pertinente respecto de los hechos de la tutela.

 

Adicionalmente, en la misma fecha solicit a la accionante que informara al despacho: (i) cules fueron los empleadores para los que usted labor antes de obtener la pensin de invalidez y que realizaron los aportes correspondientes para que esta prestacin pudiera ser reconocida; (ii) la administradora de pensiones que actualmente paga su pensin de invalidez. Asimismo, se le solicit adjuntar copia de la resolucin mediante la cual se reconoci la mencionada pensin.

 

4.9. La Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevencin del Dao Antijurdico de la Secretara Jurdica Distrital, en escrito recibido el 17 de noviembre de 2017 se manifest respecto de los hechos de la tutela.

 

En primer lugar, destac que el contrato de prestacin de servicios suscrito por la actora y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot finaliz por vencimiento del trmino pactado, el cual excluye el pago de salarios y prestaciones sociales que reclama.

 

Seguidamente, seal que no existe legitimacin por pasiva en la medida que la Alcalda Mayor de Bogot no intervino en la suscripcin del contrato de prestacin de servicios, se tiene que las obligaciones demandadas no pueden ser cumplidas sino por quin expresamente es llamado por ley o por el contrato, a responder por ellas. Adems, consider que la accin de tutela no es procedente por cuanto existe otro mecanismo de defensa. De manera que si la accionante considera que dada su especial condicin la terminacin del contrato de prestacin de servicios no obedeci al vencimiento del plazo pactado, tal discusin debi darse instaurado la accin contenciosa, o por el contrario como se afirma en la presente accin, que su vinculacin fue de carcter laboral a travs del contrato realidad, ello debi discutirse ante la jurisdiccin laboral, que son las instancias competentes para definir el problema jurdico. En ese contexto, seal que no se haba demostrado que el retiro de la accionante se hubiera dado por circunstancias distintas al vencimiento del plazo y mucho menos que se configuraron los presupuestos para declarar la existencia de un contrato laboral.

 

Finalmente, insisti en que no existi subordinacin en la relacin laboral que la actora tena con el Fondo de Vigilancia tal como lo indic la liquidadora de dicha entidad, quien seal que la seora Leyton ejecutaba las obligaciones contractuales de un contrato de prestacin de servicios en diferentes turnos, lo cual no permite configurar ningn tipo de subordinacin.

4.10. Mediante escrito recibido el 20 de noviembre de 2017, la Directora Jurdica de la Secretara Distrital de Gobierno de la Alcalda de Bogot se opuso a las pretensiones de la tutela, por considerar que no se evidencia una vulneracin de los derechos fundamentales de la accionante, quien estuvo vinculada laboralmente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot.

 

Aclara que la seora Leyton no ha hecho parte de la planta de personal de la Secretara Distrital de Gobierno y sus dependencias. Que la vinculacin laboral corresponde a un contrato de prestacin de servicios celebrado entre la contratista y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot. En ese contexto, manifiesta que no est legitimada en la causa por pasiva y que es el Fondo de Vigilancia el que debe pronunciarse respecto del os hechos y pretensiones de la tutela.

 

De otra parte, considera que la tutela no es el mecanismo idneo para reclamar las pretensiones solicitadas por la accionante, ms an cuando no media un contrato de trabajo, puesto que la relacin laboral corresponde a un contrato de prestacin de servicios.

 

4.11. La accionante, Mara Eugenia Leyton Corts guard silencio frente al requerimiento hecho por el despacho.

 

4.12. Mediante auto del 15 de febrero de 2018, este despacho orden oficiar a la Alcalda Distrital de Bogot para que informara si la poltica pblica distrital de discapacidad, en virtud de la cual se suscribi contrato de prestacin de servicios entre la seora Mara Eugenia Leyton Corts y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, contina vigente; y cules eran o son las caractersticas de dicha poltica distrital. Adicionalmente, requiri a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones que informara a cunto asciende la mesada pensional que recibe la seora Mara Eugenia Leyton Corts, por concepto de pensin de invalidez y si dicha prestacin se construy prevalentemente mediante cotizaciones provenientes de relaciones laborales pblicas o privadas.

 

4.13. Mediante escrito recibido el 26 de febrero de 2018, la Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevencin del Dao Antijurdico de la Secretara Jurdica Distrital[20] manifest lo siguiente:

 

4.13.1. Frente a la primera pregunta,[21] indic que por Decreto Distrital 470 de 2007 se adopt la Poltica Pblica de Discapacidad para el Distrito Capital, en el que se establecieron dos propsitos: la inclusin social de las personas con discapacidad, y mejorar la calidad de vida con dignidad de esta poblacin. () Concluyendo que, a la fecha de la presente informacin, la Poltica Pblica de Discapacidad para el Distrito Capital se encuentra vigente. En cuanto a la Directiva 10 de 2015, expedida en el marco del plan de desarrollo de Bogot Humana 2012-2016, seal que la meta all establecida haca referencia a que el ingreso del personal de planta se regira de acuerdo a lo sealado en la Ley 909 de 2004 (), es decir, mediante concurso de mritos; bajo los principios constitucionales de igualdad, mrito, moralidad, eficacia, economa, imparcialidad, transparencia, celeridad y, publicidad. De manera que para acceder a dichos procesos de seleccin era necesario inscribirse dentro de las convocatorias distritales, que garantizaban una accin afirmativa para la vinculacin laboral de personas con discapacidad en las diferentes entidades del Distrito Capital.

 

Adicionalmente, inform que el acuerdo mediante el cual se adopt el plan de desarrollo anterior fue derogado expresamente por el artculo 164 del Acuerdo 645 de 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Econmico Social Ambiental y de Obras Pblicas para Bogot DC 2016-2020. Bogot Mejor Para Todos; sin embargo, dice, no existe pronunciamiento alguno en este nuevo acuerdo o en cualquier otra norma, respecto a la vigencia de la Directiva 010 de 2015. As las cosas, teniendo en cuenta lo anterior y las competencias y funciones de esta Direccin, no es posible pronunciarnos sobre la vigencia de la norma en cuestin, es decir, la Directiva 010 de 2015. De otra parte, se informa que, aunque el actual Plan de Desarrollo Bogot Mejor Para Todos pilar: Igualdad de Calidad de Vida y programa estratgico: Igualdad y Autonoma para una Bogot Incluyente, contempla acciones afirmativas para atender a la poblacin con discapacidad que habita en el Distrito Capital, no se contempla una meta que seale un porcentaje de vinculacin de las personas con discapacidad dentro de la planta de las entidades del Distrito.

 

4.13.2. Frente a la segunda pregunta,[22] seal que el principal fin del Decreto 470 de 2007 es promover la organizacin y participacin de la ciudadana hasta los niveles institucionales de la Administracin Distrital, para fortalecer y articular las acciones en pro del reconocimiento y restitucin de los derechos de las personas con discapacidad, con base en una mirada de inclusin social y equidad, asegurando que tanto la poltica, as como los planes, programas y distintas acciones que se deriven de sta, se articulen con los planes de desarrollo. Adicion que, a travs del Sistema Distrital de Atencin Integral a Personas con Discapacidad, desde sus instancias y diferentes actores sociales e institucionales, propenden por la promocin y el fortalecimiento de la participacin ciudadana, reconocimiento y garanta de este sector humano vulnerable, dentro de los ms vulnerables. () La implementacin de la Poltica Pblica Distrital de Discapacidad, al igual que su construccin, se ha dado a travs del ejercicio participativo del nivel social e institucional, generando proceso de gestin, decisin, concertacin, fiscalizacin, consulta e informacin.

 

Manifest seguidamente, que la poltica pblica est estructurada en cuatro dimensiones: (i) dimensin de desarrollo de capacidades y oportunidades (art. 9 del Decreto 470 de 2007); (ii) dimensin ciudadana activa (art. 15 del Decreto 470 de 2007); (iii) dimensin cultural y simblica (art. 21 del Decreto 470 de 2007); (iv) dimensin de entorno, territorio y medio ambiente (art. 26 del Decreto 470 de 2007). Particularmente, seal que en abril de 2017 el Consejo Distrital de Discapacidad aprob el Plan de Accin Distrital de Discapacidad 2016-2020, documento en el que se exponen las acciones priorizadas para el logro de los resultados previstos en la poltica pblica de discapacidad en el Distrito junto a la armonizacin del Plan Distrital de Desarrollo Bogot Mejor Para Todos. As mismo, que se ha iniciado el proceso de reformulacin de la poltica pblica distrital de discapacidad, avanzando durante el ao anterior en la elaboracin del diagnstico de la implementacin de la Poltica Pblica Distrital de Discapacidad, en el marco de la vigencia del Decreto 470 de 2007. (Subrayado fuera de texto).

 

4.14. Mediante escrito recibido el 6 de marzo de 2018, el Director de Acciones Constitucionales de Colpensiones[23] indic que actualmente la seora Mara Eugenia Leyton Corts disfruta de una pensin de invalidez, la cual fue reconocida bajo resolucin No. 279998 de 2015, la cual asciende a un total neto devengado de Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos $392.895 (sic) y, un total neto girado de Trescientos Ochenta y Ocho mil trescientos cuarenta y siete pesos $388.347. (Se adjunta certificado de nmina de 02/2018).[24]

 

De conformidad con el certificado de nmina aportado se evidencia lo siguiente:

 

DEVENGADOS

DEDUCIDOS

VALOR PENSIN

$781.242

SALUD NUEVA EPS S.A

$93.800

 

 

AFILIACIN ANPISS

$7.812

 

 

PRESTAMO POPULAR PRESTAMOS

$291.283

TOTAL DEVENGADOS

$781.242

TOTAL DEDUCIDOS

$392.895

 

 

NETO GIRADO

$388.347

 

Respecto de los aportes, seal que la prestacin se reconoci teniendo en cuenta servicios privados, acreditando un total de 1108 das laborados, correspondientes a 158 semanas.

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.  Competencia y procedibilidad

 

1.1. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artculos 86 y 241, numeral 9, de la Constitucin, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. Adems, procede la revisin en virtud de la seleccin realizada por la Sala correspondiente y de la decisin de emitir la sentencia de reemplazo en este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 61 del reglamento de la Corporacin.[25]

 

1.2. En este caso, considera la Sala que aunque la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial que en condiciones normales le permitiran ventilar las pretensiones planteadas por va de un proceso ordinario, es evidente la situacin de debilidad manifiesta en la que se encuentra la seora Leyton Corts como consecuencia de su estado de salud.[26][27] Adicionalmente, se cumple con el presupuesto de inmediatez en la medida que la terminacin del contrato de prestacin de servicios ocurri el 23 de abril de 2016 y la presentacin de la accin de tutela data del 15 de junio de 2016.

 

2.  Problema jurdico

 

2.1. Teniendo en cuenta la situacin expuesta, corresponde a la Corte Constitucional determinar el siguiente problema jurdico: existe derecho a la estabilidad laboral reforzada en una persona en situacin de discapacidad, pensionada por invalidez y vinculada con la administracin distrital en virtud de una poltica de inclusin social con carcter temporal y por consiguiente, se violan sus derechos fundamentales al finalizar la relacin laboral por vencimiento del plazo convenido y sin autorizacin previa del Ministerio de Trabajo?

 

2.2. Con el fin de resolver el problema jurdico planteado, la Sala reiterar su jurisprudencia sobre (i) la proteccin constitucional a personas en condicin de discapacidad; (ii) la proteccin constitucional de los derechos laborales; (iii) la estabilidad reforzada de las personas con discapacidad en contratos de prestacin de servicios y (iv) la proteccin legal de las personas con discapacidad y medidas afirmativas en los planes de desarrollo distritales o municipales para lograr la inclusin social real y efectiva de estas personas. Finalmente, se resolver el caso concreto.

 

3. La proteccin constitucional a personas en condicin de discapacidad. Reiteracin de jurisprudencia

 

3.1. De conformidad con el artculo 13 de la Constitucin le corresponde al Estado propiciar las condiciones para lograr que el mandato de igualdad sea real y efectivo, especialmente para que las personas que de acuerdo a su condicin econmica, fsica o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta, tengan una especial proteccin.[28] As mismo, el artculo 53 de la Carta Poltica establece una proteccin general de la estabilidad laboral de los trabajadores, reforzada cuando el trabajador es una persona que, por sus condiciones particulares, puede llegar a sufrir un grave detrimento a raz de una desvinculacin abusiva.[29] En ese sentido, la Corte desarroll el concepto de igualdad en las relaciones laborales de la siguiente manera:

 

() el llamado expreso de la norma superior a que las relaciones entre las personas se desarrollen bajo el principio de la solidaridad, debe extenderse a aquellas de carcter laboral. En ese sentido, las relaciones laborales deben respetar principios constitucionales que, como el de solidaridad, permiten a las partes reconocerse entre s, como sujetos de derechos constitucionales fundamentales, que quieren desarrollar su plan de vida en condiciones mnimas de dignidad, y que para hacerlo, requieren apoyo del Estado y de los dems particulares, especialmente, en aquellas situaciones en las que las desigualdad material, la debilidad fsica o mental, o la falta de oportunidades, les imponen obstculos mayores en la consecucin de sus metas. [30]

 

3.2. La figura de estabilidad laboral reforzada tiene por titulares a: (i) mujeres embarazadas;[31] (ii) personas con discapacidad o en condicin de debilidad manifiesta por motivos de salud;[32] (iii) aforados sindicales;[33] y (iv) madres cabeza de familia.[34] En el caso de las personas con discapacidad, es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitacin fsica, sensorial o sicolgica, como medida de proteccin especial y de conformidad con su capacidad laboral.[35] Adicionalmente, la proteccin especial de quienes por su condicin fsica estn en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende tambin a las personas respecto de las cuales est probado que su situacin de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeo de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificacin previa que acredite una discapacidad.[36] En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculacin cuando la razn del mismo es la condicin especial que caracteriza al trabajador.

 

El sustento normativo de esta proteccin especial se encuentra en los principios de Estado Social de Derecho,[37] la igualdad material[38] y la solidaridad social, consagrados en la Constitucin Poltica. Estos mandatos de optimizacin resaltan la obligacin constitucional del Estado de adoptar medidas de proteccin y garanta en favor de grupos vulnerables y personas en condicin de debilidad manifiesta. Por su parte, la Ley 361 de 1997, expedida con fundamento en los artculos 13, 47, 54 y 68 de la Constitucin, persigue proteger los derechos fundamentales, econmicos, sociales y culturales de las personas con limitacin[39] y procurar su completa realizacin personal y total integracin a la sociedad.

 

Esta Corporacin, seal al respecto que [q]uien contrata la prestacin de un servicio personal con o sin subordinacin- debe tener presente que adquiere con la persona que se lo presta una relacin relevante a la luz de la Constitucin, pues adquiere el deber de actuar con solidaridad cuando las circunstancias se lo requieran, y sus relaciones deben entonces trascender el principio de utilidad que en general es vlido observar en los actos contractuales que desarrolle, y en las relaciones patrimoniales de disposicin de sus bienes econmicos. Una persona en condiciones de salud que interfieran en el desempeo regular de sus funciones se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su vnculo, como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino adems porque le dificulta la consecucin de una nueva ocupacin con base en sus facultades, talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes suficientes para satisfacer sus necesidades bsicas, con lo cual est en riesgo no solo su estabilidad y su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social.[40]

 

3.3. As las cosas, existe desconocimiento de los fundamentos constitucionales y, especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad cuando se evidencia un trato diferente o discriminatorio a las personas en condicin de debilidad manifiesta por motivos de salud y a las calificadas como personas en situacin de discapacidad, con independencia de la relacin laboral acordada entre las partes.[41]

 

4. Proteccin constitucional de los derechos laborales. Reiteracin de jurisprudencia

 

4.1. En varias oportunidades, esta Corporacin ha protegido relaciones jurdicas que involucran derechos constitucionales laborales, ya sea en relaciones formales o informales. Ha tutelado derechos en contratos laborales formalmente reconocidos, en contratos realidad[42] o en contratos que involucren derechos laborales constitucionales as no se trate de aquellos llamados laborales por la legislacin, como ocurre en ciertas circunstancias en los contratos de prestacin de servicios y las rdenes de servicio, entre otros. En efecto, se ha reconocido la textura abierta de la nocin de trabajo en la Constitucin,[43] la cual no implica exclusivamente la defensa de los derechos de los trabajadores dependientes, sino tambin la efectividad de las garantas constitucionales en el ejercicio del trabajo autnomo.[44]

 

4.2. De otra parte, es un hecho constatado por la jurisprudencia que los poderes pblicos han utilizado de forma abierta y ampla la figura del contrato de prestacin de servicios, en algunos casos para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo as las garantas especiales de la relacin laboral que la Constitucin consagra, dejando de lado, adems, la excepcionalidad de este tipo de contratacin. En ese contexto, las garantas de los trabajadores deben ser protegidas por los rganos competentes, con independencia de las prcticas a las que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral. Razn por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una relacin laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al contrato y ha sido enftica en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 53 Superior, el principio de primaca de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas por el Estado.

 

4.3. Por su parte, el Consejo de Estado tambin ha reconocido la existencia de contratos realidad en vinculaciones con la Administracin Pblica. Por ejemplo, en sentencia proferida el 6 de marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Segunda - Subseccin "A" se constat la existencia de los tres elementos que configuran la relacin laboral en el caso estudiado, como son prestacin personal del servicio, continua subordinacin y la remuneracin correlativa y se indic que la finalidad de los contratos de prestacin de servicios era negar la existencia de la relacin laboral y el pago de las prestaciones sociales que le son inherentes. [45]

 

4.4. As mismo, en distintas oportunidades la Corte Constitucional ha protegido derechos laborales constitucionales en casos de vinculacin a travs de contratos de prestacin de servicios u rdenes de servicios.[46].

 

4.5. De lo anterior se puede concluir que la teora de la primaca de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos casos en los cuales el Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestacin de servicios, actuacin que implica desconocer por un lado, los principios que rigen el funcionamiento de la funcin pblica, y por otro lado, las prestaciones sociales que son propias a la actividad laboral.[47] En estos eventos, para que proceda la declaracin de existencia del contrato realidad el juez constitucional deber verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artculo 23 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.

 

5. La estabilidad reforzada de las personas con discapacidad en contratos de prestacin de servicios. Reiteracin de jurisprudencia

 

5.1. La jurisprudencia constitucional relacionada con la estabilidad reforzada, desde sus inicios[48] ha fijado las reglas para que esta proceda proteccin. La Sentencia T-077 de 2014[49] recogi estos parmetros sealando que:

 

(i) La tutela no puede llegar al extremo de ser considerada el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo, en la medida en que no existe un derecho fundamental general a la estabilidad laboral. Sin embargo, en los casos en que la persona se encuentra en una situacin de debilidad manifiesta, la tutela puede llegar a ser procedente como mecanismo de proteccin[50], atendiendo las circunstancias particulares del caso.

 

(ii) El concepto de estabilidad laboral reforzada se ha aplicado en situaciones en las que personas que gozan de ella, han sido despedidas o sus contratos no han sido renovados, en claro desconocimiento de las obligaciones constitucionales y de ley, para con las mujeres embarazadas, trabajadores aforados, personas discapacitadas u otras personas en estado debilidad manifiesta.

 

(iii) Con todo, no es suficiente la simple presencia de una enfermedad o de una discapacidad en la persona, para que por va de tutela se conceda la proteccin constitucional descrita. Para que la defensa por va de tutela prospere, debe estar probado que la desvinculacin fue consecuencia de esa particular condicin de debilidad, es decir, con ocasin de embarazo, de la discapacidad, de la enfermedad, etc. En otras palabras, debe existir un nexo causal entre la condicin que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculacin laboral[51].[52] (Resaltado fuera de texto)

 

5.2. Ahora bien, en sentencia T-521 de 2016[53] se precisaron las reglas jurisprudenciales construidas por esta Corporacin a lo largo de los aos y relacionadas con la efectividad de la garanta de estabilidad laboral reforzada con independencia de la vinculacin laboral y la presuncin de discriminacin en la terminacin de la relacin laboral, en el siguiente sentido:

 

(i) En primer lugar, en dicha sentencia se seala que existe el derecho a la estabilidad laboral reforzada siempre que el sujeto sufra de una condicin mdica que limite una funcin propia del contexto en que se desenvuelve, de acuerdo con la edad, el sexo o factores sociales y culturales. Luego de analizar varias providencias[54] en las que los accionantes, personas incapacitadas o con una discapacidad o problema de salud que disminua su posibilidad fsica de trabajar, alegaban haber sido despedidos sin autorizacin del inspector de trabajo, la Corte consider que con independencia de la denominacin, si el trabajador se encuentra en un periodo de incapacidad transitoria o permanente, sufre de una discapacidad o en razn de sus condiciones de salud se encuentra un estado de debilidad manifiesta, existir el derecho a la estabilidad laboral reforzada.

 

(ii) En segundo lugar, se entiende activada esta garanta de estabilidad laboral reforzada una vez el empleador conoce de las afecciones de salud del trabajador retirado.[55]

 

(iii) En tercer lugar la estabilidad laboral reforzada se aplica frente a cualquier modalidad de contrato y con independencia del origen de la enfermedad, discapacidad o estado de debilidad manifiesta del accionante.[56]

 

5.3. De conformidad con el anterior recuento jurisprudencial, es evidente que la Corte ha acudido a varias frmulas para resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral reforzada y que el tipo de vinculacin no ha sido un obstculo para conceder dicha proteccin, aceptando que la misma procede en contratos de prestacin de servicios independientes.

 

6. Proteccin legal de las personas con discapacidad y medidas afirmativas en los planes de desarrollo distritales o municipales para lograr la inclusin social real y efectiva de estas personas

 

6.1. Como se indic en precedencia, la Constitucin Poltica de 1991 comprometi al Estado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad y propender el respeto de su dignidad humana.

 

6.2. En cumplimiento de este mandato, la Ley 361 de 1997, adems de proteger los derechos fundamentales, econmicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, persigue su realizacin personal y total integracin a la sociedad. Disponiendo as, la prohibicin del despido discriminatorio de trabajadores que se encuentran en estas circunstancias[57] y acciones positivas tendientes a propiciar la contratacin de personas con discapacidad, a travs de una serie de incentivos crediticios, tributarios y de prelacin en procesos de licitacin, adjudicacin y contratacin con el Estado.[58]

 

6.3. Por su parte, la Ley 1145 de 2007, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, tiene por objeto impulsar la formulacin e implementacin de la poltica pblica en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades pblicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situacin de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. En su artculo 17, dispone que de conformidad con la Ley 715 de 2001 o las normas que hagan sus veces o la complementen, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarn en sus planes de desarrollo sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes de la Poltica Pblica para la Discapacidad y del Plan Nacional de Intervencin al mismo, los adaptarn a su realidad y asumirn la gestin y ejecucin de acciones dirigidas al logro de los objetivos y propsitos planteados en los componentes de promocin de entornos protectores y prevencin de la discapacidad, habilitacin, rehabilitacin, y equiparacin de oportunidades.

 

6.4. Posteriormente, fue aprobada la Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la Ley 1346 de 2009[59], cuyo propsito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. El artculo 27 de la Convencin seala una serie de medidas a adoptar por los Estados con el fin de salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo.

 

6.5. Ms adelante, con la expedicin de la Ley 1618 de 2013,[60] se oblig al Estado a travs de sus entidades pblicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, a incluir real y efectivamente a las personas en situacin de discapacidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1346 de 2009.[61] Bajo ese contexto, el numeral 2 del artculo 5 de la Ley 1618 de 2013, determina que La Nacin, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, as como todas las entidades estatales de todos los rdenes territoriales, incorporarn en sus planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, as como en los respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva poltica pblica de discapacidad, con base en la Ley 1145 de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y as mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos. (Negrilla fuera de texto).

 

6.6. Siguiendo dichos lineamientos, mediante el Decreto 2011 de 2017,[62] se reglament el porcentaje de vinculacin laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector pblico de acuerdo con la Ley 1618 de 2013, el cual aplica a todos los rganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder pblico, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los rganos autnomos e independientes. As, estableci unas reglas para vincular un mnimo de trabajadores en condicin de discapacidad y para promover el acceso al empleo pblico de este grupo de personas,[63] de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pblica y el tamao total de la planta (obtenida de la sumatoria de la planta permanente, integrada por empleos de libre nombramiento y remocin, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades. El porcentaje fijado se puede apreciar en la siguiente tabla:

 

Tamao de la planta

Porcentaje de planta con participacin de personas con discapacidad

Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2027

Plantas entre 1 y 1.000 empleos

2 %

3 %

4 %

Plantas entre 1001 y 3000

1 %

2 %

3 %

Plantas mayores 3001 empleos

0,5 %

1 %

2 %

 

6.7. Como puede observarse, todas estas normas buscan propiciar la inclusin social real y efectiva de las personas con discapacidad, la cual se ve materializada a travs de diversas alternativas de poltica pblica propias de cada gobierno nacional o territorial de turno que gocen de temporalidad y flexibilidad para permitir el acceso a estos beneficios a otros en la misma condicin de vulnerabilidad, en virtud de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

 

En ese escenario, una poltica pblica relacionada con las medidas de proteccin a poblacin vulnerable, implica diversos programas, acciones u oportunidades y metas que no pueden ser evaluadas de manera independiente. De manera que el principio de no regresividad de los derechos econmicos, sociales y culturales, aplicado a la poltica pblica de integracin social de la poblacin en situacin de discapacidad, no puede juzgarse a la luz de un programa o componente particular de dicha poltica concreta que desconozca el resto de esfuerzos institucionales encaminados a proteger a la misma poblacin, porque hace parte del mbito democrtico del ejercicio de gobierno el tomar las decisiones de diseo e implementacin de distintas polticas necesarias cumplir con la finalidad de progresar en esta materia.

 

As pues, la poltica pblica de discapacidad y la adopcin de medidas de proteccin e inclusin por parte de las autoridades locales, estarn contenidas en los diferentes planes de desarrollo distrital o municipal, los cuales, al representar los programas de gobierno que los electores decidieron apoyar con su voto, en principio estarn vigentes durante el cuatrienio del gobernante elegido. Bajo ese entendido, las medidas que lleguen a adoptarse debern guardar coherencia con la legislacin nacional y territorial sobre este asunto pero podrn variar sustancialmente en uno u otro gobierno, segn el contenido programtico triunfante y la realidad social, toda vez que la ley da un margen amplio de accin para materializar esta poltica pblica.

 

7. Solucin del caso concreto.

 

7.1. De conformidad con las consideraciones expuestas, procede la Sala Plena a determinar si en el presente caso existe o no derecho a la estabilidad laboral reforzada de una persona en situacin de discapacidad, pensionada por invalidez y vinculada con la administracin distrital en virtud de una poltica de inclusin social con carcter temporal y, por consiguiente, si se violaron sus derechos fundamentales al finalizar la relacin laboral por vencimiento del plazo convenido y sin autorizacin previa del Ministerio de Trabajo.

 

En este caso concreto, y sin que con ello se modifique la jurisprudencia reseada en las consideraciones anteriores, la Sala Plena de esta Corte considera que la respuesta al problema planteado es negativa, por las razones que se expondrn a continuacin:

 

7.1.1. Como se indic en lneas precedentes, la estabilidad laboral reforzada es una garanta que est dirigida a proteger a aquellas personas en situacin de discapacidad, cuya relacin laboral finaliza como consecuencia de esa condicin, es decir, por un criterio discriminatorio. Motivo por el cual, en los eventos en los que el empleador requiera dar por terminada una relacin laboral con una persona beneficiaria de este fuero, precisa de la configuracin de un hecho objetivo que demuestre que el despido no est relacionado con la discapacidad y, adems, de la autorizacin de la autoridad de trabajo correspondiente.

 

7.1.2. Tanto la accionante como la accionada reconocen que la vinculacin de la seora Leyton Corts con la administracin distrital se realiz teniendo en cuenta su condicin de discapacidad, en otras palabras, fue contratada en virtud de su estado de invalidez,[64] antes de ser pensionada, y en el marco de una poltica de inclusin social materializada con la Directiva 10 de 2015, la cual fue expedida en virtud del Plan de Desarrollo "Bogot Humana 2012-2016", y que defini en su Eje Uno - Una ciudad que supera la Segregacin y la Discriminacin - Programa: Lucha contra distintos tipos de Discriminacin y violencias por condicin, situacin, identidad, diferencia, diversidad o etapa del Ciclo vital- Proyecto: "Aumento de Capacidades y oportunidades incluyentes" (), y que fij adems, una meta de contratacin equivalente al 3% que supera con creces el porcentaje establecido por el legislador.[65]

 

As, como en el caso concreto de la seora Leyton la contratacin se realiz con conocimiento de su discapacidad y en virtud de la misma, bajo una poltica especfica de inclusin de personas con discapacidad, esta situacin marca una diferencia estructural con los supuestos analizados por la jurisprudencia y tenidos en cuenta por el legislador al establecer la prohibicin de discriminacin a las personas trabajadoras en situacin de discapacidad, en los cuales se entiende que la discapacidad sobreviniente del trabajador puede ser vista como un obstculo para la continuidad de la relacin laboral o donde la discapacidad anterior a la vinculacin no fue la causa de esa contratacin. Ello por cuanto, en esta oportunidad, la administracin elegida para los aos 2012 a 2016 hizo uso de las medidas a su alcance para lograr la integracin social de la accionante, quien para el momento de la contratacin ya se encontraba en situacin de discapacidad y estaba a la espera del reconocimiento y pago de su pensin de invalidez, realidad que la situaba en un estado de vulnerabilidad al no contar con ingresos propios para satisfacer sus necesidades bsicas y por tanto, la haca beneficiaria de las polticas distritales vigentes en ese momento.[66]

 

Bajo ese contexto, en este tipo de vinculaciones que se surten en el marco de una poltica pblica especfica de inclusin social y en consecuencia, su causa se fundamenta en la situacin de discapacidad de la persona, no se constata discriminacin en la desvinculacin por vencimiento del plazo, es decir, no se observa un componente de discriminacin negativa en el desarrollo o terminacin de la relacin laboral. Por el contrario, en estos eventos las contrataciones obedecen a acciones afirmativas por parte de las administraciones locales, que persiguen asegurar el disfrute de sus derechos fundamentales en condiciones dignas.

 

Adems, como ya se indic, se trata de polticas pblicas propias de un especfico plan de desarrollo cuatrienal que, por lo mismo, gozan de temporalidad y flexibilidad para permitir el acceso a estos beneficios a otros en la misma condicin de vulnerabilidad, en virtud del principio constitucional de solidaridad.

 

7.1.3. Ahora, estas medidas tal como se indica en la citada directiva, se adoptaron de conformidad con lo establecido en el Decreto 470 del 2007,[67] el cual seala en su artculo 32 que cada administracin deber adoptar el plan de accin distrital y las metas para dar cumplimiento a la Poltica Pblica de Discapacidad para el Distrito Capital. Cada entidad deber contar con el diseo y aplicacin constante de indicadores de evaluacin, seguimiento e impacto, que permitan hacer un acompaamiento y reevaluacin constante a la poltica aqu propuesta. As las cosas, es evidente para esta Corporacin que cada administracin cuenta con un amplio margen de accin para desplegar en sus planes de desarrollo la poltica distrital fijada en ese Decreto y en las leyes vigentes relacionadas con este tema, las cuales, a pesar de coincidir en un mnimo de garantas de acuerdo con lo sealado en las disposiciones legales, podrn variar segn el programa de gobierno elegido. Por lo dems, teniendo en cuenta que las administraciones locales tienen un periodo legal preestablecido de cuatro aos, es posible entender que las medidas adoptadas para el efecto anteriormente indicado en los planes de desarrollo, tengan a su vez un carcter temporal equivalente al perodo del mandatario de turno, sin perjuicio del cumplimiento de los mnimos legales.

 

Respecto de las vinculaciones de las personas con discapacidad, la Directiva 010 de 2015 sealaba lo siguiente:

 

SEGUNDA. Las entidades distritales debern reportar a la Secretaria Tcnica Distrital de Discapacidad la relacin de las personas con discapacidad y/o cuidadores que se encuentren vinculadas en cada entidad, de acuerdo a las definiciones de la presente directiva, especificando sexo, modalidad de vinculacin (carrera administrativa, planta provisional, planta temporal, contrato de prestacin de servicios, entre otros); nivel de desempeo (tcnico, asistencial, profesional, asesor y directivo) y el tipo de discapacidad (fsica, mltiple, auditiva, visual, sordo ceguera, intelectual/ cognitiva, mental/ psicosocial).

TERCERA. Una vez recibida la informacin de las personas con discapacidad por parte de la Agencia Pblica de Empleo Bogot Trabaja, la respectiva entidad deber realizar los correspondientes procesos de seleccin con el propsito de vincular en provisionalidad o temporalidad de ser el caso, las personas con discapacidad de conformidad con los perfiles y funciones de los empleos vacantes reportados. (Resaltado fuera de texto).

 

Bajo ese contexto, durante la vigencia de la Directiva 010 de 2015 las vinculaciones que hicieran las entidades distritales podan hacerse a travs de distintas modalidades a saber: legal y reglamentaria, contractual laboral o de prestacin de servicios, en carrera, en provisionalidad o en temporalidad teniendo en cuenta, tal como all se indica, los perfiles y funciones de los empleos vacantes.

 

De ah que la vinculacin de la accionante Mara Eugenia Leyton Corts, luego de verificar el cumplimiento de los supuestos relacionados con su discapacidad, se hiciera a travs de un contrato de prestacin de servicios, lo cual estaba permitido, y se suscribiera adems, por el trmino de diez (10) meses entre el 23 de junio de 2015 y el 22 de abril de 2016. Temporalidad que tambin era legtima, segn las necesidades de la entidad, y que en todo caso, estara sujeta a la continuidad que de las medidas adoptadas por un gobierno anterior, le diera la nueva administracin distrital dentro de su amplio margen de accin para implementar su poltica pblica, dentro de los lmites legales.

 

7.1.4. As las cosas, en el caso particular de la seora Leyton Corts se advierte que su contratacin se hizo dentro de un proceso de inclusin de personas en condicin de discapacidad perteneciente a una poltica pblica de inclusin del Plan de Desarrollo Bogot Humana 2012-2016 y bajo una de las modalidades permitidas, es decir, a travs de un contrato de prestacin de servicios y de manera temporal.

 

De manera que la vigencia de este contrato se encontraba claramente establecida y era conocida por las partes suscribientes del mismo, situacin que no permita que se generaran expectativas de permanencia para la accionante ni mucho menos una estabilidad laboral reforzada en los trminos expuestos reiterada y consistentemente por la jurisprudencia de esta Corporacin, en la medida que (i) la seora Mara Eugenia Leyton Corts fue contratada bajo una poltica pblica de inclusin especfica y en virtud de su pertenencia a la poblacin discapacitada, y (ii) la finalizacin de la misma no obedeci a su discapacidad ni se constituy en un acto discriminatorio en su contra. Todo lo contrario, su desvinculacin obedeci al vencimiento del pacto inicialmente acordado y a la prdida de vigencia de la poltica pblica distrital bajo la cual fue contratada.

 

7.1.5. Con todo, se observa que la terminacin del contrato con la Administracin, en virtud de la situacin particular de la seora Leyton, no le genera un dao irreparable frente a la continuidad del acceso al sistema de seguridad social en salud ni afecta su mnimo vital toda vez que en la actualidad cuenta con una pensin de invalidez[68] reconocida durante el tiempo de su vinculacin con el Distrito, prestacin que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional,[69] tiene como objetivo principal cubrir las contingencias ocasionadas por la prdida de capacidad laboral, garantizando un ingreso que le permite vivir de manera digna y solventar sus necesidades vitales. Encontrndose as materializado el mandato previsto en la Carta Poltica de brindar especial proteccin a las personas disminuidas fsicamente.[70]

 

7.1.6. Adicionalmente, resulta pertinente reiterar que el contrato de prestacin de servicios suscrito por la seora Mara Eugenia Leyton Corts finaliz el 23 de abril de 2016 cuando ya no estaban en vigencia los programas de gobierno bajo los cuales fue vinculada sino los de la administracin siguiente, la cual en su plan de desarrollo Bogot Mejor para Todos, contempl otro tipo de medidas afirmativas para atender a la poblacin con discapacidad.[71] Motivo por el cual, si la accionante contina interesada en participar de los beneficios fijados por el Distrito Capital para las personas en situacin de discapacidad puede dirigirse a la entidad correspondiente para recibir orientacin y asistencia en ese sentido.

 

7.2. Ahora bien, aunque para la solucin del problema planteado no es determinante el tipo de vinculacin laboral, dado que, se insiste, la misma se dio en virtud de una poltica pblica de inclusin especfica y temporal y por lo tanto no se configura una estabilidad laboral, teniendo en cuenta que la accionante afirma que entre las partes se configur un contrato realidad al existir en el desarrollo del contrato la subordinacin, cumpliendo rdenes, horarios de trabajo, turnos, etc, la Sala Plena efectuar un breve anlisis de la relacin contractual en el caso objeto de estudio.

 

7.2.1. Como qued establecido, la seora Mara Eugenia Leyton fue vinculada al Fondo de Vigilancia y Seguridad, hoy Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,[72] para desempearse como operador de recepcin en la lnea de emergencias 1, 2, 3, por el trmino de diez (10) meses, entre el 23 de junio de 2015 y el 22 de abril de 2016, bajo la vigencia de una poltica pblica de inclusin laboral de personas con discapacidad del gobierno distrital anterior. El contrato de prestacin de servicios 0642 de 2015 tena como objeto prestar apoyo a la gestin como operador de lnea en el marco del proyecto 383, en la recepcin y trmite hacia las agencias de las llamadas que sean recibidas en la Lnea 1, 2, 3.[73]

 

7.2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Sala la seora Mara Eugenia Leyton se encontraba ejecutando labores, por s misma, evidentemente relacionadas con el giro ordinario de las actividades de la entidad accionada, toda vez que su cargo de operador de recepcin en la lnea de emergencias 1, 2, 3, lo desempeaba con elementos y equipos asignados por la entidad, en los turnos asignados por el supervisor del contrato. En efecto, las actividades mencionadas son claramente acciones que se deben llevar a cabo da tras da en la entidad y con los implementos fsicos y tecnolgicos suministrados y, por tratarse de un cargo de operador de recepcin en la lnea de emergencia y seguridad, las mismas no se ejecutaban de manera independiente y sin encontrarse bajo la subordinacin de algn superior.[74] Por lo cual, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba realizarse slo en un periodo determinado sin cumplir rdenes o exigencias especficas de un empleador.[75]

 

Adicionalmente, el valor que recibira la accionante como pago peridico por sus servicios podra tenerse como la remuneracin propia de una relacin laboral. En ese contexto, teniendo en cuenta que las funciones ejercidas por la seora Leyton pertenecen al giro ordinario del Sistema Integrado de Seguridad de la administracin local, para las cuales, se repite, la accionante no poda actuar de manera independiente ni fuera de su horario, y que, en contraprestacin reciba un pago, puede afirmarse que, aunque el contrato hubiese sido denominado de prestacin de servicios, en realidad se trata de un contrato realidad al evidenciarse sus elementos constitutivos y caractersticos.

 

7.2.3. En virtud de este escenario, la sala encuentra que la vinculacin de la accionante puede enmarcarse dentro de las opciones permitidas por la Directiva 010 de 2015 dentro de la planta temporal de la entidad distrital a travs de un contrato que rene todas las caractersticas de lo que la jurisprudencia ha llamado contrato realidad por el trmino de diez (10) meses, tiempo durante el cual, debi recibir las prestaciones legales correspondientes.

 

En todo caso, es preciso aclarar que la terminacin del mismo no es injustificada ni puede calificarse de discriminatoria al no existir, se repite, estabilidad ocupacional reforzada en esta ocasin, por tratarse de una contratacin derivada de una poltica pblica especial. As las cosas, no era necesario que para la terminacin del contrato de la seora Mara Eugenia Leyton se contara con la autorizacin del Ministerio de Trabajo y por tanto no es aplicable la sancin contenida en la Ley 361 de 1997, ms s el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes.

 

8. Conclusin

 

En esta oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional consider que en las vinculaciones que se producen en el marco de una poltica pblica especfica de inclusin social y, en consecuencia, la situacin de discapacidad de la persona es determinante en la suscripcin del contrato, no existe un componente de discriminacin negativa en el desarrollo o terminacin de la relacin laboral.

 

As, en el caso de la accionante la contratacin se realiz con conocimiento de su discapacidad y en virtud de la misma, bajo una poltica especfica de inclusin de personas con discapacidad adoptada en desarrollo del Plan de Desarrollo vigente para la poca. Consecuentemente, la terminacin del contrato suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot hoy Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot y Mara Eugenia Leyton Corts no vulnera sus derechos fundamentales, al no gozar la actora, del derecho a la estabilidad laboral reforzada y haberse vencido el plazo inicialmente acordado entre las partes. De manera que en este caso, no era necesaria la autorizacin previa de la oficina de Trabajo.

 

No obstante, se aclara que la relacin laboral entre las partes se desarroll a travs de un contrato realidad y no de uno de prestacin de servicios, al existir en ella los elementos de prestacin personal, remuneracin y subordinacin. Motivo por el cual, durante el trmino de ejecucin del mismo, la seora Leyton Corts debi percibir las prestaciones sociales que por ley le correspondan.

 

Por consiguiente y por las razones expuestas, se confirmar parcialmente la decisin proferida el veinticuatro (24) de junio de dos mil diecisis (2016) por el Juzgado Ochenta y Seis civil Municipal de Bogot, que neg el amparo de los derechos fundamentales de la seora Mara Eugenia Leyton Corts.

 

Asimismo, la Sala Plena de la Corte Constitucional conceder parcialmente el amparo del derecho al trabajo de la accionante y declarar la existencia de un contrato realidad a trmino fijo entre ella y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, hoy Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot. En consecuencia se ordenar a la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot que dentro del trmino de 48 horas contadas a partir de la notificacin del presente fallo, si no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la seora Mara Eugenia Leyton Corts las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el trmino de ejecucin de su contrato.

 

III. DECISIN

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que una entidad pblica no viola los derechos fundamentales de una persona en situacin de discapacidad, al dar por terminada su vinculacin laboral por vencimiento del plazo convenido y sin autorizacin previa del Ministerio de Trabajo, cuando aquella ha sido vinculada en virtud de una poltica pblica de inclusin.

 

En mrito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin,

 

RESUELVE

 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE, por las razones expuestas en la presente providencia, la decisin proferida el veinticuatro (24) de junio de dos mil diecisis (2016), por el Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogot, que neg la proteccin de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral invocados por la seora Mara Eugenia Leyton Corts.

 

SEGUNDO.- CONCEDER PARCIALMENTE el amparo del derecho al trabajo de la accionante en los trminos expuestos la presente providencia. En consecuencia, DECLARAR la existencia de un contrato realidad a trmino fijo entre Mara Eugenia Leyton Corts y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, hoy Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot.

 

TERCERO.- ORDENAR a la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot que dentro del trmino de 48 horas contadas a partir de la notificacin del presente fallo, si no lo hubiere hecho, proceda a pagar a la seora Mara Eugenia Leyton Corts las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el trmino de ejecucin de su contrato.

 

CUARTO.- LEVANTAR la medida cautelar ordenada mediante Auto 478 del 13 de septiembre de 2017 por la Sala Plena de esta Corporacin.

 

QUINTO.- LIBRAR las comunicaciones por la Secretara General de la Corte Constitucional, as como DISPONER las notificaciones a las partes a travs del Juez de tutela de primera instancia, previstas en el artculo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

Notifquese, comunquese y archvese el expediente.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrado Magistrada

Con Salvamento de Voto Con Salvamento de Voto

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PREZ ANTONIO JOS LIZARAZO OCAMPO

Magistrado Magistrado

Con aclaracin de voto

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada Magistrada

 

 

 

JOS FERNANDO REYES CUARTAS ALBERTO ROJAS ROS

Magistrado Magistrado

Con Salvamento de Voto

 

 

 

MARTHA SCHICA MNDEZ

Secretaria General

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

CARLOS BERNAL PULIDO

 

 

ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Debi declararse la improcedencia por incumplir el requisito de subsidiariedad (Salvamento de voto)

 

 

Sentencia: SU 040 de 2018.

 

Accionante: Eugenia Leyton

 

Accionada: Alcalda Mayor de Bogot y Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot.

 

Magistrada Ponente:

Cristina Pardo Schlesinger

 

 

1.                Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena de la Corte, suscribo este salvamento de voto en relacin con la providencia de la referencia. En mi opinin, la accin de tutela sub judice era improcedente, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad, dada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Adems, solo en gracia de discusin, de resultar procedente la solicitud, en el expediente no obra prueba suficiente que le permitiera a la Corte declarar la existencia de una relacin laboral entre la seora Eugenia Leyton, de un lado, y la Alcalda Mayor de Bogot y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, del otro.

 

2.                Primero, la demanda sub judice era improcedente por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para que la accionante formulara sus pretensiones de reintegro y pago de salarios y prestaciones. En efecto, el ordenamiento jurdico dispone que tales pretensiones se deben tramitar por medio del proceso ordinario laboral o del medio de control de nulidad y restablecimiento de derechos, segn sea el caso. Estos son los mecanismos procesales principales y eficaces para tramitar tales pretensiones. Por su parte, la accin de tutela es un mecanismo subsidiario, que se torna improcedente por la existencia de dichos mecanismos, segn los artculos 86 de la Constitucin Poltica y 6 del Decreto 2591 de 1991.

 

3.                Es ms, la accin de tutela de la seora Eugenia Leyton tampoco hubiere resultado procedente como mecanismo transitorio, por cuanto el perjuicio irremediable no est acreditado. En reiterada jurisprudencia, esta Corte ha sostenido que dicho perjuicio se configura siempre que se demuestren los elementos de (i) inminencia, (ii) gravedad, (iii) urgencia y (iv) impostergabilidad. En el caso concreto, adems de tener a su disposicin los mecanismos ordinarios de defensa judicial, en el expediente no obra prueba alguna que demuestre el posible acaecimiento de un perjuicio de las caractersticas anotadas; por el contrario, est acreditado que a la seora Eugenia Leyton se le ha reconocido su pensin por invalidez y, de contera, su acceso al sistema de seguridad social en salud tambin est garantizado. En tales trminos, no se evidencian, siquiera prima facie, los supuestos necesarios para que resulte procedente la accin de tutela sub examine, al menos como mecanismo transitorio.

 

4.                Segundo, solo en gracia de discusin, en el expediente no obra prueba suficiente que le permitiera a la Corte declarar la existencia de una relacin laboral entre la seora Eugenia Leyton y la entidad demandada. Adems de ser una decisin de exclusivo resorte del juez ordinario, la existencia de la relacin laboral exige, necesariamente, la acreditacin de sus elementos esenciales, a saber: (i) la prestacin personal, (ii) la continua subordinacin y (iii) el salario. A mi juicio, tales elementos no estaban debidamente acreditados en el expediente. Por lo tanto, incluso de considerarse procedente la accin de tutela, la Sala Plena careca de los elementos probatorios necesarios para declarar la existencia de la relacin laboral. 

 

5.                En particular, el segundo de tales elementos esenciales de la relacin laboral, esto es, la continuada subordinacin no tiene soporte probatorio en el expediente. Tras revisarse el expediente, se advierte que (i) la accionante tuvo su relacin contractual con la entidad demandada solo por 6 meses, (ii) dicha relacin termin por vencimiento del trmino pactado en el contrato, (iii) la cual no fue prorrogada ni una sola vez, y (iv) la accionante no cumpla horario fijo, sino que prestaba sus servicios en diferentes turnos. A mi juicio, estos elementos resultan, a todas luces, insuficientes para dar por acreditada la continuada subordinacin, elemento indispensable para la declaratoria de la relacin laboral.

 

Fecha ut supra,

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

 

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

ALBERTO ROJAS ROS

A LA SENTENCIA SU040/18

 

 

Referencia: Expediente T-5.692.280

 

Accin de tutela instaurada por Mara Eugenia Leyton Corts contra la Alcalda Mayor de Bogot D.C. y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot

 

Magistrada Ponente:

Cristina Pardo Schlesinger

LA PROTECCIN LABORAL REFORZADA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS ES (Y DEBE SER) UNA GARANTA CONSTITUCIONAL INSOSLAYABLE

 

La razn por la que me separo de la decisin mayoritaria adoptada en esta oportunidad por la Sala Plena, se sustenta en que, en mi concepto, en el caso de la seora Mara Eugenia Leyton Corts se configuraban los requisitos fijados por la jurisprudencia pacfica de esta Corporacin para activar la proteccin laboral reforzada a favor de la accionante, en su condicin de persona con diversidad funcional, dado que la afectacin a su estado de salud es evidentemente intensa.

 

En el trmite de tutela a que se alude se ventil el caso de una mujer en una condicin socioeconmica precaria y que padece de severas patologas que le generaron situacin de discapacidad con una prdida de capacidad laboral del 62.30%, quien fue desvinculada despus de un ao de trabajar al servicio de la Secretara de Gobierno de la Alcalda Mayor de Bogot como operadora de recepcin en la lnea de emergencias 1, 2, 3, mediante contrato de vinculacin para trabajadores con discapacidad.

 

Considero que la Sala Plena debi aplicar el precedente precisado en la sentencia T-521 de 2016, el cual establece la proteccin a las personas que por su situacin de salud son pasibles de una salvaguarda particular, por su condicin de sujetos de especial proteccin constitucional, en cumplimiento del mandato de igualdad derivado del artculo 13 de la Constitucin.

 

A su vez, la decisin de la mayora hizo caso omiso de las reglas establecidas y adoptadas en las sentencias T-461 de 2015, T-878 de 2014, T-674 de 2014 y T-440A de 2012, a pesar de que la actora (i) padeca una condicin mdica que limitaba una funcin propia del contexto en que se desenvolva, (ii) el empleador tena conocimiento de las afecciones de salud, (iii) fue retirada del servicio sin mediar permiso de autoridad competente para desvirtuar el despido discriminatorio, y (iv) era pasible de proteccin sin importar la modalidad de su contrato.

 

De suerte que, a mi juicio, la decisin adoptada reproduce una discriminacin, erosiona la solidaridad y faculta a los empleadores a marginar a la poblacin con diversidad funcional de las oportunidades laborales e integracin social, hecho que desconoce los principios liberales de igualdad y equidad, que son presupuestos bsicos para lograr la justicia distributiva y, con ello, la correcta asignacin de bienes sociales y oportunidades reales para el desarrollo de derechos fundamentales.

 

Por estos argumentos, disiento de lo resuelto en el fallo de unificacin de la referencia.

 

Fecha ut supra,

 

 

 

ALBERTO ROJAS ROS

Magistrado

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

DIANA FAJARDO RIVERA

A LA SENTENCIA SU040/18

 

 

Referencia: Expediente T-5.692.280

Mara Eugenia Leyton Corts contra la Alcalda Mayor de Bogot D.C. y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot

 

Magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger

 

 

Con el debido respeto por las decisiones adoptadas por la mayora de la Sala Plena de la Corporacin, me permito presentar las razones por las cuales me separ de lo resuelto en la providencia SU-040 de 2018.

 

1. En sntesis, la Corporacin estudi la procedencia de la proteccin constitucional a la estabilidad ocupacional reforzada por motivos de salud, invocada por una mujer que se vincul con una de las entidades del Distrito Capital en virtud de una poltica pblica de inclusin laboral de poblacin en situacin de discapacidad, y cuya desvinculacin se dio tras la finalizacin de dicha poltica y el vencimiento del plazo inicialmente pactado en el contrato. Bajo estas particularidades, la Sala Plena, por mayora, juzg que no poda calificarse como discriminatoria una actuacin que se gener como una medida afirmativa y que simplemente culmin tras el cumplimiento de condiciones objetivas. Agreg que el mandato de brindar proteccin a las personas en condicin de incapacidad se encontraba actualmente satisfecho, dado que luego de suscribir la orden de prestacin de servicios con el Distrito Capital, la seora Leyton Corts adquiri y caus su derecho a la pensin de invalidez, lo que le permita cubrir las contingencias ocasionadas por la prdida de capacidad laboral, garantizando un ingreso que le permite vivir de manera digna y solventar sus necesidades vitales.

 

Finalmente, dado que la Corporacin estim cumplidos los elementos para concluir que durante los 10 meses del contrato de prestacin de servicios suscrito entre la accionante y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, como operadora de la lnea 1,2 3, se configur un contrato realidad, se orden a la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[76] efectuar el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el trmino de ejecucin de las labores.

 

2. Considero, como la mayora, que este asunto exiga un enfoque diferente al asumido por la Corte Constitucional al analizar la estabilidad ocupacional reforzada en casos anteriores, dado que la condicin de discapacidad de la seora Leyton Corts incidi precisamente en su incorporacin a una entidad estatal y, por lo tanto, aplicar la presuncin de discriminacin en la desvinculacin no sera adecuado. Esto, en mi opinin, no significa que, siempre que el origen del vnculo sea una accin afirmativa, resulte imposible que se produzca un acto discriminatorio posterior y, por lo tanto, que una vez probado ste, se active la proteccin constitucional, dado que la actuacin positiva inicial del Estado no lo releva hacia adelante de someterse a todas las garantas constitucionales aplicables a cada relacin laboral o de naturaleza similar.

 

3. Teniendo como punto de partida tal presupuesto, la mayora encontr que la desvinculacin de la accionante se justificaba por tres elementos fundamentales: la finalizacin de la poltica de empleo en virtud de la cual fue contratada (i); el cumplimiento del trmino por el cual fue pactado el contrato de prestacin de servicios (ii); y, el hecho de que la accionante fue pensionada por el riesgo de invalidez, de forma posterior a la fecha de la vinculacin (iii).

 

4. A mi juicio, no obstante, el anlisis efectuado y las conclusiones a las que lleg la mayora pierde de vista criterios relevantes a la hora de avanzar gradual y consistentemente en la proteccin de los derechos fundamentales de las personas en situacin de discapacidad, como paso a explicar.

 

Continuidad en las polticas pblicas dirigidas a avanzar en la proteccin de los derechos de las personas en condicin de discapacidad

 

5. Para la mayora de la Sala Plena el cambio en la Administracin Distrital, y por lo tanto del Plan de Gobierno, contribuy a considerar que la desvinculacin de la accionante no lesion sus derechos, tras un intento por armonizar la garanta de los bienes fundamentales de las personas en situacin de discapacidad, por un lado, y los principios que rodean las elecciones en democracia, del otro. Su anlisis, en mi opinin, no logra el equilibrio adecuado, evidencindose un retroceso en el progreso que se haba logrado en favor de la accionante. Para sustentar esto, a continuacin me referir brevemente a dos aspectos tericos en discusin, y luego a sus implicaciones para la solucin de la situacin de la seora Leyton Corts.

 

5.1. Bajo la concepcin de los derechos fundamentales como bienes interdependientes e indivisibles por su intrnseca relacin con el principio de la dignidad humana, el Estado debe asumir compromisos decididos para su plena garanta. No obstante, algunas facetas de aquellos con contenido prestacional son de desarrollo progresivo y, por lo tanto, no son exigibles de manera inmediata. En estos casos, sin embargo, la inactividad tampoco est permitida; la obligacin estatal se traduce en la formulacin de polticas pblicas serias, y construidas en torno a los principios de no regresividad y de participacin[77], que para el caso de las personas con discapacidad podra formularse como nada de nosotros sin nosotros.

 

Parte fundamental de la elaboracin de estas polticas pblicas para el grupo poblacional antes referido[78], radica en su integralidad, con el objeto de que las personas destinatarias sean dignificadas a partir de sus diversidades y logren un desarrollo cualitativo en todas las dimensiones posibles de la vida. Dentro de tales dimensiones se encuentra la laboral, con un objetivo evidente, el de garantizar un mnimo econmico para la subsistencia digna, y con otro adicional, menos visible pero muy relevante dentro de nuestro marco constitucional, consistente en lograr la efectiva inclusin de la poblacin en situacin de discapacidad en una sociedad que la valora y que la considera imprescindible para su construccin, permitiendo a la vez la realizacin de los planes de vida, que dan sentido de la existencia, de cada uno de sus integrantes.

 

Con sujecin a los parmetros normativos generales en este tema, el Distrito Capital adopt su poltica pblica de discapacidad para el periodo 2007-2020 a travs del Decreto 470 de 2007, estableciendo en el artculo 12 lo relacionado con el desarrollo de la productividad; enunciado del que se destaca la necesidad de promover procesos que garanticen la permanencia y progreso en el mundo laboral.

 

5.2. A partir de la configuracin del Estado colombiano en democracia, como una de sus notas definitorias, el derecho a la participacin ciudadana a travs, por ejemplo, del voto para elegir a sus gobernantes -nacionales o territoriales-, implica que la aceptacin y el apoyo por un programa poltico se refleje posteriormente en la obligacin del elegido de seguir sus promesas, por lo cual el Estado tambin debe ofrecer las condiciones de posibilidad para que esto ocurra. En este sentido, el poder-permitir gobernar es una garanta relevante para la construccin de una democracia, en atencin a que da relevancia al voto ciudadano, y garantiza que las visiones plurales que llegan a los cargos de la rama ejecutiva ms importantes puedan incidir con efectividad en el destino del pas.

 

6. En este marco, la Sala Plena de la Corporacin encontr que durante la anterior administracin de la ciudad el Alcalde, en el Plan de Desarrollo Bogot Humana 2012-2016, fij metas de incorporacin laboral de la poblacin en situacin de discapacidad, superiores incluso a las previstas de manera global por el Legislador en las leyes nacionales. Al inicio del mandato de la actual Administracin, por supuesto, se adopt un nuevo Plan de Desarrollo[79], dentro del cual se incluyeron acciones afirmativas destinadas a la referida poblacin, sin que se previeran mnimos de incorporacin laboral como s lo estableca el anterior.

 

El cambio de Gobierno Distrital, observ la Sala, implic la variacin en la poltica pblica de atencin a la poblacin en situacin de discapacidad. Agreg que dicha modificacin, por la sola razn de no incluir un porcentaje de incorporacin laboral, no poda ser evaluada como regresiva, pues para ello se requerira un anlisis global del contenido de toda la poltica destinada a tal grupo. En consecuencia, concluy que la desvinculacin era razonable.

 

7. Un primer reparo a esta lnea de argumentacin seguida por la mayora de la Sala Plena de la Corporacin, se dirige a llamar la atencin en el hecho de que se afirm, en mi opinin de manera acertada, que la regresividad de una poltica pblica no puede analizarse de manera aislada, sin embargo, a continuacin, no se hizo anlisis alguno que permitiera concluir que las medidas previstas en el nuevo plan de Gobierno para la proteccin de personas en situacin de discapacidad se ajustaban a los parmetros constitucionales. Tampoco se tuvo en cuenta la existencia de normas, en el orden nacional y distrital (como el Decreto Distrital 470 de 2007), que prevn metas de vinculacin laboral que, incluso en la libertad del ejercicio del mandato, no pueden desconocerse.

 

8. Adems de lo anterior, teniendo en cuenta los requerimientos de la democracia participativa, de un lado, y las obligaciones estatales para garantizar los derechos fundamentales, del otro, encuentro que su balance apropiado exiga, por lo menos, una articulacin que, sin frustrar los programas polticos de los ganadores en democracia, permitiera al mximo posible la continuidad de los caminos trazados para la defensa de los derechos en juego.

 

Esta conclusin aplicada al caso de la seora Leyton Corts deba llevar a la Sala a contemplar la posibilidad de brindar un remedio que impidiera su exclusin automtica de la poltica de empleo, permitindole integrarse de manera inmediata a programas relacionados con su capacitacin y generacin de ofertas de vinculacin, pues ya haca parte de una poltica y dejarla por fuera de dicho camino, pese a que se afirm que poda volver a aspirar, implicaba devolverla a un punto inicial que ya haba superado.

 

En este sentido, la mayora de la Sala Plena tampoco estableci si en el caso concreto de la accionante, atendiendo a sus circunstancias, el cambio de poltica pblica permita su exclusin de un proceso de empleabilidad, en el que seguramente se invirtieron recursos para su capacitacin y en virtud del cual se integraba a la sociedad a una persona que constitucionalmente merece un trato diferenciado.

 

Dentro del margen de accin para la nueva administracin distrital, por lo tanto, debi estudiarse el impacto que una decisin como la avalada generaba en una persona que, se insiste, es sujeto de especial proteccin y ya vena incorporada a las polticas de inclusin distrital.

 

La efectiva proteccin constitucional a la poblacin en situacin de discapacidad no se reduce a un aspecto econmico

 

9. Para la mayora de la Sala Plena, el reconocimiento de la pensin de invalidez permita concluir que el mandato constitucional de proteccin especial se encontraba satisfecho. No comparto este argumento por los siguientes motivos.

 

10. Entiendo que la limitacin de los recursos del Estado incide directamente en la garanta efectiva de las facetas prestacionales (progresivas) de algunos derechos constitucionales, y desde esta perspectiva parece comprensible, en principio, que la Sala haya sugerido que como la accionante -por lo menos- tiene la pensin, ha avanzado en la garanta de sus derechos, y, por lo tanto, debe dar paso a que otras personas en una posicin ms vulnerable que ella accedan a programas de empleo, sin perjuicio de que ella vuelva a inscribirse en los programas que se ofrecen dentro del nuevo Plan Distrital.

 

11. Sin embargo, la Sala no consider relevante que: (i) la pensin reconocida (por $781.242,oo) es inferior al salario que devengaba por sus servicios al Distrito ($1800.000,oo), y que la mitad de la primera es descontada para cubrir aportes en salud y un prstamo ($392.895,oo); (ii) la accionante no tiene red de apoyo y su ncleo familiar est conformado nicamente por su esposo de 76 aos, quien padece las enfermedades propias de su edad, y que (iii) conforme a lo sostenido en el artculo 34 de la Ley 361 de 1997[80], la pensin de la accionante, derivada de aportes con empleadores privados, es compatible con la percepcin de un salario y que, de acuerdo con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 2003[81], dicha compatibilidad atiende al derecho a la dignidad de las personas en situacin de discapacidad, pues permite que su proteccin no se reduzca a la posibilidad de auto sostenimiento, sino a su dignificacin a travs de la participacin activa en la vida social[82].

 

A mi juicio, en atencin a las condiciones particulares acreditadas, en ese caso se produjo una afectacin a la calidad de vida de la actora y de su esposo, que, dada su situacin de discapacidad, ameritaba un tratamiento distinto por parte del Distrito y, adems, del juez de tutela.

 

12. En este contexto, en consecuencia, no es acertado afirmar que con la sola pensin se satisfaca la proteccin constitucional de la accionante, por lo que, reitero, se requera un remedio destinado a garantizar, por lo menos, la continuidad de la seora Leyton Corts en la nueva poltica pblica de inclusin de poblacin en situacin de discapacidad del Distrito, a travs de los diferentes programas adoptados dentro del marco constitucional y legal.

 

Observacin final

 

13. Aunque no compart la percepcin mayoritaria acerca de la configuracin de un contrato realidad en este caso, por razones probatorias, considero que una vez alcanzada esta conclusin por parte de la Sala Plena, resultaba imperativo efectuar un pronunciamiento para evitar que la movilidad derivada de vinculaciones precarias de sujetos de especial proteccin constitucional permita una informalidad ajena a las condiciones dignas y justas del trabajo, concebidas por el Constituyente de 1991.

 

Para la mayora de la Sala Plena la finalizacin del trmino del contrato de prestacin de servicios tambin justific en este caso la sujecin a la Constitucin Poltica de la desvinculacin de la seora Leyton Corts, sin embargo, esto parece inconsistente con la afirmacin de que la labor desempeada por ella en la lnea 1,2,3 daba lugar a un contrato realidad, pues esta conclusin implica que su rol en el Distrito perteneca al giro ordinario de las funciones de una de sus entidades. As se precis en la Sentencia SU-040 de 2018:

 

para esta Sala la seora Mara Eugenia Leyton se encontraba ejecutando labores, por s misma, evidentemente relacionados con el giro ordinario de las actividades de la entidad accionada, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba realizarse slo en un periodo determinado sin cumplir rdenes o exigencias especficas de un empleador.

 

Por lo anterior, si la funcin desempeada por la accionante no desapareci, por qu sostener, en las condiciones acreditadas, que sta era una razn vlida para que el Distrito desvinculara a la seora Mara Eugenia Leyton Corts? La conclusin de que en este caso se configur un contrato realidad no solo debilitaba una de las razones que expuso la mayora para justificar la actuacin del Distrito, sino que otorgada elementos para, se insiste, tomar una decisin ms adecuada para la defensa de los derechos fundamentales de la accionante, en los trminos en los que he venido precisando a lo largo de este salvamento.

 

En los anteriores trminos dejo consignado mi voto particular.

 

Fecha ut supra

 

 

 

Diana Fajardo Rivera

Magistrada

 

 

 

 

[1] Sala de Seleccin Nmero Ocho de 2016, integrada por los Magistrados Mara Victoria Calle Correa y Gloria Ortiz Delgado.

[2] Conformada por los magistrados Aquiles Arrieta Gmez (e), Alberto Rojas Ros y Luis Ernesto Vargas Silva.

[3] Conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ros y Diana Fajardo Rivera.

[4] Entidad, que de conformidad con el Acuerdo 637 de marzo 31 de 2016, fue creada para asumir las funciones del Fondo de Vigilancia, recibiendo no solo los bienes sino los derechos y obligaciones, y por lo tanto se convierte en sucesora procesal de aquella.

[5] Ver folios 238 a 241 del cuaderno 1 del expediente.

[6] Copia del formulario de dictamen para calificacin de la incapacidad laboral y determinacin de la invalidez de la seora Mara Eugenia Leyton Corts (Folios 14-16, cuaderno principal del expediente).

[7] Copia del contrato de prestacin de servicios suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot y Mara Eugenia Leyton Corts (Folios 10-13, cuaderno principal del expediente).

[8] Afirma que en la entidad accionada se han vinculado a personas que tambin son pensionados y con ingresos superiores a los de ella.

[9] Mediante auto del diecisis (16) de junio de dos mil diecisis (2016), el Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogot admiti la accin de tutela de la referencia y orden vincular al Fondo de Vigilancia y Seguridad Social de Bogot. Aunado a lo anterior orden comunicar dicho auto a las entidades accionadas para que en el trmino de un (01) da contado desde la comunicacin del mismo se pronunciaran acerca de los hechos que originaron la accin.

[10] Ver folios 54 a 60 del cuaderno principal del expediente.

[11] CLUSULA DCIMA- EXCLUSIN DE RELACIN LABORAL-: Los servicios contratados se ejecutarn de manera autnoma y sin subordinacin, razn por lo cual no genera relacin laboral ni prestaciones sociales y ningn tipo de costos distintos al valor acordado en la clusula cuarta de este contrato de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del artculo 32 de la Ley 80 de 1993 concordante con el CONTRATISTA a cumplir con sus obligaciones.. Ver contrato a folios 10-13 del cuaderno principal del expediente.

[12] Ver folios 19-49 del cuaderno 2 del expediente.

[13] Ver a folio 16 del cuaderno 2 del expediente, informe del citador.

[14] Ver a folio 18 del cuaderno 2 del expediente, constancia de envo a correo electrnico.

[15] Ver folios 51 a 53 del cuaderno 2 del expediente.

[16] Conformada por los magistrados Aquiles Arrieta Gmez (e), Alberto Rojas Ros y Luis Ernesto Vargas Silva.

[17] Conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ros y Diana Fajardo Rivera.

[18] Entidad, que de conformidad con el Acuerdo 637 de marzo 31 de 2016, fue creada para asumir las funciones del Fondo de Vigilancia, recibiendo no solo los bienes sino los derechos y obligaciones, y por lo tanto se convierte en sucesora procesal de aquella.

[19] Ver folios 238 a 241 del cuaderno 1 del expediente.

[20] Ver folios 379 a 384 del cuaderno principal del expediente.

[21] 1. Si la poltica pblica distrital de discapacidad, en virtud de la cual se expidi la Directiva 010 de 2015 con el fin de vincular a trabajadores en situacin de discapacidad en las distintas entidades y organismos distritales y mediante la cual se suscribi contrato de prestacin de servicios entre la seora Mara Eugenia Leyton Corts y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, contina vigente.

[22] 2. Cules eran o son las caractersticas de dicha poltica distrital.

[23] Ver folios 387 a 389 del cuaderno principal del expediente.

[24] La pensin de invalidez fue reconocida mediante acto administrativo GNR 279998 del 12 de septiembre de 2015.

[25] Reglamento interno. Artculo 61. Revisin por la Sala Plena. Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela d lugar a un fallo de unificacin de jurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondr que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena. ()

[26] Padece de diabetes mellitus y cuenta con un 62.30% de prdida de capacidad laboral, de conformidad con el dictamen visible a folios 14-16 del cuaderno principal.

[27] Desde sus inicios, la Corte ha indicado que el examen del principio de subsidiariedad que condiciona la procedibilidad de la accin de tutela, debe ser matizada en aquellos eventos en los que el solicitante se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. Ver sentencias T-576 de 1998 (MP Alejandro Martnez Caballero); T-530 de 2005 (MP Manuel Jos Cepeda Espinosa); T-002 de 2006 (MP Jaime Crdoba Trivio); T-661 de 2006 (MP lvaro Tafur Galvis) T-575 de 2008 (MP Nilson Elas Pinilla Pinilla, AV Clara Ins Vargas); T-125 de 2009 (MP Humberto Sierra Porto); T-775 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza); T-447 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas); T-521 de 2016 (MP Alejandro Linares, AV Gabriel Eduardo Mendoza y Gloria Ortiz Delgado) entre otras.

[28] Proteccin que no solo ha sido por nuestra Carta Poltica sino tambin por distintos tratados internacionales suscritos por Colombia, como la Declaracin de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la Declaracin de los derechos de las personas con limitacin, aprobada por la Resolucin 3447 en 1975 de la ONU, la Resolucin 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Convencin Interamericana para la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra las Personas con Discapacidad, la Recomendacin 168 de la OIT, el Convenio 159 de la OIT, la Declaracin de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la Declaracin de las Naciones Unidas para las personas con limitacin de 1983, entre otras. (Ver sentencia T-198 de 2006 MP Marco Gerardo Monroy Cabra).

[29] Corte Constitucional. Sentencia T-613 de 2011, MP Mauricio Gonzlez Cuervo.

[30] Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2014 (MP Mara Victoria Calle Correa).

[31] Ver entre otras, las sentencias T-141 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-568 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muoz), T-119 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muoz); T-426 de 1998 (MP. Alejandro Martnez Caballero); T-961 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-291 de 2005 (MP. Manuel Jos Cepeda); T-898A de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy); T-699 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza); T-1097 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. SV. Mauricio Gonzlez Cuervo).

[32] Ver entre otras las sentencias T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-351 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-198 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy); T-962 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentera); T-002 de 2011 (MP. Mauricio Gonzlez Cuervo); T-901 de 2013 (MP. Mara Victoria Calle); T-141 de 2016 (MP. Alejandro Linares Cantillo).

[33] Ver entre otras las Sentencias T-029 de 2004 (MP. lvaro Tafur Galvis); T-323 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto); T-249 de 2008 (MP. Jaime Crdoba Trivio); T-043 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. AV. Humberto Sierra Porto); T-220 de 2012 (MP. Mauricio Gonzlez Cuervo); T-123 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas. SV. Luis Guillermo Guerrero).

[34] Ver entre otras las sentencias T-792 de 2004 (MP Jaime Arajo Rentera); T-182 de 2005 (MP. lvaro Tafur Galvis); T-593 de 2006 MP. Clara Ins Vargas); T-384 de 2007 (MP. Manuel Jos Cepeda); T-992 de 2012 (MP. Mara Victoria Calle); T-326 de 2014 (MP. Mara Victoria Calle).

[35] Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2011 (MP Mauricio Gonzlez Cuervo).

[36] Corte Constitucional. Sentencia T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esta oportunidad la Corte indic que esta proteccin implica (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razn de la situacin de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre y cuando que no se configura una causal objetiva que conlleve a la desvinculacin del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificacin de la estructuracin de la causal objetiva, no relacionada con la situacin de vulnerabilidad del trabajador. Esta posicin ha sido reiterada en varias oportunidades, en las sentencias T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (Marco Gerardo Monroy Cabra), T-361 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-263 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-784 de 2009 (MP Mara Victoria Calle Correa), T-050 de 2011 (MP Mara Victoria Calle Correa) T-587 de 2012 (MP Adriana Guilln) y SU-049 de 2017 (MP. Mara Victoria Calle Correa. SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Prez y Gloria Ortiz Delgado).

[37] Constitucin Poltica, artculo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Repblica unitaria, descentralizada, con autonoma de sus entidades territoriales, democrtica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inters general.

[38] Constitucin Poltica. Artculo 13. () [Inciso 2] El Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. [Inciso 3] El Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condicin econmica, fsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

[39] Hoy en da, a raz de la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad ratificada por Colombia, se propende por la implementacin del modelo social de discapacidad, segn el cual las personas sufren de limitaciones para desarrollarse plenamente como miembros de la sociedad a raz de los lmites que les impone su entorno, lo que tiene como consecuencia que dejen de considerarse dichas limitaciones como inherentes a la persona. Al respecto ver las sentencias C-458 de 2015 MP Gloria Ortiz Delgado (SV. Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza) y C-659 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gmez).

[40] Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 2017 (MP. Mara Victoria Calle Correa. SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Prez y Gloria Ortiz Delgado).

[41] Tal como se reconoci en la Sentencia T-040 de 2016, algunos magistrados han disentido de esta doctrina reiterada por la mayora de las Salas de Revisin de la Corte Constitucional, por considerar que es diferente la proteccin brindada a las personas discapacitadas -que se entienden calificadas-, a la proteccin otorgada a las personas en situacin de debilidad manifiesta, quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en aplicacin de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de una persona calificada como discapacitada sin la autorizacin de la autoridad laboral competente, procede el pago de la indemnizacin prevista en la Ley y el reintegro correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su proteccin no se desprende de la ley sino directamente de la Constitucin, por ello, al comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente el pago de una indemnizacin sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta que la sancin se genera por la presuncin contenida en la ley. Esta discusin fue zanjada en la sentencia SU-049 de 2017 (MP: Mara Victoria Calle Correa. SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Prez y Gloria Ortiz Delgado) en la que se concluy que 5.14. Una vez las personas contraen una enfermedad, o presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o comn) una afectacin mdica de sus funciones, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeo de sus labores en condiciones regulares, se ha constatado de manera objetiva que experimentan una situacin constitucional de debilidad manifiesta, y se exponen a la discriminacin. La Constitucin prev contra prcticas de esta naturaleza, que degradan al ser humano a la condicin de un bien econmico, medidas de proteccin, conforme a la Ley 361 de 1997. En consecuencia, los contratantes y empleadores deben contar, en estos casos, con una autorizacin de la oficina del Trabajo, que certifique la concurrencia de una causa constitucionalmente justificable de finalizacin del vnculo. De lo contrario procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminacin del contrato, sino adems el reintegro o la renovacin del mismo, as como la indemnizacin de 180 das de remuneracin salarial o sus equivalentes. || 5.15. Esta proteccin, por lo dems, no aplica nicamente a las relaciones laborales de carcter dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestacin de servicios independientes propiamente dichos. ().

[42] En la sentencia T-335 de 2004 (MP Clara Ins Vargas) la Sala de Revisin, luego de analizar las pruebas recaudadas, consider que en el caso concreto se presuma la existencia de un contrato realidad en la medida que se configuraba el elemento de subordinacin con cumplimiento de horario, as como la prestacin personal y la remuneracin. En este caso la Corte concedi el amparo solicitado y concluy que en el presente caso debe presumirse la existencia de un contrato realidad entre la accionante y la demandada. En efecto, el demandado seala que la accionante cumpla una jornada laboral de seis horas, las cuales sumadas a las planillas de turnos que fueron anexadas, permiten inferir una relacin de subordinacin, por lo cual se concluye que los valores que esta ltima adeuda son de carcter salarial. Por su parte, en la sentencia T-903 de 2010 (MP Juan Carlos Henao) la Corte Constitucional concluy que en el caso analizado se configuraron los presupuestos jurdicos de un contrato realidad y que el comportamiento de la administracin rea de manera meridiana con los postulados constitucionales que rigen el derecho al trabajo tales como los artculos 1, 13, 25 y 48 de la Carta Poltica. La Sala de Revisin concedi el amparo de los derechos por considerar que si se contrastan estos presupuestos jurdicos con los elementos del caso se deduce que, el tipo de vinculacin del seor Gilmer Sierra con la Institucin, no era acorde a la naturaleza del contrato de prestacin de servicios. En efecto, para realizar las funciones de vigilancia, aseo y mantenimiento que se han desarrollado a lo largo de la relacin no se exigi la experiencia, capacitacin y formacin profesional propia del contrato de prestacin de servicios. El seor Sierra no contaba con autonoma ni independencia para el desarrollo de las funciones porque tena un horario especfico para ejercer la vigilancia, que era los fines de semana y los das festivos, y de igual forma, estaba sujeto a las rdenes de los directivos de la institucin en relacin con los oficios varios que desempeaba. Los mltiples contratos de prestacin de servicios suscritos durante cerca de 8 aos son la prueba fehaciente de que, en lugar de tener una relacin limitada en el tiempo, era una relacin laboral a trmino indefinido con obligaciones claramente estipuladas, por esto, es claro que el requisito de la temporalidad tampoco se cumpli. En fin, la naturaleza del cargo que desempeaba el seor Gilmer Sierra dificultaba que su contratacin fuera por medio de un contrato de prestacin de servicios.

[43] En la sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Mara Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza) la Corte Constitucional seal que el trabajo goza de amplia proteccin en la Constitucin, pues define su naturaleza jurdica a partir de una triple dimensin. As, la lectura del prembulo y del artculo 1 superior muestra que el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las polticas pblicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesin u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurdico que informa la estructura Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuracin normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mnimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artculo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un ncleo de proteccin subjetiva e inmediata que le otorga carcter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho econmico y social. Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-580 de 1996, MP Antonio Barrera Carbonell; C-019 de 2004, MP Jaime Arajo Rentera; C-038 de 2004, MP Eduardo Montealegre Lynett; C-100 de 2005, MP lvaro Tafur Galvis y C-177 de 2005, MP Manuel Jos Cepeda (SPV. Jaime Arajo Rentera, Alfredo Beltrn Sierra y Jaime Crdoba Trivio. AV. Humberto Sierra Porto).

[44] Al respecto, en sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Mara Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza) la Corte explic que la proteccin constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor pblico, no est circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo o de exigirle al Estado el mnimo de condiciones materiales que se requieren para proveer su subsistencia en condiciones dignas, sino que, por el contrario, es ms amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mnimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestacin acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeada.

[45] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Segunda - Subseccin "A". 6 de Marzo de 2008. Radicacin Nmero: 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06). Este Tribunal estudi si el demandante tena derecho al reconocimiento del contrato realidad por los perodos laborados bajo la modalidad de contrato de prestacin de servicios, mediante los cuales fue incorporado al Municipio de San Andrs de Sotavento como docente de tiempo completo. Adems, manifest cules son los requisitos que debe reunir un empleado pblico: Debe decirse que para admitir que una persona desempea un empleo pblico en su condicin de empleado pblico -relacin legal y reglamentaria propia del derecho administrativo- y se deriven los derechos que ellos tienen, es necesario la verificacin de elementos propios de esta clase de relacin como son: 1) La existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, porque no es posible desempear un cargo que no existe (artculo 122 de la Constitucin Poltica); 2) La determinacin de las funciones propias del cargo (artculo 122 de la Constitucin Poltica); y 3) La previsin de los recursos en el presupuesto para el pago de gastos que demande el empleo; requisitos stos sin los cuales no es posible hablar en trminos de empleado pblico, a quien se le debe reconocer su salario y sus correspondientes prestaciones sociales. Adems, en la relacin laboral administrativa el empleado pblico no est sometido exactamente a la subordinacin que impera en la relacin laboral privada; aqu est obligado es a obedecer y cumplir la Constitucin, las Leyes y los reglamentos administrativos correspondientes, en los cuales se consagran los deberes, obligaciones, prohibiciones etc. a que estn sometidos los servidores pblicos.

[46] Por ejemplo, en la Sentencia T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt) la Sala de Revisin consider que la actuacin del Hospital demandado desconoca los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada de una persona que se encontraba en una situacin de debilidad manifiesta por no renovar la orden de prestacin de servicios, cuando la accionante se encontraba incapacitada por el mdico tratante como consecuencia de la lesin que padece. En la Sentencia T-886 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Mara Victoria Calle. SPV Mauricio Gonzlez Cuervo), la Corte Constitucional, partiendo de la base de que la mujer embarazada o en periodo de lactancia cuenta con una proteccin reforzada, independientemente del tipo de contrato de trabajo que haya suscrito con su empleador, concedi el amparo de los derechos solicitados por la accionante, quin haba suscrito tres contratos de prestacin de servicios con el Instituto Municipal del Deporte y la Recreacin accionado para llevar a cabo actividades de fisioterapia, cuyo ltimo contrato no fue renovado a pesar de contar con 6 meses de embarazo. En la Sentencia T-350 de 2016 (MP Mara Victoria Calle. SV. Alejandro Linares Cantillo), este Tribunal consider reprochable la actuacin de la Universidad demandada al dar por terminado el contrato de prestacin de servicios de la accionante con fundamento en el cumplimiento del trmino pactado sin antes contar con la autorizacin de la autoridad de trabajo correspondiente, la cual era necesaria por estar la accionante embarazada y debido a que el objeto del contrato continuara desarrollndose

[47] Corte Constitucional. Sentencia T-903 de 2010. (MP Juan Carlos Henao).

[48] Ver las sentencias T-427 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muoz); T-441 de 1993 (MP Jos Gregorio Hernndez Galindo); T-576 de 1998 (MP Alejandro Martnez Caballero) y T-826 de 1999 (MP Jos Gregorio Hernndez) entre otras.

[49] Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio Gonzlez Cuervo). En esta oportunidad, la Sala de Revisin reiter la Sentencia T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) en la cual se fij el alcance de esta proteccin.

[50] Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1998 (MP Alejandro Martnez Caballero).

[51] Corte Constitucional. Sentencia T-826 de 1999 (MP Jos Gregorio Hernndez).

[52] Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio Gonzlez Cuervo).

[53] Corte Constitucional. Sentencia T-521 de 2016 (MP. Alejandro Linares Cantillo. AV. Gabriel Eduardo Mendoza y Gloria Stella Ortiz).

[54] En este caso, se citan las sentencias T-461 de 2015 (MP. Myriam vila Roldn), T-674 de 2014 (MP. Jorge Ivn Palacio Palacio), T-878 de 2014 (MP. Jorge Ivn Palacio Palacio) y T-440 A de 2012 (MP. Humberto Sierra Porto).

[55] Al respecto, se hace referencia a la sentencia T-420 de 2015 (MP. Myriam vila Roldn) en la cual se estableci como un presupuesto necesario para la proteccin de la estabilidad laboral reforzada, la exigencia de que el empleador conociera de los padecimientos de salud sufridos por el trabajador. Para la Corte () la garanta del derecho a la estabilidad laboral de un trabajador que presenta alguna limitacin fsica, sensorial o psquica implica la constatacin de los siguientes presupuestos: (i) que el trabajador presente una limitacin fsica, sensorial o psquica (ii) que el empleador tenga conocimiento de aquella situacin (iii) que el despido se produzca sin autorizacin del Ministerio del Trabajo Sin embargo, en la sentencia T-029 de 2016 (MP. Alberto Rojas Ros) se declar que de manera excepcional y slo cuando las circunstancias del caso lo ameriten, el juez de tutela puede ordenar el reintegro as el empleador no tuviera conocimiento de la situacin de salud del trabajador, pero no con el fin de evitar una discriminacin, sino para garantizar la continuidad en el tratamiento de salud y la eficacia del principio de solidaridad. En su momento se indic que: En vista de ello, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de que son titulares los trabajadores que se hallen en estas condiciones, apareja para los empleadores el deber insoslayable de actuar con solidaridad, como se indic en precedencia al abordar la proteccin que les asiste a las mujeres embarazadas, pese al desconocimiento del estado de gravidez por parte patrono.

[56] Aunque en principio los casos analizados se circunscriban a eventos en los cuales mediaba un contrato de trabajo (ver entre otras, las sentencias T-1040 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-1038 de 2007 (MP Humberto Sierra Porto), la jurisprudencia de esta Corporacin ha aplicado esta proteccin a todas las relaciones que tienen derechos laborales constitucionales inmersos, entre ellas, el contrato de prestacin de servicios. Sin embargo, esta aplicacin no era uniforme, toda vez que en algunas providencias las Salas de Revisin consideraron declarar la existencia de un contrato realidad antes de otorgar la proteccin constitucional y en otras, este anlisis no fue necesario para conceder el amparo. (Ver entre otras, las sentencias T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Luis Ernesto Vargas), T-292 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Mauricio Gonzlez), T-988 de 2012 (MP Mara Victoria Calle Correa), T-761A de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-144 de 2014 (MP Alberto Rojas Ros), T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo. SV Gloria Ortiz)).

[57] Artculo 26.- Modificado por el art. 137, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningn caso la limitacin de una persona, podr ser motivo para obstaculizar una vinculacin laboral, a menos que dicha limitacin sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempear. As mismo, ninguna persona limitada podr ser despedida o su contrato terminado por razn de su limitacin, salvo que medie autorizacin de la oficina de Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razn de su limitacin, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrn derecho a una indemnizacin equivalente a ciento ochenta das del salario, sin perjuicio de las dems prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Cdigo Sustantivo del Trabajo y dems normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.

[58] Ver los artculos 27 a 34 de la Ley 361 de 1997.

[59] Declarada exequible mediante la Sentencia C-293 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).

[60] Ley Estatutaria Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

[61] Ley 1618 de 2013. Artculo 5 Garanta del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusin. Las entidades pblicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusin real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las polticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el artculo 3 literal c), de Ley 1346 de 2009. ()

[62] Por el cual se adiciona el Captulo 2 al Ttulo 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario nico del Sector de Funcin Pblica, en lo relacionado con el porcentaje de vinculacin laboral de personas con discapacidad en el sector pblico.

[63] Decreto 2011 de 2017. Artculo 2.2.12.2.3

[64] La seora Leyton Corts fue calificada el 30 de abril de 2009, con un porcentaje de prdida de capacidad laboral equivalente al 62.30% con fecha de estructuracin el 7 de abril de 2008. (ver a folio 387 del cuaderno principal del expediente, respuesta de Colpensiones).

[65]http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana/2012_2016_Bogota_Humana_Plan_Acuerdo489_2012.pdf

[66] La pensin de invalidez fue reconocida el 15 de septiembre de 2015 y el contrato inici en junio 23 de junio de 2015.

[67] Decreto "Por el cual se adopta la Poltica Pblica de Discapacidad para el Distrito Capital", para los aos 2007-2020, de conformidad con el artculo. 1 del mismo.

[68] Ver certificacin de pensin, expedida por la Gerencia Nacional de Nmina de Pensionados de Colpensiones a folio 389 del cuaderno principal.

[69] Corte Constitucional. Sentencia T-717 de 2016 (MP. Jorge Ivn Palacio). Al respecto, esta Corporacin seal: La pensin de invalidez, tal y como lo ha sealado esta Corporacin, guarda un estrecho vnculo con los derechos fundamentales al mnimo vital y a la vida digna de las personas que han visto mermada su capacidad laboral en los porcentajes legalmente establecidos. De igual manera, tiene una especial conexidad con los principios de igualdad y de solidaridad por cuanto, como regla general, en estos casos les es imposible a los afiliados al sistema de pensiones acceder por sus propios medios y en forma autnoma a una fuente de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades bsicas.

[70] Constitucin Poltica. Artculo 13.

[71] Ver escrito de la Alcalda de Bogot a folios 379 a 384 del cuaderno principal del expediente. Las estrategias y proyectos de la administracin distrital actual para la poblacin en situacin de discapacidad en el Plan Distrital de Desarrollo: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos/20160429_proyecto_PDD.pdf

[72] Tal como se indic en el Auto 478 de 2017, la Secretara Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, es la encargada del cumplimiento de las rdenes que se profieran en acatamiento de lo dispuesto en el Acuerdo 637 de 2016, acto administrativo que determin el traspaso de los objetivos, funciones, derechos y obligaciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad a dicha entidad. Bajo este contexto, se insiste, entiende la Sala que en este evento oper de pleno derecho el fenmeno de la sucesin procesal, contemplada en el artculo 68 del Cdigo General del Proceso de conformidad con la cual, si en el curso del proceso sobreviene la extincin de una persona jurdica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrn comparecer para que se les reconozca tal carcter. En todo caso, la sentencia producir efectos respecto de ellos aunque no concurran.

[73] Ver folios 10-13, cuaderno principal del expediente. El Nuse (1,2,3), de conformidad con la informacin de la pgina web de la entidad, es el Sistema Integrado que se encarga de recibir las llamadas de los ciudadanos o las entidades solicitando ayuda en eventos de Seguridad y Emergencias, como atender y capturar la informacin pertinente caracterizando los incidentes y tramitndolos hacia las agencias adscritas a la lnea con el fin de despachar las unidades de los organismos de Emergencia y Seguridad en forma coordinada, con el fin de brindar una respuesta eficiente y rpida en cada uno de los escenarios. (http://www.123bogota.gov.co/index.php/quienes-somos/funcion)

[74] Al respecto, la accionante indic que los reportes de las incapacidades se le entregaban a la supervisora y jefe de seccin la seora Luz Dary Cuervo. A ella se le pedan los permisos para las citas con especialistas, porque las citas con mdico general haba que pedirlas en horas que no tuviramos turno. Igualmente, aleg que nosotros s cumplamos horarios de entrada que se marcaban con el carnet del NUSE con el cdigo de barras. Ver folio 51 del cuaderno No. 2 del expediente.

[75] Aspectos que no fueron demostrados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot en sus intervenciones. En efecto, no se indic si las funciones de recepcionista de la lnea de emergencias las poda cumplir en telfonos propios del contratista o con equipos auxiliares ajenos a los suministrados por la entidad o si en ese mismo entendido, poda responder las llamadas desde su lugar de residencia o cualquier otro lugar en el que contara con seal para recibir las llamadas de los ciudadanos.

[76] Entidad que asumi la funciones del liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogot, segn el Acuerdo Distrital 637 de 31 de marzo de 2016.

[77] Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-595 de 2002. M.P. Manuel Jos Cepeda Espinosa; T-760 de 2008. M.P. Manuel Jos Cepeda Espinosa; C-351 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y C-620 de 2016. M.P. Mara Victoria Calle Correa.

[78] Tal mandato para el caso de los derechos de la poblacin en situacin de discapacidad deriva, entre otras fuentes, de disposiciones constitucionales, como los artculos 47, 54 y 68; de enunciados normativos incorporados al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como aquellos de la Convencin sobre los Derechos de personas con Discapacidad; y, de otras normas con estatus legal -especial u ordinario-, como las leyes 361 de 1997, 1145 de 2007 y 1618 de 2013.

[79] Plan de Desarrollo Econmico, Social, Ambiental y de obras pblicas para Bogot D.C. 2016-2020, Bogot Mejor para todos.

[80] Artculo 33. El ingreso al servicio pblico o privado de una persona limitada que se encuentre pensionada, no implicar la prdida ni suspensin de su mesada pensional, siempre que no implique doble asignacin del tesoro pblico.

[81] M.P. Alfredo Beltrn Sierra. Providencia en la que se analiz la constitucionalidad del artculo 34 de la Ley 361 de 1997.

[82] 3.2.1 Respecto del primer tema, lo que tiene que ver con el ingreso a la actividad laboral de las personas que sufren limitacin, en los trminos expresados por el artculo 54 de la Carta:   El Estado debe propiciar la ubicacin laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusvlidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud (se subraya) (en armona con los arts. 13, 47 y 68 de la Constitucin), slo hay que enfatizar que en el caso de las personas con limitaciones, es un hecho ampliamente conocido, que la importancia del acceso a un trabajo no se reduce al mero aspecto econmico, en el sentido de que el salario que perciba la persona limitada sea el requerido para satisfacer sus necesidades de subsistencia y las de su familia. No, en el caso de las personas con limitaciones, el que ellas puedan desarrollar una actividad laboral lucrativa adquiere connotaciones de ndole constitucional pues, se ubica en el terreno  de la dignidad de la persona como sujeto, razn y fin de la Constitucin de 1991 (sentencia T-002 de 1992), que permite romper esquemas injustamente arraigados en nuestro medio, como aquel de que un limitado fsico, sensorial o psquico es una carga para la sociedad. El ingreso a la actividad laboral permite transformar estos criterios en principios de respeto y aceptacin de las diferencias del otro, asuntos que en un Estado Social de Derecho corresponden a sus principios fundamentales. Dentro de este marco se debe entender que es obligacin del Estado brindar a todas las personas y en especial a las que sufren limitaciones, el derecho a desarrollar un trabajo, en la medida de sus posibilidades, que pueda ser til para la sociedad, para l mismo y su familia, y que por el mismo reciba un salario. En otras palabras, el tema que aqu se debate alude a los ms caros principios constitucionales que tienen que ver con la dignidad de la persona.