Sentencia T-105 de 2002 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública

Sentencia T-105 de 2002 Corte Constitucional

Fecha de Expedición: 18 de febrero de 2002

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

PROVISIóN - ENCARGO
- Subtema: Nomenclatura y Clasificacion Sector Salud

Para el caso particular del Municipio de Santiago de Cali y actuando en concordancia con las disposiciones Constitucionales y legales antes mencionadas y demás normas que rigen la materia, a través del Concejo Municipal han tenido que expedir los diferentes Acuerdos Municipales que establecen la nomenclatura y clasificación de cargos y que fijan la escala salarial para los diferentes empleos de la administración municipal, los cuales han tenido que ser modificados para adaptarlos a las diferentes normatividades cambiantes y como es lo normal y natural dentro de un Estado Social de Derecho.

T-105-02 I

Sentencia T-105/02

 

 

PROCESO TECNICO DE REMUNERACION-Etapas

 

EMPLEOS DE LA ORGANIZACION MUNICIPAL-Nomenclatura, clasificacin y remuneracin

 

ACUERDO MUNICIPAL-Nomenclatura, clasificacin y remuneracin de empleos municipales

 

Para el caso particular del Municipio de Santiago de Cali y actuando en concordancia con las disposiciones Constitucionales y legales antes mencionadas y dems normas que rigen la materia, a travs del Concejo Municipal han tenido que expedir los diferentes Acuerdos Municipales que establecen la nomenclatura y clasificacin de cargos y que fijan la escala salarial para los diferentes empleos de la administracin municipal, los cuales han tenido que ser modificados para adaptarlos a las diferentes normatividades cambiantes y como es lo normal y natural dentro de un Estado Social de Derecho.

 

ESCALA SALARIAL DE EMPLEOS MUNICIPALES-Criterios objetivos para su elaboracin

 

La Sala observa que la escala salarial se encuentra previamente establecida para cada empleo, de conformidad con lo ordenado por la Constitucin y la ley; que de ninguna manera se puede pretender como lo solicitan los actores, que la asignacin salarial se establezca respecto de ellos, teniendo en cuenta criterios subjetivos relacionados con sus mritos, su carga laboral, su antigedad, sus responsabilidades, su preparacin acadmica, etc., que en su decir seran los criterios objetivos que debera tener en cuenta la administracin municipal para asignar la escala salarial; puesto que la fijacin de la escala salarial obedece a la aplicacin de una serie de criterios tcnicos establecidos previamente en las normas legales, de tal manera que al momento de crear o fusionar los cargos, debe la administracin municipal proceder tcnica y objetivamente a establecer la nomenclatura, clasificacin y remuneracin de cada empleo o cargo, que comprende: el nivel del cargo, su denominacin, clase, cdigo, grado y remuneracin.

 

EMPLEO-Creacin de acuerdo a las necesidades de la organizacin y no de quien lo va a desempear

 

Los cargos o empleos no son creados en funcin de quienes los van a desempear, sino de acuerdo a las necesidades de la organizacin y a los objetivos y funciones que le sean asignadas por la Constitucin y la ley. Por lo tanto, son los aspirantes quienes deben acomodarse y cumplir con los requisitos y exigencias pre - establecidas para cada cargo o empleo. Concluyendo se tiene, que el empleo o cargo junto con su asignacin salarial no se establece de acuerdo a la persona o individuo que lo va a desempear o con quien va a ser provisto, sino independientemente de ella y previamente a su provisin.

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Justificacin de trato diferenciado

 

En el presente caso, se observa que se justifica el trato diferenciado, toda vez que los actores no se encuentran en posicin de igualdad, o en idnticas circunstancias, pues si observamos, quienes estn en el mismo nivel y en el mismo grado devengan el mismo salario, de tal manera que no existe discriminacin o trato desigual entre iguales. En conclusin, las normas que establecen las escalas salariales para las diferentes categoras de empleos del municipio no se apartan de la justicia y de la razn, no persiguen fines arbitrarios, caprichosos, despticos, pues, se fijan previamente a la provisin de los cargos, existen y son independientes del individuo con el cual van a ser provistos. Tienen origen y fundamento constitucional y adems, se aplican en igualdad de condiciones y circunstancias para todos los empleados, sin que pueda invocarse discriminacin alguna en su aplicacin.

 

ACCION DE TUTELA-Improcedencia contra actos de carcter general, impersonal y abstracto

 

MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN SERVICIO-Traslado, encargo y ascenso

 

TRASLADO DE EMPLEADOS-Alcance

 

Se produce el traslado: 1) Cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempea, de la misma categora y para el cual se exijan requisitos mnimos similares; y, 2) Cuando la administracin hace permutas entre empleados que desempeen cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categora y para los cuales se exijan requisitos mnimos similares para su desempeo. Los traslados o permutas podrn hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con el lleno de los requisitos previstos en la ley. El traslado podr hacerse por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado y, podr hacerse tambin cuando sea solicitado por los funcionarios interesados y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio. El empleado trasladado no pierde los derechos de antiguedad, ni de carrera y cuando implique cambio de sede tendr derecho al reconocimiento y pago de los gastos que demande el traslado conforme a la ley y los reglamentos.

 

ENCARGO DE EMPLEADOS-Alcance

 

Hay encargo cuando se designa temporalmente a un funcionario para asumir total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular desvinculndose o no de las propias de su cargo. El empleado encargado tendr derecho al sueldo de ingreso sealado para el empleo que desempea temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antiguedad en el empleo de que es titular ni afecta la situacin del funcionario de carrera.

 

ASCENSO DE EMPLEADOS-Alcance

 

El ascenso es la promocin dentro de la carrera administrativa segn la cual los empleados de carrera administrativa escalafonados gozan de prelacin respecto de los otros servidores pblicos y de las personas ajenas al servicio civil para ser ascendidos a los empleos vacantes de la categora inmediatamente superior. Los ascensos se determinan mediante concursos, tomando en consideracin la antiguedad, las calidades especiales, las calificaciones de servicio y dems condiciones que fijen los reglamentos de la carrera. El ascenso es procedente para proveer empleos de la misma serie o de series afines o complementarias, o empleos del mismo cuadro ocupacional en las carreras especiales. No requiere perodo de prueba.

 

ASIGNACION DE FUNCIONES-Lmites/ASIGNACION DE FUNCIONES-Marco funcional y concreto

 

Considera la Sala del caso, llamar la atencin sobre la forma impropia como usualmente dentro de la administracin pblica se asignan funciones de un cargo, a travs del mecanismo denominado asignacin de funciones mecanismo o instituto que no existe jurdicamente como entidad jurdica autnoma dentro de las normas que rigen la administracin del personal civil al servicio del Estado. Se considera del caso precisar, que dicha funcin de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones propias del cargo que se desempea por el funcionario a quien se asignan. No es procedente su descontextualizacin, de tal manera que el jefe inmediato s puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido nombrado.

 

PRINCIPIO DE REALIDAD SOBRE FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR SUJETOS DE RELACIONES LABORALES

 

En cualquiera de los dos (2) eventos, sea que el funcionario se encuentre ejerciendo otro cargo diferente a aquel para el cual ha sido nombrado, sea por encargo o por asignacin de funciones, sin recibir la remuneracin correspondiente y que al decir de los actores, con ello se vulnera el principio de consagracin constitucional definido por el artculo 53 de la C.P., como primaca de la realidad sobre la formalidad establecida por los sujetos de la relacin laboral, es un asunto que amerita una discusin y controversia de carcter legal y que como en el numeral anterior se seal, amerita un amplio debate probatorio ante la jurisdiccin competente segn la naturaleza del servidor pblico que se encuentre en dicha situacin. Por ende, no resulta procedente que el juez constitucional entre a analizar o debatir el asunto, por no tratarse de un derecho claro, concreto, cierto e indiscutible que vulnere o amenace con vulnerar algn derecho fundamental.

 

ACCION DE TUTELA-Improcedencia sobre controversias de rango legal

 

Se considera que la accin de tutela resulta improcedente para debatir asuntos o situaciones laborales de rango legal, que no se refieren a derechos ciertos e indiscutibles, sino que por el contrario tienen que ver con derechos en discusin, para los cuales existe un medio de defensa judicial idneo y eficaz como lo es la Jurisdiccin Ordinaria Laboral o la Contencioso Administrativo, segn la naturaleza del servidor pblico que considere vulnerados sus derechos por tal situacin.

 

PRIMA TECNICA-Criterios para asignacin

 

PRIMA TECNICA-Asignacin y reconocimiento no opera en forma automtica/ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reconocimiento de prima tcnica

 

La asignacin y reconocimiento de la prima tcnica no opera en forma automtica, por lo tanto, no es dable a la administracin municipal asignarla en forma oficiosa, requirindose de la peticin del funcionario interesado, con la acreditacin de los requisitos y resolucin del jefe del organismo mediante la cual se reconoce. Hechos estos que no se encuentran demostrados dentro del expediente respecto de los actores, razn por la cual no se est frente a derechos ciertos e indiscutibles, no procediendo por tanto, la accin de tutela para su reconocimiento.

 

PRIMA TECNICA-Restricciones y requisitos para reconocimiento y pago

 

MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Reclamacin de prestaciones extralegales

 

ACCION DE TUTELA-Improcedencia para ordenar incremento salarial

 

ACCION DE TUTELA-Efectos Interpartes

 

Debe recordarse que la accin de tutela de conformidad con lo dispuesto por el artculo 36 del Decreto 2591 de 1991 solo surte efectos frente al caso concreto, esto es que sus efectos son inter-partes, de tal manera que slo pueden beneficiar a aquellos respecto de los cuales se concede, pudiendo acudir al desacato para su cumplimiento.

 

PRESTACIONES EXTRALEGALES-Regulacin por ley

 

Resulta claro para esta Sala que la fijacin y regulacin de las prestaciones de los servidores pblicos en todos los niveles se reserva a la ley, no pudiendo las entidades territoriales regular esta materia. Acorde a lo antes expuesto, esta Sala considera que no es entendible la referencia que hacen los actores a la existencia de una serie de prestaciones extralegales a favor de los empleados pblicos, cuando, como se seal stas deben ser establecidas previamente en la ley y de ninguna manera por las Corporaciones territoriales, mucho menos por el alcalde municipal y menos an objeto de concertacin sindical, que en caso de darse slo podran beneficiar a los trabajadores oficiales.

 

ACCION DE TUTELA-Trmino de presentacin/ACCION DE TUTELA-Inmediatez

 

 

 

Referencia: expediente T-507135

 

Accin de tutela instaurada por Jos Plutarco Candezano y otros contra la Alcalda Municipal, Contralora Municipal y Personera Municipal de Santiago de Cali.

 

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA

 

 

Bogot D. C., a los dieciocho (18) de febrero del ao dos mil dos (2002).

 

La Sala Primera de Revisin de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especficamente las previstas en los artculos 86 y 241, numeral 9, de la Constitucin Poltica y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,

 

 

SENTENCIA

 

Dentro del proceso de revisin de los fallos proferidos en las acciones de tutela instauradas por JOSE PLUTARCO CANDEZANO Y OTROS contra la Alcalda Municipal, Contralora Municipal y Personera Municipal de Santiago de Cali.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

1) Los demandantes funcionarios del Municipio de Santiago de Cali, de la Contralora Municipal y de la Personera Municipal, sealan que respecto de ellos no se definieron previamente los criterios objetivos de mritos para asignar las distintas categoras salariales, que tuvieran relacin con su carga laboral, antigedad, responsabilidades, preparacin acadmica, etc., es decir, que para un mismo cargo existen varios grados de salarios, sin que las entidades accionadas hayan justificado por ejemplo que quien ocupa el grado salarial ms alto se encuentre vinculado por razones objetivas como las mencionadas (mritos, antigedad, preparacin acadmica, etc.), violando con ello el principio: A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL.

 

Que la nivelacin salarial debe efectuarse tomando los topes ms altos para cada cargo (Secretaria, Auxiliar, Tcnico, Auxiliar Administrativo, Profesional Universitario etc.,) independientemente de su denominacin y grado, quedando todos los que se encuentren nombrados para el mismo cargo con denominacin genrica (por nivel) con el salario igual y equivalente al ms alto existente en la actualidad.

 

2) Manifiestan que adems algunos de ellos, fueron nombrados para unos cargos y posteriormente se les asignaron cargos de superior jerarqua con mayores cargas laborales y mayores responsabilidades y a los cuales corresponde un mayor salario; pero, ste ltimo no se les reconoce conservando el salario del cargo para el cual fueron nombrados y no para el que desempean actualmente o desempearon hasta el momento de su retiro. Esto ocurre, porque les han asignado funciones relacionadas con cargos de mayor jerarqua pero, sin efectos fiscales, esto es, sin pagar el salario correspondiente a dicho cargo, violando el principio de: LA PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LOS SUJETOS DE LAS RELACIONES LABORALES, sealado en el artculo 53 de la Constitucin Poltica.

 

Esta situacin se viene presentando desde muchos aos atrs y para ello los actores relacionan uno a uno cada caso, los cuales se remontan a diferentes pocas, empezando desde 1989 hasta la actualidad.

 

3) En relacin con la Prima Tcnica, sealan que sta se reconoci y pag en forma selectiva, deliberada y discriminada slo a algunos funcionarios, que en algunos eventos ni siquiera estn en carrera o no renen los requisitos, cuando es aplicable a todos los funcionarios de los distintos niveles jerrquicos que prestan sus servicios a las entidades del orden territorial de conformidad con el Decreto Ley 1661 de 1991 y su Reglamentario 2164 de 1991. As mismo seala casos concretos en que la administracin municipal ha otorgado la prima tcnica a funcionarios que se encuentran en provisionalidad cuando esta slo procede para quienes estn nombrados con carcter permanente, esto es, en propiedad.

 

4) Agregan que las entidades demandadas no han incrementado sus salarios correspondientes a la vigencia fiscal del ao 2000 y 2001 en el 8.75% tal como lo ordena la Sentencia T - 1433 de 2000 de la Corte Constitucional.

 

5) Adems, mediante Decreto 216 de 1990 la Administracin Municipal de Santiago de Cali en concertacin con el Sindicato de Empleados Pblicos del Municipio, recopil una serie de normas de carcter municipal que consagran prestaciones extralegales y otros beneficios que venan siendo reconocidos desde muchos aos atrs al estamento laboral del orden municipal.

 

Manifiestan que si bien el rgimen prestacional de los servidores pblicos municipales es de raigambre legal, al tenor de los artculos 41, 42 y 43 de la ley 11/86 que a su vez origin el Decreto 1333/86 (Cdigo de Rgimen Poltico y Municipal), no puede desconocerse el pargrafo del mismo artculo 43 que establece: Las situaciones jurdicas laborales definidas por disposiciones municipales, no sern afectadas por lo establecido en los artculos 41 y 42 de la presente ley.

 

En contra de lo anterior, el seor alcalde de la ciudad, mediante Decretos 731 y 745 de septiembre 21 y 24 de 1999 en abierta violacin de los derechos fundamentales y sin mediar accin de nulidad contra el Decreto 216 elimin o suprimi tales prestaciones extralegales.

 

Por lo anterior, se suprimieron las prestaciones de los actores, debiendo ordenarse el pago a travs de esta accin de tutela, hasta que la Jurisdiccin Contenciosa se pronuncie.

 

Consideran los actores, que con los anteriores hechos se est incurriendo en actos discriminatorios que vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo en los casos sealados en los numerales 1), 2) y 3); al salario mvil respecto del numeral 4), y al debido proceso y concertacin sindical respecto del numeral 5).

 

Por su parte los demandados a travs de sus respectivos representantes legales respondieron a la accin de tutela para manifestar que sta es improcedente por cuanto se trata de situaciones que tienen que ver con prestaciones de carcter laboral, para las cuales existe otro mecanismo de defensa judicial, como es el acudir ante lo Contencioso Administrativo para cuestionar la legalidad de los actos administrativos.

2. Pretensiones.

 

Solicitan:

 

1) La nivelacin salarial al grado salarial ms alto de cada cargo, de acuerdo a su denominacin genrica, desde que ocurri la discriminacin y con la indexacin correspondiente; sin tener en cuenta criterio diferente a la igualdad de funciones sin importar la denominacin especfica de cada cargo, sin tener en cuenta los grados existentes para cada nivel.

 

2) Se ordene el pago de la remuneracin correspondiente al cargo de mayor jerarqua que estuvieron desempeando mientras estuvieron vinculados para los que ya se retiraron, o que de hecho actualmente desempean por asignacin de funciones. Sumas que debern ser indexadas.

 

3) Se extienda el pago de la prima tcnica a todos los actores, de acuerdo con las normas legales y con las Sentencias de la Corte Constitucional

(C-18/96, T-346/98, T-459//99) con retroactividad al momento en que nace el derecho, sumas que tambin debern ser canceladas en forma indexada, a fin de restablecer el derecho a la igualdad.

 

4) Se ordene el incremento anual de los salarios para los trabajadores, retroactivo al 1 de enero del ao 2000 y para el ao 2001 de conformidad con la sentencia T1433 de 2000.

 

5) Se ordene el pago de las prestaciones extralegales suprimidas hasta tanto se pronuncie la Jurisdiccin Contencioso Administrativa y desde el momento en que se conculc el derecho.

 

3. Pruebas Recaudadas.

 

Dentro de los diferentes expedientes obran las siguientes pruebas:

 

Aportadas y solicitadas por la parte actora:

 

1. Certificacin sobre los distintos salarios, con sus grados y modalidades para los cargos de: SECRETARIA, AUXILIAR, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TECNICOS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, PROMOTORA DE SALUD, ODONTOLOGO, MOTORISTA.

 

2. Relacin de nombres de los diferentes actores, identificacin, entidad y cargo.

 

3. Interrogatorio de Parte de parte a los representantes de las entidades demandadas.

 

4. Diligencia de Inspeccin Judicial a las Hojas de Vida de los actores.

 

5. Declaraciones de terceros.

 

6. Disposiciones legales objeto de controversia.

 

II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIN

 

EL JUZGADO CATORCE (14) CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, mediante sentencia de fecha julio 6 de 2001, decidi tutelar los derechos de los actores por considerar vulnerados los derechos a la igualdad y al trabajo al considerar que las entidades demandadas debieron modular al caso concreto, la norma legal evitando inequidades manifiestas, antes que ampararse en una situacin de presuncin de legalidad de sus actos (planta de personal, escala salarial, etc.), para expedir a la vez, actos violatorios de derechos fundamentales, pues los entes del Estado no son slo protectores de artculos e incisos sino de derechos materiales en aras de mantener la justicia y la equidad y que no son agentes de la legalidad por la legalidad sino de la legalidad en funcin del derecho sustancial cuya prelacin reconoce la misma Constitucin.

 

Con relacin al pago de la prima tcnica considera que si bien acorde a la jurisprudencia no constituye per s agresin a derecho fundamental alguno. Empero, cuando a algn funcionario o empleado, sin razn o argumento entendible se le cancela, es obvio que a los dems que teniendo derecho a ella no se le reconoce o paga, se materializa la agresin al derecho superior fundamental de la igualdad.

 

Por ende, orden la nivelacin salarial, el pago del incremento salarial y prima tcnica.

 

Finalmente, rechaz la accin de tutela por improcedente respecto de los actores que haban presentado con anterioridad otra accin por los mismos hechos y neg la solicitud de restablecimiento de las prestaciones extralegales.

 

EL JUZGADO ONCE (11) CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 2001 decidi revocar parcialmente el fallo de primera instancia y sentencia complementaria de fecha julio 13 de 2001 declarando Improcedente la accin de tutela por considerar que sta es un mecanismo subsidiario, que no procede para el reconocimiento de derechos laborales, existiendo otros medios de defensa judicial a que pueden acudir los actores. De otra parte, se trata de pretensiones de carcter legal que deben ser discutidas ante otra autoridad diferente al juez constitucional.

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

 

1.  Competencia.

 

La Sala Primera de Revisin de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas, en los expedientes de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artculos 86 y 241-9 de la Constitucin Poltica y en los artculos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2. De la vulneracin de los derechos a la igualdad y al trabajo ( a trabajo igual salario igual) frente a la nivelacin salarial.

 

De conformidad con el artculo 313 numeral 6 de la Constitucin Poltica de Colombia corresponde a los Concejos Municipales: Determinar la estructura de la administracin municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneracin correspondientes a las distintas categoras de empleos.... Funcin que cumplen dichas Corporaciones administrativas mediante actos administrativos de carcter general, impersonal y abstracto, denominados Acuerdos.

 

As mismo compete al alcalde segn numeral 7 del artculo 315 ibdem: Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, sealarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podr crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Funcin que se cumple igualmente mediante actos administrativos de carcter general, impersonal y abstracto, denominados Decretos.

 

De otra parte, los artculos 122 y 123 de la C. P., establece que no habr empleo pblico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento; que los servidores pblicos estn al servicio del Estado y de la comunidad y ejercern sus funciones en la forma prevista por la Constitucin, la ley y el reglamento.

 

El artculo 128 de la C. P., indica que nadie podr desempear simultneamente ms de un empleo pblico, ni recibir ms de una asignacin del tesoro pblico.

 

Concordante con las normas constitucionales antes mencionadas el Decreto Ley 1333 de 1986 (Cdigo de Rgimen Municipal), seala que corresponde a los Concejos Municipales a iniciativa del Alcalde adoptar la nomenclatura y clasificacin de los empleos de la Alcalda, de las Secretaras, de sus oficinas o dependencias, de las Contraloras y Personeras; y fijar las escalas de remuneracin de las distintas categoras de empleos, pudiendo otorgar facultades extraordinarias al alcalde para legislar sobre esta materia y, con base en ellas expedir el sistema de remuneracin para los empleos municipales.

 

La preparacin del proyecto de acuerdo que establezca el sistema de remuneracin que se vaya a adoptar, es una tarea que debe iniciarse con suficiente antelacin por el alcalde y de manera coordinada con la elaboracin del presupuesto, a fin de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional del artculo 313 antes transcrito y debe ser presentado oportunamente al Concejo Municipal para su aprobacin.

 

El diseo de un sistema de administracin y estructura salarial para la organizacin municipal debe basarse en criterios tcnicos y cumplir ciertos objetivos.

 

El proceso de la remuneracin, segn los estudiosos de la Administracin de Personal en el Municipio Colombiano, entre otros, el profesor Augusto Alvarez Collazos, comprende la determinacin de bases objetivas que permitan asignar salarios justos a los empleados de una organizacin, conllevando adems de la parte tcnica, aspectos de orden econmico, social, poltico y cultural que condicionan los niveles y la estructura de una organizacin.

 

Segn este tratadista, el proceso tcnico de la remuneracin comprende cinco (5) etapas a saber:

 

Anlisis Ocupacional: Tiene como objetivo bsico obtener la informacin acerca de la naturaleza de los cargos (identificacin del cargo), las tareas que componen un trabajo (funciones) y los factores que diferencian un puesto de los dems (Requisitos, educacin, experiencia, complejidad del trabajo, responsabilidad, habilidad, esfuerzo, condiciones ambientales o de trabajo, etc.) .

 

Descripcin de cargos: Es el registro ordenado de la informacin obtenida en la etapa anterior. Por lo tanto, identifica, define y determina las funciones y actividades de cada puesto, as como especifica los requisitos para su desempeo.

 

Valoracin de cargos: Es el proceso mediante el cual se determina la importancia de cada trabajo con relacin a los dems, para jerarquizarlos o categorizarlos en orden a su importancia, valorando ciertos factores que los hacen diferenciables con el fin de establecer una estructura salarial justa, acorde con la situacin real de la organizacin. De esta valoracin se obtienen los diferentes niveles y categoras de empleos. Es as como segn la naturaleza general de sus funciones, la ndole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeo, los empleos de la organizacin municipal pueden clasificarse en los siguientes niveles: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, Tcnico, Administrativo y Operativo. (artculo 3 Decreto Ley 1569 de 1998).

 

Estructura Salarial: Con la valoracin de los cargos se est en posibilidad de establecer la estructura de salarios, traduciendo los valores relativos de los cargos a trminos monetarios, teniendo en cuenta factores internos y externos de la organizacin, los cargos que estn comprendidos dentro de una misma clase y por un sistema cuantitativo de asignacin de puntos se elabora un diagrama de dispersin nube de puntos dndole un valor a cada trabajo.

 

Administracin salarial: Es dinmica y compleja. La filosofa que adopte la organizacin acerca de los niveles de remuneracin son afectados directa o indirectamente por la situacin financiera del municipio y el tamao de la organizacin. As mismo, por el nmero y tipo de cargos y las caractersticas especficas existentes en la organizacin.

 

Del anterior proceso se obtiene el sistema de nomenclatura, clasificacin y remuneracin de los empleos de la organizacin municipal que comprende: nivel del cargo (agrupa los empleos por su jerarqua con fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad de las mismas), denominacin del cargo (nombre o identificacin del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo.), clase (grado de importancia dentro del nivel), cdigo (nmero de 5 dgitos utilizado para el manejo sistematizado del rgimen de clasificacin y remuneracin de cada empleo. El primer dgito seala el nivel al cual pertenece el cargo, los dos siguientes indican la denominacin del cargo y los dos ltimos corresponde a los grados de asignacin bsica), grado (nmero de orden que indica la asignacin mensual del empleo dentro de una escala progresiva, segn la complejidad y responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones) y finalmente la remuneracin asignada a cada grado.

 

A cada uno de los niveles en que se clasifican los diferentes empleos corresponde una nomenclatura especfica equivalente a las distintas denominaciones de empleos y en cada nivel se establecen grados y para cada grado una asignacin bsica.

Por lo tanto, la asignacin mensual correspondiente a cada empleo esta determinada por sus funciones y responsabilidades, as como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, segn la denominacin y el grado establecido en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel.

 

Lo anterior, no es ms que la aplicacin prctica de la normatividad que desde aos atrs viene rigiendo en materia de administracin de personal en los diferentes niveles de la administracin pblica.

 

Es as como el Decreto Ley 1569 de 1998 por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificacin de los empleos de las entidades territoriales, no hace cosa distinta de reproducir normas anteriores relativas a esta materia; sealando a su vez que por empleo se entiende el conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propsito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Agregando que las funciones y requisitos especficos para su ejercicio sern fijados por las autoridades competentes para crearlos, con sujecin a los generales determinados en el presente decreto.

 

As mismo, el artculo 31 ibdem seala que las entidades territoriales tendrn una planta de personal con sujecin a la nomenclatura, clasificacin de empleos por niveles y a las funciones y requisitos generales establecidos en este mismo decreto. Adems indica que las autoridades territoriales competentes expedirn los correspondientes manuales de funciones y requisitos para cada empleo.

El artculo 23 de la ley 27 de 1992 que reproduce lo sealado en normas anteriores, asigna al Departamento Administrativo de la Funcin Pblica y a la ESAP la funcin de elaborar los estudios tendientes a facilitar a las entidades territoriales la adopcin del sistema de nomenclatura de empleos y las escalas de remuneracin de los mismos, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. Agrega este precepto que las entidades territoriales al adoptar su sistema de nomenclatura de empleos, tendrn en cuenta la necesidad de que dicha nomenclatura permita la identificacin tanto de los empleos incluidos en la carrera, como de aquellos que quedan por fuera, de acuerdo con esta ley y las normas concordantes.

 

Para el caso particular del Municipio de Santiago de Cali y actuando en concordancia con las disposiciones Constitucionales y legales antes mencionadas y dems normas que rigen la materia, a travs del Concejo Municipal han tenido que expedir los diferentes Acuerdos Municipales que establecen la nomenclatura y clasificacin de cargos y que fijan la escala salarial para los diferentes empleos de la administracin municipal, los cuales han tenido que ser modificados para adaptarlos a las diferentes normatividades cambiantes y como es lo normal y natural dentro de un Estado Social de Derecho.

 

Es as como el Acuerdo que rige actualmente es el resultado de la adecuacin a la normatividad y exigencias contenidas en la Ley 443 de 1998, que a su vez origin la modificacin de los diferentes Decretos del Alcalde municipal, al igual que los diferentes Manuales de Funciones debieron adaptarse a las exigencias de la misma ley. Actos estos que son de carcter general, impersonal y abstracto y que comprenden los diferentes niveles de cargos, denominacin, grados y cdigo, as como la remuneracin acorde a cada grado.

De todo lo anteriormente expuesto la Sala observa que la escala salarial se encuentra previamente establecida para cada empleo, de conformidad con lo ordenado por la Constitucin y la ley; que de ninguna manera se puede pretender como lo solicitan los actores, que la asignacin salarial se establezca respecto de ellos, teniendo en cuenta criterios subjetivos relacionados con sus mritos, su carga laboral, su antigedad, sus responsabilidades, su preparacin acadmica, etc., que en su decir seran los criterios objetivos que debera tener en cuenta la administracin municipal para asignar la escala salarial; puesto que como se seal la fijacin de la escala salarial obedece a la aplicacin de una serie de criterios tcnicos establecidos previamente en las normas legales, de tal manera que al momento de crear o fusionar los cargos, debe la administracin municipal proceder tcnica y objetivamente a establecer la nomenclatura, clasificacin y remuneracin de cada empleo o cargo, que comprende como se explic ampliamente: el nivel del cargo, su denominacin, clase, cdigo, grado y remuneracin.

 

Encontrndose previamente establecida la nomenclatura, clasificacin y remuneracin de cada empleo para cuya elaboracin se deben tener en cuenta factores y criterios objetivos, que en ningn momento pueden referirse a situaciones concretas, subjetivas o personales de quienes a futuro podran ocupar dichos cargos, dado que el diseo del sistema de estructura salarial por la administracin pblica es previo a la provisin de cada empleo o cargo; mal podran las demandadas expedir actos administrativos modificatorios para acomodarlos a las situaciones particulares y concretas del funcionario, sin que se incurriera en responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.

 

Resulta claro para esta Sala que, la asignacin salarial corresponde a cada grado asignado al respectivo cargo dentro de cada nivel, de tal manera que dentro de un mismo nivel existen varios grados de cargos correspondiendo a cada grado una remuneracin, que igualmente tiene que ver con las responsabilidades, funciones, requisitos del cargo, etc.

 

Los cargos o empleos no son creados en funcin de quienes los van a desempear, sino de acuerdo a las necesidades de la organizacin y a los objetivos y funciones que le sean asignadas por la Constitucin y la ley. Por lo tanto, son los aspirantes quienes deben acomodarse y cumplir con los requisitos y exigencias pre - establecidas para cada cargo o empleo. Al proveer un cargo sea o no de carrera se debe analizar por el organismo pertinente si las circunstancias particulares del seleccionado encajan dentro de las diferentes situaciones previstas para el cargo, debiendo al menos cumplir con el mnimo de exigencias, pues el aspirante puede incluso exceder los requisitos previstos para el cargo y no por ello la administracin debe entrar a ubicarlo en uno que se acomode a su perfil, pues se est convocando o nombrando para un cargo cierto y determinado y es el aspirante quien debe elegir si acepta o no el cargo ofertado o si decide inscribirse para concursar en el cargo para el cual se ha efectuado una convocatoria. Lo anterior, de acuerdo a si se est ante un cargo de libre nombramiento y remocin o de carrera.

Pretender como lo solicitan los actores que la asignacin salarial se asigne en consideracin a cada uno de ellos y a sus especiales condiciones y circunstancias, equivaldra a instar a la administracin pblica a infringir las normas constitucionales y legales, esto es, los artculos 313, 315 de la C.P., los especiales del Cdigo de Rgimen Poltico y Municipal y dems normas especiales y particulares expedidas por el Concejo Municipal y el alcalde.

 

Concluyendo se tiene, que el empleo o cargo junto con su asignacin salarial no se establece de acuerdo a la persona o individuo que lo va a desempear o con quien va a ser provisto, sino independientemente de ella y previamente a su provisin.

 

Realizado un anlisis objetivo de la materia en cuestin, es del caso entrar a analizar en concreto la manifestacin de los actores al expresar que se les vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas, infringiendo adems el principio constitucional consagrado en el artculo 53 segn el cual a trabajo igual corresponde un salario igual, en razn a que no se ha asignado una escala de remuneracin acorde a las condiciones personales de los actores debiendo corresponder a iguales o similares funciones un salario igual, independiente de la denominacin o grado del cargo y teniendo en cuenta slo el nivel del cargo.

 

Con relacin al derecho a la igualdad en sentencia T- 230 de 1994, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muoz, se indic:

 

B. El principio de la no discriminacin

 

(...)

5. Los elementos probatorios involucrados en la aplicacin del principio de igualdad han sido definidos de la siguiente manera. Cuando se trata de un problema de igualdad "en" la ley o discriminacin "de jure", el trmino de comparacin o "patrn de igualdad" debe ser aportado por el accionante. El anlisis de la desigualdad se concentra en la norma jurdica que introduce la desigualdad de trato y no en cuestiones de hecho. En los casos de igualdad por razn de la aplicacin de la ley, en cambio, corresponde al aplicador de la norma la justificacin del trato diferenciado.

 

()

4.1. Para que quien aplique el derecho justifique un trato diferenciado debe probar tres elementos: 1) emprico: que se trate de casos diferentes; 2) normativo: que exista un fin normativo que justifique racional y proporcionalmente la diferencia de trato y 3) valorativo: que la medida adoptada sea adecuada - razonable - a la luz de los principios y valores constitucionales.

En el presente caso, se observa que se justifica el trato diferenciado, toda vez que los actores no se encuentran en posicin de igualdad, o en idnticas circunstancias, pues si observamos, quienes estn en el mismo nivel y en el mismo grado devengan el mismo salario, de tal manera que no existe discriminacin o trato desigual entre iguales; el hecho de existir dentro de la escala salarial diferentes grados dentro de un mismo nivel ya hace que se est frente a casos diferentes (elemento emprico); existe un fin normativo al establecer los diferentes grados que como ampliamente se indic obedece a criterios y factores tcnicos y objetivos y que indican el nmero de orden con una asignacin mensual dentro de una escala progresiva, segn la complejidad y responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones, situacin que justifica racional y proporcionalmente la diferencia de trato (elemento normativo); y por ltimo, la medida adoptada resulta adecuada y razonable a la luz de los mandatos constitucionales y legales expuestos ampliamente en este numeral (elemento valorativo).

 

En conclusin, las normas que establecen las escalas salariales para las diferentes categoras de empleos del municipio no se apartan de la justicia y de la razn, no persiguen fines arbitrarios, caprichosos, despticos, pues, como se seal claramente se fijan previamente a la provisin de los cargos, existen y son independientes del individuo con el cual van a ser provistos. Tienen origen y fundamento constitucional como qued esbozado clara y ampliamente y adems, se aplican en igualdad de condiciones y circunstancias para todos los empleados, sin que pueda invocarse discriminacin alguna en su aplicacin. Tampoco se desprende una evidente o manifiesta contradiccin entre dicha normatividad y la constitucin que amerite acudir a la aplicacin del artculo 4 superior, segn el cual, ante la incompatibilidad entre una norma jurdica y la Constitucin deber aplicarse sta.

Por lo tanto, no existe vulneracin al derecho a la igualdad en la forma invocada por los actores, como tampoco al derecho al trabajo toda vez que no existe la correspondencia anunciada por los mismos pues no se ha demostrado que realmente desempeen funciones idnticas unos a otros como para que no les sea aplicable el sistema de remuneracin existente de acuerdo a la denominacin, grado y asignacin salarial correspondiente a cada empleo o cargo desempeado por cada actor. De existir real y efectivamente tal situacin, no es la accin de tutela el escenario judicial donde deban debatirse este tipo de controversias que son de orden legal y que ameritan un amplio debate probatorio ante la jurisdiccin competente de acuerdo a la naturaleza jurdica del servidor pblico.

 

A ms de los anterior, debe la Sala sealar que la accin de tutela resulta improcedente frente a actos de carcter general, impersonal y abstracto, como los que se pretenden cuestionar, frente a los cuales la misma ley consagra otro mecanismo de defensa judicial, pudiendo ser controvertidos en su legalidad ante la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo.

Es as como, el artculo 6o del Decreto 2591 de 1991 seala como causales de improcedencia de la accin de tutela: 1. La existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; medios que deben ser apreciados en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en las que se encuentre el solicitante; 2. Cuando se trate de actos de carcter general, impersonal y abstracto.

3. De la vulneracin de los derechos a la igualdad y al trabajo (primaca de la realidad sobre las formalidades) frente al encargo o a la asignacin de funciones de cargos superiores a aquellos para los cuales fueron nombrados.

 

I.- De los Movimientos del personal en servicio.-

 

De conformidad con las normas que rigen la administracin de personal al servicio del Estado, el movimiento del personal en servicio se puede hacer por: a) Traslado, b) Encargo y c) Ascenso. (Decreto 1950 de 1973).

 

a) Se produce el traslado: 1) Cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempea, de la misma categora y para el cual se exijan requisitos mnimos similares; y, 2) Cuando la administracin hace permutas entre empleados que desempeen cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categora y para los cuales se exijan requisitos mnimos similares para su desempeo.

 

Los traslados o permutas podrn hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con el lleno de los requisitos previstos en la ley. El traslado podr hacerse por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado y, podr hacerse tambin cuando sea solicitado por los funcionarios interesados y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio. El empleado trasladado no pierde los derechos de antiguedad, ni de carrera y cuando implique cambio de sede tendr derecho al reconocimiento y pago de los gastos que demande el traslado conforme a la ley y los reglamentos.

 

b) Hay encargo cuando se designa temporalmente a un funcionario para asumir total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular desvinculndose o no de las propias de su cargo. El empleado encargado tendr derecho al sueldo de ingreso sealado para el empleo que desempea temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antiguedad en el empleo de que es titular ni afecta la situacin del funcionario de carrera.

 

c) El ascenso es la promocin dentro de la carrera administrativa segn la cual los empleados de carrera administrativa escalafonados gozan de prelacin respecto de los otros servidores pblicos y de las personas ajenas al servicio civil para ser ascendidos a los empleos vacantes de la categora inmediatamente superior. Los ascensos se determinan mediante concursos, tomando en consideracin la antiguedad, las calidades especiales, las calificaciones de servicio y dems condiciones que fijen los reglamentos de la carrera. El ascenso es procedente para proveer empleos de la misma serie o de series afines o complementarias, o empleos del mismo cuadro ocupacional en las carreras especiales. No requiere perodo de prueba.

 

II.- De la Asignacin de Funciones.-

 

Considera la Sala del caso, llamar la atencin sobre la forma impropia como usualmente dentro de la administracin pblica se asignan funciones de un cargo, a travs del mecanismo denominado asignacin de funciones mecanismo o instituto que no existe jurdicamente como entidad jurdica autnoma dentro de las normas que rigen la administracin del personal civil al servicio del Estado.

 

De donde proviene dicho uso?. Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano (como en el comn de la gente se dira) por parte de la administracin pblica, de la ltima funcin que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al sealar que el empleado cumplir, adems de las expresamente sealadas: Las dems funciones que se le asignen por el jefe inmediato.

 

Se considera del caso precisar, que dicha funcin de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones propias del cargo que se desempea por el funcionario a quien se asignan. No es procedente su descontextualizacin, de tal manera que el jefe inmediato s puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido nombrado.

 

No es procedente utilizar esta funcin para asignar todas y cada una de las funciones correspondientes a otro cargo diferente al que se desempea por el funcionario, pues, esto equivale a asignar un cargo por su denominacin especfica, bajo el ropaje de la asignacin de funciones que como se dijo no es una figura jurdica autnoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia cuando para ello existe en la normatividad la figura jurdica del encargo.

 

En el caso concreto, sealan los actores que a algunos de ellos se les ha designado en encargo para desempear cargos de superior jerarqua sin recibir la remuneracin de ste y que a otros, se les han asignado funciones de cargos de mayor jerarqua sin devengar el salario correspondiente a dicho cargo.

 

Los demandados en algunos eventos manifestaron que respecto de las personas que haban designado en encargo s se les haba cancelado el salario correspondiente, pues en el acto administrativo que confera el encargo se haba sealado claramente que este tena efectos fiscales, esto es, se otorgaba con la remuneracin correspondiente al cargo a desempear. En relacin con el evento relacionado con la asignacin de funciones nada expresaron.

 

En este sentido la Sala seala que en cualquiera de los dos (2) eventos, sea que el funcionario se encuentre ejerciendo otro cargo diferente a aquel para el cual ha sido nombrado, sea por encargo o por asignacin de funciones, sin recibir la remuneracin correspondiente y que al decir de los actores, con ello se vulnera el principio de consagracin constitucional definido por el artculo 53 de la C.P., como primaca de la realidad sobre la formalidad establecida por los sujetos de la relacin laboral, es un asunto que amerita una discusin y controversia de carcter legal y que como en el numeral anterior se seal, amerita un amplio debate probatorio ante la jurisdiccin competente segn la naturaleza del servidor pblico que se encuentre en dicha situacin. Por ende, no resulta procedente que el juez constitucional entre a analizar o debatir el asunto, por no tratarse de un derecho claro, concreto, cierto e indiscutible que vulnere o amenace con vulnerar algn derecho fundamental.

 

Al efecto en Sentencia T-047 de 2002 M. P., Dr. Alvaro Tafur Galvis, al resolver una accin de tutela por los mismos hechos y contra los mismos demandados, se seal:

 

Efectivamente, en la Sentencia T-355 de 1999 la Corte, en una clara reivindicacin de la competencia de la jurisdiccin ordinaria, confirm el fallo que deneg el respectivo amparo de tutela a los actores que alegaban el desempeo de funciones de empleos superiores a los cuales se encontraban vinculados en la empresa (EMCALI), sin obtener el pago del salario asignado para los mismos, por los motivos que quedaron consignados en los siguientes prrafos de esa providencia:

 

Por lo dems, si se compara la versin de los hechos aducida por los actores con la informada por EMCALI al Juez Trece Penal del Circuito de Cali, resulta claro que difieren de manera casi diametral; ahora bien: en este caso no corresponda a los falladores de instancia, ni procede en sede de revisin, entrar a valorar los medios de prueba que respaldan las versiones encontradas, porque los actores cuentan con la va ordinaria laboral para la defensa judicial de todos los derechos cuyo restablecimiento solicitaron al juez de tutela, y a ninguno de ellos se le est ocasionando un perjuicio irremediable que se pueda hacer cesar con la orden de amparo. (subraya la Sala)

 

Efectivamente, las versiones encontradas de los accionantes y la empresa demandada plantean una situacin procesal en la que, para establecer qu partes de ellas corresponden a la verdad sobre los hechos, procede dar curso a la contradiccin de las piezas de convencimiento aportadas, y ordenar la prctica de otras. Tales labores se deben adelantar en el marco de un proceso ordinario, porque slo de manera excepcional ha aceptado la Corte Constitucional que la tutela desplace a la va ordinaria en la reclamacin de obligaciones de dar que tienen origen en relaciones laborales.

 

Efectivamente, no se trata en este caso de la proteccin especial que se debe a la madre durante la gestacin, el parto y la lactancia, ni de la que tambin se debe a las personas de la tercera edad y a los nios, ni existe una discriminacin claramente establecida que deba hacerse cesar de inmediato - caso de la tutela otorgada en la sentencia T-707/98-, ni se afect el sustento mnimo vital de los demandantes, ni hay otro perjuicio irremediable que deba interrumpirse o evitarse y, en consecuencia, esta Sala confirmar lo decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali.

 

As mismo, en la Sentencia T-1156 de 2000, frente a un grupo de trabajadores que sostenan la misma denuncia, la Corte rechaz por improcedente la accin de tutela e indic:

 

2. En reiteradas oportunidades[1], esta Corporacin ha sealado que la accin de tutela no procede para resolver controversias jurdicas que surgen del exacto cumplimiento del contrato laboral, pues aquellos conflictos de rango legal deben ser resueltos en la jurisdiccin ordinaria competente y no en la jurisdiccin constitucional. As pues, slo si existe compromiso de derechos fundamentales que evidencian la vulneracin o amenaza del mnimo vital de una persona, la accin de tutela desplaza el mecanismo judicial ordinario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En sntesis, por regla general, las discusiones derivadas del cumplimiento del contrato laboral no pueden ordenarse por el juez constitucional, pues la jurisdiccin competente es la laboral o la contencioso administrativa.

 

(...)

3. En este orden de ideas, la Sala no entrar estudiar si los trabajadores desempeaban funciones diferentes a las inicialmente contratadas en la relacin laboral y si tenan derecho a una mayor remuneracin, pues esa valoracin fctica y jurdica corresponde a la jurisdiccin ordinaria y no al juez de tutela. Finalmente, la Sala considera que esa situacin tambin poda analizarse por el comit de escalafn, de acuerdo con la convencin colectiva de la empresa, quien prev el concurso interno como mecanismo idneo para autorizar los ascensos. Subraya la Sala-

 

En los anteriores casos, la Corte ha mostrado un profundo respeto por la jurisdiccin ordinaria, por lo tanto, no ha entrado a realizar una valoracin fctica y jurdica de la situacin expuesta a fin de establecer los alcances y trminos del denominado contrato realidad.

 

As las cosas se considera que la accin de tutela resulta improcedente para debatir asuntos o situaciones laborales de rango legal, que no se refieren a derechos ciertos e indiscutibles, sino que por el contrario tienen que ver con derechos en discusin, para los cuales existe un medio de defensa judicial idneo y eficaz como lo es la Jurisdiccin Ordinaria Laboral o la Contencioso Administrativo, segn la naturaleza del servidor pblico que considere vulnerados sus derechos por tal situacin.

 

Por ltimo, esta Sala considera que tampoco es pertinente entrar a analizar la presunta vulneracin al derecho a la igualdad invocada por los actores, en primer lugar por cuanto los actores no sealan cual es el parmetro de igualdad para considerar que se encuentran en situacin de igualdad, que no justifique razonable y proporcionalmente un trato diferenciado y en segundo lugar, por cuanto no se trata de derechos ciertos e indiscutibles no siendo este mecanismo el adecuado para debatir, controvertir y probar el asunto a fin de obtener la aplicacin de las normas sustanciales. Finalmente y an en el caso de que se hubiese sealado y demostrado dicho parmetro de igualdad tampoco sera del caso entrar a analizarlo por no estar frente a derechos laborales ciertos e indiscutibles, elemento sine qua non para la procedencia de la accin de tutela, dado su carcter subsidiario, breve y sumario.

4. De la vulneracin de los derechos a la igualdad y al trabajo frente a la asignacin de prima tcnica.

 

El Decreto Ley 1661 de 1991 y su reglamentario 2164 de 1991 definen la Prima Tcnica como el reconocimiento econmico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeo de cargos cuyas funciones demande la aplicacin de conocimientos tcnicos o cientficos especializados o la realizacin de labores de direccin o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades especficas de cada Organismo.

 

Tienen derecho a gozar de este estmulo los funcionarios o empleados de la rama ejecutiva del poder pblico del nivel nacional y de las entidades territoriales.

 

La prima tcnica se puede otorgar teniendo en cuenta los siguientes criterios alternativos:

 

a. Ttulo de estudios de formacin avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional durante el trmino de tres (3) aos: (Requisitos que deben exceder a los establecidos para el respectivo cargo). Con base en este requisito se puede otorgar a quienes desempeen cargos en propiedad y en los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional.

 

b. Terminacin de estudios de formacin avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional durante el trmino de seis (6) aos: (Requisitos que deben exceder a los establecidos para el respectivo cargo). Con base en este requisito se puede otorgar a quienes desempeen cargos en propiedad y en los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional.

 

La prima tcnica otorgada bajo alguno de los dos (2) criterios anteriores constituye factor salarial.

 

c. Evaluacin del desempeo: Con base en este criterio puede asignarse a funcionarios de todos los niveles que desempeen cargos en propiedad y que hayan obtenido una calificacin de servicios con un porcentaje equivalente al 90% como mnimo del total de puntos de cada una de las calificaciones realizadas en el ao inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento. Se perder cuando cesen los motivos por los cuales se asign o se obtenga calificacin inferior al 90%.

 

La prima otorgada bajo el criterio anterior no constituye factor salarial.

Adems, se establece que en ningn caso podr un funcionario disfrutar de ms de una Prima Tcnica, esto es, que no podr ser beneficiario simultneamente de la Prima en razn a estudios y experiencia y, adems en razn a la evaluacin del desempeo. Puesto que las dos (2) se excluyen entre s.

 

Mediante Decreto 1724 de 1997 el Gobierno restringi la Prima Tcnica permitindola en los niveles directivo, asesor y ejecutivo nicamente. Por lo tanto, mal podra asignarse en adelante a funcionarios de los dems niveles, conservndola slo los funcionarios de los dems niveles que la vinieran disfrutando con anterioridad a su expedicin.

Para la asignacin de la Prima Tcnica se requiere:

 

a) Solicitud del funcionario acreditando el cumplimiento de los requisitos;

b) Verificacin de los requisitos por parte del jefe de personal o quien haga sus veces;

c) Resolucin motivada del jefe del Organismo mediante la cual se asigne y reconozca la prima tcnica.

 

Como se puede observar la asignacin y reconocimiento de la prima tcnica no opera en forma automtica, por lo tanto, no es dable a la administracin municipal asignarla en forma oficiosa, requirindose de la peticin del funcionario interesado, con la acreditacin de los requisitos y resolucin del jefe del organismo mediante la cual se reconoce. Hechos estos que no se encuentran demostrados dentro del expediente respecto de los actores, razn por la cual no se est frente a derechos ciertos e indiscutibles, no procediendo por tanto, la accin de tutela para su reconocimiento.

 

De considerarlo los actores, estn en libertad de acudir a la Jurisdiccin competente para demostrar que habiendo hecho la solicitud y acreditado los requisitos de ley, dndose las condiciones y presupuestos normativos, se les ha negado el reconocimiento de su derecho, situaciones que no se encuentran acreditadas en el presente caso por ninguno de los actores y que en todo caso, as estuviesen demostrados estos hechos dentro de la presente accin, tampoco es este el mecanismo legal adecuado para obtener su reconocimiento, liquidacin y pago. Pues, como se viene sealando no es la accin de tutela el mecanismo idneo para obtener el reconocimiento y pago de acreencias laborales, mxime cuando se requiere de un debate probatorio ante la instancia correspondiente.

 

As mismo, comoquiera que se seala por los actores que existen casos en que se ha reconocido y pagado la prima tcnica a funcionarios que se encuentran en provisionalidad y sin el cumplimiento de requisitos, se ordenar correr traslado a las autoridades competentes para que investiguen las presuntas irregularidades.

 

Si la administracin municipal ha otorgado primas tcnicas contrariando la normatividad vigente y aplicable sobre la materia, no es este argumento vlido para pretender tener el derecho a gozar de dicha prerrogativa, haciendo extensiva la presunta irregularidad a los dems funcionarios, pues al parecer lo que se persigue con esta solicitud es obviar el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales.

 

En cuanto a la presunta vulneracin a los derechos a la igualdad y al trabajo invocada por los actores, esta Sala considera que mal podran resultar vulnerados estos derechos cuando para obtener el reconocimiento y pago de dicho emolumento, es necesario, solicitarlo y acreditar previa e individualmente por parte de cada funcionario que crea tener el derecho, las exigencias y presupuestos legales, debiendo posteriormente la administracin verificar el cabal cumplimiento de requisitos respecto de cada solicitante, que por tanto, hace que cada situacin sea diferente y merezca un trato particular y diferente, segn que se cumplan o no los requisitos de ley.

 

En este sentido se pronunci esta Corporacin en sentencia T 047 de 2002 M. P., Dr. Alvaro Tafur Galvis:

 

As las cosas, frente a la prestacin referida, adems de las restricciones para su acceso con posterioridad al decreto que la estableci, existen requisitos de diferente ndole -entre ellos el certificado de disponibilidad presupuestal que fuera avalado por esta Corte en la sentencia C-018 de 1996- que deben ser verificados para el reconocimiento y pago de la misma. Estas condiciones de acceso a la prestacin no se constataron de manera alguna al momento de ordenar su pago por el juez de tutela de segunda instancia del proceso de sujeto a revisin, por lo que se observa un exceso en el ejercicio de sus atribuciones, ya que no existe un ttulo cierto en relacin con las obligaciones reclamadas por los accionantes y no obstante esto, dicho funcionario procedi a reconocerlas y ordenar su cancelacin, en contra de lo expresado por la jurisprudencia de esta Corporacin de manera insistente:

 

Aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el ttulo que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. De all se desprende que las tutelas incoadas con el propsito de obtener, ms que pagos de sumas adeudadas por obligaciones claramente definidas, la liquidacin o reliquidacin de prestaciones son del todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto, al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus propias competencias.[2] (Subraya la Sala).

 

Adems, independientemente de que la prima tcnica constituya un factor salarial en el sentido amplio del concepto, la procedencia de la tutela para su cancelacin se ha condicionado por la jurisprudencia de esta Corte a la evidencia sobre la vulneracin del mnimo vital de los actores en los siguientes trminos:

 

No es dable al juez constitucional proteger un derecho bajo un enunciado de ser posible su amparo por va de la accin de tutela despreocupndose de entrar a analizar cada concepto en particular y si para el caso concreto se dan o n, se demuestran o n los dems presupuestos que hagan procedente el amparo. En los casos de los expedientes acumulados para efectos del presente fallo, se observa que no existe prueba alguna que nos lleve al convencimiento de que el no pago de la prima tcnica por las entidades demandadas afecten realmente el mnimo vital de sus actores, por lo tanto, no puede prosperar la accin para la proteccin de este derecho por no estar demostrada la vulneracin del derecho fundamental al mnimo vital de los accionantes.[3] (Subraya la Sala)

 

As, pues, se advierte que no existe ninguna circunstancia excepcional que justifique el uso del mecanismo de tutela para la cancelacin de las prestaciones laborales reclamadas, en tanto se trata de derechos litigiosos respecto de los cuales ninguna decisin puede adoptarse por el juez constitucional conforme a la jurisprudencia de esta Corte, teniendo en cuenta el necesario debate probatorio para adoptar una decisin al respecto, el cual, no puede realizarse en sta sede y por la naturaleza legal de las pretensiones.

 

Adicionalmente, la Corte ha expresado que el no pago de las prestaciones complementarias al salario o su falta de reconocimiento no conduce a la vulneracin del mnimo vital de los accionantes y su reclamacin debe llevarse a cabo mediante los mecanismos ordinarios. En este sentido la jurisprudencia ha sido enftica en sostener que [l]a accin de tutela en el campo de obligaciones laborales no procede para el reconocimiento de prestaciones extralegales o derechos diferentes al pago oportuno de salarios ciertos e indiscutibles .[4] (Subraya no original)

 

5. De la vulneracin de los derechos a la igualdad y al trabajo (salario mvil) frente al incremento salarial. Reiteracin de jurisprudencia.

 

En este sentido la Corte se ha pronunciado para expresar que el incremento salarial no procede por va de tutela, lo cual es aplicable igualmente a las entidades territoriales. En efecto, en la sentencia SU.1052 de 2000, se resolvi denegar las acciones de tutela presentadas, por los mismos hechos y pretensiones contenidas en el presente asunto. En el mencionado fallo, se explicaron las razones por las cuales la accin de tutela era un mecanismo improcedente para controvertir la determinacin gubernamental de no aumentar los emolumentos salariales y pensinales de los servidores pblicos. En dicha oportunidad afirm la Sala Plena de esta Corporacin:

 

al juez constitucional no le corresponde interferir, por va de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitucin Poltica a otras autoridades estatales, aunque si podra, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propsito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisin general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos.

 

(...)

En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crdito Pblico y lo ha sostenido esta Corporacin, compete al Gobierno presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armona con su poltica econmica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificacin con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores pblicos, porque, de hacerlo, se inmiscuira por va de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando as la competencia constitucional conferida en el artculo 86 de la Constitucin Poltica y deber responder por extralimitacin de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artculo 6 del mismo ordenamiento.

 

Esta mencin del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la funcin pblica, esta Corporacin no podra crear la obligacin a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores pblicos en un monto determinado y para una vigencia especfica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque adems de transgredir los artculos 6 y 86 de la Constitucin Poltica, como qued explicado, quebrantara los artculos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como tambin el artculo 71 del Estatuto Orgnico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligacin ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. As mismo, no debe olvidarse que el artculo 136 del Cdigo Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en el presupuesto al igual que invertir las incluidas en ste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la accin de tutela como por el principio de legalidad del gasto pblico, el juez constitucional no puede por va de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.

 

(...)

De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la accin de tutela, tal como qued expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno en materia de gasto pblico, en razn a que la poltica fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgnica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporacin, pero en ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideracin de sta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los nmeros 2780, 2804, 2922 y 3051.

 

Igualmente, tampoco la accin de tutela es el procedimiento idneo para controvertir la constitucionalidad del artculo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposicin, al igual que las anteriores, debe demandarse ante sta Corte en ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad.

 

(...)

Por consiguiente, la Corte estima que en el presente asunto la tutela no puede concederse como mecanismo transitorio, en razn a que deben ser las instancias correspondientes las que decidan si los actos generales que se controvierten, vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo de los servidores pblicos; y, como ha quedado expuesto, ninguno de los accionantes adujo ni prob un perjuicio irremediable que amerite la proteccin transitoria.

 

As mismo, los actores pretenden que por va tutela se de cumplimiento a un fallo de tutela contenido en la Sentencia T-1433 de 2000, no siendo tampoco una nueva accin de tutela el mecanismo legal procedente para lograr que la administracin incremente el salario de los actores de acuerdo a dicha sentencia.

 

Debe recordarse que la accin de tutela de conformidad con lo dispuesto por el artculo 36 del Decreto 2591 de 1991 solo surte efectos frente al caso concreto, esto es que sus efectos son inter-partes, de tal manera que slo pueden beneficiar a aquellos respecto de los cuales se concede, pudiendo acudir al desacato para su cumplimiento. Por lo tanto, resulta tambin improcedente la accin de tutela en relacin con esta pretensin.

 

6. De la vulneracin de los derechos al debido proceso y a la concertacin sindical frente a la supresin de prestaciones extralegales.

 

La Constitucin Poltica en su artculo 150 numeral 19 literales e) y f) establece que, corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejerce las funciones asignadas, entre estas, fijar el rgimen prestacional de los empleados pblicos y regular el rgimen de prestaciones sociales mnimas de los trabajadores oficiales siendo indelegable esta funcin y por tanto, no puede arrogrsela las Corporaciones pblicas territoriales.

 

As mismo, el artculo 12 de la Ley 4 de 1992 establece que el rgimen prestacional de los servidores pblicos de las entidades territoriales ser fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley. En consecuencia no podrn las Corporaciones Pblicas Territoriales arrogarse esta facultad.

 

Por ende, resulta claro para esta Sala que la fijacin y regulacin de las prestaciones de los servidores pblicos en todos los niveles se reserva a la ley, no pudiendo las entidades territoriales regular esta materia.

 

Manifiestan los actores que con la supresin de algunas prestaciones extralegales que venan percibiendo los empleados pblicos, se les han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la concertacin sindical y que por tanto, solicitan se ordene el pago de estos mientras la Jurisdiccin Contencioso Administrativo decide el asunto.

 

Acorde a lo antes expuesto, esta Sala considera que no es entendible la referencia que hacen los actores a la existencia de una serie de prestaciones extralegales a favor de los empleados pblicos, cuando, como se seal stas deben ser establecidas previamente en la ley y de ninguna manera por las Corporaciones territoriales, mucho menos por el alcalde municipal y menos an objeto de concertacin sindical, que en caso de darse slo podran beneficiar a los trabajadores oficiales.

Sobre el particular no es muy clara la situacin planteada por los actores, considerando por tanto que no se tienen los elementos de juicio suficientes para un pronunciamiento certero y de fondo sobre el asunto, dado que, no se conoce a ciencia cierta si:

 

1) Se trata de prestaciones que el municipio motu propio y en forma discrecional ha creado mediante actos administrativos de carcter general; o.

 

2) Si se trata de prestaciones que se han originado en acuerdos sindicales respecto de empleados pblicos, de trabajadores oficiales o de ambos y que posteriormente se han adoptado mediante actos administrativos de carcter general.

 

En cualquiera de los dos (2) eventos tanto los actos administrativos que contemplaban las prestaciones extralegales, como aquel que las suprimi son actos de carcter general, impersonal y abstracto respecto de los cuales los actores tienen otro mecanismo de defensa judicial para controvertir su legalidad, mxime cuando estos se encuentran amparados por la presuncin de legalidad. (artculo 6 Decreto 2591/91).

 

Por lo tanto, respecto de estos existe otro mecanismo de defensa judicial al cual pueden acudir los actores que an no lo han hecho y los que ya lo hicieron deben esperar la decisin judicial respectiva.

 

No procede la accin de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en la forma solicitada por los actores, dado que segn el artculo 1o del Decreto 306 de 1992 no se considera que el perjuicio tenga el carcter de irremediable, cuando el interesado puede acudir a la autoridad judicial competente para solicitar que se disponga el restablecimiento o proteccin del derecho la orden oportuna de actuar o de abstenerse de hacerlo, acudiendo a la utilizacin del mecanismo legal de la suspensin provisional.

 

Finalmente, se seala que esta Sala ha analizado uno a uno los derechos invocados por los actores frente a cada situacin fctica planteada por los mismos, con el nico propsito de dar claridad y dejar sentada una vez ms la necesidad de reivindicar la competencia del juez natural (Jurisdiccin Ordinaria Laboral y Contencioso Administrativa) frente a la discusin y controversia de los derechos laborales de los trabajadores pblicos y privados que no tienen las caractersticas de ciertos e indiscutibles requisitos sine qua non para que proceda la accin de tutela, debiendo someterse al debate probatorio y de legalidad propio de las instancias judiciales ordinarias y que en ninguna forma pueden ser sometidos al juez constitucional, dado que la accin de tutela es un mecanismo consagrado constitucionalmente como de carcter subsidiario que se rige por un procedimiento breve y sumario.

7. Del principio de la Inmediatez de la accin de tutela. - Improcedencia como mecanismo adicional o sustituto.

 

As mismo se considera por esta Sala que algunos de los hechos en que se fundamenta la presente accin, sucedieron desde hace ms de dos (2) aos e incluso contempla situaciones de empleados ya retirados del servicio frente a los cuales de existir la pretendida vulneracin a sus derechos estos se habran consumados haciendo improcedente la accin de tutela. Como se ha dicho por esta Corporacin en reiteradas ocasiones la accin de tutela no tiene trmino de caducidad para su ejercicio, pero, tambin se ha manifestado que esta debe ser presentada dentro de un trmino razonable que permita al juez de tutela valorar la oportunidad y procedencia de la proteccin solicitada ante la vulneracin de derechos fundamentales.

 

Esta Corporacin en Sentencia C-543 de 1992, declar inexequible el artculo 11 del Decreto 2591 de 1991 que estableca un trmino de caducidad para ejercer la accin de tutela respecto de sentencias y providencias judiciales por considerar que la accin de tutela puede interponerse en cualquier tiempo. No obstante, la Corte ha sealado que la presentacin de la accin de tutela debe realizarse dentro de un trmino razonable que permita la proteccin inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artculo 86 de la C. P., pudiendo resultar improcedente la accin por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio, haciendo que este mecanismo no sea ya el ms expedito para proteger los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la accin u omisin de la autoridad pblica.

 

Al respecto ha dicho esta Corte en Sentencia SU.961 de 1999, M. P. Dr.: Vladimiro Naranjo Mesa, lo siguiente:

 

"5. Alcances del Artculo 86 de la Constitucin en cuanto al trmino para interponer la tutela.

(...)

Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un trmino de caducidad no puede significar que la accin de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo est determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez est encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

 

Si bien el trmino para interponer la accin de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez est en la obligacin de verificar cundo sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la accin.

 

En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la accin de tutela se caracteriza por su inmediatez:

 

La Corte ha sealado que dos de las caractersticas esenciales de esta figura en el ordenamiento jurdico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la segunda, puesto que la accin de tutela ha sido instituida como remedio de aplicacin urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violacin o amenaza.[5] Luego no es propio de la accin de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijacin de los diversos mbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propsito especfico de su consagracin, expresamente definido en el artculo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona proteccin efectiva, actual y supletoria en orden garanta de sus derechos constitucionales fundamentales.

 

()

La accin de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el ltimo recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, segn la Constitucin, es la de nico medio de proteccin, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacos que pudiera ofrecer el sistema jurdico para otorgar a las personas una plena proteccin de sus derechos esenciales.

 

Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, ms an, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trmite ya surtido una accin de tutela, pues al tenor del artculo 86 de la Constitucin, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de proteccin, an sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratndose de instrumentos dirigidos a la preservacin de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orgenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careci de medios de defensa si goz de la oportunidad de un proceso y menos todava si tom parte en l hasta su conclusin y ejerci los recursos de que dispona. Pero, claro est, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnacin del fallo que le otorgaba el sistema jurdico en obedecimiento a claros principios constitucionales (artculos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposicin, tampoco puede acudir a la institucin de la tutela como ltima tabla de salvacin de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirta el carcter subsidiario de la accin.

 

()

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando stas proveen una proteccin eficaz, impide que se conceda la accin de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta ltima accin durante un trmino prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, tambin es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), segn el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, mxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisin".

 

En el presente caso, se observa que los hechos a los que aluden los actores tuvieron su ocurrencia en algunos eventos y segn dan cuenta los hechos desde el momento mismo de la vinculacin de los actores, en otros en la fecha en que se suprimieron las prestaciones extralegales (1999), en otros desde 1989 en que se asignaron funciones a unos de ellos y con posterioridad en diferentes aos hasta la actualidad, en otros eventos nos encontramos frente a personal ya retirado del servicio, habiendo transcurrido como se puede observar ms de dos (2) aos para la fecha en que se presentaron las acciones de tutela, no dndose el presupuesto de la inmediatez que debe acompaar su ejercicio a fin de lograr su proteccin inmediata, pues an en el evento de haber resultado vulnerados los derechos invocados para el momento en que se hizo uso de la accin de tutela ya se habra consumado. Situacin que por dems la hace improcedente.

 

En efecto, el artculo 6 numeral 4 del Decreto 2591 de 1991 seala como una de las causales de improcedencia de la accin de tutela: 4. Cuando sea evidente que la violacin del derecho origin un dao consumado, salvo cuando contine las accin u omisin violatoria del derecho.

 

De otra parte, como se menciona en los hechos, algunos de los actores acudieron a los medios ordinarios de defensa, presentando las acciones pertinentes ante la Jurisdiccin Contencioso Administrativa segn da cuenta el expediente respecto de las prestaciones extralegales para las cuales solicitaron su proteccin como mecanismo transitorio, que an estn en curso. Por lo tanto, habiendo ya acudido a dicha instancia o en el evento de quienes no lo han hecho, mal pueden acudir a la accin de tutela como un mecanismo adicional, alternativo o sustituto haciendo improcedente la tutela, como se seal en los apartes de la sentencia antes transcrita. Ahora, mal hara esta Corporacin en entrometerse en procesos que estn en curso y en espera de una decisin.

 

No existiendo vulneracin a los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la concertacin sindical invocados por los actores, no procede el amparo por considerar que no existe derecho que amerite la proteccin por va de tutela, por tanto, debe la Sala proceder a confirmar el fallo de segunda instancia por sta y las dems consideraciones anteriormente expuestas.

 

 

IV. DECISIN

 

En mrito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisin de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin,

 

RESUELVE

 

Primero.- CONFIRMAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Santiago de Cali, mediante el cual se declar improcedente la accin de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

Segundo.- ORDENAR que por la Secretara General de esta Corporacin se compulsen copias a la Contralora General de la Repblica y a la Procuradura General de la Nacin, a fin de que acorde a las competencias propias de cada Organismo se investiguen las actuaciones de las entidades demandadas de acuerdo a los hechos denunciados por los actores y relacionados con el otorgamiento de Primas Tcnicas a los funcionarios del municipio, para lo cual deber remitrseles copia del presente fallo.

 

Tercero.- Por Secretara, lbrese la comunicacin prevista en el artculo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifquese, comunquese, publquese e insrtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cmplase.

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA

Magistrado

 

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 

 

 

 

[1] Al respecto, pueden verse las sentencias T-01 de 1997, T-207 de 1997, T-223 de 1997, T-616 de 1998, T-193 de 1997 y SU-995 de 1999.

[2] T-001 de 1997

[3] T-1599 de 2000.

[4] T-106 de 2001.

[5] Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisin. Sentencia N T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992)