Sentencia C-753 de 2013 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública

Sentencia C-753 de 2013 Corte Constitucional

Fecha de Expedición: 30 de octubre de 2013

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

PROCESO DE PAZ
- Subtema: Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto

La Corte Constitucional considera que los programas administrativos de reparaciones deben contar siempre con los recursos presupuestales suficientes para garantizar a las víctimas sus derechos, asegurando la realización de todos los componentes de la reparación y en particular la indemnización administrativa, por tanto, declara EXEQUIBLES los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 77 del Decreto 4634 de 2011 y el artículo 80 del Decreto 4635 de 2011

PROCESO DE PAZ

C-753-13 Sentencia C-753/13

Sentencia C-753/13

(30 de octubre)

 

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL EN REPARACION A VICTIMAS-Exequibilidad de los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011, el artculo 77 del Decreto 4634 de 2011 y el artculo 80 del Decreto 4635 de 2011

 

Los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011 y 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 son exequibles porque no suponen una restriccin del derecho a la reparacin integral y en particular a la indemnizacin administrativa atendiendo al criterio de sostenibilidad fiscal. En efecto, el derecho a la reparacin de las vctimas es fundamental y no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad fiscal ya que se ha considerado que este es solo un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado. Bajo la misma lgica, la estabilidad fiscal tampoco se constituye en un criterio que pueda limitar o socavar los derechos fundamentales. El artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011 es exequible siempre que se entienda que las autoridades se encuentran en el deber de garantizar los recursos para indemnizar de manera adecuada y proporcional a las vctimas.

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, especficas, pertinentes y suficientes

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL EN REPARACION A LAS VICTIMAS PARA GARANTIZAR VIABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD AL NUMERO DE VICTIMAS Y A LA MAGNITUD DEL DAO SUFRIDO POR ELLAS-Marco normativo

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Contenido normativo

 

CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL-Instrumento para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho

 

ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011-Inclusin de la figura de incidente de impacto fiscal/INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL-Caractersticas

 

ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011-Prohibicin de limitacin de derechos fundamentales

 

ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011-Gasto social es prioritario

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Concepto

 

Capacidad de un gobierno de hacer frente a sus obligaciones de pago y de mantener la estabilidad macroeconmica. Especficamente, se ha sealado que este criterio tiene como fin disciplinar las finanzas pblicas para reducir el dficit fiscal limitando la diferencia entre los ingresos nacionales y el gasto pblico.

 

ALCANCE DE SOSTENIBILIDAD FISCAL-Jurisprudencia constitucional

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL COMO CRITERIO ORIENTADOR-Jurisprudencia constitucional

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-No es un principio constitucional sino una herramienta para la consecucin de los fines del Estado Social y Democrtico de Derecho

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Es por mandato superior, un criterio orientador que carece de la jerarqua propia de los principios fundamentales del Estado Social y Democrtico de Derecho

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Debe ser compatible con la vigencia y goce efectivo de los derechos fundamentales

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Se interpreta conforme al principio de progresividad y a la naturaleza indivisible e interdependiente de derechos

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES-Concepto/PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD-Alcance

 

De acuerdo con la jurisprudencia, el citado principio consiste en la obligacin del Estado de garantizar los derechos sociales, y en general todos los derechos constitucionales en su faceta prestacional, aumentando de manera gradual y constante su cobertura. Asimismo, supone una prohibicin de regresividad o retroceso de cualquier ndole a menos de que a travs de un juicio estricto de proporcionalidad, se demuestre que la medida regresiva resulta imprescindible para cumplir con un fin constitucionalmente imperioso. En este sentido, se ha destacado que el alcance del principio de progresividad se reduce, as entendido, al imperativo de aumentar el mbito de proteccin de los derechos sociales, por lo que no puede servir de base para relevar al Estado de la obligacin de adoptar medidas inmediatas para la proteccin del derecho, evitar que se impongan discriminaciones injustificadas para su goce efectivo, ni tampoco, como se explicar ms adelante, negar el carcter interdependiente e indivisible de los derechos.

 

REPARACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Alcance

 

REPARACION A LAS VICTIMAS-Constitucin Poltica/REPARACION A LAS VICTIMAS-Instrumentos internacionales

 

DEFINICION DEL DERECHO A LA REPARACION-Jurisprudencia constitucional/ALCANCE DEL DERECHO A LA REPARACION-Jurisprudencia constitucional/DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Derechos fundamentales/DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-No absolutos

 

En el marco del conflicto armado, el derecho a la reparacin, que puede ser individual o colectivo dependiendo del sujeto victimizado, se otorga a quienes han sufrido un dao resultante de una conducta antijurdica que no se encontraban en el deber de soportar. De esta manera se reconoce el dao sufrido por las vctimas de graves y masivas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, el cual debe ser resarcido a travs de medidas de justicia distributiva y restaurativa, encaminadas a restituir a la vctima a la situacin anterior a la vulneracin de sus derechos. En caso de no ser posible la restitutio in integrum, sern necesarias estrategias orientadas a compensar la prdida material tanto por dao emergente como por lucro cesante- y moral de acuerdo con el principio de equidad, a travs de la indemnizacin. Adicionalmente, hacen parte de la reparacin, la rehabilitacin referida a la recuperacin fsica o mental de las personas afectadas con la conducta ilcita y violatoria de los derechos humanos; la satisfaccin que supone el reconocimiento pblico del crimen cometido y el reproche de tal actuacin para restablecer la dignidad de las vctimas y reivindicar la memoria histrica; las garantas de no repeticin que representan las acciones tendientes a hacer cesar las violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. As, aunque difcilmente es posible la restitucin plena e integral de los derechos de las vctimas, la reparacin busca restaurar su dignidad reprochando pblicamente las conductas que las afectaron, por lo cual se relaciona ntimamente con la verdad y la justicia, los otros componentes de la justicia transicional. De un lado, la Corte ha considerado que el derecho a la reparacin se hace efectivo garantizando el derecho a la justicia que supone la posibilidad de contar con un recurso gil y sencillo para obtener la satisfaccin del mismo a travs de recursos como la investigacin, juzgamiento y sancin adecuada y proporcional de los responsables de los crmenes investigados, en el marco de un proceso eficaz e imparcial, que garantice la participacin efectiva de las vctimas. En relacin con la verdad, el derecho a la reparacin requiere que se establezcan las causas y hechos generadores de la violacin de los derechos de las vctimas, y determinar quines son los responsables de los hechos ilcitos. La Corte ha recordado que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interdependencia entre verdad, justicia y reparacin, realiza el derecho de las vctimas a conocer lo que sucedi, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicacin de los restos de sus familiares, as como tambin el derecho a la investigacin de los respectivos hechos y la sancin de los responsables, hace parte integral de la reparacin de las vctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las vctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo. De este modo, las restricciones impuestas al derecho a la reparacin, se traducen en limitaciones a los derechos a la verdad y a la justicia. En estos trminos, la Corte ha sealado que la verdad y la justicia deben entenderse como parte de la reparacin, en razn a que no puede existir una reparacin integral sin la garanta respecto del esclarecimiento de los hechos ocurridos y de la investigacin y sancin de los responsables. As mismo, esta Corporacin resalta que los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparacin de las vctimas de violaciones masivas y sistemticas de derechos humanos como el desplazamiento forzado, dan lugar a una serie de obligaciones inderogables a cargo del Estado, como la de prevenir estas violaciones, y una vez ocurridas stas, la obligacin de esclarecer la verdad de lo sucedido, la investigacin y sancin de este delito sistemtico y masivo en contra de la poblacin civil, y la reparacin integral a las vctimas tanto por la va judicial penal y contencioso administrativa- como por la va administrativa, as como el deber de garantizar y facilitar el acceso efectivo de las vctimas a estas diferentes vas. En todos los casos, la jurisprudencia ha reiterado que las disposiciones legales relacionadas con las vctimas de la violencia, deben ser interpretadas a la luz de los principios de favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de sus derechos, la buena fe, la confianza legtima, la preeminencia del derecho sustancial y el reconocimiento de la condicin de especial vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las vctimas. Cabe destacar que, tal y como lo ha reiterado la Corte en varios pronunciamientos, la verdad, la justicia y la reparacin de las vctimas de las actuaciones de grupos armados en el marco del conflicto armado, tienen un contenido propio y un sustento constitucional diferente al que fundamenta el gasto social del Estado y que se traduce en medidas, servicios y programas en materia de polticas pblicas de vivienda, educacin y salud que se deben prestar a toda la poblacin en general, en virtud del denominado principio de distincin. En este sentido se ha sostenido que las medidas asistenciales adoptadas por el Estado a favor de las personas desplazadas por la violencia, tienen precisamente el objetivo de mejorar las condiciones mnimas de existencia y no responden a ninguna obligacin de reparacin. En contextos de justicia transicional, la reparacin es por consiguiente un derecho complejo que tiene un sustrato fundamental, reconocido por la Constitucin, las normas internacionales de derechos humanos, los organismos internacionales y la jurisprudencia. As, la reparacin se cataloga como un derecho fundamental porque: 1) busca restablecer la dignidad de las vctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitucin, indemnizacin, rehabilitacin, medidas de satisfaccin y no repeticin. De esta manera, el reconocimiento de la reparacin como derecho fundamental se ajusta a los estndares internacionales en la materia y hace posible su amparo por va de tutela. En esta lnea, la Corte ha reconocido en sentencias de tutela, que el dao resultante de la violacin de los derechos humanos de las vctimas, genera a su favor el derecho fundamental a la reparacin a travs de la restitucin, la indemnizacin, la rehabilitacin, la satisfaccin y la garanta de no repeticin consagradas en el Derecho Internacional, que se desprenden de la condicin de vctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado independientemente de la identificacin, aprehensin, enjuiciamiento o condena de los victimarios. Es importante anotar que, los derechos a la verdad, la justicia y la reparacin de las vctimas, a pesar de ser fundamentales, no pueden considerarse absolutos. De otro lado, es importante destacar que en escenarios de transicin y en contextos de escasez de recursos, es necesario hacer ciertas concesiones para lograr la reconciliacin y la paz definitiva. No obstante lo anterior, dichas restricciones nunca podrn traducirse en una afectacin excesiva o en una negacin o desnaturalizacin los derechos de las vctimas.

 

REPARACION INTEGRAL PARA VICTIMAS-Modelo concurrente entre reparacin judicial y administrativa

 

En Colombia, considerando el contexto de violencia histrica, sistemtica, masiva y generalizada y previendo las dimensiones y la complejidad de un proceso de reparacin, se opt por un modelo concurrente de reparacin judicial y administrativa. A travs de la reparacin judicial, por la va penal ordinaria o del proceso establecido en la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011, se busca el resarcimiento individual, el esclarecimiento del delito, la investigacin y sancin de los responsables de los ilcitos. De otro lado, la reparacin administrativa, fundamentada en el artculo 2 de la Constitucin Poltica, o bien en el principio de responsabilidad del Estado como garante de los derechos fundamentales, y regulada por la Ley 1448 de 2011 en el Ttulo IV, se inscribe en polticas pblicas encaminadas a reparar al mayor nmero de vctimas y se constituye en un mecanismo gil y adecuado en el contexto colombiano, caracterizado por un conflicto armado prolongado que ha dejado millones de vctimas. En este sentido, la obligacin de implementar programas administrativos de reparacin se sustenta en el deber de garanta del Estado y no en la obligacin de reparar a las vctimas en los procesos judiciales con base en el artculo 90 Superior. As, la jurisprudencia ha sealado que de los principios internacionales de proteccin de derechos humanos, se desprende que la exigencia del derecho a la reparacin de las vctimas de las violaciones flagrantes de derechos humanos, no est subordinada al proceso de investigacin que debe el Estado adelantar contra el victimario, comoquiera que stas deben ser satisfechas en primer lugar por el Estado, porque ste es el principal garante de los derechos fundamentales, porque la condicin de vctima y los derechos que de sta se derivan no dependen de la identificacin, aprehensin, enjuiciamiento o condena del victimario y porque el Estado tiene la facultad de repetir contra el autor del delito, y ello es as porque precisamente es el Estado el que tiene el deber y la facultad de perseguir a quien viol flagrantemente los derechos fundamentales, l nicamente posee la potestad de castigar a quien infringi la norma, es decir, de hacer respetar sus leyes, las cuales deben tener como finalidad la proteccin de los derechos fundamentales no slo para que stos no sean transgredidos, sino tambin para que cuando sean vulnerados se repare como consecuencia del dao infringido. Por consiguiente, la reparacin administrativa no significa el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derecho, sino en su responsabilidad como garante de la seguridad y de los derechos de todas las personas y de la falta o imposibilidad de prevencin del ilcito causante del dao ocasionado a las vctimas. Lo anterior se desprende del principio de acuerdo con el cual, el Estado no puede hacer responsables a las vctimas de sus omisiones. En este sentido, en contextos transicionales, el Estado tiene la obligacin de hacer que sean los victimarios quienes en primer trmino reparen a las vctimas, y de asumir directamente su reparacin en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparacin procurada por stos. Sin embargo, si una vctima obtiene la indemnizacin administrativa, en sede judicial, se le descontar ese monto. Por su parte, las vctimas podrn optar por acceder a una u otra va o a ambas para obtener la reparacin integral. Al margen de lo anterior, cabe precisar que un sistema concurrente de reparacin judicial y administrativa, una vez se adopta, impone exigencias propias. Estas exigencias en primer trmino, son de coherencia. No es posible que en virtud del mecanismo escogido, la actuacin judicial reduzca su capacidad tuitiva so pretexto de la existencia previa o simultnea de una va de reparacin administrativa, o que tratndose de la ruta administrativa de reparacin esta asuma un carcter dbil o discontinuo por tener naturaleza subsidiaria. En realidad, el sistema concurrencial se propone en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos y prolongadas en el tiempo, para arbitrar un mecanismo de justicia efectiva orientado a que el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad intransferible de los autores de las violaciones, asegure la vigencia efectiva de los derechos y los deberes de investigacin y juzgamiento.

 

REPARACION INTEGRAL-Componente de indemnizacin

 

En lo que tiene que ver especficamente con la indemnizacin administrativa, el Decreto 4800 de 2011 por medio del cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011, regula todo el procedimiento y establece que la estimacin del monto depender de la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el dao causado y el estado de vulnerabilidad actual de la vctima, desde un enfoque diferencial. Por consiguiente, lo determinante en la evaluacin del monto de la indemnizacin es la violacin y la condicin de vulnerabilidad de la vctima. Las referencias presupuestales se supeditan a estos criterios. Los pagos, que podrn ser parciales o corresponder a un solo pago total, atendern de acuerdo con el citado Decreto, a criterios de vulnerabilidad y priorizacin. Cabe reiterar que la indemnizacin es uno de los componentes de la reparacin integral y que por s mismo no contribuye a la realizacin de la misma. En este sentido, es necesario que confluya con las otras medidas. Es preciso subrayar que, en contextos de justicia transicional, no existe una obligacin de carcter internacional que obligue a los Estados en los programas administrativos, a indemnizar con los mismos montos de la reparacin judicial. Especialmente en escenarios de violaciones masivas que incluyen un extenso universo de vctimas, es prcticamente imposible que un Estado pueda financiar una reparacin en dichos trminos, es decir, sin admitir ciertas restricciones. Lo anterior, sin embargo, no implica que se desconozca la naturaleza fundamental de los derechos de las vctimas. Precisamente la implementacin de este tipo de programas administrativos parte de dicho reconocimiento y de la necesidad de garantizar la reparacin de todas las personas en condiciones de igualdad. Aunque no existen patrones ni pautas para establecer cundo una indemnizacin es suficiente, justa y adecuada, algunos indicadores comprenden, de acuerdo con la doctrina internacional en esta materia, la capacidad de los programas para reducir las condiciones de vulnerabilidad de las vctimas, contribuir a la reconstruccin de sus vidas de manera digna y humana y de este modo favorecer su inclusin en la sociedad en condiciones de normalidad. De ah la importancia de que estas polticas reconozcan el pasado y la situacin de violacin de derechos en el contexto del conflicto armado, sin perder de vista el futuro de las vctimas y de la sociedad en general. En conclusin, la indemnizacin es un componente que articulado con las medidas de satisfaccin, rehabilitacin y las garantas de no repeticin, realizan el derecho fundamental a la reparacin integral la cual puede exigirse tanto por la va judicial como por la administrativa. En el marco de programas administrativos de reparacin, la indemnizacin debe ser justa, adecuada y suficiente para que junto con las otras medidas de reparacin, se puedan restablecer al menos en parte los derechos de las vctimas y promover su reincorporacin a la vida social en condiciones dignas.

 

DERECHO A LA REPARACION-Alcance

 

La reparacin es un derecho complejo, interrelacionado con la verdad y la justicia que tiene como fin proteger la dignidad e integridad de las vctimas y que consiste en la implementacin de medidas de restitucin, indemnizacin, rehabilitacin, satisfaccin y garantas de no repeticin. El derecho a la reparacin se considera afectado cuando no se reconoce la condicin de vctima a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario con ocasin del conflicto, cuando se continan vulnerando los derechos de las vctimas, o cuando estas son re-victimizadas, cuando se desconocen, ocultan, minimizan o se justifican los crmenes cometidos, cuando la reparacin no se ajusta al dao sufrido o es manifiestamente desproporcionada, o cuando se reduce o niega la posibilidad de las vctimas de sanarse de las heridas fsicas y emocionales del conflicto. Con respecto al componente especfico de la indemnizacin administrativa, este se considera afectado cuando no es reconocido, o cuando su valor no se corresponde absolutamente con el dao moral y material ocasionado a las vctimas, es decir cuando resulta desproporcionado y cuando su entrega no es oportuna. En otras palabras, la indemnizacin resulta afectada cuando no es suficiente, justa y adecuada, impidiendo a las vctimas restablecer su existencia en condiciones dignas y de normalidad.

 

DERECHO A LA JUSTICIA-Alcance

 

La justicia es tanto un derecho como un principio fundante de nuestro ordenamiento jurdico. Como componente de la justicia transicional, exige el compromiso de las autoridades de prevenir, investigar a travs de mecanismos eficaces y de forma rpida, completa e imparcial, identificar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. De este modo, el derecho a la justicia resulta afectado cuando se propicia la impunidad y cuando se niega o limita el acceso a mecanismos giles y oportunos de investigacin y sancin de los hechos criminales.

 

DERECHO A LA VERDAD-Alcance

 

El derecho a la verdad del cual son titulares las vctimas, sus familias y la sociedad protege los bienes jurdicos representados por la dignidad humana, el deber de memoria histrica el derecho al bueno nombre y a la imagen. Se relaciona con el derecho a la justicia porque se garantiza evitando la impunidad e implementando investigaciones serias, integrales e imparciales, y con la reparacin porque conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado constituye una manera de resarcir y devolver la dignidad a las vctimas de la violencia. Se afecta o desconoce el derecho a la verdad cuando de niega o limita el derecho individual a conocer a fondo los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos as como a saber quines fueron los responsables, el patrn criminal que aplicaron, y a conocer donde yacen los restos de los seres queridos, y el derecho colectivo relacionado con la memoria histrica para que la sociedad conozca pblicamente lo sucedido.

 

 

 

 

 

 

Referencia: expediente D-9608

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artculo 19 (parcial) de la Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; artculo 77 (parcial) del Decreto Ley 4634 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes al pueblo Rom o Gitano; artculo 80 (parcial) del Decreto Ley 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y de restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

 

Actor: Brayan Dario Tovar Badel

 

Magistrado Sustanciador: MAURICIO GONZLEZ CUERVO

 

I. ANTECEDENTES.

 

1. Textos normativos demandados

 

El ciudadano Brayan Daro Tovar Badel, en ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad prevista en los artculos 40-6, 241 y 242 de la Constitucin Poltica, formula demanda solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos apartes de los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto 4634 de 2011 y 80 del Decreto 4635 de 2011.

 

Los textos normativos demandados y que se subrayan son los siguientes:

 

LEY 1448 DE 2011

 

Por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

 

Artculo 19. SOSTENIBILIDAD. Para efectos de cumplir con las medidas de ayuda humanitaria, atencin, asistencia y reparacin dispuestas en el presente marco, el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedicin de la presente Ley, crear un Plan Nacional de Financiacin mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley, y tomar las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecucin efectiva de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones de que trata el artculo 54 de la Ley 975 de 2005.

 

El desarrollo de las medidas a que se refiere la presente ley, deber hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

 

DECRETO 4634 DE 2011

 

(Diciembre 09)

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA DE COLOMBIA,

 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artculo 205 de la Ley 1448 de 2011 ()

 

Artculo 77. Indemnizacin a vctimas ROM o Gitanas Individuales. Inclyase dentro del Programa de Indemnizacin por Va Administrativa de que trata el artculo 132 de la Ley 1448 de 2011 un captulo especial sobre la indemnizacin especial y diferencial a vctimas individuales ROM o Gitanas que precise el trmite, procedimiento, mecanismos, montos y dems lineamientos para otorgar la indemnizacin. Los criterios diferenciales para la determinacin de dichas indemnizaciones sern: el grado de vulneracin, la afectacin diferencial, la equidad aplicable a la distribucin del monto total asignado al universo de vctimas y el impacto producido por los daos producidos a la vctima.

La indemnizacin individual ser distribuida bajo criterios de equidad entre el universo de vctimas Rrom o Gitanos, y establecer el plazo en el que ser distribuido en trminos de los lmites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

 

 

DECRETO-LEY 4635 DE 2011

 

(Diciembre 09)

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y de restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA DE COLOMBIA,

 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artculo 205 de la Ley 1448 de 2011 ()

 

Artculo 80. Indemnizacin a las vctimas individuales negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Las vctimas individuales pertenecientes a las comunidades tendrn derecho a ser indemnizadas por va administrativa. Se reglamentar concertadamente el trmite, los procedimientos, mecanismos, montos y dems lineamientos para otorgar la indemnizacin.

Los criterios diferenciales para la determinacin de dichas indemnizaciones sern el grado de vulneracin, la afectacin diferencial, la equidad aplicable a la distribucin del monto total asignado al universo de vctimas y el impacto producido por los daos ocasionados a la vctima. Adems, en concordancia con el criterio de la indemnizacin distributiva en equidad, se determinar de manera transparente y clara un monto total de indemnizacin que ser distribuido bajo criterios de equidad entre el universo de las vctimas individuales negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y el plazo en el que ser distribuido.

Pargrafo 1. Para la estimacin del monto total disponible se debe partir de la necesidad de alcanzar un monto que resulte coherente, adecuado, proporcional y razonable, tanto para las vctimas, como en trminos de los lmites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

Pargrafo 2. La indemnizacin por muerte o desaparicin forzada se dar por una sola vez y no podr ser concurrente. Tendrn derecho a ella, prioritaria y concurrentemente, el cnyuge, compaero o compaera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la vctima directa.

 

2. Demanda: pretensin y cargos.

 

2.1 El demandante solicita que se declare la inexequibilidad de las expresiones subrayadas de las disposiciones transcritas. Para fundamentar su pretensin plantea un cargo nico fundado en la infraccin del derecho de las vctimas a ser reparadas integralmente y en el desconocimiento de los lmites constitucionales previstos para la aplicacin del principio de sostenibilidad fiscal.

 

2.2 Los contenidos normativos acusados tienen como efecto restringir las posibilidades de reparacin integral apoyndose, con ese propsito, en las limitaciones de orden econmico o presupuestal. A pesar de que la sostenibilidad fiscal se encuentra hoy reconocida como principio en el artculo 334 de la Constitucin, modificado por el acto legislativo 3 de 2011, de manera que debe orientar la actuacin de los diferentes rganos del Estado, dicha disposicin establece que bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podr invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su proteccin efectiva.

 

2.3. Dado que de los artculos demandados se derivan lmites para la indemnizacin administrativa con fundamento en la sostenibilidad fiscal, se desconoce el derecho a la reparacin de las vctimas en los trminos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad.

 

En particular esta regulacin se opone a las consideraciones que en materia de reparacin integral se encuentran contenidas en las sentencias C-936 de 2010 y T-458 de 2010. Esta ltima sentencia supone aceptar que an en un proceso de reparacin administrativa en el marco de un proceso de justicia transicional, tal y como lo es el derivado de la ley 1448 de 2011, la reparacin debe ser suficiente, efectiva, rpida y proporcional teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones y el dao sufrido.

 

2.4. Al invocar la sostenibilidad fiscal, las normas acusadas desconocen entonces, (i) el artculo 13 de la Constitucin que ordena un trato especial para aquellas personas en situacin de vulnerabilidad, (ii) la Resolucin 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exige una reparacin adecuada y efectiva y (iii) el artculo 63.1 de la Convencin Americana de Derechos Humanos en la que se prev que en caso de violacin de los derechos humanos la vctima tiene derecho a una justa indemnizacin. Adicionalmente se vulneran, de una parte, (iv) la dignidad humana artculo 1- en tanto la reparacin no consigue suplir las necesidades reales de las vctimas y, de otra, (v) la obligacin que tiene el Estado de reparar integralmente a las vctimas, segn lo seala el artculo 90 de la Constitucin.

 

3. Intervenciones.

 

3.1. Ministerio del Interior: exequibilidad.

 

La demanda no cumple las condiciones exigidas para la formulacin de un cargo que pueda ser objeto de control de constitucionalidad. En efecto, la argumentacin del demandante se apoya en una comprensin vaga, subjetiva y equivocada de las normas que acusa. Adicionalmente, el demandante no cuestiona una proposicin jurdica completa dado que su acusacin recae en palabras o expresiones carentes de sentido.

 

Las vctimas de las diferentes comunidades tnicas fueron reconocidas por las disposiciones demandadas. Las normas acusadas deben ser declaradas exequibles porque conforman el marco de proteccin de una poblacin vulnerable y persigue fines constitucionalmente legtimos. Por su parte, el principio de sostenibilidad fiscal no implica una afectacin de la obligacin del Estado de continuar avanzando en la proteccin y aseguramiento de los derechos sociales.

 

3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho: inhibicin, en su defecto exequibilidad.

 

La Corte Constitucional debe declararse inhibida por ineptitud sustancial de la demanda. En todo caso, las disposiciones acusadas no desconocen disposicin constitucional alguna y, por el contrario, se encuentran articuladas con los propsitos que orientan los procesos de reparacin de las vctimas en contextos de justicia transicional. La nocin de sostenibilidad fiscal en la implementacin de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 y en los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, especialmente en lo relativo a la indemnizacin administrativa, responden a la obligacin del Estado de garantizar la efectiva reparacin de las vctimas de la violencia, lo cual depende de la expedicin de leyes financieramente viables y fiscalmente responsables. Tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte, en un contexto de justicia transicional como el de Colombia, con mas de 5 millones de vctimas del conflicto armado, y con las limitaciones temporales que seala la Ley 1448 de 2011, es fundamental determinar ciertas restricciones para no generar expectativas de imposible satisfaccin que generen ulteriores responsabilidades por parte del Estado. Pero al margen de lo anterior, resulta relevante resaltar que la Ley 1448 de 2011 se inscribe en un contexto de justicia transicional diferente de situaciones en las que es factible hablar de la restitutio in integrum. Se parte de la idea de que las violaciones cometidas en el contexto del conflicto armado colombiano son irreparables y, por otro lado, que las reparaciones en el marco de un programa masivo, deben distinguirse de las reparaciones judiciales por el nmero de vctimas que se pretende reparar y el carcter sistemtico y masivo de las violaciones. En este sentido el marco del programa masivo creado mediante la Ley 1448 de 2011 debe verse atendiendo a la coherencia interna del programa, ms que a su capacidad para contribuir a la restitucin clsica de este principio () por consiguiente, el ideal de la reparacin integral debe analizarse teniendo en cuenta la complejidad del programa en razn del tipo de medidas que comprende, pues no debe agotarse en el otorgamiento de una compensacin econmica (). En este orden de ideas, se encuentra justificado considerar tanto la necesidad de las vctimas como la escasez de recursos disponibles para la reparacin de las mismas. Lo anterior, propicia polticas de reparacin justas, apropiadas y eficientes, con programas administrativos masivos que cumplen los estndares nacionales ajustndose a las necesidades de la realidad nacional. Se resalta adicionalmente que el programa masivo contemplado en la Ley 1448 de 2011 contiene medidas para la proteccin de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, garantizando el enfoque diferencial de la poltica, adems de representar un esfuerzo del Estado para promover la reconciliacin y alcanzar la paz del pas. Por lo anterior, las normas acusadas no desconocen de ninguna manera el derecho a la igualdad y a la dignidad de las vctimas de la violencia.

 

3.3. Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico: inhibicin, en su defecto exequibilidad.

 

Es procedente una decisin inhibitoria dado que el planteamiento del demandante es vago, abstracto y global. En el evento de adelantar el examen de constitucionalidad la Corte debe declarar exequible la disposicin acusada. De acuerdo con la jurisprudencia, la sostenibilidad fiscal no es un nuevo principio reformulador de los derechos, principios y valores constitucionales, sino un instrumento orientador para el cumplimiento de los fines del Estado para el cual fue previsto. De otro lado, la Ley 1448 de 2011 establece el enfoque diferencial en la reparacin, y seala un conjunto de medidas que no se limitan nicamente a la indemnizacin pecuniaria. Las disposiciones acusadas muestran como el legislador fue responsable al contemplar la sostenibilidad de las medidas necesarias para implementar los mandatos constitucionales del Estado sin que ello se traduzca en el desconocimiento o restriccin de los mismos. Lo anterior no puede calificarse de regresiva e inoperante porque se trata de implementar legislativamente la disciplina fiscal reconocida por la propia Corte Constitucional. Es una realidad social evidente que el Estado no cuenta con suficientes recursos. En todo caso, la sostenibilidad fiscal no es un criterio nico para la determinacin de las medidas reparadoras de la Ley 1448 de 2011, puesto que tambin deben ser considerados la vulneracin de los derechos, las caractersticas del hecho victimizante y en el enfoque diferenciador.

 

3.4. Departamento para la Prosperidad Social: inhibicin, en su defecto exequibilidad.

 

La Corte debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda. En todo caso, en el evento de adelantar el juicio de constitucionalidad, es procedente declarar exequibles las normas demandadas. En efecto, el principio de sostenibilidad fiscal, no constituye un lmite para la proteccin de los derechos fundamentales, sino un instrumento para asegurar su efectividad considerando que de no aplicar dicho principio, el Estado podra caer en una crisis econmica que le hara imposible garantizar a los ciudadanos el goce de sus derechos. El artculo 19 de la Ley 1448 de 2011 establece la obligacin del Estado de proveer y disponer de los recursos econmicos necesarios para reparar a las vctimas de forma sostenible por consiguiente de ninguna manera pretende desconocer los derechos de las mismas. De otro lado, la Ley no prohbe a las vctimas acudir a la jurisdiccin contencioso administrativa a travs de la accin de reparacin directa, si el Estado se llegara a considerar responsable de los perjuicios que les fueron causados, en cuyo caso, la autoridad judicial deber tener en cuenta la reparacin administrativa que se les haya otorgado previamente. De todos modos, el Estado no puede comprometerse a pagar reparaciones que desbordan su capacidad de pago y que llevaran al incumplimiento de sus obligaciones. Por consiguiente, es necesario distribuir de manera racional los recursos con el fin de cumplir adecuadamente con todos los sectores de la poblacin, que se veran igualmente afectados si la totalidad de los recursos del Estado se destinan nicamente a garantizar los derechos de cierta poblacin.

 

3.5. Unidad para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas: inhibicin, en su defecto exequibilidad.

 

En los contextos de justicia transicional se admite la creacin de ciertas instituciones y de mecanismos que implican por ejemplo, tratamientos penales ms benignos que en los casos ordinarios. En ocasiones se adoptan estrategias para privilegiar la bsqueda de la verdad a cambio de menores niveles de justicia y reparacin para las vctimas. Ni en la Constitucin ni en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al bloque de constitucionalidad, se hace una referencia directa a la justicia transicional, sin embargo, es posible derivar algunas pautas de los valores y principios constitucionales. La Corte ha reconocido la validez de varios criterios que ratifican la compatibilidad entre la Constitucin y los instrumentos de la justicia transicional a travs de los cuales se autorizan ciertas restricciones a la justicia, la verdad y la reparacin. As, no le asiste razn al demandante en sus pretensiones ya que la indemnizacin administrativa no se puede equiparar con la justicia ordinaria o contencioso administrativa. El programa de reparacin administrativa opera en relacin con masivas violaciones de derechos humanos, razn por la cual, se debe disear una poltica de reparacin que cobije al mayor nmero de vctimas dentro de parmetros de igualdad. Precisamente en relacin con este punto, el principio de sostenibilidad fiscal permite poner en consideracin los derechos de las vctimas en relacin con las posibilidades presupuestales a corto, mediano y largo plazo. En otras palabras, con este principio se efectiviza el derecho a la reparacin ya que la reparacin en sede judicial es ms dispendiosa en todos los sentidos. Ni el incidente de impacto fiscal, ni el principio de sostenibilidad fiscal condicionan los montos de la reparacin administrativa. Se subraya que la reparacin integral supone difciles dilemas en sociedades en las que se han presentado graves, masivas y sistemticas violaciones de derechos humanos y que adems de ello enfrentan profundas desigualdades sociales y econmicas. Finalmente, no se desconoce la dignidad humana, en la media en la que la reparacin integral es un mecanismo fundamental para el reconocimiento de la calidad de vctima del conflicto armado, ni se desconoce el derecho a la igualdad, ya que las normas acusadas reconocen las diferencias entre la poblacin vctima y las particulares necesidades de cada sector o grupo.

 

3.6. Proceso de Comunidades Negras: inexequibilidad.

 

Las disposiciones acusadas desconocieron la obligacin de adelantar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en tanto dichas medidas legislativas tienen la aptitud de afectarlos directamente. A pesar de que en el Decreto 4635 de 2011 se seala que s hubo consulta, el Gobierno Nacional en realidad trat de cumplir con esta formalidad para poder avanzar en su agenda legislativa sin propiciar un dialogo real con las comunidades. En efecto, quienes pudieron intervenir no contaron con asesora especializada, poco fue el conocimiento que tuvieron sobre el contenido de la propuesta gubernamental de reglamentacin, vindose impedidos para hacer aportes desde su propia cosmovisin. Idntica consideracin cabe hacer respecto de la ley 1448 de 2011 dado que tampoco fue objeto de consulta con ninguna de las comunidades tnicas. De otro lado, las normas demandadas desconocen el artculo 334 de la Constitucin que previ la prohibicin consistente en que el principio de sostenibilidad fiscal sea invocado como razn para restringir o negar la proteccin de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, las disposiciones demandadas vulneran el derecho de las vctimas a ser indemnizadas dado que le imponen un lmite econmico que afecta su materializacin. Desde el punto de vista poltico, a travs de estas normas, el Estado se exonera de su responsabilidad de resarcir plenamente a las vctimas de la violencia.

 

3.7. Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogot: exequibilidad condicionada.

 

El derecho general a la reparacin tiene varios componentes que adquieren la condicin de fundamentales y que deben ser garantizados plenamente por el Estado. Cualquier limitacin que se imponga al efectivo goce de la reparacin integral por parte de las vctimas desconoce la Constitucin. De otro lado, el principio de sostenibilidad fiscal no tiene el rango de derecho fundamental tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional en esta materia. Si bien se incorpora a la Carta Poltica para el fomento y desarrollo del Estado Social de Derecho, de ninguna manera puede utilizarse como un criterio que exima al Estado de la responsabilidad de reparar a las vctimas. Siendo ello as, es necesario ponderar entre el principio de sostenibilidad fiscal para proteger el presupuesto nacional, y la plena reparacin a las vctimas, la cual debe ser inmediata y no puede sujetarse al devenir de la economa nacional.

 

3.8. Universidad del Rosario: exequibilidad.

 

Las disposiciones acusadas son exequibles. El principio de sostenibilidad fiscal reconocido en la Constitucin busca proteger la racionalidad econmica en razn de la escasez de recursos. A travs de este criterio se pretende garantizar los derechos en un contexto que tiene en cuenta las verdaderas posibilidades econmicas del pas. El artculo 334 de la Constitucin establece el principio de progresividad reconocido en otros instrumentos internacionales. En todo caso este principio no puede, segn lo establecido en el acto legislativo No. 3 de 2011, servir de razn para negar la garanta efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Por lo anterior, las normas acusadas no desconocen los derechos invocados por el demandante.

 

3.9. Universidad de Caldas: inhibicin.

 

La sostenibilidad fiscal no es un principio sino un criterio de orientacin de las actuaciones de las autoridades pblicas hacia la concrecin de los fines del Estado Social de Derecho. Se trata de una herramienta de planeacin y organizacin econmica del Estado que plantea una estrategia para la administracin de los escasos recursos pblicos a partir de la priorizacin de las necesidades. No puede perderse de vista que el nmero de vctimas de la violencia asciende a ms de cinco millones de personas, lo cual se traduce en gran reto para el Estado a nivel econmico. En todo caso, las normas acusadas no impiden a las vctimas el acceso a las medidas de reparacin sino que establecen una estrategia econmica en el marco de la necesaria planificacin de la economa, para garantizar sus derechos de manera progresiva y continua. En general, los cargos carecen de fuerza argumentativa y la Corte debe declararse inhibida.

 

4. Procuradura General de la Nacin: exequibilidad.

 

El criterio de sostenibilidad fiscal es una directriz que orienta las decisiones de las autoridades pero no puede interpretarse en perjuicio de los derechos fundamentales. En abstracto los artculos acusados no desconocen los derechos de las vctimas dado que se limitan a establecer que su reparacin debe ser conforme al criterio de sostenibilidad fiscal, por lo cual el demandante supone hiptesis que no estn contempladas en las disposiciones que se examinan. En conclusin, los argumentos de la demanda carecen de fundamento y las normas deben ser declaradas exequibles.

 

II. CONSIDERACIONES.

 

1. Competencia

 

La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano colombiano, contra disposiciones vigentes contenidas en la Ley 1448 de 2011, y en los Decretos Ley 4634 y 4635 de 2011. Por lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artculo 241, numerales 4 y 5 de la Constitucin.

 

2. Anlisis de los cargos de la demanda.

 

2.1. Teniendo en cuenta algunas de las intervenciones que solicitan a la Corte declararse inhibida para examinar la presente demanda, resulta necesario remitirse a la misma con el fin de establecer si el cargo formulado cumple con los requisitos que la jurisprudencia y las normas han sealado para las acciones pblicas de inconstitucionalidad.

 

2.2. De acuerdo con el artculo 2 del Decreto 2067 de 1991 las demandas de inconstitucionalidad deben poder identificar la norma demandada, el concepto de violacin, cuya justificacin debe fundarse en razones claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes; y sealar la competencia en cabeza de la Corte Constitucional.[1]

 

2.3. En este orden de ideas, se advierte que el demandante ha identificado claramente las disposiciones objeto de la demanda que corresponden al inciso 2 del artculo 19 de la Ley 1448 de 2011, al inciso 2 del artculo 77 del Decreto 4634 de 2011 y al pargrafo 1 del artculo 80 del Decreto 4635 de 2011.

 

Asimismo, ha indicado las normas constitucionales que se consideran infringidas y que corresponden a la dignidad humana, el principio de no discriminacin y el derecho a la reparacin integral.

 

Adems ha esgrimido con claridad y suficiencia las razones por las cuales los artculos acusados son inconstitucionales. En este sentido, ha sealado que en dichas normas se limitan los derechos de las vctimas a la reparacin, y en particular a la indemnizacin administrativa, porque para la aplicacin de estas medidas, se hace referencia a la sostenibilidad fiscal como criterio al que deben atender las autoridades encargadas de la poltica pblica de reparacin.

 

Finalmente, el demandante seala la competencia de la Corte en el numeral 5 del artculo 241 y el numeral 1 del artculo 242 Superior.

 

2.4. De lo anterior se desprende que, el demandante ha estructurado adecuadamente el cargo de inconstitucionalidad y que la Corte es competente para examinar la presente demanda.

 

La demanda como tal reprocha el que las normas acusadas se refieran a criterios econmicos cuando se trata de la implementacin de medidas de reparacin integral a vctimas de la violencia, las cuales no pueden supeditarse a la disponibilidad presupuestal. Si bien las medidas contenidas tanto en la referida ley como en sus decretos ley no se limitan a la reparacin sino tambin a la atencin y a la asistencia, el demandante argumenta su posicin solo con respecto a las medidas de reparacin y especficamente a la indemnizacin administrativa, por lo cual la Corte se limitar a examinar el alcance de la sostenibilidad fiscal con respecto a este derecho, dejando a un lado los otros mecanismos previstos en la ley para las vctimas del conflicto armado.

 

3. Problema jurdico constitucional.

 

La Corte Constitucional, en guarda de la supremaca de la Constitucin, resolver si las normas acusadas desconocen el derecho a la reparacin de las vctimas al referirse a la sostenibilidad fiscal y a los lmites impuestos por el presupuesto nacional como criterios para asegurar la continuidad y progresividad de la poltica pblica en esta materia.

 

4. Cuestin previa: marco normativo de la demanda.

 

4.1. Ley 1448 de 2011.

 

4.1.1. La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, ha sido reconocida por la Corte como una Ley de justicia transicional[2], lo cual se evidencia desde el primer artculo que describe el propsito de la misma en trminos de realizar los derechos de las vctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparacin a travs de medidas administrativas y judiciales. En este sentido, la justicia transicional se define como un instrumento que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliacin y consolidacin de la democracia, situaciones de excepcin frente a lo que resultara de la aplicacin de las instituciones penales corrientes[3][4].

 

4.1.2. El artculo 2 de la Ley establece el mbito de competencia de la ley que est llamada a regular todo lo concerniente a la ayuda humanitaria, la atencin, asistencia y reparacin de las vctimas de graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, incluidas las vctimas de desplazamiento forzado, desde un enfoque diferencial. Tal y como lo ha destacado la Corte en otras ocasiones[5], la Ley 1448 de 2011 es una ley de carcter especial, porque dispone regulaciones respecto de los sujetos y personas determinados en su artculo 3 sobre temas que se encuentran previstos en leyes preexistentes, que sin embargo no son derogadas ni afectadas por esta norma.

 

4.1.3. De este modo, la Ley se divide en ocho ttulos referidos a: (i) disposiciones generales; (ii) derechos de las vctimas en los procesos judiciales; (iii) ayuda humanitaria, atencin y asistencia; (iv) reparacin de las vctimas y medidas especficas de restitucin, restitucin de tierras, indemnizacin por va administrativa, rehabilitacin, medidas de satisfaccin, garantas de lo repeticin y reparacin colectiva; (v) institucionalidad para la atencin y la reparacin a las vctimas; (vii) proteccin integral a los nios, nias y adolescentes; (viii) mecanismos de participacin de las vctimas; y (ix) disposiciones finales.

 

4.1.4. La Ley 1448 de 2011 se refiere a la sostenibilidad fiscal en los artculos 9 y 19 contenidos en el Ttulo I de disposiciones generales, especficamente en el Captulo II de Principios Generales.

 

En el inciso 5 del artculo 9 de la Ley 1448 de 2011, se establece que en el marco de la justicia transicional, las autoridades judiciales deben propender al logro de la reconciliacin y la paz duradera para lo cual debern tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, adems de la naturaleza y magnitud de las violaciones.

 

Posteriormente, en el artculo 19, cuyo inciso 2 de demanda en esta ocasin, se alude a la sostenibilidad fiscal con dos fines. En primer lugar, como criterio para el CONPES que crea el Plan Nacional de Financiacin que asegura la implementacin de la ley. En segundo lugar, de manera ms general, se establece que en el desarrollo de las medidas a las que se refiere la ley debe asegurarse la sostenibilidad fiscal para garantizar su continuidad, progresividad y efectivo cumplimiento.

 

4.2. Decreto Ley 4634 de 2011.

 

4.2.1. El Decreto Ley 4634 fue expedido por el Presidente de la Repblica en ejercicio de las facultades especiales conferidas por el artculo 205 de la Ley 1448 de 2011, el cual estableci la necesidad de regular los derechos y garantas de las vctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indgenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a la atencin, reparacin integral y de restitucin de tierras de las vctimas garantizando su participacin en la formulacin de las normas que desarrollan esta poltica pblica con un enfoque diferencial.

 

4.2.2. En particular, el Decreto Ley 4634, desarrolla las medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes al pueblo ROM o Gitano.

 

4.2.3. El Decreto est conformado por siete ttulos que se refieren a: (i) disposiciones generales; (ii) medidas de atencin integral, ayuda humanitaria y asistencia a las vctimas pertenecientes al pueblo ROM o gitano; (iii) medidas de reparacin; (iv) formas especficas de reparacin segn la modalidad de violacin; (v) institucionalidad para la atencin, reparacin integral y restitucin de tierras abandonadas y despojadas; y (vi) disposiciones finales.

 

4.2.4. El artculo 77, cuyo inciso 2 se demanda en esta ocasin, regula lo relativo a la indemnizacin de las vctimas ROM o gitanas individuales, haciendo parte del Ttulo III sobre medidas de reparacin y el Captulo I de reparacin e indemnizaciones. En dicho artculo, se ordena incluir dentro del Programa de Indemnizacin por va Administrativa dispuesto en el artculo 132 de la Ley 1448 de 2011, un captulo especial que regule todo lo relativo a la indemnizacin especial y diferencial a las vctimas individuales de las comunidades gitanas. Adems, se precisa que la indemnizacin se distribuir con criterios de equidad y de acuerdo a los plazos impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de estabilidad fiscal.

 

4.3. Decreto Ley 4635 de 2011.

 

4.3.1. El Decreto Ley 4635 de 2011, tambin fue expedido por el Presidente de la Repblica en ejercicio de las facultades especiales conferidas por el artculo 205 de la Ley 1448 de 2011, y regula lo concerniente a las medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y de restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

 

4.3.2. El decreto se organiza en siete ttulos de la siguiente manera: (1) disposiciones generales; (ii) proteccin de las comunidades en situacin de riesgo extraordinario o extremo en el marco del conflicto armado interno; (iii) asistencia, atencin y ayuda humanitaria; (iv) plan integral de reparacin colectiva a comunidades; (v) restitucin de derechos territoriales; (vi) institucionalidad para la atencin, reparacin integral y restitucin de tierras abandonadas y despojadas; y (vii) disposiciones finales.

 

4.3.3. El artculo 80, cuyo pargrafo 1 fue demandado, se encuentra comprendido en el Ttulo IV sobre el Plan Integral de Reparacin Colectiva a comunidades, en el Captulo II que desarrolla el Plan Integral de Reparacin Colectiva. Regula todo lo relativo a la indemnizacin individual a las vctimas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. El pargrafo acusado determina que para establecer el monto total de estas indemnizaciones, ser necesario tener en cuenta los lmites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

 

5. El principio de sostenibilidad fiscal y sus lmites.

 

5.1. La sostenibilidad fiscal en la Constitucin Poltica.

 

5.1.1. La sostenibilidad fiscal fue elevada a rango constitucional a travs del Acto Legislativo 03 de 2011, que en su artculo 1 establece lo siguiente:

 

ARTCULO 1o. El artculo 334 de la Constitucin Poltica quedar as:

 

La direccin general de la economa estar a cargo del Estado. Este intervendr, por mandato de la ley, en la explotacin de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccin, distribucin, utilizacin y consumo de los bienes, y en los servicios pblicos y privados, para racionalizar la economa con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucin equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacin de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deber fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto pblico social ser prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendr para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios bsicos. Tambin para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armnico de las regiones.

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y rganos del Poder Pblico, dentro de sus competencias, en un marco de colaboracin armnica.

El Procurador General de la Nacin o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las mximas corporaciones judiciales, podrn solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trmite ser obligatorio. Se oirn las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas pblicas, as como el plan concreto para su cumplimiento y se decidir si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningn caso se afectar el ncleo esencial de los derechos fundamentales.

 

PARGRAFO. Al interpretar el presente artculo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podr invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su proteccin efectiva.

 

5.1.2. El Acto Legislativo 03 de 2011 se incorpora en el Ttulo XII de la Constitucin referido al rgimen econmico y de la Hacienda Pblica en lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado Constitucin Econmica. En dicho Ttulo se regulan todos los temas referidos a los planes de desarrollo, el presupuesto, la distribucin de recursos y competencias, los fines sociales del Estado y de los servicios pblicos.

 

5.1.3. A travs del referido Acto Legislativo se reform el artculo 334 de la Constitucin Poltica, que originariamente se limitaba a establecer el principio de racionalizacin de la economa para asegurar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios bsicos y para promover la productividad, competitividad y desarrollo armnico de las regiones.

 

Con la reforma se incluy en el artculo 334 la sostenibilidad fiscal entendida como instrumento orientador de las Ramas del poder para la realizacin de los fines del Estado Social de Derecho. De otro lado, se introdujo el denominado Incidente de Impacto Fiscal, del cual son titulares el Procurador General y los Ministros de Gobierno, para proponer la adecuacin de las decisiones judiciales a los recursos fiscales disponibles.

 

Otro aspecto que resulta relevante subrayar, consiste en la referencia al elemento de la progresividad que se incluye en el Acto Legislativo, para el acceso a bienes y servicios de la poblacin en todo el territorio, y para la promocin de la productividad, la competitividad y el desarrollo.

 

5.1.4. Cabe resaltar que la introduccin de nuevos instrumentos y criterios de racionalizacin del gasto, de ninguna manera desplaz al gasto pblico social que por expresa disposicin constitucional se considera prioritario. Lo anterior debe ser interpretado en armona con los artculos 350 y 366 de la Constitucin que se refieren respectivamente al componente prioritario del gasto social en la ley de apropiaciones, y que determina el deber del Estado de garantizar las necesidades insatisfechas en materia de salud, educacin, saneamiento ambiental y agua potable de la poblacin. De esta manera, la sostenibilidad fiscal no puede sobreponerse ni aplazar la ejecucin del gasto social.

 

5.1.5. El texto constitucional reseado tambin contiene clusulas que prohben la limitacin de derechos fundamentales de modo que: 1) el incidente de impacto fiscal no podra afectar el ncleo esencial de los derechos fundamentales; 2) el criterio de sostenibilidad fiscal no podr ser invocado para menoscabar los derechos fundamentales; 3) ni para restringir su alcance; 4) ni negar su proteccin efectiva.

 

5.1.6. As, de la lectura de la Constitucin, la sostenibilidad fiscal se constituye en una herramienta de mltiples propsitos. De un lado, y a travs del incidente de impacto fiscal, hace posible la modulacin, modificacin y diferimiento de las sentencias judiciales para evitar alteraciones de la sostenibilidad que en todo caso no podran predicarse de determinada entidad en particular, sino a nivel macro. De otro lado, la sostenibilidad es un parmetro de control de leyes y actuaciones administrativas con el fin de evitar la afectacin de las finanzas pblicas, siempre y cuando dichas razones no se invoquen para afectar o negar derechos fundamentales.

 

El presente proyecto se concentrar en examinar la sostenibilidad como criterio orientador de la actividad de las autoridades estatales.

 

5.2. El alcance de la sostenibilidad fiscal de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.

 

5.2.1. Desde la doctrina econmica se reconoce que no existe una nica definicin de la sostenibilidad fiscal, sin embargo, en trminos generales, es posible describirla como la capacidad de un gobierno de hacer frente a sus obligaciones de pago y de mantener la estabilidad macroeconmica[6]. Especficamente, se ha sealado que este criterio tiene como fin disciplinar las finanzas pblicas para reducir el dficit fiscal limitando la diferencia entre los ingresos nacionales y el gasto pblico[7].

 

5.2.2. Si bien la Corte ha reconocido que el concepto de sostenibilidad fiscal no es unvoco y que a lo largo de los debates legislativos tampoco se manej una definicin uniforme del mismo, desde la perspectiva constitucional, es posible establecer ciertas pautas y caractersticas de dicha nocin.

 

As, en la sentencia C-288 de 2012, la Corte examin a fondo los alcances de la sostenibilidad fiscal, definida como un criterio orientador de las ramas del poder pblico, y como una herramienta que junto a los otros mecanismos contenidos en la Constitucin econmica, se dirige a materializar los fines esenciales del Estado Social y Democrtico de Derecho.

 

5.2.3. Se ha resaltado que, inicialmente, la propuesta de Acto Legislativo presentada por el Gobierno consista en otorgarle a la sostenibilidad fiscal el estatus de derecho colectivo y correlativo deber del Estado. Sin embargo, en el curso de los debates en el Congreso, esta nocin se fue adecuando a un enfoque en el que se privilegi la garanta de los derechos fundamentales y de los fines esenciales del Estado.

 

Por lo anterior, la Corte, al examinar la constitucionalidad del Acto Legislativo, concluy que no existe evidencia que se est ante un nuevo principio constitucional o ante una reformulacin de la arquitectura de derechos, principios y valores que informan la Carta Poltica[8]. Se trata simplemente de un marco que al carecer de la naturaleza y peso especfico de los principios constitucionales, no cumple objetivos autnomos ni prescribe mandatos particulares que deban ser optimizados, sino que es un herramienta que solo adquirir validez y funcin constitucionalmente relevante cuando permita cumplir los fines para los cuales fue prevista[9].

 

5.2.4. En otras palabras, la Corte ha entendido que la sostenibilidad fiscal, no es ni un derecho, ni un principio constitucional, ni representa un fin esencial del Estado. Tampoco persigue fines autnomos, ni establece mandatos particulares, por lo cual se define como un criterio que orienta a las autoridades de las diferentes ramas del poder para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo anterior, no puede sobreponerse a la efectiva garanta de los derechos consagrados en la Constitucin ni contradecir el ncleo dogmtico de la misma. Con base en estas consideraciones, la jurisprudencia ha sostenido que no podr predicarse en casos concretos que estos principios puedan ser limitados o restringidos en pos de alcanzar la disciplina fiscal, pues ello significara que un principio constitucional que otorga identidad a la Carta Poltica sera desplazado por un marco o gua para la actuacin estatal, lo que es manifiestamente errneo desde la perspectiva de la interpretacin constitucional[10].

 

Adems, teniendo en cuenta que de manera expresa el Acto Legislativo dispone que en cualquier caso el gasto pblico social ser prioritario, la jurisprudencia ha destacado que en caso de conflicto entre la aplicacin del criterio de sostenibilidad fiscal y la consecucin de los fines estatales prioritarios, propios del gasto pblico social, prevalecen siempre los segundos.

 

5.2.5. El legislador no solo no ubic la sostenibilidad fiscal en una jerarqua superior con respecto a los derechos sino que limit su alcance de manera considerable.

 

El texto constitucional expresamente prohbe todo tipo de afectacin entendida como menoscabo, limitacin o negacin de proteccin efectiva de los derechos fundamentales y desconocimiento de su ncleo esencial en el caso del incidente fiscal. En este sentido, la disciplina fiscal debe ceder ante la eficacia de esas posiciones jurdicas[11], lo cual tambin es expresin de la subordinacin de este criterio a los fines del Estado Social de Derecho.

 

Con respecto a los derechos que no reciben la denominacin de fundamentales en la Constitucin, se ha establecido que la sostenibilidad fiscal tampoco puede aplazar o restringir su alcance. La distincin con los derechos fundamentales resulta obsoleta ya que el carcter fundamental de un derecho depende de su relacin con la dignidad humana y no de su denominacin. En consecuencia, la Corte, al examinar el Acto Legislativo en la sentencia C-288 de 2012, concluy que la prohibicin de menoscabar, restringir o negar la proteccin efectiva de derechos fundamentales, abarca todas las posiciones jurdicas que adquieren naturaleza iusfundamental y que guarden relacin con los fines del Estado Constitucional y el ncleo dogmtico del Texto Superior. Se advierte igualmente que dichas clusulas prohibitivas tienen carcter sustantivo por lo que son de obligatorio cumplimiento en cualquier mbito de aplicacin del criterio de sostenibilidad fiscal.

 

5.2.6. De otro lado, la Corte ha sealado que la sostenibilidad fiscal debe interpretarse conforme al principio de progresividad y a la naturaleza indivisible e interdependiente de los derechos[12]. De acuerdo con la jurisprudencia, el citado principio consiste en la obligacin del Estado de garantizar los derechos sociales, y en general todos los derechos constitucionales en su faceta prestacional, aumentando de manera gradual y constante su cobertura. Asimismo, supone una prohibicin de regresividad o retroceso de cualquier ndole a menos de que a travs de un juicio estricto de proporcionalidad, se demuestre que la medida regresiva resulta imprescindible para cumplir con un fin constitucionalmente imperioso. En este sentido, se ha destacado que el alcance del principio de progresividad se reduce, as entendido, al imperativo de aumentar el mbito de proteccin de los derechos sociales, por lo que no puede servir de base para relevar al Estado de la obligacin de adoptar medidas inmediatas para la proteccin del derecho, evitar que se impongan discriminaciones injustificadas para su goce efectivo, ni tampoco, como se explicar ms adelante, negar el carcter interdependiente e indivisible de los derechos[13].

 

5.2.7. Conforme a lo anterior del Acto Legislativo 03 de 2011 se desprende que: 1) la sostenibilidad fiscal es un criterio orientador de las ramas del poder para hacer efectivos los derechos constitucionales y los fines esenciales del Estado, por consiguiente no tiene categora de principio, valor ni derecho; 2) se trata de una herramienta que se subordina al cumplimiento de dichos fines estatales y que carece de propsitos propios o independientes, es decir que no es fin a si misma; 3) en todo caso, y por expresa disposicin constitucional, el gasto social ser prioritario; 4) no se pueden restringir o afectar so pretexto de aplicar el criterio de sostenibilidad fiscal, posiciones jurdicas que adquieren naturaleza iusfundamental; 5) la sostenibilidad fiscal debe interpretarse conforme al principio de progresividad, el cual, en todo caso, no puede emplearse para aplazar indefinidamente la ejecucin de los derechos constitucionales.

 

5.2.8. La sostenibilidad fiscal es un instrumento que puede apreciarse desde dos perspectivas:

 

(1) De un lado, como marco que limita la accin del legislador y como criterio orientador de las ramas del poder pblico, la sostenibilidad se constituye en una herramienta que consiente mantener el gasto a mediano o largo plazo para financiar los costos que supone la emisin de nueva deuda y para reducir el dficit fiscal, permitiendo realizar proyecciones y estimaciones macroeconmicas y establecer estrategias como ocurre con el marco fiscal de mediano plazo. Esto a su vez se traduce en la posibilidad para las autoridades de formular polticas que puedan mantenerse en el tiempo en beneficio de la poblacin y de las metas de Gobierno; de ah la importancia de incorporar el criterio de sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes presupuestales y en la ley de apropiaciones.

 

(2) De otra parte, la necesidad de atender al criterio de sostenibilidad fiscal, se aplica igualmente a las sentencias judiciales, a travs del incidente de impacto fiscal que permite modular, modificar o diferir los efectos de los fallos de las Altas Cortes cuando se compruebe una afectacin de las finanzas pblicas y siempre y cuando no se desconozcan o socaven derechos fundamentales. Sin embargo, los jueces tienen la libertad de reconsiderar los efectos de la sentencia y no estn obligados a aceptar los argumentos de los proponentes. En todo caso, este incidente no tiene como efecto modificar la parte resolutiva de las providencias.

 

6. Alcance del derecho a la reparacin de las vctimas del conflicto armado interno.

 

6.1. La reparacin a vctimas en la Constitucin Poltica y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia.

 

6.1.1. El fundamento constitucional de los derechos a la verdad, la justicia y la reparacin de las vctimas de la violencia, se encuentra plasmado en numerosos artculos de la Carta tales como el 1, 2, 12, 29, 93, 229 y 250 n. 6 y 7. Los valores y principios constitucionales en los que estos derechos encuentran sustento han sido enunciados por la sentencia SU-254 de 2013 en los siguientes trminos:

 

(i) en el mandato segn el cual los derechos y deberes se interpretarn de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el Constituyente ha otorgado rango constitucional a los derechos de las vctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la proteccin de los bienes jurdicos (Art. 2 CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qu ocurri, y a que se haga justicia (Art.1 CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participacin y fundamenta la intervencin de las vctimas tanto en los procesos judiciales como administrativos para obtener su reparacin; (vi) en el derecho de acceso a la administracin de justicia, del cual se derivan garantas como la de contar con procedimientos idneos y efectivos para la determinacin legal de los derechos y las obligaciones, la resolucin de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un trmino prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopcin de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, as como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias; (vi) en el artculo 90 de la Constitucin Nacional, que consagra una clusula general de responsabilidad del Estado; (vii) en el derecho de acceso a la administracin de justicia (art. 29 y 229 C.N.); (viii) en el derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12); (ix) as como en la obligacin estatal de respeto y garanta plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artculos 1, 8 y 25 de la Convencin Interamericana sobre Derechos Humanos[14], los cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepcin y, en consecuencia, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto[15].

 

Acorde con lo anterior, se reconoce la reparacin como un derecho fundamental de las vctimas del conflicto armado que corresponde garantizar al Estado[16].

 

6.1.2. A nivel internacional instrumentos y tratados se refieren a la necesidad de asegurar una reparacin justa, adecuada, efectiva y rpida del dao sufrido. A travs del artculo 93 se incorporan al ordenamiento jurdico interno, tratados y convenios de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificados por el Congreso, que reconocen y protegen los derechos humanos, y que por su carcter prevalente en el ordenamiento jurdico interno se convierten en parmetros de interpretacin de los derechos constitucionales[17]. En este sentido se ha sealado que tanto la Declaracin Americana de Derechos del Hombre () como la Declaracin Universal de Derechos Humanos (), marcan una tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos, a travs de la cual no slo obtengan reparacin por el dao sufrido, sino tambin se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia ().[18]

 

6.1.3. Adems de las Convenciones y Tratados, otros instrumentos internacionales resultan de fundamental importancia para llenar de contenido el derecho a la reparacin. Dichos documentos internacionales han sido reconocidos por la Corte como criterios de referencia en materia de reparacin a vctimas e incluso como parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato[19]. Se trata de documentos de las Naciones Unidas tales como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[20], los Principios sobre la Restitucin de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas[21], o Principios Pinheiro, y los Principios y Directrices Bsicos sobre el derecho de las Vctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones[22] en los que se establece que la reparacin a las vctimas de la violencia debe ser en principio ntegra y plena, adems de justa, suficiente, adecuada, efectiva, oportuna y proporcional a las graves y masivas violaciones de derechos fundamentales.

 

6.2. El alcance del derecho a la reparacin y su definicin en la jurisprudencia de la Corte.

 

6.2.1. En el marco del conflicto armado, el derecho a la reparacin, que puede ser individual o colectivo dependiendo del sujeto victimizado, se otorga a quienes han sufrido un dao resultante de una conducta antijurdica[23] que no se encontraban en el deber de soportar[24]. De esta manera se reconoce el dao sufrido por las vctimas de graves y masivas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, el cual debe ser resarcido a travs de medidas de justicia distributiva y restaurativa, encaminadas a restituir a la vctima a la situacin anterior a la vulneracin de sus derechos. En caso de no ser posible la restitutio in integrum, sern necesarias estrategias orientadas a compensar la prdida material tanto por dao emergente como por lucro cesante- y moral de acuerdo con el principio de equidad, a travs de la indemnizacin. Adicionalmente, hacen parte de la reparacin, la rehabilitacin referida a la recuperacin fsica o mental de las personas afectadas con la conducta ilcita y violatoria de los derechos humanos; la satisfaccin que supone el reconocimiento pblico del crimen cometido y el reproche de tal actuacin para restablecer la dignidad de las vctimas y reivindicar la memoria histrica; las garantas de no repeticin que representan las acciones tendientes a hacer cesar las violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.[25]

 

6.2.2. As, aunque difcilmente es posible la restitucin plena e integral de los derechos de las vctimas, la reparacin busca restaurar su dignidad reprochando pblicamente las conductas que las afectaron, por lo cual se relaciona ntimamente con la verdad y la justicia, los otros componentes de la justicia transicional.

 

De un lado, la Corte ha considerado que el derecho a la reparacin se hace efectivo garantizando el derecho a la justicia que supone la posibilidad de contar con un recurso gil y sencillo para obtener la satisfaccin del mismo a travs de recursos como la investigacin, juzgamiento y sancin adecuada y proporcional de los responsables de los crmenes investigados, en el marco de un proceso eficaz e imparcial, que garantice la participacin efectiva de las vctimas. En relacin con la verdad, el derecho a la reparacin requiere que se establezcan las causas y hechos generadores de la violacin de los derechos de las vctimas, y determinar quines son los responsables de los hechos ilcitos[26].

 

La Corte[27] ha recordado que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interdependencia entre verdad, justicia y reparacin, realiza el derecho de las vctimas a conocer lo que sucedi,[28]a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicacin de los restos de sus familiares,[29] as como tambin el derecho a la investigacin de los respectivos hechos y la sancin de los responsables, hace parte integral de la reparacin de las vctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las vctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo.[30]

 

De este modo, las restricciones impuestas al derecho a la reparacin, se traducen en limitaciones a los derechos a la verdad y a la justicia. En estos trminos, la Corte ha sealado que la verdad y la justicia deben entenderse como parte de la reparacin, en razn a que no puede existir una reparacin integral sin la garanta respecto del esclarecimiento de los hechos ocurridos y de la investigacin y sancin de los responsables. As mismo, esta Corporacin resalta que los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparacin de las vctimas de violaciones masivas y sistemticas de derechos humanos como el desplazamiento forzado, dan lugar a una serie de obligaciones inderogables a cargo del Estado, como la de prevenir estas violaciones, y una vez ocurridas stas, la obligacin de esclarecer la verdad de lo sucedido, la investigacin y sancin de este delito sistemtico y masivo en contra de la poblacin civil, y la reparacin integral a las vctimas tanto por la va judicial penal y contencioso administrativa- como por la va administrativa, as como el deber de garantizar y facilitar el acceso efectivo de las vctimas a estas diferentes vas[31]. (Subraya fuera del texto original).

 

6.2.3. En todos los casos, la jurisprudencia[32] ha reiterado que las disposiciones legales relacionadas con las vctimas de la violencia, deben ser interpretadas a la luz de los principios de favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de sus derechos, la buena fe, la confianza legtima, la preeminencia del derecho sustancial y el reconocimiento de la condicin de especial vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las vctimas[33].

 

6.2.4. Cabe destacar que, tal y como lo ha reiterado la Corte en varios pronunciamientos[34], la verdad, la justicia y la reparacin de las vctimas de las actuaciones de grupos armados en el marco del conflicto armado, tienen un contenido propio y un sustento constitucional diferente al que fundamenta el gasto social del Estado y que se traduce en medidas, servicios y programas en materia de polticas pblicas de vivienda, educacin y salud que se deben prestar a toda la poblacin en general, en virtud del denominado principio de distincin. En este sentido se ha sostenido que las medidas asistenciales adoptadas por el Estado a favor de las personas desplazadas por la violencia, tienen precisamente el objetivo de mejorar las condiciones mnimas de existencia y no responden a ninguna obligacin de reparacin[35].

 

6.2.5. En contextos de justicia transicional, la reparacin es por consiguiente un derecho complejo que tiene un sustrato fundamental, reconocido por la Constitucin, las normas internacionales de derechos humanos, los organismos internacionales y la jurisprudencia. As, la reparacin se cataloga como un derecho fundamental porque: 1) busca restablecer la dignidad de las vctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitucin, indemnizacin, rehabilitacin, medidas de satisfaccin y no repeticin. De esta manera, el reconocimiento de la reparacin como derecho fundamental se ajusta a los estndares internacionales en la materia y hace posible su amparo por va de tutela.

 

En esta lnea, la Corte ha reconocido en sentencias de tutela, que el dao resultante de la violacin de los derechos humanos de las vctimas, genera a su favor el derecho fundamental a la reparacin a travs de la restitucin, la indemnizacin, la rehabilitacin, la satisfaccin y la garanta de no repeticin consagradas en el Derecho Internacional, que se desprenden de la condicin de vctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado independientemente de la identificacin, aprehensin, enjuiciamiento o condena de los victimarios[36].

 

Es importante anotar que, los derechos a la verdad, la justicia y la reparacin de las vctimas, a pesar de ser fundamentales, no pueden considerarse absolutos. De otro lado, es importante destacar que en escenarios de transicin y en contextos de escasez de recursos, es necesario hacer ciertas concesiones para lograr la reconciliacin y la paz definitiva. No obstante lo anterior, dichas restricciones nunca podrn traducirse en una afectacin excesiva o en una negacin o desnaturalizacin los derechos de las vctimas.

 

6.3. La reparacin administrativa y el componente de la indemnizacin.

 

6.3.1. Considerando que dos de las normas acusadas el artculo 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 y el artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011- se refieren especficamente a la indemnizacin administrativa de las vctimas del conflicto armado, es preciso realizar una referencia ms precisa a la reparacin administrativa y a este componente de la reparacin integral.

 

6.3.2. Tal y como se seal arriba, el objetivo primordial de la reparacin consiste en restituir integralmente los derechos de las vctimas devolvindolas a la situacin anterior a la violacin de derechos. Al ser en muchos casos imposible la restitutio in integrum, la experiencia comparada y los instrumentos y principios internacionales en esta materia, han concluido que si bien es imposible compensar completamente el dao sufrido y las prdidas materiales y emocionales, es posible aliviar en parte el sufrimiento de las vctimas a travs de una serie de medidas encaminadas a restablecer sus derechos. Estas medidas son la indemnizacin, la rehabilitacin, las medidas de satisfaccin y las garantas de no repeticin. Cada uno de estos componentes ha de ser garantizado para que se promueva la real y efectiva reparacin plena de las vctimas. Dicho de otro modo, si estas medidas se aseguran aisladamente, sin confluir y articularse de modo adecuado, no se considera satisfecho el derecho fundamental a la reparacin integral.

 

6.3.3. La indemnizacin, como parte del derecho a la reparacin que tiene la finalidad de compensar monetariamente los perjuicios econmicamente causados y evaluados, es un principio internacionalmente reconocido. Los lineamientos internacionales establecen que esta medida debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violacin y a las circunstancias de cada caso[37], por los perjuicios que sea posible valorar econmicamente y que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario[38]. Estos daos incluyen:

 

a) El dao fsico o mental;

b) La prdida de oportunidades, en particular las de empleo, educacin y prestaciones sociales;

c) Los daos materiales y la prdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

d) Los perjuicios morales;

e) Los gastos de asistencia jurdica o de expertos, medicamentos y servicios mdicos y servicios psicolgicos y sociales[39].

 

La indemnizacin reviste fundamental importancia no solo desde el punto de vista material sino tambin desde una perspectiva simblica ya que supone el reconocimiento del dao provocado a las vctimas en contextos de conflicto armado. Adicionalmente contribuye a reforzar la observancia de normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que prevn la compensacin econmica para las vctimas y promueve la confianza civil en el Estado y sus instituciones[40].

 

6.3.4. La indemnizacin de las vctimas como componente de la reparacin integral, puede garantizarse por va judicial y/o administrativa.

 

En la reparacin judicial se investiga y sanciona al responsable de las violaciones de derechos y se le obliga a responder econmicamente por los daos materiales y morales ocasionados a las vctimas. Desde el punto de vista metodolgico, la reparacin por esta va requiere la identificacin y evaluacin del dao de cada vctima, lo cual supone un proceso individualizado, con la utilizacin de variada evidencia para establecer exactamente las prdidas de toda ndole ocasionadas por el victimario. Por esta razn, en este tipo de procesos la reparacin es diferente dependiendo de cada caso ya que las vctimas difcilmente se encontraban en una situacin similar antes de la violacin de sus derechos[41].

 

No obstante lo anterior, los procesos judiciales de reparacin pueden resultar dispendiosos en trminos de tiempo y recursos. Especialmente cuando existe un universo extenso de vctimas que han sufrido graves violaciones de derechos durante un prolongado periodo de tiempo, la va judicial puede no ser el mecanismo ms idneo ni la opcin ms adecuada. En efecto, este medio es viable en contextos en los que las violaciones de derechos son la excepcin, el nmero de vctimas es ms reducido y en los que es ms fcil recoger evidencia y probar los daos particulares.

 

Por el contrario, los programas de reparacin administrativa, fundamentados en el principio de subsidiariedad y complementariedad, aunque se encuentran sometidos a ciertas restricciones que impiden una compensacin plena equivalente a la de la reparacin judicial, tienen como fin reparar al mayor nmero de beneficiarios de manera justa y adecuada. En estos casos el proceso es ms flexible y gil que la reparacin judicial y promueve el acceso de todas las vctimas, las cuales no siempre tienen la posibilidad de participar en procesos judiciales de reparacin por los altos costos que estos implican.

 

Es importante destacar que, a pesar de las ventajas de este mecanismo de reparacin en escenarios de graves, masivas, sistemticas y generalizadas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, no existe una obligacin internacional que imponga a los Estados el deber de llevarlo a cabo. As, los Estados pueden adoptar estrategias de reparacin judicial y/o administrativa o pueden tambin decidir no implementar programas administrativos de reparacin siempre y cuando los mecanismos alternativos existentes sean adecuados y suficientes para satisfacer los derechos de las vctimas.

 

6.3.5. En Colombia, considerando el contexto de violencia histrica, sistemtica, masiva y generalizada y previendo las dimensiones y la complejidad de un proceso de reparacin, se opt por un modelo concurrente de reparacin judicial y administrativa. A travs de la reparacin judicial, por la va penal ordinaria o del proceso establecido en la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011, se busca el resarcimiento individual, el esclarecimiento del delito, la investigacin y sancin de los responsables de los ilcitos. De otro lado, la reparacin administrativa, fundamentada en el artculo 2 de la Constitucin Poltica, o bien en el principio de responsabilidad del Estado como garante de los derechos fundamentales, y regulada por la Ley 1448 de 2011 en el Ttulo IV, se inscribe en polticas pblicas encaminadas a reparar al mayor nmero de vctimas y se constituye en un mecanismo gil y adecuado en el contexto colombiano, caracterizado por un conflicto armado prolongado que ha dejado millones de vctimas. En este sentido, la obligacin de implementar programas administrativos de reparacin se sustenta en el deber de garanta del Estado y no en la obligacin de reparar a las vctimas en los procesos judiciales con base en el artculo 90 Superior.

 

As, la jurisprudencia[42] ha sealado que de los principios internacionales de proteccin de derechos humanos, se desprende que la exigencia del derecho a la reparacin de las vctimas de las violaciones flagrantes de derechos humanos, no est subordinada al proceso de investigacin que debe el Estado adelantar contra el victimario, comoquiera que stas deben ser satisfechas en primer lugar por el Estado, porque ste es el principal garante de los derechos fundamentales, porque la condicin de vctima y los derechos que de sta se derivan no dependen de la identificacin, aprehensin, enjuiciamiento o condena del victimario y porque el Estado tiene la facultad de repetir contra el autor del delito, y ello es as porque precisamente es el Estado el que tiene el deber y la facultad de perseguir a quien viol flagrantemente los derechos fundamentales, l nicamente posee la potestad de castigar a quien infringi la norma, es decir, de hacer respetar sus leyes, las cuales deben tener como finalidad la proteccin de los derechos fundamentales no slo para que stos no sean transgredidos, sino tambin para que cuando sean vulnerados se repare como consecuencia del dao infringido.

 

6.3.6. Por consiguiente, la reparacin administrativa no significa el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derecho, sino en su responsabilidad como garante de la seguridad y de los derechos de todas las personas y de la falta o imposibilidad de prevencin del ilcito causante del dao ocasionado a las vctimas[43]. Lo anterior se desprende del principio de acuerdo con el cual, el Estado no puede hacer responsables a las vctimas de sus omisiones[44]. En este sentido, en contextos transicionales, el Estado tiene la obligacin de hacer que sean los victimarios quienes en primer trmino reparen a las vctimas, y de asumir directamente su reparacin en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparacin procurada por stos[45]. Sin embargo, si una vctima obtiene la indemnizacin administrativa, en sede judicial, se le descontar ese monto. Por su parte, las vctimas podrn optar por acceder a una u otra va o a ambas para obtener la reparacin integral.

 

6.3.7. Al margen de lo anterior, cabe precisar que un sistema concurrente de reparacin judicial y administrativa, una vez se adopta, impone exigencias propias. Estas exigencias en primer trmino, son de coherencia. No es posible que en virtud del mecanismo escogido, la actuacin judicial reduzca su capacidad tuitiva so pretexto de la existencia previa o simultnea de una va de reparacin administrativa, o que tratndose de la ruta administrativa de reparacin esta asuma un carcter dbil o discontinuo por tener naturaleza subsidiaria.

 

En realidad, el sistema concurrencial se propone en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos y prolongadas en el tiempo, para arbitrar un mecanismo de justicia efectiva orientado a que el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad intransferible de los autores de las violaciones, asegure la vigencia efectiva de los derechos y los deberes de investigacin y juzgamiento.

 

6.3.8. Ahora bien, en lo que tiene que ver especficamente con la indemnizacin administrativa, el Decreto 4800 de 2011 por medio del cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011, regula todo el procedimiento y establece que la estimacin del monto depender de la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el dao causado y el estado de vulnerabilidad actual de la vctima, desde un enfoque diferencial[46].

 

Por consiguiente, lo determinante en la evaluacin del monto de la indemnizacin es la violacin y la condicin de vulnerabilidad de la vctima. Las referencias presupuestales se supeditan a estos criterios. Los pagos, que podrn ser parciales o corresponder a un solo pago total, atendern de acuerdo con el citado Decreto, a criterios de vulnerabilidad y priorizacin.

 

6.3.9. Cabe reiterar que la indemnizacin es uno de los componentes de la reparacin integral y que por s mismo no contribuye a la realizacin de la misma. En este sentido, es necesario que confluya con las otras medidas.

 

Es preciso subrayar que, en contextos de justicia transicional, no existe una obligacin de carcter internacional que obligue a los Estados en los programas administrativos, a indemnizar con los mismos montos de la reparacin judicial. Especialmente en escenarios de violaciones masivas que incluyen un extenso universo de vctimas, es prcticamente imposible que un Estado pueda financiar una reparacin en dichos trminos, es decir, sin admitir ciertas restricciones. Lo anterior, sin embargo, no implica que se desconozca la naturaleza fundamental de los derechos de las vctimas. Precisamente la implementacin de este tipo de programas administrativos parte de dicho reconocimiento y de la necesidad de garantizar la reparacin de todas las personas en condiciones de igualdad.

 

Aunque no existen patrones ni pautas para establecer cundo una indemnizacin es suficiente, justa y adecuada, algunos indicadores comprenden, de acuerdo con la doctrina internacional en esta materia[47], la capacidad de los programas para reducir las condiciones de vulnerabilidad de las vctimas, contribuir a la reconstruccin de sus vidas de manera digna y humana y de este modo favorecer su inclusin en la sociedad en condiciones de normalidad. De ah la importancia de que estas polticas reconozcan el pasado y la situacin de violacin de derechos en el contexto del conflicto armado, sin perder de vista el futuro de las vctimas y de la sociedad en general[48].

 

6.3.10. En conclusin, la indemnizacin es un componente que articulado con las medidas de satisfaccin, rehabilitacin y las garantas de no repeticin, realizan el derecho fundamental a la reparacin integral la cual puede exigirse tanto por la va judicial como por la administrativa. En el marco de programas administrativos de reparacin, la indemnizacin debe ser justa, adecuada y suficiente para que junto con las otras medidas de reparacin, se puedan restablecer al menos en parte los derechos de las vctimas y promover su reincorporacin a la vida social en condiciones dignas.

 

7. Anlisis del cargo.

 

7.1. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Corte pasa a resolver si las normas acusadas desconocen el derecho a la reparacin a las vctimas por referirse a la sostenibilidad fiscal como un criterio que deben tener en cuenta las autoridades competentes para garantizar la reparacin de las vctimas de la violencia.

 

Para resolver el problema jurdico, debern examinarse las normas demandadas a la luz de las nociones de sostenibilidad fiscal y reparacin integral.

 

7.2. Como se anot anteriormente, el principio de sostenibilidad fiscal, es un criterio de orientacin de las ramas del poder pblico que se instituye como herramienta para racionalizar el gasto y garantizar el efectivo cumplimiento de los fines Estatales. Dicho criterio contiene un lmite explcito en el propio texto constitucional de acuerdo con el cual, de ninguna manera este podr invocarse para afectar, o bien menoscabar, restringir o negar el alcance y proteccin de los derechos fundamentales.

 

As, al ser los derechos a la reparacin de las vctimas de carcter fundamental, tambin en estos casos se aplica la clusula que prohbe su afectacin, limitacin o negacin por razones de sostenibilidad fiscal.

 

7.3. Para establecer cmo podran ser afectados los derechos de las vctimas resulta indispensable remitirse a los bienes jurdicos que protegen y referirse a los presupuestos que en ningn sentido pueden ser transgredidos. Teniendo en cuenta que la reparacin se realiza asegurando la justicia y verdad, es necesario repasar el contenido de cada uno de estos derechos.

 

1) Como se anot anteriormente, la reparacin es un derecho complejo, interrelacionado con la verdad y la justicia que tiene como fin proteger la dignidad e integridad de las vctimas y que consiste en la implementacin de medidas de restitucin, indemnizacin, rehabilitacin, satisfaccin y garantas de no repeticin. El derecho a la reparacin se considera afectado cuando no se reconoce la condicin de vctima a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario con ocasin del conflicto, cuando se continan vulnerando los derechos de las vctimas, o cuando estas son re-victimizadas, cuando se desconocen, ocultan, minimizan o se justifican los crmenes cometidos, cuando la reparacin no se ajusta al dao sufrido o es manifiestamente desproporcionada, o cuando se reduce o niega la posibilidad de las vctimas de sanarse de las heridas fsicas y emocionales del conflicto.

 

Con respecto al componente especfico de la indemnizacin administrativa, este se considera afectado cuando no es reconocido, o cuando su valor no se corresponde absolutamente con el dao moral y material ocasionado a las vctimas, es decir cuando resulta desproporcionado y cuando su entrega no es oportuna. En otras palabras, la indemnizacin resulta afectada cuando no es suficiente, justa y adecuada, impidiendo a las vctimas restablecer su existencia en condiciones dignas y de normalidad.

 

2) La justicia es tanto un derecho como un principio fundante de nuestro ordenamiento jurdico. Como componente de la justicia transicional, exige el compromiso de las autoridades de prevenir, investigar a travs de mecanismos eficaces y de forma rpida, completa e imparcial, identificar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. De este modo, el derecho a la justicia resulta afectado cuando se propicia la impunidad y cuando se niega o limita el acceso a mecanismos giles y oportunos de investigacin y sancin de los hechos criminales.

 

3) Por su parte, el derecho a la verdad del cual son titulares las vctimas, sus familias y la sociedad protege los bienes jurdicos representados por la dignidad humana, el deber de memoria histrica el derecho al bueno nombre y a la imagen. Se relaciona con el derecho a la justicia porque se garantiza evitando la impunidad e implementando investigaciones serias, integrales e imparciales, y con la reparacin porque conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado constituye una manera de resarcir y devolver la dignidad a las vctimas de la violencia. Se afecta o desconoce el derecho a la verdad cuando de niega o limita el derecho individual a conocer a fondo los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos as como a saber quines fueron los responsables, el patrn criminal que aplicaron, y a conocer donde yacen los restos de los seres queridos, y el derecho colectivo relacionado con la memoria histrica para que la sociedad conozca pblicamente lo sucedido.

 

7.4. Habiendo definido el alcance del criterio de la sostenibilidad fiscal y de los derechos fundamentales de las vctimas del conflicto armado, la Corte reitera que si bien la sostenibilidad fiscal ha sido consagrada en la propia Constitucin, no es un criterio que pueda invocarse para limitar o negar los derechos fundamentales de las vctimas o de restringirlos en su esencia.

 

Con esta premisa, pasa la Corte a analizar si en las normas acusadas el criterio de sostenibilidad fiscal se emplea de modo que pueda resultar menoscabado, limitado o negado el derecho fundamental a la reparacin de las vctimas tal y como lo sostiene el demandante.

 

1) El artculo 19 de la Ley 1448 de 2011.

 

El inciso 2 del artculo 19 de la Le 1448 de 2011, seala expresamente que el desarrollo de las medidas a que se refiere la presente ley, deber hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

 

Como se anot anteriormente, este artculo se inscribe en el marco de una ley de justicia transicional que pretende garantizar los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia y la reparacin y hacer efectivas medidas de atencin y asistencia para las mismas. Por consiguiente, el contexto de la norma acusada es el de una regulacin que busca promover y reconocer los derechos de las vctimas.

 

Tal y como se seal en las consideraciones de esta sentencia, el esquema de reparacin concurrencial judicial y administrativa- adoptado por Colombia, se presenta como la respuesta estatal que le permite cumplir deberes de garanta y proteccin. Este sistema se sujeta a los requerimientos funcionales y materiales inherentes a la funcin justicia, lo cual no significa que la reparacin administrativa deje de estar enclavada en la esfera del ejecutivo o que ella se transforme en pura actuacin judicial.

 

Los requerimientos funcionales y materiales, a los que no puede resultar ajeno el sistema concurrente de reparacin judicial, se traducen en la necesidad de que este esquema de actuacin judicial est dotado de capacidad suficiente para cumplir con la misin institucional que articuladamente pretende absorber: reparar integralmente a las vctimas ya sea por el canal judicial exclusivamente, o por la va administrativa o por la combinacin de las dos trayectorias.

 

La capacidad como condicin de este especfico sistema de justicia se predica del conjunto e individualmente de sus dos componentes, el judicial y el administrativo y se juzga a partir de los indicadores de acceso a la justicia por parte de las vctimas y de la disponibilidad de recursos monetarios, tcnicos, administrativos y de personal que integran el servicio pblico. Si como fruto de este diseo, se generaran muy pocas sentencias judiciales y solo un nmero modesto de vctimas tuviere la opcin de ser reparadas, claramente el servicio no revelara la capacidad institucional mnima para poder responder a las exigencias de justicia en el contexto del largo conflicto colombiano. En este escenario extremo, la debilidad del componente administrativo no podra justificarse con la terica existencia del medio judicial ordinario de reparacin.

 

En este sentido, el artculo acusado plantea la necesidad de asegurar que las medidas de reparacin por va judicial o administrativa sean efectivas en el tiempo y para todo el universo de vctimas que comprende ya que solo de esta manera la poltica pblica de reparacin ser viable. Por esta razn, se refiere a la importancia de garantizar la continuidad y la progresividad de las mismas.

 

Tal y como lo seala el Conpes 3712 de 2011, que contiene el plan de financiacin para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, en el desarrollo del costeo de la ley, es fundamental contar con un ambiente de sostenibilidad fiscal que garantice la realizacin del Estado Social de Derecho, entendiendo por tal, garantizar de manera progresiva la prestacin y el goce de los derechos, puesto que slo en la medida en que se cuente con recursos para ello se podrn hacer efectivos los mismos.

Se trata de una disposicin que orienta la actuacin de las autoridades para que estas aseguren la efectiva y continua reparacin de las vctimas, pero no supedita la reparacin a la disponibilidad de recursos. El objetivo de la ley es entonces garantizar el derecho fundamental a la reparacin, no preservar las finanzas pblicas en detrimento del mismo. De este modo, el criterio de sostenibilidad fiscal en este caso se aplica de manera adecuada como criterio orientador de la poltica en los trminos referidos en la presente providencia.

 

No encuentra entonces la Corte que del texto examinado se desprenda una afectacin de los derechos de las vctimas, que de manera alguna resultan menoscabados, negados o restringidos por dicha disposicin, la cual, como se dijo antes, representa simplemente un mandato para las autoridades que deben asegurar los recursos de la asistencia, atencin y reparacin de las vctimas.

 

Siendo esta la adecuada interpretacin del inciso 2 del artculo 19 de la Ley 1448 de 2011, la Corte advierte que este se ajusta a los postulados constitucionales y se enmarca en la definicin de sostenibilidad fiscal fijada en el texto superior y en la jurisprudencia, dado que la disposicin se limita a establecer un deber para las autoridades de garantizar el derecho fundamental a la reparacin ordenndoles asegurar para este fin los recursos que hagan viable y efectiva dicha poltica pblica. Por estas razones, la Corte declarar la exequibilidad del aparte demandado.

 

2) El artculo 77 del Decreto Ley 4634 de 2011.

 

El artculo 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 regula la indemnizacin administrativa individual para las vctimas del pueblo Gitano. El aparte demandado de esta norma, refiere que deber establecerse el plazo para la distribucin de la indemnizacin en trminos de los lmites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

 

Es preciso tener en cuenta que, en este caso, se hace referencia a la estabilidad fiscal. Esta nocin se define en la Ley 1473 de 2011 en los siguientes trminos:

 

ARTCULO 7o. El artculo 8o de la Ley 179 de 1994 quedar as:

Sostenbilidad y estabilidad fiscal. El presupuesto tendr en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolucin de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economa y debe ser una herramienta de estabilizacin del ciclo econmico, a travs de una regla fiscal.

 

Tanto la sostenibilidad como la estabilidad fiscal, se realizan a travs de la regla fiscal, definida en el artculo 5 de la citada Ley como aquella de acuerdo con la cual el gasto estructural no puede superar el ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido.

 

As, a travs de la estabilidad y la sostenibilidad, que se realiza a travs de la regla fiscal, se busca mantener el equilibrio de las finanzas lo cual se traduce en la posibilidad de disponer de los recursos necesarios para sufragar los gastos del Estado. Precisamente, la Regla Fiscal ha sido entendida como un instrumento de poltica que promueve la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconmica para asegurar la sostenibilidad de la deuda pblica, permitir el manejo contracclico de la poltica fiscal y garantizar la coordinacin fiscal y monetaria en el diseo de la poltica econmica[49]. En todo caso, la regla fiscal a travs de la cual se concretan estos criterios, supone una limitacin o manejo del esquema de ingresos y gastos que en todo caso no puede afectar derechos fundamentales, tal y como se ha sostenido a lo largo de la presente sentencia.

 

Dicho esto, tampoco en este caso advierte la Corte desconocimiento alguno de la Constitucin o afectacin de los derechos fundamentales de las vctimas y en especial de los derechos del referido grupo tnico. En efecto, no se est imponiendo una restriccin, menoscabo o negacin de sus derechos sino dando a las autoridades pautas para la distribucin de la indemnizacin administrativa en el tiempo. As, el aparte demandado se refiere no a la reparacin como tal sino a los plazos en los cuales esta ser distribuida.

 

En los programas masivos de reparacin caractersticos de contextos de violencia generalizada y sistemtica en los que un gran nmero de personas han resultado vctimas, se reconoce la imposibilidad de que un Estado pueda reparar y particularmente indemnizar por completo a todas las vctimas en un mismo momento. Si bien los derechos fundamentales de las vctimas deben ser garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a millones de personas y no cuenta con los recursos suficientes, es factible plantear estrategias de reparacin en plazos razonables y atendiendo a criterios de priorizacin. Lo anterior no desconoce los derechos de las vctimas sino por el contrario asegura que en cierto periodo de tiempo, y no de manera inmediata, todas sern reparadas.

 

De este modo, la Corte encuentra que tambin en este caso, la estabilidad y la sostenibilidad son criterios que orientan la actuacin de las autoridades encargadas de la reparacin para garantizar los derechos de todas las vctimas y en particular las del pueblo Gitano, sin que se advierta el desconocimiento del derecho a la dignidad y a la igualdad ni una extralimitacin en el empleo de dichos criterios.

 

Reiterando que la implementacin progresiva de las medidas de reparacin no desconoce necesariamente los derechos de las vctimas, a menos de que se utilice como pretexto para incumplirlos, la Corte declarar exequible el aparte acusado del inciso segundo del artculo 77 del Decreto 4634 de 2011.

 

3) El artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011.

 

El artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011, dispone la indemnizacin de las vctimas individuales negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. El aparte demandado del pargrafo 1 determina que la estimacin del monto total disponible para la indemnizacin individual administrativa de los miembros de estas comunidades, deber ser coherente, adecuado, proporcional y razonable tanto para las vctimas como en trminos de los lmites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

 

La Ley 1448 de 2011, como se anot anteriormente, no supedita la reparacin a la sostenibilidad fiscal, sino que se limita a emplear este criterio como orientador de las polticas de las autoridades encargadas de la misma. Sin embargo, en el caso del artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011, el monto de la indemnizacin se hace depender de los lmites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de estabilidad fiscal.

Hay que considerar que tambin en esta ocasin, se hace referencia a razones de estabilidad fiscal que, como qued consignado arriba, no pueden esgrimirse cuando se trata de la garanta de derechos fundamentales.

 

Cabe preguntarse entonces si esta norma en particular transgrede los lmites de la estabilidad y de la sostenibilidad ya que hace depender la indemnizacin administrativa de la disponibilidad presupuestal.

 

Como se anot anteriormente, la indemnizacin es un componente esencial de la reparacin, reconocido en instrumentos internacionales y en la legislacin colombiana, que busca compensar a la vctima la cual no podr ser restituida a la condicin anterior a la vulneracin de sus derechos. A pesar de tener un contenido econmico, simblicamente representa el reconocimiento de esa prdida que jams podr recuperarse y busca el restablecimiento de la dignidad de la persona.

 

En todo caso, la indemnizacin aislada de otras medidas, no satisface el derecho fundamental a la reparacin integral porque el reconocimiento de la condicin de vctima y la bsqueda del restablecimiento de sus derechos, solo adquiere sentido cuando se integran y articulan las medidas orientadas a compensar las prdidas econmicas y morales, a sanar las heridas fsicas, psicolgicas y emocionales dejadas por la violencia, a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos y a garantizar la no revictimizacin o repeticin de lo ocurrido.

 

En otras palabras, en contextos de justicia transicional la indemnizacin aislada de las otras medidas, pierde su sentido reparador y simblico. Por consiguiente, la reparacin integral tal y como ha sido entendida a nivel internacional y aceptada en Colombia, requiere que se garantice su integralidad.

 

Ahora bien, la indemnizacin administrativa es un componente de los programas administrativos de reparacin que el Estado colombiano se ha comprometido a garantizar junto con las otras medidas de restitucin, rehabilitacin, satisfaccin y no repeticin. Sin embargo, no hay que perder de vista dos circunstancias importantes en el proceso de justicia transicional nacional: 1) como se destac arriba, Colombia ha optado por un sistema concurrente de reparacin administrativa y judicial; 2) los programas de reparacin administrativa son polticas pblicas del Estado que se sustentan en el deber de garanta del artculo 2 constitucional, y no en el deber de reparar del artculo 90 Superior.

 

En este orden de ideas, cuando la indemnizacin se otorga a las vctimas por la va administrativa, adems de tener en cuenta la gravedad de los hechos y la condicin de vulnerabilidad de las vctimas, el Estado tambin debe considerar el universo de beneficiarios y el monto total de la reparacin para garantizar el presupuesto para su implementacin, la sostenibilidad y viabilidad del programa. En efecto, en un contexto de escasos recursos y violaciones masivas de derechos, en los que adicionalmente existen otras poblaciones vulnerables que requieren atencin, es importante que las autoridades sean responsables fiscalmente y, sin desconocer los derechos fundamentales de las vctimas, establezcan estrategias de reparacin con montos justos y adecuados, en plazos razonables para permitir la compensacin de todas las vctimas.

 

Considerar que el derecho a la indemnizacin administrativa de las vctimas no puede ser restringido atendiendo a criterios diversos tales como la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, la gravedad del dao producido, la situacin de vulnerabilidad de las vctimas, supondra la existencia de un derecho ilimitado en el marco de procesos administrativos, lo cual adems de ser inviable, ira en detrimento de los derechos de las vctimas porque hara imposible repararlas a todas en condiciones de igualdad tal y como debera hacerse en este tipo de programas.

 

Con todo, la libertad de configuracin del Legislador en esta materia es bastante limitada, dado que en el esquema concurrencial de la reparacin judicial y administrativa por el cual ha optado el Estado colombiano, se encuentra involucrado el derecho fundamental a la reparacin de las vctimas y el deber de garanta.

 

Si lo que se propone el sistema ideado de justicia transicional, es que por lo menos las violaciones masivas sern objeto de reparacin administrativa, este componente no podr frente a la envergadura del fin estatal en juego, en ningn momento resultar subfinanciado hasta el punto de ostentar un papel decorativo o de simple fachada de justicia.

 

El presupuesto inicial, y el de cada una de las vigencias fiscales, hasta el agotamiento de la justicia transicional, debe tener la aptitud y albergar las condiciones que conduzcan a que este componente de la justicia sirva efectivamente el propsito en el que se informa el diseo del sistema concurrencial examinado, generando las oportunidades de justicia material que la poblacin de vctimas demanda.

 

En este sentido y solamente bajo el entendido de que el criterio de estabilidad fiscal que invoca la norma legal alude a la imperativa necesidad de que la poltica pblica estatal de reparacin a las vctimas sea viable y proporcional al nmero de vctimas y a la magnitud del dao sufrido por ellas, las disposiciones acusadas sern declaradas exequibles. Por lo anterior, se advierte la necesidad de que el programa administrativo de reparaciones cuente en todo momento con los recursos presupuestales suficientes para asegurar que el componente de reparacin administrativa cumpla de manera seria, razonable y proporcionada con las metas que este mismo plan determine en lo que se refiere a las violaciones masivas de derechos humanos que se propone reparar, las cuales deben a su turno tener una dimensin significativa en el contexto del conflicto armado interno.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011.

 

8. Conclusin: sntesis del caso y razn de la decisin.

 

8.1. Sntesis del caso.

 

8.1.1. En el presente caso, la Corte examin la constitucionalidad de los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 y 80 del Decreto Ley 4635 de 2011.

 

8.1.2. El cargo dirigido contra dichas disposiciones se fundamentaba en la presunta infraccin del derecho fundamental a la reparacin integral de las vctimas como resultado de la extralimitacin en la aplicacin del criterio de sostenibilidad y estabilidad |0

8.1.3. La Corte consider que los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011 y 77 del Decreto Ley 4634 de 2011, son exequibles. Por su parte, estim que el artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011 es exequible en el entendido que las autoridades estatales debern contar siempre con los recursos presupuestales suficientes para garantizar todas las medidas de la reparacin administrativa, y en particular la indemnizacin administrativa, distribuyendo los beneficios de manera razonable y proporcionada al nmero de vctimas y a la magnitud del dao sufrido por ellas, de acuerdo con las metas establecidas en los planes de reparacin.

 

8.2. Razn de la decisin.

 

8.2.1. Los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011 y 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 son exequibles porque no suponen una restriccin del derecho a la reparacin integral y en particular a la indemnizacin administrativa atendiendo al criterio de sostenibilidad fiscal.

 

En efecto, el derecho a la reparacin de las vctimas es fundamental y no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad fiscal ya que se ha considerado que este es solo un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado. Bajo la misma lgica, la estabilidad fiscal tampoco se constituye en un criterio que pueda limitar o socavar los derechos fundamentales.

 

8.2.2. El artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011 es exequible siempre que se entienda que las autoridades se encuentran en el deber de garantizar los recursos para indemnizar de manera adecuada y proporcional a las vctimas.

 

Colombia ha optado por un sistema concurrente de repracin judicial y administrativa, que debe ser coherente y tener la capacidad de satisfacer los derechos de las vctimas. En contextos de masivas violaciones de derechos humanos y de escasez de recursos, las consideraciones presupuestales o econmicas son importantes para asegurar la sostenibilidad y efectividad de la poltica. No obstante lo anterior, el mbito de configuracin legislativa en esta materia es limitado. Las disposiciones que regulen la indemnizacin administrativa, deben tener en cuenta el dao inflingido a la vctima y su condicin de vulnerabilidad, y consultar los criterios de igualdad y proporcionalidad.

 

8.2.3. En conclusin, los programas administrativos de reparaciones deben contar siempre con los recursos presupuestales suficientes para garantizar a las vctimas sus derechos, asegurando la realizacin de todos los componentes de la reparacin y en particular la indemnizacin administrativa.

 

III. DECISIN

 

En mrito de lo anterior, la Corte Constitucional de la Repblica de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitucin,

 

RESUELVE

 

Primero.- Declarar EXEQUIBLES los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011, el artculo 77 del Decreto 4634 de 2011 y el artculo 80 del Decreto 4635 de 2011, por los cargos examinados en esta sentencia.

 

Notifquese, comunquese y cmplase.

 

 

 

JORGE IVN PALACIO PALACIO

Presidente

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

Con aclaracin de voto

MAURICIO GONZLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PREZ

Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Magistrado

 

 

 

 

 

NILSON ELAS PINILLA PINILLA

Magistrado

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

 

ALBERTO ROJAS ROS

Magistrado

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

Con aclaracin de voto

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

ACLARACIN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS

MARIA VICTORIA CALLE CORREA Y

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

A LA SENTENCIA C-753/13

 

 

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Debe entenderse como mandato expreso dirigido a garantizar la adecuada financiacin de la poltica pblica de reparacin y garanta de los derechos de las vctimas (Aclaracin de voto)

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL-Impone a los poderes pblicos la obligacin de garantizar recursos suficientes para asegurar la viabilidad y efectivo cumplimiento del deber de reparacin (Aclaracin de voto)

 

PROGRAMAS DE REPARACION ADMINISTRATIVA-Implementacin se torna obligatoria en contextos donde los obstculos para el acceso a los mecanismos judiciales impidan hacer efectivo el derecho a la reparacin de las vctimas (Aclaracin de voto)

 

SOSTENIBILIDAD FISCAL EN REPARACION A LAS VICTIMAS PARA GARANTIZAR VIABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD AL NUMERO DE VICTIMAS Y A LA MAGNITUD DEL DAO SUFRIDO POR ELLAS-Exequibilidad de los apartes demandados y no de la totalidad de los artculos (Aclaracin de voto)

 

 

 

Referencia: Expediente D-9608

 

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artculo 19 (parcial) de la Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; artculo 77 (parcial) del Decreto Ley 4634 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes al pueblo Rom o Gitano; artculo 80 (parcial) del Decreto Ley 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y de restitucin de tierras a las vctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

 

Actor: Brayan Dario Tovar Badel

 

Magistrado Ponente:

Mauricio Gonzlez Cuervo

 

 

Con el debido respeto por las decisiones de la Corte, aclaramos nuestro voto a la sentencia C-753 de 2013. Si bien acompaamos la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas, consideramos necesario precisar nuestro punto de vista en relacin con algunos de los argumentos acogidos por la Sala Plena para fundamentar el fallo.

 

1. Compartimos las razones expuestas en la sentencia para argumentar que la sostenibilidad fiscal no admite ser entendida como un criterio que fundamente la restriccin o el menoscabo de derechos fundamentales, entre estos el derecho de las vctimas de graves violaciones de derechos humanos a obtener reparacin integral. Tal comprensin resulta contraria a lo previsto en el pargrafo del artculo 334 Superior y a la interpretacin contenida en la sentencia C-288 de 2012,[50] mediante la cual se declar la exequibilidad del Acto Legislativo No. 3 de 2011, que introdujo el criterio de sostenibilidad fiscal.

 

Sin embargo, la controversia planteada en este caso le habra permitido a la Corte precisar que la alusin a la sostenibilidad o estabilidad fiscal, contenida en los preceptos demandados, ha de ser entendida, antes que como lmite, como un mandato expreso dirigido a garantizar la adecuada financiacin de la poltica pblica de reparacin y garanta de los derechos de las vctimas, plasmada en la Ley 1448 de 2011 y en los Decretos Ley 4634, 4635 y 4636 de 2011, referidos estos ltimos a la reparacin de vctimas pertenecientes al pueblo Rrom, a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y a pueblos indgenas, respectivamente. La sentencia slo introduce esta precisin para fundamentar la declaratoria de exequibilidad del artculo 80 del Decreto Ley 4635 de 2011. Aclaramos nuestro voto para enfatizar que la sostenibilidad fiscal, en el contexto no slo de sta sino de las dems normas que desarrollan la poltica pblica de reparacin a las vctimas, impone a los poderes pblicos la obligacin de garantizar recursos suficientes para asegurar la viabilidad y efectivo cumplimiento del deber de reparacin.

 

2. En el considerando 6.3.4 de la sentencia se alude a los mecanismos de reparacin administrativa como una va que, en contextos de justicia transicional, permite asegurar el derecho de un mayor nmero de vctimas a obtener reparacin, debido a la mayor flexibilidad en el acceso a los programas de reparacin administrativa, en comparacin con las mayores exigencias asociadas a los mecanismos judiciales. De hecho, uno de los argumentos que se exponen en la sentencia para fundamentar el carcter subsidiario y complementario de los programas de reparacin administrativa es el hecho de que estos promueven el acceso de todas las vctimas, quienes no siempre tienen la posibilidad de participar en los procesos judiciales de reparacin por los altos costos que estos implican. Esto supone un reconocimiento de que al menos algunas vctimas, las que carecen de medios para hacer valer su derecho por va judicial (que tambin pueden ser las ms vulnerables), slo sern reparadas por va administrativa. Por eso resulta problemtico que a continuacin se diga, refirindose a este tipo de programas, que no existe una obligacin internacional que imponga a los Estados el deber de llevarlo a cabo.

 

Nos apartamos de esta conclusin, contenida en la sentencia a manera de obiter dictum, toda vez que resulta inconsistente con: (i) el reconocimiento de que diversos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, incorporados al bloque de constitucionalidad, imponen la obligacin a los Estados de establecer mecanismos efectivos de reparacin a las vctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; y (ii) la constatacin de que muchas vctimas no pueden acceder a los mecanismos judiciales de reparacin, al existir barreras en razn de los costos o de las mayores dificultades probatorias que impone esta va. Admitidas ambas premisas, como en efecto se hace en la sentencia, entonces no es posible concluir que el establecimiento de otro tipo de mecanismos, no judiciales sino administrativos, sea algo librado a la discrecionalidad de los Estados. Antes bien, la implementacin de programas de reparacin administrativa se torna obligatoria en contextos donde los obstculos para el acceso a los mecanismos judiciales impidan hacer efectivo el derecho a la reparacin de las vctimas.

 

3. Finalmente, aunque en la parte resolutiva de la sentencia se alude, en general, a los artculos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto 4634 de 2011 y 80 del Decreto 4635 de 2011, ha de entenderse que la declaratoria de exequibilidad no comprende la totalidad de los artculos, sino slo de los apartes normativos demandados y en relacin con el nico cargo analizado, esto es, respecto del cargo por infraccin del derecho de las vctimas a ser reparadas integralmente, a la luz de los lmites constitucionales previstos para la aplicacin del criterio de sostenibilidad fiscal. Aunque en la parte motiva de la providencia queda claro que la controversia constitucional se plantea no respecto de la totalidad de los artculos mencionados, sino de algunos apartes especficos, habra sido deseable precisarlo tambin en la parte resolutiva, para fijar con suficiente claridad los alcances de la cosa juzgada constitucional en relacin con estas normas.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Al respecto ver sentencia C-1052 de 2001, C-910 de 2007, C-860 de 2007, C-211 de 2007, C- 991 de 2006, C-803 de 2006, C-777 de 2006, C-1294 de 2001 y C-1052 de 2001.

[2] C-250 de 2012.

[3]  La Corte ha analizado ampliamente los alcances de este concepto, por primera vez en la sentencia C-370 de 2006 (Ms. Ps. Cepeda Espinosa, Crdoba Trivio, Escobar Gil, Monroy Cabra, Tafur Galvis y Vargas Hernndez),  y en aos ms recientes en los fallos C-936 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-771 de 2011 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla). De igual manera ha discurrido sobre el tema en las distintas decisiones proferidas respecto a otras normas de la Ley 1448 de 2011 que ahora se analiza, entre ellas las sentencias C-052 de 2012 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), C-250 de 2012 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-253A de 2012 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-715 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-099 de 2013 (M. P. Mara Victoria Calle Correa).

[4] C-280 de 2013.

[5] Ibdem.

[6] AV C-132 de 2012. Definicin tomada del artculo, titulado Garantizar la sostenibilidad fiscal en la zona euro del Banco Central Europeo.

[7] AV C-132 de 2012.

[8] C-288 de 2012.

[9] Ibdem.

[10] Ibdem.

[11] Ibdem.

[12] Ibdem.

[13] Ibdem.

[14] En mltiples decisiones la Corte Interamericana se ha referido al alcance del derecho a la verdad en la Convencin Interamericana sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia relevante puede ser consultada en el aparte anterior de esta decisin. As por ejemplo, la Corte Interamericana en la Sentencia de 15 de septiembre de 2005 Seal, sobre el derecho de acceso a la justicia, el deber de investigar y el derecho a la verdad, lo siguiente: Este Tribunal ha sealado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trmite de procesos internos, sino ste debe adems asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas vctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.

[15] SU-254 de 2013.

[16] SU-254 de 2013, C-820 de 2012, C-715 de 2012, T-159 de 2011, T-085 de 2009, T, 821 de 2007, C-370 de 2006, C-228 de 2002, T-159 de 2011, T-076 de 2011, entre muchsimas otras.

[17] La sentencia C-715 de 2012 cita los siguientes instrumentos internacionales: la Declaracin Universal de Derechos Humanos art.8-, la Declaracin Americana de Derechos del Hombre art. 23-, la Declaracin sobre los principios fundamentales de justicia para las vctimas de delitos y del abuso del poder arts.8 y 11-, el numeral 1 del artculo 63 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, el Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra art. 17-, el Conjunto de Principios para la proteccin y la promocin de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad o principios Joinet arts. 2,3,4 y 37-, la Convencin Americana de Derechos Humanos, la Declaracin de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en el seno de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), la Declaracin de San Jos sobre Refugiados y Personas Desplazadas, y la Convencin Sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas y su Protocolo Adicional, la Resolucin 60/147 de Naciones Unidas.

[18] C-454 de 2006.

[19] C-280 de 2013, C-278 de 2007, T-967 de 2009, C-715 de 2012.

[20] Documento contenido en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Francis M. Deng en 1998.

[21] Informe definitivo del Relator Especial, Paulo Sergio Pinheiro, aprobado por la Subcomisin de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos en 2005.

[22] Documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolucin 60/147 en diciembre de 2005.

[23] La sentencia SU-254 de 2013 reconoce que el concepto de dao es un concepto complejo y ambiguo que ha sido definido como (i) una afectacin, destruccin, deterioro, restriccin, disminucin o accin lesiva (ii) respecto de los derechos subjetivos, intereses jurdicos o bienes patrimoniales o morales de las vctimas, (iii) como consecuencia de una accin antijurdica que no estaban obligadas a soportar, (iv) que puede ser ocasionada por accin u omisin, (v) por distintos actores como el Estado, particulares u organizaciones de cualquier tipo, (vi) y en diferentes grados, intensidades y niveles de afectacin.

[24] T-699A de 2011.

[25] T-085 de 2009.

[26] T-085 de 2009.

[27] C-715 de 2012.

[28]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones; entre otras.

[29]Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Caso Castillo Pez; Sentencia de 29 de enero de 1997, Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones, entre otras.

[30] Ver caso comunidad Moiwana vs. Suriname, Caso Castillo Pez, y Caso Velsquez Rodrguez, entre otros.

[31] SU-254 de 2013.

[32] T-025 de 2004, T-328 de 2007, T-1094 de 2004.

[33] SU-254 de 2013.

[34] SU-254 de 2013, Autos de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, C-1199 de 2008, T-458 de 2010, entre muchas otras.

[35] T-085 de 2009.

[36] T-089 de 2005.

[37] El numeral 1 del artculo 63 de la Convencin Americana sobre derechos humanos establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1. Cuando decida que hubo violacin de un derecho o libertad protegidos en esta Convencin, dispondr que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondr asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situacin que ha configurado la vulneracin de esos derechos y el pago de una justa indemnizacin a la parte lesionada..

[38] T-085 de 2009: En trminos de la Corte Interamericana, esta indemnizacin se refiere esencialmente a los perjuicios sufridos y stos comprenden tanto los daos materiales como los morales. En relacin con la reparacin de los perjuicios materiales, la Corte ha reconocido que incluye tanto el dao emergente como el lucro cesante.

[39] Principios y directrices bsicos sobre el derecho de las vctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

[40] Elke Schwager. The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict. Publicado por Oxford University Press, 2005.

[41] Peter Van der Auweraert. The Potential for Redress:Reparations and Large-Scale Displacement. En: Transitional justice and displacement. Advancing transitional justice series. Edited by Roger Duthie, International Center for Transitional Justice, Brookings-LSE project on internal displacement. Social Science Research Council; New York, 2012.

[42] T-085 de 2009, T-188 de 2007, C-1199 de 2008. Ver tambin la sentencia T-1085 de 2009 en la cual se seal lo siguiente: la reparacin debida a las vctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las vctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparacin en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparacin brindada por estos.

[43] SU-254 de 2013.

[44] T-188 de 2007.

[45] C-1199 de 2008.

[46] Decreto 4800 de 2011. Artculo 148. Criterios. La estimacin del monto de la indemnizacin por va administrativa que debe realizar la Unidad Administrativa Especial para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas se sujetar a los siguiente criterios: la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el dao causado y el estado de vulnerabilidad actual de la vctima, desde un enfoque diferencial.

 

[47] Op. Cit., Van der Auweraert

[48] Ibdem.

[49] Ver Exposicin de Motivos de la Ley 14723 de 2011. Gaceta del Congreso 738 de 2010.

[50] MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto, AV. Mauricio Gonzlez Cuervo, AV. Nilson Pinilla Pinilla.