Sentencia C-727 de 2000 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública

Sentencia C-727 de 2000 Corte Constitucional

Fecha de Expedición: 21 de junio de 2000

Fecha de Entrada en Vigencia: 21 de junio de 2000

Medio de Publicación: En la Gaceta de la Corte Constitucional

DESCENTRALIZACIÓN
- Subtema: Concepto

La descentralización es una forma de organización administrativa propia de los Estados de forma unitaria, que atenúa la centralización permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones. No obstante, esta transferencia no implica la ruptura total del vínculo entre el poder central y la entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de coordinación que gobierna la función administrativa, dicho vínculo permanece vigente a través del llamado control de tutela, existente en nuestra organización administrativa respecto de los entes funcionalmente descentralizados, con definidos perfiles jurídicos, desde la reforma constitucional y administrativa operada en 1968.

DESCENTRALIZACIÓN

C-727-00 Sentencia C-727/00

Sentencia C-727/00

 

 

DESCENTRALIZACION, DESCONCENTRACION Y DELEGACION ADMINISTRATIVAS-Diferencias

 

PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-No es absoluto/LEGISLADOR-Competencia para consagrar recursos

 

DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA-Actos no susceptibles del recurso de apelacin/DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA-Finalidad

 

La concesin legal del recurso de apelacin ira en contra de la finalidad misma del mecanismo de la desconcentracin, que no es otra que descongestionar los rganos superiores con miras a facilitar y agilizar la funcin pblica, de conformidad con los principios funcionales de eficacia y celeridad que gobiernan dicha funcin.

 

DELEGACION DE FUNCIONES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Acto de delegacin/DELEGACION DE FIRMA-Inexistencia de traslado de competencias

 

La disposicin reprochada no se refiere a la delegacin administrativa en general, que tiene por objeto la transferencia de funciones administrativas, sino a una figura particular que es la llamada delegacin de firma, en donde no opera propiamente ningn traslado de competencias entre el delegante y el delegado, pudindose afirmar que ste tan slo firma, o suscribe un documento por aqul. Tarea material en que se suple al delegante, con finalidades de agilizacin de la funcin pblica.

 

DELEGACION DE FUNCIONES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS-Regulacin mediante convenio/AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES

 

la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, en todos aquellos casos de delegacin de funciones de organismos o entidades del orden nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha delegacin, si se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonoma de la entidad territorial, a quien no compete constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas.

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS-Transferencia entre entes nacionales y territoriales mediante convenio/REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA NACION Y ENTIDADES TERRITORIALES-Acuerdo de colaboracin transitoria

 

Dicho convenio no viola la disposicin constitucional que determina la reserva de ley estatutaria para efectos del reparto de competencias entre la Nacin y los entes territoriales, siempre y cuando el mismo no signifique un reparto definitivo de competencias, sino tan solo temporal. El reparto definitivo de las mismas, no puede ser hecho sino mediante ley orgnica, conforme al artculo 151 superior. Pero mediante acuerdo de colaboracin transitoria, la Corte estima que s pueden transferirse funciones administrativas de entes nacionales a entes territoriales, pues ello desarrolla los principios de colaboracin armnica y complementariedad a que se refiere el artculos 113 y 209 de la Carta, sin desconocer la autonoma de las entidades territoriales, quienes pueden no aceptar la delegacin, y convenir las condiciones de la misma.

 

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA

 

COSA JUZGADA RELATIVA

 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Competencia para suprimir entidades y organismos del nivel nacional

 

DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA-Traslado de competencias entre personas jurdicas

 

La presente acusacin se estructura a partir de una imprecisin, cual es estimar que la desconcentracin es una figura que opera solamente dentro de una entidad derecho pblico dotada de personera jurdica. Dicha aseveracin no emana en modo alguno de la Carta, que sobre el particular guarda silencio. Al contrario, la jurisprudencia constitucional ha sealado que, a pesar de que por lo general la desconcentracin opera dentro de rganos de la misma entidad, no por ello se excluye la posibilidad de que a travs de este mecanismo se trasladen competencias entre personas jurdicas.

 

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Funciones pblicas

 

El de vicepresidente de la Repblica s es un cargo pblico con funciones constitucionales propias o asignadas por el presidente de la Repblica, expresamente previsto por la Carta Fundamental.

 

LEGISLADOR-Facultad de crear superintendencias con personera jurdica en el sector descentralizado nacional/FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL POR SUPERINTENDENCIAS CON PERSONERIA JURIDICA

 

DELEGACION DE FUNCIONES PRESIDENCIALES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Constitucionalidad

 

La distincin entre entidades centralizadas y descentralizadas, que comporta el reconocimiento de personera jurdica a las segundas, tiene como nica finalidad habilitar a estas ltimas para ser sujetos de derechos. Esta habilitacin, en modo alguno afecta las posibilidades de delegacin de funciones presidenciales, pues la Constitucin no lo proscribe, ni afecta las relaciones de jerarqua entre sectores. Por lo tanto, la delegacin de funciones a entidades descentralizadas, permitida de manera general por la norma bajo examen, no viola per se la Constitucin, pues esta autorizacin general no conlleva la prdida de control de las funciones presidenciales que asume la delegataria.

 

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR NO EXISTIR CARGO

 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO-Reserva legal para su creacin o autorizacin de su existencia

 

La Carta permite la constitucin de empresas industriales y comerciales del estado mediando tan solo la autorizacin legal, sin necesidad de creacin directa por parte del legislador.

 

DESCENTRALIZACION-Concepto/DESCENTRALIZACION-No implica ruptura total del vnculo entre poder central y entidad descentralizada

 

La descentralizacin es una forma de organizacin administrativa propia de los Estados de forma unitaria, que atena la centralizacin permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que adquieren autonoma en la gestin de las respectivas funciones. No obstante, esta transferencia no implica la ruptura total del vnculo entre el poder central y la entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de coordinacin que gobierna la funcin administrativa, dicho vnculo permanece vigente a travs del llamado control de tutela, existente en nuestra organizacin administrativa respecto de los entes funcionalmente descentralizados, con definidos perfiles jurdicos, desde la reforma constitucional y administrativa operada en 1968.

 

DESCENTRALIZACION-Control de tutela

 

La descentralizacin involucra entre nosotros, desde 1968, el concepto de vinculacin del ente funcionalmente descentralizado a un ministerio o departamento administrativo, el cual ejerce un control de tutela sobre el primero, con miras a obtener la coordinacin de la funcin administrativa. As las cosas, el control de tutela parte de la base de la distincin entre organismos superiores e inferiores dentro de la estructura administrativa.

 

DESCENTRALIZACION POR SERVICIOS-Poder de supervisin y orientacin/ENTIDAD DESCENTRALIZADA-Ministro como superior inmediato del representante legal

La descentralizacin por servicios siempre ha tenido como presupuesto una relacin que implica un poder de supervisin y orientacin que se ejerce para la constatacin de la armona de las decisiones de los rganos de las entidades descentralizadas con las polticas generales adoptadas por el sector, y que es llevado a cabo por una autoridad sobre otra, o sobre una entidad, control que el constituyente aval cuando acogi esta forma de organizacin administrativa. Por ello no resulta extrao ni contrario al espritu de la Carta, que la ley hable de que los representantes legales de las entidades descentralizadas tengan un superior inmediato, tal y como lo hace la norma sub examine. Ello no supone que dicho superior ejerza un control jerrquico. Significa tan solo, que ese superior inmediato ejerce el control administrativo propio de la descentralizacin.

 

ENTIDAD DESCENTRALIZADA-Control administrativo ejercido por superior inmediato

 

Para la Corte la presencia de un superior inmediato que ejerce un control administrativo, no implica que en su cabeza se radiquen las facultades de nombramiento y remocin del representante legal de las entidades descentralizadas, ni toca con la toma de decisiones que operen dentro de las competencias legales del organismo, pues una interpretacin contraria desvirtuara el mecanismo de la descentralizacin. Hace referencia, ms bien y sobre todo, a la armonizacin y coordinacin de polticas administrativas, como lo ordena la Constitucin. En este sentido, tal control administrativo desarrolla plenamente el artculo 208 superior.

 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL-Competencias concurrentes entre Congreso y Presidente de la Repblica

 

De la Constitucin emana que corresponde al Congreso determinar la estructura de la Administracin Nacional, creando los ministerios, pero que el Gobierno puede modificar su estructura segn se lo permite el numeral 16 del artculo 189 superior.

 

UNIDADES MINISTERIALES/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Determinacin estructura de administracin nacional

 

Solo a la ley compete determinar inicialmente la estructura de la Administracin, facultad que la norma acusada permite ejercer al Gobierno Nacional. En tal virtud, la Corte retirar del ordenamiento jurdico el segmento normativo del artculo 63 de la ley 489 de 1998 que dice y a la reglamentacin del Gobierno, y el resto de la disposicin lo declarar ajustado a la Carta, bajo el entendido de que el acto a que se refiere, que determina la estructura del correspondiente ministerio y en el cual se seala la nomenclatura y jerarqua de las unidades ministeriales es nicamente la ley.

 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO-Creacin legal/FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Creacin de establecimientos pblicos

 

La simple autorizacin legal para creacin de entidades del orden nacional, es permitida por la Constitucin nicamente en relacin con las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economa mixta, ms no con los establecimientos pblicos que como lo dice el actor, deben ser creados directamente por la ley. No obstante lo anterior, a juicio de la Corte tambin les asiste razn al interviniente y a la vista fiscal cuando afirman que tambin los decretos expedidos con fundamento en facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al presidente de la Repblica, pueden crear ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional. As, la expresin o norma contenida en la disposicin que se estudia y que acusa la demanda, debe entenderse como referida a esos decretos, por lo cual no resulta contraria a la normas superiores. En efecto, la Constitucin no prohibe la concesin de facultades extraordinarias para tales efectos, como se deduce del texto del tercer inciso del numeral 10 del artculo 150 superior.

 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO-Creacin de regionales y seccionales

 

 

Referencia: expediente D-2696

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artculos 8 pargrafo (parcial), 9 pargrafo (parcial), 12 pargrafo, 14, 38 numeral 1 literal b y numeral 2 literal c (parcial), 49 (parcial), 52 numeral 6 (parcial), 56 pargrafo (parcial), 61 literal h (parcial), 63 (parcial), 68 (parcial), 71 (parcial), 78 pargrafo (parcial), 82 y 85 (parcial) de la Ley 489 de 1998.

 

Actor: Pedro Alfonso Hernndez M.

 

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA

 

Santaf de Bogot, D.C., veintiuno (21) de junio de dosmil (2000)

 

I. ANTECEDENTES

 

El ciudadano Pedro Alfonso Hernndez M., en ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad consagrada en los artculos 241 y 242 de la Constitucin Poltica, demand la inexequibilidad de los artculos 8 pargrafo (parcial), 9 pargrafo (parcial), 12 pargrafo, 14, 38 numeral 1 literal b y numeral 2 literal c (parcial), 49 (parcial), 52 numeral 6 (parcial), 56 pargrafo (parcial), 61 literal h (parcial), 63 (parcial), 68 (parcial), 71 (parcial), 78 pargrafo (parcial), 82 y 85 (parcial) de la Ley 489 de 1998.

 

Mediante auto del 29 de noviembre de 1999, el suscrito magistrado sustanciador rechaz la demanda en contra del artculo 66 (parcial) de la Ley 489 de 1999, en consideracin a que frente de tal norma existe cosa juzgada constitucional absoluta, toda vez que la misma fue declarada exequible por esta Corporacin mediante Sentencia C-561 de 1999.

 

Una vez cumplidos los trmites previstos en el artculo 242 de la Constitucin y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

 

II. CONSIDERACIONES GENERALES, TEXTOS ACUSADOS, LA DEMANDA, LAS INTERVENCIONES, EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL Y LAS CONSIDERACIOES PARTICULARES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artculo 241 de la Constitucin Poltica, la Corte Constitucional es competente para conocer las acusaciones planteadas contra las normas demandadas, por ellas ser parte de una ley de la Repblica.

 

El actor acusa diferentes disposiciones de la Ley 489 de 1998, aduciendo respecto de cada una de ellas, por separado, diversos cargos de violacin constitucional. Por razones metodolgicas, y con el fin de dar mayor claridad a la exposicin de las acusaciones y de los argumentos de la intervencin ciudadana y de la vista fiscal, la Corte proceder a transcribir los artculos acusados conforme a su publicacin en el Diario Oficial N 43.464 del 30 de diciembre de 1998, subrayando y resaltando lo demandado, seguido de las razones esgrimidas en contra de cada uno de ellos por la demanda, los argumentos de la intervencin ciudadana y las respectivas consideraciones del Ministerio Pblico y de esta Corporacin. No obstante, previamente a lo anterior har una serie de consideraciones generales relativas a los fenmenos jurdicos de la descentralizacin, desconcentracin y la delegacin administrativas, extradas de la jurisprudencia sentada por la Corte en oportunidades anteriores, con fundamento en las cuales se abordar el estudio particular de cada una de las disposiciones acusadas, siguiendo la metodologa anteriormente expuesta.

 

 

1. Consideraciones generales. Jurisprudencia constitucional referente a la descentralizacin, desconcentracin y delegacin administrativas.

 

En varios pronunciamientos la Corte ha ido decantando una jurisprudencia relativa al tema de los diversos modelos de organizacin administrativa, que ahora resulta oportuno resear brevemente:

 

1. Mediante Sentencia T-024 de 1996[1], reiterada posteriormente en los fallos de constitucionalidad nmeros C-496 de 1998[2] y C-561 de 1999[3], la Corte, con fundamento en la Constitucin, distingui los fenmenos administrativos de la descentralizacin, la desconcentracin y la delegacin, indicando que todos ellos son mecanismos de coordinacin y organizacin de la estructura administrativa a los que se refieren los artculos 209 y 211 superiores, cuyos elementos constitutivos son los siguientes:

 

 

Sobre estos modelos de organizacin administrativa y sus elementos constitutivos la doctrina ha sealado:

 

La Descentralizacin como uno de estos mecanismos busca Transferir a diversas corporaciones o personas una parte de la autoridad que antes ejerca el gobierno supremo del Estado[4].

 

La descentralizacin presenta mltiples manifestaciones. Pero la que constituye objeto de nuestro inters, es la descentralizacin administrativa.

 

Para el profesor Garca Trevijano la descentralizacin esta caracterizada por los siguientes elementos:

 

a) Transferencia de poderes de decisin a una persona jurdica de derecho publico distinta del Estado; b) La existencia de una relacin de tutela y no jerarqua. Pero existen igualmente, otros mecanismos idneos para la transferencia de funciones. Uno de estos mecanismos lo constituye la desconcentracin

 

La desconcentracin en cierta medida, es la variante prctica de la centralizacin, y desde un punto de vista dinmico, se ha definido como transferencia de funciones administrativas que corresponden a rganos de una misma persona administrativa.

 

La desconcentracin as concebida, presenta estas caractersticas:

 

1. La atribucin de competencias se realiza directamente por el ordenamiento jurdico.

 

2. La competencia se confiere a un rgano medio o inferior dentro de la jerarqua. Debe recordarse, sin embargo que, en cierta medida, personas jurdicas pueden ser igualmente sujetos de desconcentracin.

 

3. La competencia se confiere en forma exclusiva lo que significa que ha de ejercerse precisamente por el rgano desconcentrado y no por otro.

 

4. El superior jerrquico no responde por los actos del rgano desconcentrado ms all de los poderes de supervisin propios de la relacin jerrquica y no puede reasumir la competencia sino en virtud de nueva atribucin legal.

 

El otro mecanismo, lo determina la Delegacin. La delegacin desde un punto de vista jurdico y administrativo es la modalidad de transformacin de funciones administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u rgano que hace transferencia.

 

Todo lo anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de la Delegacin:

 

1.La transferencia de funciones de un rgano a otro.

2.La transferencia de funciones, se realiza por el rgano titular de la funcin.

3.La necesidad de la existencia previa de autorizacin legal.

4.El rgano que confiere la Delegacin puede siempre y en cualquier momento reasumir la competencia.

 

...

 

Aunque la teora general la delegacin obra entre rganos de un mismo ente o persona jurdica estatal, debe sealarse que la Ley colombiana prev la delegacin entre personas jurdicas.

 

As, el artculo 23 del decreto ley 3130 de 1968, autoriza la delegacin de funciones asignadas a entidades descentralizadas, en entidades territoriales e igualmente descentralizadas, con el voto favorable del Presidente y la aprobacin del gobierno.

 

 

2. En lo que tiene que ver con la delegacin y desconcentracin de las funciones presidenciales, la Corte, en la Sentencia C-496 de 1998[5], hizo las siguiente precisiones:

 

La Corte Constitucional ha dedicado algunas sentencias a tratar el tema de la delegacin y de la desconcentracin de funciones presidenciales. De ellas se desprende, en primer lugar, que, salvo el caso de algunas funciones que son indelegables, en principio, las restantes s lo son; y, en segundo lugar, que nicamente son desconcentrables las funciones que ejerce el Presidente de la Repblica como Suprema Autoridad Administrativa, aun cuando con la aclaracin de que el control y orientacin de dichas actividades debe permanecer en cabeza del Presidente, cuando se trate de competencias constitucionales.

 

...La imposibilidad de desconcentrar las funciones que se ejercen como Jefe de Estado fue establecida en la sentencia C-485 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muoz, en la que se declar contrario a la Carta la asignacin de competencias autnomas y permanentes, en materia internacional, a la Junta Directiva del Banco de la Repblica.

 

...

 

De la misma manera, en materia de orden pblico, un rea en la que el Presidente de la Repblica acta claramente como Jefe de Gobierno, la Corte ha manifestado que es posible la delegacin, mas no la desconcentracin.

 

...

 

Finalmente, de manera general, en la sentencia C-315 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muoz, se fij la regla de que las funciones atribuidas al Gobierno pueden ser delegadas por el Presidente:

 

"En las consideraciones precedentes se ha sealado que las funciones atribuidas al Gobierno pueden, en principio, ser materia de delegacin. La delegacin es un instrumento del manejo estatal al cual puede legtimamente apelar el Presidente y se justifica en trminos de eficacia, celeridad y desconcentracin del poder. A pesar de no tratarse de funciones propias, sino radicadas en el Gobierno, el Presidente puede delegarlas al Ministro Delegatario. En otras palabras, el hecho de que una funcin sea del Gobierno, no impide su delegabilidad por parte del Presidente. El artculo 211 de la C.P., no circunscribe la materia delegable a las funciones propias del Presidente. La norma, por el contrario, se abstiene de hacer distinciones dentro del conjunto de funciones que el Presidente puede delegar". (Negrillas fuera del texto).

 

3. Finalmente, es oportuno recordar, que la jurisprudencia ha aclarado que la delegacin y la desconcentracin no son modelos de organizacin administrativa excluyentes. Sobre este punto, se pronunci la Corporacin mediante Sentencia C-561 de 1999[6], en la cual se expusieron los siguientes conceptos:

 

Por otra parte, no se puede dejar de lado, el artculo 211 de la Carta, que autoriza al Presidente de la Repblica la delegacin en las autoridades administrativas que la misma disposicin determina, de las funciones que la ley le seale. Porque, si bien es cierto, que la misma Carta, como se dijo autoriza al legislador para la creacin de entidades que colaboren con el Gobierno en el ejercicio de la funcin de inspeccin y vigilancia, no implica que el Presidente de la Repblica, como Suprema Autoridad Administrativa, no las pueda delegar, como titular, por virtud de la Constitucin, de dicha funcin, sin que ello signifique de manera alguna, que el legislador pueda asignar directamente a las entidades que crea, funciones que sean privativas del Presidente de la Repblica conforme a la Constitucin.

 

(...)

 

...observa la Corte, que la delegacin y desconcentracin de funciones no se excluyen, por cuanto, como se dijo, el fin de estos dos mecanismos es el mismo : descongestionar los rganos superiores de la administracin, para facilitar y agilizar la gestin de los asuntos administrativos, que se encuentran al servicio de los intereses generales de los ciudadanos.

 

 

Con fundamento en la jurisprudencia sentada, la Corte entra a estudiar los cargos de la demanda, de conformidad con la metodologa anteriormente explicada.

 

 

2. Artculo 8 pargrafo.

 

2.1 . Texto de la disposicin

 

Artculo 8. Desconcentracin administrativa. La desconcentracin es la radicacin de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientacin e instruccin que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administracin, la cual no implica delegacin y podr hacerse por territorio y por funciones.

 

Pargrafo. En el acto correspondiente se determinarn los medios necesarios para su adecuado cumplimiento.

 

Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentracin administrativa slo sern susceptibles del recurso de reposicin en los trminos establecidos en las normas pertinentes.

 

 

2.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

Frente del extracto acusado del pargrafo del artculo 8 de la Ley 489 de 1998, el demandante indica que la eliminacin del recurso de apelacin en contra de las decisiones de las autoridades administrativas titulares de las funciones y competencias correspondientes, luego de ocurrida su desconcentracin de acuerdo con el artculo 8 de la ley enunciada, atenta contra del derecho fundamental al debido proceso, al cual es inherente el principio universal de la doble instancia. De este modo, arguye el libelista, la naturaleza de la va gubernativa se desdibuja, al tiempo que se restringe el campo de accin de la figura de la desconcentracin, limitando su aplicacin al mbito central nacional y excluyendo del mismo a las entidades territoriales y descentralizadas.

 

En representacin del Ministerio del Interior, la doctora Sulma Yolanda Gutirrez Hernndez present escrito en defensa de la constitucionalidad del artculo en comento, estimando que el inciso demandado del artculo 8 de la Ley 489 de 1998 no vulnera el derecho constitucional al debido proceso toda vez que el principio constitucional a la doble instancia se predica respecto de las sentencias judiciales y no de los actos de la Administracin, en concordancia con el artculo 31 de la Carta. Ms an, en ste ltimo artculo, la Constitucin prev que la regla de la doble instancia no es absoluta, pues admite las excepciones que estipule la ley al respecto. As las cosas, el Cdigo Contencioso Administrativo (C.C.A) ha establecido, en principio, los recursos de reposicin y apelacin frente a las actuaciones administrativas. No obstante, el legislador ha indicado que la apelacin no procede en contra de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personera jurdica, estipulando una excepcin a dicho principio general, en desarrollo de la autorizacin que le otorga la Constitucin.

 

Respecto de las acusaciones de confusin conceptual de la Ley 489 de 1998, el Ministerio del Interior argumenta que la figura de la desconcentracin ha sido previamente definida por la jurisprudencia constitucional como el otorgamiento de ciertas funciones a agentes nacionales, regionales o locales, las cuales se ejercen siempre y en todo momento a nombre de la entidad otorgante[7]. Debido a esto, considerando que la desconcentracin se configura cuando a una dependencia subordinada jerrquicamente se le confieren ciertos poderes de administracin para que los ejerza a ttulo de competencia propia bajo determinado control del organismo superior, no debe extraar que se obvie el recurso de apelacin, pues, en concordancia con los mismos principios constitucionales estipulados por la Carta Fundamental en su artculo 209, el mismo no hace falta pues la decisin a impugnar ha tenido que contar, necesariamente, con la anuencia del funcionario superior.

 

As mismo, indica la representante del Ministerio, toda vez que la figura de la desconcentracin implica la existencia de un acto de delegacin[8], las normas acusadas no son violatorias de la Carta, pues el mismo artculo 211 fundamental faculta al legislador para establecer los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

 

2.3 Concepto del Procurador General de la Nacin.

 

Luego de hacer un recuento de las impugnaciones presentadas por el actor, as como sobre la historia de la estructura y filosofa del Estado en Colombia, el procurador general de la Nacin se pronunci sobre las acusaciones de la demanda.

 

Entrando en materia, el Ministerio Pblico solicita que se declare la inexequibilidad del aparte demandado del artculo 8 de la Ley 489 de 1998. Tal solicitud es formulada por el seor procurador general de la Nacin, al llegar a la conclusin de que el extracto legal impugnado vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa de los ciudadanos, en consideracin a que pone a discrecin de la autoridad pblica competente para cumplir con unos determinados actos, la facultad de desconcentrarlos en otra autoridad - contra cuya decisin slo procedera el recurso de reposicin- y as desconocer la va gubernativa que, para tales efectos, ha instituido la ley. En otras palabras, la procedencia de los recursos en contra de los actos de las autoridades pblicas, no debe depender de las mismas autoridades sino que, por el contrario, debe emanar de la voluntad legislativa.

 

2.4 Consideraciones de la Corte

 

5. La Corte encuentra que el presente cargo no est llamado a prosperar, por cuanto se estructura a partir de supuestos que no emanan de la Constitucin.

 

Insistentemente la Corte ha puesto de presente que el principio de la doble instancia se refiere a las decisiones judiciales definitivas y no a las actuaciones administrativas, y que no reviste una connotacin absoluta, ya que el mismo constituyente permite que el legislador le introduzca excepciones, como se desprende del propio tenor de la norma superior referida que expresa: Toda sentencia judicial podr ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley (Resalta la Corte). Salvo casos expresamente sealados, como las sentencias penales condenatorias y las de tutela, la Constitucin no establece de manera general que las decisiones judiciales o administrativas tengan que ser objeto de una segunda instancia. En este sentido dijo la Corte lo siguiente:

 

Esta Corporacin ha reconocido, en mltiples oportunidades, que una regulacin diferenciada del trmite de los procesos judiciales y administrativos por la ley no vulnera en s misma el principio de igualdad. En particular, esta Corte ha sealado que los recursos son de creacin legal, y por ende es una materia en donde el Legislador tiene una amplia libertad, puesto que salvo ciertas referencias explcitas de la Carta - como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias (CP arts 29 y 86)- corresponde al Legislador instituir los recursos contra las providencias judiciales y administrativas, sealar la oportunidad en que proceden y sus efectos[9]. As, en reciente decisin, dijo esta Corporacin:

"Si el legislador decide consagrar un recurso en relacin con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo segn su evaluacin acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distincin, pues ello corresponde a la funcin que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatorio observancia. Ms todava, puede, con la misma limitacin, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el slo hecho de hacerlo, vulnere la Constitucin Poltica"[10].

 

6. Con todo, podra pensarse que aunque de la Constitucin no se deriva la necesidad de que las actuaciones administrativas llevadas a cabo en ejercicio de funciones asignadas a travs del mecanismo de la desconcentracin deban ser objeto no slo del recurso de reposicin sino tambin del de apelacin, ello s se impone dada la naturaleza misma del mecanismo administrativo referido. S se trata de funciones originariamente de competencia de rganos o autoridades jerrquicamente superiores, que han sido asignadas por el ordenamiento a instancias inferiores, podra aducirse que es forzoso que aquellas ejerzan, mediante el recurso de apelacin, un control sobre las decisiones adoptadas por stas.

 

Sin embargo, vistas las caractersticas y finalidades del mecanismo de la desconcentracin, puede estimarse que la anterior conclusin carece de fundamento, puesto que en esta figura, el superior, titular originario de la competencia, no slo no responde por los actos del rgano desconcentrado, sino que no puede reasumirla sino en virtud de nueva atribucin legal, sin perjuicio de los poderes de supervisin propios de la relacin jerrquica.[11] Adems, la concesin legal del recurso de apelacin ira en contra de la finalidad misma del mecanismo de la desconcentracin, que no es otra que descongestionar los rganos superiores con miras a facilitar y agilizar la funcin pblica, de conformidad con los principios funcionales de eficacia y celeridad que gobiernan dicha funcin.

 

7. Respecto de la solicitud del procurador general de declarar inconstitucional el segmento normativo acusado ahora bajo examen, sobre el supuesto de que el mismo pone a discrecin de la autoridad pblica de superior jerarqua la facultad de desconcentrar sus competencias en otra autoridad - contra cuya decisin slo procedera el recurso de reposicin- y as desconocer la va gubernativa, la Corte estima que dicha apreciacin es errnea, puesto que, como lo ha dicho reiteradamente la Corporacin, la desconcentracin, y este es el caso a que se refiere el segmento acusado, no opera sino por ministerio de la ley y no por decisin del titular del rgano competente.

 

8. Finalmente, en lo relativo a la apreciacin del demandante, en cuya opinin el segmento bajo examen induce a pensar que el legislador ha restringido el campo de accin de la figura de la desconcentracin, limitndolo en su aplicacin al mbito central nacional y excluyendo del mismo a las entidades territoriales y descentralizadas, la Corte estima que en modo alguno de la circunstancia de que se excluya el recurso de apelacin puede extraerse tal conclusin, pues eso no aparece explcito en la disposicin, ni puede deducirse del contexto normativo. Todo lo contrario, dicho contexto, en especial el artculo 2 de la Ley 489 de 1998, es explcito en afirmar que las reglas relativas a los principios propios de la funcin administrativa, sobre delegacin y desconcentracin, ...se aplicarn, en lo pertinente, a las entidades territoriales... Igualmente, dicha norma seala que la referida Ley se aplicar a todos los servidores pblicos que tengan a su cargo el ejercicio de funciones administrativas. As, resulta vlido afirmar que de conformidad con la Ley que se examina, no slo en el sector central nacional cabe la desconcentracin, sino tambin al interior del sector nacional funcionalmente descentralizado, as como en el territorial.

 

Por las razones anteriores la Corte no acoge este primer cargo de violacin constitucional.

 

 

3. Artculo 9 pargrafo.

 

3.1 Texto de la disposicin

 

 

Artculo 9. Delegacin. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitucin Poltica y de conformidad con la presente ley, podrn mediante acto de delegacin, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgnicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonoma administrativa podrn delegar la atencin y decisin de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgnicos respectivos, en los empleados pblicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propsito de dar desarrollo a los principios de la funcin administrativa enunciados en el artculo 209 de la Constitucin Poltica y en la presente ley.

 

Pargrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrn delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos.

 

 

3.2 . La demanda y la intervencin ciudadana

 

En cuanto al aparte acusado del artculo 9 de la Ley demandada, el accionante argumenta que tal disposicin confunde las figuras de delegacin y desconcentracin administrativa, por cuanto no es posible que una entidad pblica proceda a delegar sus funciones propias. De acuerdo con el demandante, la delegacin y la desconcentracin son dos figuras autnomas, consagradas por el artculo 209 de la Carta Poltica, que no pueden confundirse sin vulnerar el artculo fundamental aludido. Al respecto afirma el actor: Entre delegacin y desconcentracin, existen, entre una multiplicidad de aspectos diferenciadores,[12] tres elementos en particular que permiten afirmar que se trata de dos figuras diferentes del derecho constitucional y administrativo. Ellos son: 1) el objeto. El objeto de la desconcentracin son las funciones de las entidades u organismos y en la delegacin son las funciones del empleo o cargo del cual es titular el delegante y, naturalmente, la naturaleza de las funciones de las entidades es diferente de la naturaleza de las funciones de los empleos o cargos. 2) quin las realiza. La desconcentracin es realizada, en principio, por la autoridad competente para determinar la estructura de la entidad pblica, lo cual no significa que desconcentracin sea igual a la determinacin de la estructura administrativa. La delegacin es realizada nicamente por el titular del empleo o cargo, previa autorizacin para delegar dada por la autoridad competente (generalmente la ley). 3) En quin o en qu recae. Mediante la desconcentracin se asignan funciones de la entidad a sus diferentes reas funcionales o direcciones territoriales (dependencias) y mediante la delegacin se otorga autoridad o competencia al delegatario, quien es un funcionario subalterno del delegante, para que tome decisiones frente a una o varias funciones del empleo del cual es titular el delegante.

 

Por otro lado, se alega que el mismo aparte demandado del artculo 9 sub judice, vulnera igualmente el artculo 211 de la Carta Fundamental toda vez que permite a los representantes legales de los institutos descentralizados transferir las funciones de las entidades a su cargo, cuando tal facultad corresponde a las autoridades que crean a dichas entidades.

 

Respecto del aparte demandado del pargrafo del artculo 9 de la Ley bajo examen, la intervencin del Ministerio del Interior argumenta que el artculo 211 de la Constitucin es claro al permitir que la funcin administrativa se valga de la delegacin en aras de lograr la eficiencia. As las cosas, y considerando que como dice el mismo demandante- la delegacin es realizada nicamente por el titular del empleo o cargo, previa autorizacin para delegar dada por ley, la disposicin legal acusada no est haciendo otra cosa que autorizar a los representantes legales de las entidades descentralizadas para delegar las funciones asignadas a las entidades bajo su representacin, conforme a los criterios establecidos por la ley misma.

 

 

3.3 Concepto del Procurador General de la Nacin.

 

Frente a la supuesta confusin entre los conceptos de delegacin y desconcentracin que contiene el artculo 9 de la Ley en mencin, la vista fiscal considera que tal disposicin es concordante con el artculo 209 superior pues aunque dicha norma constitucional consagra las instituciones de las descentralizacin, desconcentracin y delegacin, no define su significado, correspondiendo al legislador tal tarea. Concluye el concepto fiscal diciendo que el artculo legal impugnado se limita a reglamentar el artculo 211 de la Carta, que dispone las potestades de delegacin al interior del poder ejecutivo.

 

 

3.4 Consideraciones de la Corte

 

9. Para la Corte, los argumentos del actor se fundan en una postura slida desde el punto de vista doctrinal, pues efectivamente un amplio sector de la doctrina afirma que en la desconcentracin el objeto de la transferencia de competencias consiste en las funciones de las entidades u organismos al paso que en la delegacin son las funciones del rgano o cargo del delegante. Empero, dicha construccin jurdica no emana de la Constitucin, la cual tan solo menciona en su artculo 209 que la funcin administrativa se desarrolla mediante las figuras de la descentralizacin, la desconcentracin y la delegacin administrativa, sin entrar a formular definiciones ni diferencias respecto de estos conceptos. Por lo tanto, queda librado a la libertad configurativa del legislador el determinar las condiciones en las cuales dichos modelos de organizacin administrativa pueden operar.

 

10. En principio la doctrina administrativa ha admitido, como lo esgrime el actor, que la trasferencia de funciones pertenecientes a los organismos administrativos se lleva a cabo mediante la figura de la desconcentracin, que operara dentro del seno de una sola persona jurdica de derecho pblico. Tambin la jurisprudencia de esta Corporacin se ha ubicado en la misma postura al admitir que si bien en la desconcentracin (l)a competencia se confiere a un rgano medio o inferior dentro de la jerarqua[13], lo cual sugiere que se hace de superior a inferior dentro de una misma entidad, tambin ha sealado que esta regla no es rgida ni inflexible, pues al respecto indic: (d)ebe recordarse, sin embargo que, en cierta medida, personas jurdicas pueden ser igualmente sujetos de desconcentracin.

 

De su parte, frente a la delegacin sucede otro tanto: conforme con la doctrina, la jurisprudencia constitucional ha sentado criterios segn los cuales si bien la transferencia de funciones en esta figura, en principio opera de un rgano o cargo a otro y se realiza previa autorizacin legal por el titular de dicho cargo respecto de sus propias funciones, tambin, excepcionalmente, cabe entre personas jurdicas. En este sentido, el fallo citado indic:

 

Aunque la teora general la delegacin obra entre rganos de un mismo ente o persona jurdica estatal, debe sealarse que la Ley colombiana prev la delegacin entre personas jurdicas.

 

Adicionalmente, cabe recordar otro pronunciamiento de esta Corporacin en el cual se reconoci que la delegacin puede darse respecto de funciones que no son propias del cargo del delegante, sino del rgano administrativo. As, en relacin con la facultad presidencial de delegar, se dijo:

 

A pesar de no tratarse de funciones propias, sino radicadas en el Gobierno, el Presidente puede delegarlas al Ministro Delegatario. En otras palabras, el hecho de que una funcin sea del Gobierno, no impide su delegabilidad por parte del Presidente. El artculo 211 de la C.P., no circunscribe la materia delegable a las funciones propias del Presidente. La norma, por el contrario, se abstiene de hacer distinciones dentro del conjunto de funciones que el Presidente puede delegar". (Negrillas fuera del texto).[14]

 

11. A juicio de la Corte, tambin la Ley 489 de 1998 parece admitir esta posicin, segn la cual en principio la desconcentracin y la delegacin obedecen a los conceptos descritos, es decir la desconcentracin se da dentro del seno de un organismo y respecto de las funciones del mismo, al paso que la delegacin significa la transferencia de funciones de los rganos o cargos tambin dentro de la misma persona jurdica; pero este principio admite excepciones que dan cabida a la desconcentracin o delegacin entre personas jurdicas y respecto de funciones en general sin diferenciar si ellas son del organismo o del rgano.

 

As, dos disposiciones parecen sugerir el principio general: (i) el primer inciso del artculo 8, segn el cual la desconcentracin es la radicacin de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, expresin que lleva a pensar que efectivamente el legislador concibi el mecanismo para que operara por dentro de una entidad que tiene distintas sedes territoriales, respecto de sus funciones propias, y (ii) el primer inciso del artculo 9 que al regular la delegacin se refiere a las funciones de las autoridades administrativas. Empero, no obstante ser este el principio general, diversas disposiciones y expresiones de la Ley demandada, entre ellas el segmento ahora bajo examen del artculo 9, hacen que esta regla no sea inflexible, y toleran delegacin de funciones de los organismos o desconcentracin de funciones de los rganos, y la operancia de estos mecanismos de organizacin administrativa entre distintas personas jurdicas, lo cual, como se dijo, al no estar expresamente prohibido por la Constitucin, es del resorte de la libertad de configuracin legislativa.

 

12. En cuanto a este mismo tema, la Corte encuentra adems que las diferencias tericas anotadas entre las figuras de la desconcentracin y la delegacin en el punto de si la transferencia de funciones recae en el primer caso sobre aquellas del organismo administrativo, al paso que en el segundo tiene por objeto las del rgano o cargo especfico, es asunto que resulta irrelevante desde un punto de vista prctico, toda vez que, tratndose de las funciones de los organismos y entidades, tales entes no pueden actuar por s solos, sino que lo hacen a travs de los funcionarios que temporalmente ocupan los cargos en la entidad. As, y en relacin expresa con el segmento acusado que ahora se examina, cuando la norma dispone que los representantes legales de las entidades descentralizadas podrn delegar funciones a ellas asignadas, es decir funciones de la entidad, implcitamente se ubica dentro del principio general antes mencionado, pues el titular natural de las funciones de tales entidades, no es otro que el mismo representante legal.

 

13. En efecto, la doctrina moderna en torno de la naturaleza jurdica de la personalidad jurdica pblica, acoge la teora del rgano, que dejando de lado la idea de la representacin, intenta explicar las relaciones entre el organismo y el rgano a partir de la idea de que ambos son expresin de una misma realidad que es la persona jurdica. En este sentido, el profesor Juan Carlos Cassagne, expone lo siguiente:

 

Dicha teora intenta explicar, en el derecho pblico, la existencia material del Estado, dado que el rgano deriva de la propia constitucin de la persona jurdica, integrando su estructura. De ese modo, cuando acta el rgano es como si actuara la propia persona jurdica, no existiendo vnculos de representacin entre ambos.

 

Es evidente que esta teora explica de un modo ms satisfactorio que las concepciones antes sealadas, los vnculos que existen entre la persona jurdica y quienes, al expresar su voluntad, imputan la respectiva declaracin o hecho material, a la entidad. El rgano no acta en base a un vnculo exterior con la persona jurdica estatal sino que la integra, formando parte de la organizacin, generndose una relacin de tipo institucional, que emana de la propia organizacin y constitucin del Estado o de la persona jurdica pblica estatal. [15](Resalta la Corte)

 

14. Por ltimo, respecto del cargo adicional que formula la demanda, segn el cual el aparte demandado del artculo 9, desconoce el artculo 211 de la Constitucin en cuanto permite a los representantes legales de las entidades descentralizadas transferir las funciones de las entidades a su cargo, cuando esa facultad corresponde exclusivamente a las autoridades que crean a dichas entidades, la Corte pone de presente que la delegacin a la que se refiere la norma en comento, conforme lo ha sealado la jurisprudencia de esta Corporacin, debe estar tan solo sealada por la ley, la cual segn lo indica la Constitucin debe fijar las condiciones de la misma, cosa que es exactamente lo que hace el artculo 9 parcialmente acusado que precisamente autoriza a los representantes legales de las entidades descentralizadas, para delegar funciones de conformidad con las condiciones que se indican en los artculos inmediatamente siguientes de la misma Ley 489 de 1998. De la Constitucin no se desprende que sea necesario que la ley seale expresamente qu funciones van a ser delegadas por dichas autoridades, determinacin que puede ser hecha por el delegante. La Carta slo exige autorizacin legal general para llevar a cabo tal delegacin y fijacin igualmente legal de las condiciones de la misma.

 

Por las razones anteriores este cargo se despachar como improcedente.

 

 

4. Artculo 12

 

4. 1 Texto de la disposicin

 

 

Artculo 12. Rgimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarn sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedicin por la autoridad o entidad delegante y sern susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

 

La delegacin exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponder exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artculo 211 de la Constitucin Poltica, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujecin a las disposiciones del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Pargrafo. En todo caso relacionado con la contratacin, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal.

 

 

4.2. La demanda y la intervencin ciudadana

 

Respecto de los apartes demandados del artculo 12 de la ley bajo estudio, el demandante alega que vulneran los artculos 13, 29, 209 y 211 constitucionales. En primer lugar, la expresin o entidad del primer inciso del artculo legal es acusada por vulnerar los artculos 209 y 211 de la Carta por las razones aludidas anteriormente. Por otro lado, se demanda la inexequibilidad del pargrafo del artculo 12 de la Ley 489 de 1998 en razn a que no es posible imputar una responsabilidad objetiva al agente delegante por los actos del delegatario, en virtud del derecho fundamental al debido proceso. As mismo, se argumenta que el pargrafo demandado desconoce el principio constitucional que proclama la presuncin de inocencia y el de la carga de la prueba, en cuanto asigna directamente y en forma previa responsabilidad al delegante por el slo hecho de delegar en materia de contratacin. Se arguye, as mismo, que la disposicin contenida en el pargrafo aludido va en contra del artculo 211 de la Constitucin, en consideracin a que este ltimo establece que no le cabe responsabilidad al delegante por los actos que desarrolle el delegatario en virtud de la competencia delegada. Posteriormente, -contradiciendo el argumento inmediatamente anterior-, se alega que el pargrafo del artculo 12 legal referido, vulnera el principio de igualdad consagrado en el artculo 13 de la Constitucin Poltica, toda vez que limita la responsabilidad del delegante a la materia de contratacin, posibilitando la conducta impune del mismo frente de la delegacin en otras materias, logrando darle una interpretacin errnea al artculo 211 de la Carta Fundamental, el cual no ha querido jams justificar la absoluta irresponsabilidad del delegante en todos los eventos de la delegacin. Al respecto, el actor indica:

 

Con la delegacin se genera, adems, un vnculo poltico, social y moral con la entidad, la sociedad y el Estado (que) se manifiesta principalmente a travs de cuatro acciones o deberes para el delegante:

 

1. El deber de informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que haya otorgado (art. 10, Ley 489).

 

2. El deber de impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de la delegacin (art. 10, Ley 489).

 

1. La posibilidad para que el delegante pueda reasumir la competencia (art. 12, Ley 489), y

 

4. La facultad para revisar o revocar los actos expedidos por el delegatario, con sujecin a las disposiciones del Cdigo Contencioso Administrativo (art. 12, Ley 489).

 

El descuido o incumplimiento de estas actividades de orientacin, seguimiento y control acarrear algn tipo de responsabilidad (penal, disciplinaria, fiscal o patrimonial; poltica, social y moral) para el delegante. La decisin de delegar exige la deliberacin previa sobre el objeto de la delegacin, el sujeto delegatario y las circunstancias de la delegacin, y es por ella que es responsable el delegante[16].

 

En sntesis, indica el accionante, el segundo inciso del artculo 211 de la Constitucin al eximir de responsabilidad al delegante, se refiere exclusivamente a las decisiones que tome el delegatario en ejercicio de la delegacin, pero jams frente de las obligaciones y consecuencias de la decisin de delegar por parte del delegante.

 

Ahora bien, respecto de los argumentos esgrimidos en contra del inciso 1 del artculo 12 del estatuto de la referencia, el escrito allegado por el Ministerio del Interior arguye que no es inconstitucional la figura de la delegacin de una entidad a otra. De hecho, afirma, la delegacin, al transferir competencias de un ente a otro, para que resuelva en forma autnoma, en los casos autorizados por la ley, no implica una alteracin de la estructura administrativa existente, sino tan slo en su dinmica, para lograr los objetivos del Estado.

 

 

4.3 El concepto del Procurador General de la Nacin

 

Respecto de las acusaciones en contra del artculo 12 impugnado, el seor procurador estima que la expresin o entidad contenida en la norma debe ser declarada inexequible, toda vez que responsabiliza a entes jurdicos por el uso que realicen los delegatarios de las funciones recibidas, cuando de acuerdo con la Constitucin, las responsabilidades en esta materia son de naturaleza personal o individual. En segundo lugar, se indica que el pargrafo del artculo 12 enunciado - que dispone la responsabilidad civil y penal del agente principal quien delega expresamente a un servidor pblico para suscribir un contrato - es igualmente inconstitucional pues, de acuerdo con el artculo 211 fundamental, la responsabilidad objetiva del delegante est proscrita.

 

 

4.4 Consideraciones de la Corte

 

15. En cuanto a la expresin o entidad del primer inciso del artculo que ahora se examina, el actor, con fundamento en las mismas consideraciones aducidas en contra del segmento acusado del artculo 9 anteriormente analizado, lo acusada por vulnerar los artculos 209 y 211 de la Carta. Es decir, estima que dicha expresin implica una confusin entre los conceptos de delegacin y desconcentracin, pues sta se refiere a transferencia de funciones de los entes u rganos, mientras que aquella tiene que ver con la asignacin de funciones del cargo del delegante. Por tratarse de el mismo cargo anteriormente analizado, la Corte se atiene a lo expuesto para fundamentar la exequibilidad de la expresin a ellas asignadas, consignada en el pargrafo del artculo 9 de la Ley 489 de 1998, y con base en ello declarar igualmente la constitucionalidad de la expresin o entidad ahora bajo examen.

 

16. Respecto del artculo 12 de la Ley 489 de 1998, que, en los casos de contratacin administrativa prescribe que la delegacin del acto de la firma no exime de responsabilidad al delegante, la Corte encuentra que una lectura desprevenida podra hacer pensar que entre dicha disposicin y el contenido del artculo 211 de la Constitucin, existe una clara contradiccin, toda vez que ste ltimo seala que (la) delegacin exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponder exclusivamente al delegatario...

 

No obstante lo anterior, es preciso hacer una lectura ms detenida de la disposicin reprochada, para verificar que ella no se refiere a la delegacin administrativa en general, que tiene por objeto la transferencia de funciones administrativas, sino a una figura particular que es la llamada delegacin de firma, en donde no opera propiamente ningn traslado de competencias entre el delegante y el delegado, pudindose afirmar que ste tan slo firma, o suscribe un documento por aqul. Tarea material en que se suple al delegante, con finalidades de agilizacin de la funcin pblica. Vistas as las cosas, la responsabilidad civil y penal que se deriva del acto de suscribir el contrato, no tiene por qu trasladarse al signatario, quien no es propiamente el que contrata a nombre de la persona jurdica pblica, sino tan slo quien firma el documento. Suscribe por aquel que conserva la plenitud de la responsabilidad civil y penal por el acto. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad del delegatario, en la medida de sus atribuciones.

 

As, el supuesto normativo del artculo 211 superior, que es el del traslado efectivo de competencias, servicios o funciones, no se da en la llamada delegacin de firmas, por lo cual la consecuencia subsiguiente del traslado de la responsabilidad no se predica tampoco en la referida figura. Desde este punto de vista, el pargrafo acusado no vulnera la Constitucin.

 

17. En relacin con la inquietud planteada por el seor procurador en torno de la misma expresin o entidad que acusa el demandante, la Corte estima que en manera alguna este tipo de delegacin exime de responsabilidad personal al funcionario titular del cargo que cumple las funciones delegadas, pues, como se dijo, los organismos administrativos no pueden actuar por s solos, sino que lo hacen a travs de los funcionarios que temporalmente ocupan los cargos en la entidad.

 

4. Artculo 14

 

5.1 Texto de la disposicin

 

 

Artculo 14. Delegacin entre entidades pblicas. La delegacin de las funciones de los organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales deber acompaarse de la celebracin de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. As mismo, en el correspondiente convenio podr determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendr a su cargo el ejercicio de las funciones delegadas.

 

Estos convenios estarn sujetos nicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades pblicas o interadministrativos.

 

Pargrafo. Cuando la delegacin de funciones o servicios por parte de una entidad nacional recaiga en entidades territoriales, ella proceder sin requisitos adicionales, si tales funciones o servicios son complementarios a las competencias ya atribuidas a las mismas en las disposiciones legales. Si por el contrario, se trata de asumir funciones y servicios que no sean de su competencia, debern preverse los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la funcin delegada.

 

 

5.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

Siguiendo el curso de la demanda, el actor impugna la totalidad del artculo 14, el cual regula lo relativo a la transferencia de funciones entre entidades pblicas. De acuerdo con el escrito del accionante, el cuerpo del artculo enunciado intenta formar una amalgama entre varias figuras jurdicas autnomas, fundiendo y confundiendo las figuras de la delegacin, la descentralizacin territorial, la descentralizacin por servicios, los convenios interadministrativos y la contratacin estatal. De hecho, indica el libelista, el artculo dispone errneamente que las autoridades pblicas podrn delegar sus funciones cuando, como se explic anteriormente, la delegacin se predica respecto de las funciones de un cargo y, por ende, sta no puede recaer sobre entidades u organismos pblicos. Debido a esto, agrega la demanda, la transferencia de funciones descrita por el artculo 14 debe entenderse como una relacin de descentralizacin o de contratacin pues el mismo artculo pareciere confirmarlo al disponer que dicha transferencia deber acompaarse de la celebracin de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades() y que Estos convenios estarn sujetos nicamente a los requisitos que la ley exige para los convenios o contratos entre entidades pblicas o interadministrativas. Teniendo en cuenta lo expuesto atrs, el actor considera vulnerados por el artculo 14 de la Ley 489 de 1998, los artculos 209, 210 y 211 de la Constitucin Poltica, y menciona que el artculo 158 de la Carta - relativo a la unidad de materia- se ve igualmente vulnerado pues se intenta asimilar como una sola, varias figuras diferentes de derecho pblico que, en ningn caso, pueden entenderse como iguales.

 

Alega el actor que, en la misma lnea de confusin conceptual, se encuentra la disposicin del pargrafo del artculo 14 analizado; el cual adems permite, en detrimento del artculo 151 constitucional, que por va de delegacin se asignen funciones, servicios y recursos a una entidad del orden territorial, cuando tal competencia es inherente a las leyes orgnicas.

 

En relacin con la anterior disposicin, el Ministerio del Interior indica que el artculo 14 acusado es constitucional pues la misma Carta Fundamental permite expresamente en su artculo 211 que la figura de la delegacin opere entre diferentes entidades pblicas. Del mismo modo, esta intervencin arguye que cuando la norma acusada hace referencia a la celebracin de convenios entre las autoridades administrativas del orden nacional y las descentralizadas o territoriales, est en la prctica desarrollando legislativamente lo dispuesto por el artculo 211 constitucional, con el propsito de hacerlo operativo.

 

5.3. El concepto del procurador general de la Nacin

 

En alusin a la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artculo 14 y pargrafo de la Ley 489 de 1998, el Ministerio Pblico retoma el argumento expuesto sobre la potestad legislativa de definir los conceptos de descentralizacin, desconcentracin y delegacin, en virtud de la ausencia de disposicin constitucional referente al tema. Por otro lado, respecto de las disposiciones del pargrafo aludido, se afirma que este debe ser declarado igualmente constitucional pues no se vulnera el artculo 158 fundamental cuando se reglamenta el modo de delegacin entre una entidad nacional y una del orden territorial, debido a que no se modifica la ley orgnica correspondiente (Ley 60 de 1993) y, por el contrario, reafirma el principio de autonoma e independencia relativa de cada una de las entidades pblicas, al impedir que la delegacin se convierta en un instrumento ciego que congestione al delegatario.

 

5.4 Consideraciones de la Corte

 

18. Nuevamente el actor estructura el cargo de violacin constitucional a partir del argumento segn el cual la delegacin se predica respecto de las funciones de un cargo y, por lo tanto, no puede recaer sobre entidades u organismos pblicos. Como este aserto, segn se indico arriba, no emana de la Constitucin sino que, antes bien, ella seala que la ley fijar las condiciones para que pueda operar la delegacin, y la jurisprudencia ha encontrado que esta figura tambin puede darse en relacin con funciones propias de las entidades u organismos administrativos, no es posible derivar del argumento del actor la inexequibilidad de la disposicin bajo examen, aunque la Corte admite que esta forma de delegacin, cuando se refiere a entidades descentralizadas, ya sea territorialmente o por servicios, no corresponde al principio general y puede considerarse como impropia, aunque no por ello inconstitucional.

 

19. En cuanto al cargo de violacin del principio de unidad de materia al que se refiere el artculo 158 superior, que se producira, segn el actor, por la confusin entre las diversas figuras administrativas que se pretenden regular en una misma disposicin, la Corte tampoco encuentra que est llamado a prosperar toda vez que no aprecia que se presente la confusin que alega el demandante. A juicio de la Corporacin, el artculo 14 bajo examen se refiere exclusivamente al mecanismo de la delegacin entre entidades pblicas, que, como se dijo, cuando opera respecto de entes territoriales puede ser considerado como una delegacin impropia, y que en ningn caso fue proscrita por el constituyente, ni se confunde con la desconcentracin.[17] Y las referencias de la disposicin a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios que regulen la respectiva delegacin, tampoco desnaturaliza la figura de la delegacin interinstitucional que regula la norma, como se ver ms adelante. Tal convenio, cuando es requerido, si es temporal se erige en una garanta de la autonoma de las entidades funcional o territorialmente descentralizadas, y no se opone a la existencia de una delegacin, siempre y cuando estn presentes los dems elementos que, segn la Constitucin, definen este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa autorizacin legal, fijacin tambin legal de las condiciones bajo las que operar la delegacin, asuncin de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del delegante para reasumir la competencia.

 

 

20. En relacin con el pargrafo del artculo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones diferentes: (i), la delegacin de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a entidades territoriales que cumplen funciones o servicios complementarios de los que competen a la delegante, y (ii), la misma delegacin cuando la entidad delegataria no cumple con funciones o servicios que presenten esta complementariedad. En el primer caso, la delegacin proceder sin requisitos adicionales, es decir sin la suscripcin del convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de ambas partes, al cual se refiere el inciso primero de la disposicin. En el segundo caso, tal convenio s es requerido y se deben proveer los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la funcin delegada.

 

21. A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, en todos aquellos casos de delegacin de funciones de organismos o entidades del orden nacional a favor de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha delegacin, si se lleva a cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonoma de la entidad territorial, a quien no compete constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa de esta autonoma y por ello, para el reparto definitivo de competencias entre la nacin y las entidades territoriales, ha diseado mecanismos rigurosos, a travs de trmites legislativos exigentes, como los propios de las leyes orgnicas.

 

Dicha autonoma, sin embargo, se ve salvaguardada en el evento de delegacin, si el traslado de competencias, previamente autorizado por el legislador, resulta ser aceptado por la entidad territorial delegataria mediante la suscripcin de un acuerdo, como lo dispone el inciso primero de la disposicin sub examine. Sin embargo, el pargrafo de la misma, al permitir que para la delegacin de funciones afines a las que cumple la entidad delegataria no se requiera de tal convenio, impide el ejercicio legtimo de la autonoma de las entidades territoriales.

 

Adicionalmente, la disposicin no define la manera de establecer la complementariedad o similitud de las funciones de las entidades comprometidas en la delegacin, ni la autoridad competente para ello, por lo cual el concepto resulta impreciso y vago, comprometiendo aun ms la autonoma territorial. Por ello, la Corte estima que el mencionado pargrafo debe ser retirado del ordenamiento. Una vez pronunciada la referida inexequibilidad, conforme con lo dispuesto por el inciso primero de la disposicin, toda delegacin de funciones entre entidades nacionales y territoriales, operar en virtud de convenio en el que se definan los derechos de la delegante y la delegataria, y los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la funcin delegada, dentro del marco de las disposiciones presupuestales y de planificacin.

 

22. Dicho convenio, empero, no viola la disposicin constitucional que determina la reserva de ley estatutaria para efectos del reparto de competencias entre la Nacin y los entes territoriales, siempre y cuando el mismo no signifique un reparto definitivo de competencias, sino tan solo temporal. El reparto definitivo de las mismas, no puede ser hecho sino mediante ley orgnica, conforme al artculo 151 superior. Pero mediante acuerdo de colaboracin transitoria, la Corte estima que s pueden transferirse funciones administrativas de entes nacionales a entes territoriales, pues ello desarrolla los principios de colaboracin armnica y complementariedad a que se refiere el artculos 113 y 209 de la Carta, sin desconocer la autonoma de las entidades territoriales, quienes pueden no aceptar la delegacin, y convenir las condiciones de la misma.

 

En virtud de lo anterior, se declarar la inexequibilidad del pargrafo del artculo 14 de la Ley 489 de 1998, y la exequibilidad del resto de la disposicin, bajo la condicin de que los convenios a que se refiere el inciso primero, tengan carcter temporal, es decir trmino definido.

 

 

4. Artculo 52

 

6.1 Texto de la disposicin

 

Artculo 52. De la supresin, disolucin y liquidacin de entidades u organismos administrativos nacionales. El Presidente de la Repblica podr suprimir o disponer la disolucin y la consiguiente liquidacin de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artculo 38 de la presente ley cuando:

 

1. Los objetivos sealados al organismo o entidad en el acto de creacin hayan perdido su razn de ser.

 

2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial.

 

3. Las evaluaciones de la gestin administrativa, efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen su supresin o la transferencia de funciones a otra entidad.

 

4. As se concluya por la utilizacin de los indicadores de gestin y de eficiencia que emplean los organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada ao, luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administracin de los recursos pblicos, determinada la evaluacin de sus procesos administrativos, la utilizacin de indicadores de rentabilidad pblica y desempeo y la identificacin de la distribucin del excedente que stas producen, as como de los beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qu medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administracin en un perodo determinado.

 

5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras entidades.

 

6. Siempre que como consecuencia de la descentralizacin o desconcentracin de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia.

 

Pargrafo 1. El acto que ordene la supresin, disolucin y liquidacin, dispondr sobre la subrogacin de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinacin de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el rgimen aplicable a la liquidacin y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situacin de los servidores pblicos.

 

Pargrafo 2. Tratndose de entidades sometidas al rgimen societario, la liquidacin se regir por las normas del Cdigo de Comercio en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la entidad cuya liquidacin se realiza.

 

 

6.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

Con los mismos argumentos esgrimidos respecto de otras disposiciones que acaban de estudiarse, el demandante solicita que la expresin impugnada del artculo 52 numeral 6 sea declarada inexequible, por cuanto la confusin de conceptos aludida se cristaliza igualmente en ella respecto de las figuras de desconcentracin y descentralizacin. De hecho, indica el actor, al incluirse dentro de los presupuestos que autorizaran al Presidente de la Repblica para suprimir o disolver las entidades y organismos administrativos del orden nacional, el evento de prdida de la competencia correspondiente a la respectiva entidad, por desconcentracin de la misma, se est incurriendo en un contrasentido jurdico pues, si la desconcentracin se presenta al interior de una persona jurdica, no es constitucional sealar que con la desconcentracin una entidad pierde la respectiva competencia.

 

Sobre las acusaciones en contra del artculo 52 numeral 6 de la Ley 489 de 1998, aduce la representante del Ministerio del Interior que sobre dicha norma existe cosa juzgada constitucional pues la Corte se pronunci sobre su exequibilidad mediante Sentencia C-702 de 1999.

 

6.3 Concepto del procurador general de la Nacin

 

Respecto de la expresin demandada del artculo 52 numeral 6 de la Ley 489 de 1998, el Ministerio Pblico aduce que es contraria a la Carta por cuanto le est dando una misma definicin legal a la descentralizacin que a la desconcentracin. Debido a tal hecho, se solicita la declaracin de inexequibilidad respecto del mismo.

 

6.4 Consideraciones de la Corte

 

23. Como cuestin previa, la Corte debe aclarar que, a pesar de que mediante Sentencia C-702 de 1999[18] esta Corporacin declar la exequibilidad del artculo 52 de la Ley 489 de 1999, dicho pronunciamiento constituye cosa juzgada relativa, pues, en los trminos del mismo, se produjo en cuanto a la acusacin examinada. As, siendo que en esa oportunidad los cargos radicaban en el desconocimiento por parte de la disposicin, de las facultades que la Carta confiere al Congreso de acuerdo al numeral 7 del artculo 150, en tanto radica en cabeza del Presidente de la Repblica competencias para disponer la fusin de entidades y organismos del orden nacional y para liquidarlos o suprimirlos, con lo que, a juicio del actor, se contrariaran claros postulados constitucionales sobre la estructura del Estado y las competencias permanentes del Congreso Nacional para determinar la estructura administrativa nacional, en el presente caso la acusacin se contrae, como se dijo, a esgrimir la confusin entre los conceptos de desconcentracin y descentralizacin. As las cosas, tratndose de un concepto de violacin constitucional diferente, la Corte entrar a hacer el examen de constitucionalidad respectivo.

24. Efectivamente, mediante Sentencia C-702 de 1999 esta Corporacin resolvi que la competencia concedida al Presidente de la Repblica por el artculo 52 de la Ley 489 de 1998, para suprimir o disponer la disolucin y la consiguiente liquidacin de entidades y organismos administrativos del orden nacional central y descentralizado, se ajustaba a la Constitucin. En sustento de dicha decisin sostuvo lo siguiente:

 

...en cuanto concierne a la modificacin de la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y dems organismos administrativos del orden nacional, es del resorte ordinario de las competencias que la Carta atribuye al Legislador, trazar las directrices, principios y reglas generales que constituyen el marco que da desarrollo al numeral 7. del artculo 150, pues es al Congreso a quien compete determinar la estructura de la administracin nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional, sealando sus objetivos y estructura orgnica, como en efecto, lo hizo en los artculos 52 y 54 -excepto sus numerales b); c); d); g); h); e i) -que sern materia de consideracin aparte-, razn esta que lleva a la Corte a estimar que, por este aspecto, estn adecuados a los preceptos de la Carta, comoquiera que se ajust en un todo a sus mandatos.

 

En efecto, en el artculo 52 previ los principios y orientaciones generales que el ejecutivo debe seguir para la supresin, disolucin y liquidacin de entidades u organismos administrativos nacionales;

 

As las cosas, se encuentra ya definido, con fuerza de cosa juzgada constitucional, que la competencia asignada al presidente por la norma bajo examen para suprimir entidades y organismos administrativos del orden nacional, de manera general se ajusta a la Constitucin. Resta entonces estudiar el cargo ahora aducido.

 

 

Para la Corte, la presente acusacin se estructura a partir de una imprecisin, cual es estimar que la desconcentracin es una figura que opera solamente dentro de una entidad derecho pblico dotada de personera jurdica. Dicha aseveracin no emana en modo alguno de la Carta, que sobre el particular guarda silencio. Al contrario, la jurisprudencia constitucional ha sealado que, a pesar de que por lo general la desconcentracin opera dentro de rganos de la misma entidad, no por ello se excluye la posibilidad de que a travs de este mecanismo se trasladen competencias entre personas jurdicas. Una vez ms se transcribe el aparte correspondiente de la Sentencia T-024 de 1996 [19]:

 

 

La desconcentracin as concebida, presenta estas caractersticas:

 

...

 

2. La competencia se confiere a un rgano medio o inferior dentro de la jerarqua. Debe recordarse, sin embargo que, en cierta medida, personas jurdicas pueden ser igualmente sujetos de desconcentracin.

Por las anteriores razones, resulta claro que una entidad s puede perder sus competencias en virtud de la transferencia por desconcentracin de las mismas en cabeza de otra. No obstante, estima que si la desconcentracin hacia entidades sucede siempre por ministerio de la ley, es ella misma la que tiene que suprimir la entidad que en tal virtud ha perdido completamente sus competencias. As las cosas, la expresin o desconcentracin, que ahora se examina, ser declarada inexequible.

 

 

4. Artculos 38, 56, 68 y 82

 

 

7.1 Texto de las disposiciones

 

 

Artculo 38. Integracin de la Rama Ejecutiva del Poder Pblico en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Pblico en el orden nacional, est integrada por los siguientes organismos y entidades:

 

1. Del Sector Central:

 

a) La Presidencia de la Repblica;

 

b) La Vicepresidencia de la Repblica;

 

c) Los Consejos Superiores de la administracin;

 

d) Los ministerios y departamentos administrativos;

 

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personera jurdica.

 

2. Del Sector descentralizado por servicios:

 

a) Los establecimientos pblicos;

 

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personera jurdica;

 

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios pblicos domiciliarios;

 

e) Los institutos cientficos y tecnolgicos;

 

f) Las sociedades pblicas y las sociedades de economa mixta;

 

g) Las dems entidades administrativas nacionales con personera jurdica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Pblico.

 

2Pargrafo 1: Las sociedades pblicas y las sociedades de economa mixta en las que el estado posea el noventa por ciento (90%) o ms de su capital social, se someten al rgimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.

 

Pargrafo 2: Adems de lo previsto en el literal C) del numeral 1 del presente artculo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administracin o parte de ella, funcionarn con carcter permanente o temporal y con representacin de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de constitucin se indicar el Ministerio o Departamento Administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos.

 

 

Artculo 56. Presidencia de la Repblica. Corresponde al Presidente de la Repblica la suprema direccin y la coordinacin y control de la actividad de los organismos y entidades administrativos, al tenor del artculo 189 de la Constitucin Poltica.

 

La Presidencia de la Repblica estar integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la Repblica y su rgimen ser el de un Departamento Administrativo.

 

Pargrafo. El Vicepresidente de la Repblica ejercer las misiones o encargos especiales que le confe el Presidente de la Repblica, de conformidad con lo establecido en la Constitucin Poltica.

 

La Vicepresidencia de la Repblica, estar integrada por el conjunto de servicios auxiliares que seale el Presidente de la Repblica.

 

 

 

Artculo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos pblicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades pblicas y las sociedades de economa mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personera jurdica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios pblicos y las dems entidades creadas por la ley o con su autorizacin, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestacin de servicios pblicos o la realizacin de actividades industriales o comerciales con personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio propio. Como rganos del Estado aun cuando gozan de autonoma administrativa estn sujetas al control poltico y a la suprema direccin del rgano de la administracin al cual estn adscritas.

 

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sealadas en la Constitucin Poltica, en la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgnica y a sus estatutos internos.

 

Los organismos y entidades descentralizados, sujetos a regmenes especiales por mandato de la Constitucin Poltica, se sometern a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.

 

Pargrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artculo 210 de la Constitucin Poltica, el rgimen jurdico aqu previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitucin y la ley a las autoridades del orden territorial.

 

Pargrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades cientficas y tecnolgicas, se sujetarn a la Legislacin de Ciencia y Tecnologa y su organizacin ser determinada por el Gobierno Nacional.

 

Pargrafo 3. Lo dispuesto en el presente artculo no se aplica a las corporaciones civiles sin nimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993.

 

Artculo 82. Unidades administrativas especiales y superintendencias con personera jurdica. Las unidades administrativas especiales y las superintendencias con personera jurdica, son entidades descentralizadas, con autonoma administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al rgimen jurdico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos pblicos.

 

 

7.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

Pasando a consideraciones distintas a las que sustentaron las acusaciones de los artculos anteriormente examinados, la demanda traslada sus impugnaciones a la seccin de la ley que trata sobre la estructura del Estado. As, primeramente se argumenta que el literal b del numeral 1 del artculo 38 de la Ley 489 de 1998, as como el aparte acusado del artculo 56 del mismo ordenamiento, deben ser declarados inexequibles en consideracin a que crean - sin fundamento constitucional que lo permita- la dependencia de la Vicepresidencia de la Repblica. Indica el demandante que la Carta Fundamental, al instituir la figura del Vicepresidente, en ningn momento dispuso que tal investidura implicara la creacin de un empleo pblico, con derecho a remuneracin y funciones expresas y propias. De este modo, al no estar previsto el empleo de Vicepresidente de la Repblica, menos an podra crearse una dependencia denominada Vicepresidencia de la Repblica pues, al hacerlo, se estaran contrariando los principios de la funcin administrativa consagrados en el artculo 209 de la Carta Magna.

 

Por otro lado, sin referirse de modo concreto a la ley objeto del presente estudio, el actor indica que el vicepresidente que reemplaza temporal o definitivamente al presidente de la Repblica, en virtud de las disposiciones constitucionales correspondientes, no adquiere -a su retiro- por ese mero hecho, la calidad de ex presidente de la Repblica pues, en concordancia con el artculo 203 de la Constitucin, siempre ser ex vicepresidente de la Repblica. Debido a esto, no sera factible que el vicepresidente que hubiere reemplazado al presidente de la Repblica en su cargo, gozara de los derechos reservados para los ex Presidentes.

 

Ahora bien, respecto del literal c del numeral 2 del artculo 38, el aparte acusado del artculo 68 y la totalidad del artculo 82, mencionados en la referencia, que disponen el carcter de entidades del orden descentralizado que poseen las diferentes superintendencias, aduce el actor que tales normas chocan con los artculos 115, 189 y 209 de la Constitucin Nacional. De hecho, arguye el accionante, las funciones de inspeccin y vigilancia son inherentes al Presidente de la Repblica en razn a su calidad de Jefe de Gobierno (art. 189 C.P). As las cosas, tales funciones no pueden ser desarrolladas por el sector descentralizado pues, por disposicin constitucional, pertenecen a la administracin central nacional y, consecuentemente, las superintendencias mxime podrn ser organismos desconcentrados pero nunca institutos descentralizados.

 

Respecto de las imputaciones a los artculos 38 y 56 del ordenamiento estudiado, la apoderada del ministerio es enftica al afirmar que el cargo de Vicepresidente de la Repblica si est consagrado expresamente por la Constitucin Poltica en su artculo 202 al indicar que: El Vicepresidente de la Repblica ser elegido por votacin popular el mismo da y en la misma frmula con el Presidente de la Repblica. Por ende, y por haber tratado la Corte tal aspecto anteriormente - y de modo contrario a la percepcin del demandante- en Sentencia C-594 de 1995, se solicita la exequibilidad de las normas referidas.

 

Frente de las acusaciones hechas en contra de los artculos 38, 68 y 82 de la Ley 489 de 1998, sostenidas en que las facultades de inspeccin y vigilancia de las superintendencias pertenecen, por disposicin constitucional, a la administracin central nacional, el Ministerio del Interior defiende la exequibilidad de las mismas arguyendo que el ltimo inciso del artculo 115 de la Carta Magna establece que las superintendencias pertenecen al mbito de las entidades descentralizadas de acuerdo con sus servicios. A propsito de tal argumento, se cita la Sentencia C-216 de 1994, en la que la Corte Constitucional indic que la descentralizacin por servicios implica el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada.

 

7.3 El concepto del procurador general de la Nacin

 

Los cargos imputados a los apartes del artculo 38 de la Ley 489 de 1998, en pensar del Ministerio Pblico, no estn llamados a prosperar. De hecho, afirma el procurador en su concepto, el ciudadano que fue elegido en la misma frmula del Presidente de la Repblica mientras no ejerza las funciones de primer magistrado ser Vice Presidente, pero cuando la ejerza a cualquier ttulo, constitucionalmente ser el Presidente. Del mismo modo, an cuando el Vice Presidente slo tiene una expectativa de ejercer el cargo de Presidente, tiene derecho a recibir la remuneracin correspondiente al cargo que ejerza por encargo del Presidente y, adems, debido a que dicho encargo puede ser el ejercicio de funciones auxiliares a la Presidencia, nada impide que la ley pueda organizar la institucin de la Vice Presidencia, con asignacin de funciones permanentes al empleo, asignacin de salario y dems prerrogativasen razn a la dignidad que ostenta.

 

En cuanto a las imputaciones contra los artculos 38, 68 y 82 de la Ley 489 objeto de esta demanda, no considera el Ministerio Pblico que stas deban prosperar y, por ende, declararse inexequibles tales normas. El anterior juicio lo fundamenta en que la existencia de superintendencias del orden descentralizado no es un hecho incompatible con la Carta pues, aunque es cierto que las facultades de inspeccin y vigilancia corresponden al Presidente de la Repblica, dichas entidades pertenecen, de todos modos, a la rama ejecutiva liderada por el Presidente y, sobre sus actos procede el control de tutela. Debido a esto, las funciones de las superintendencias descentralizadas no se ejercen como una rueda suelta dentro del Estado.

 

7.4 Consideraciones de la Corte

 

 

25. En cuanto a los cargos que se aducen en contra de las normas ahora bajo examen por el hecho de crear la Vicepresidencia de la Repblica, sin que a juicio del actor exista un fundamento constitucional que lo permita, la Corte encuentra oportuno reiterar lo dicho en otra oportunidad en torno al cargo en mencin:

 

De acuerdo con la Constitucin las funciones del Vicepresidente son: i) Remplazar al Presidente de la Repblica en sus faltas temporales y absolutas (incisos 3 y 4 del art. 202); ii) Cumplir con las misiones o encargos especiales que le confe el Presidente de la Repblica (inciso 5, ibdem); iii) Desempear cualquier cargo de la rama ejecutiva para el cual sea designado por el Presidente (inciso 5, ibdem).

 

En el primer evento, es obvio, como lo han sealado algunos crticos de la institucin de la Vicepresidencia, que su titular propiamente no desempea funcin alguna, mientras no se da el supuesto de remplazar al Presidente; sin embargo, debe entenderse que la figura fue institucionalizada precisamente bajo la idea de que el Vicepresidente tuviera vocacin o se encontrara en disponibilidad de desempear las funciones presidenciales en las hiptesis previstas en la Constitucin.

 

En la segunda situacin, las funciones del Vicepresidente se concretan en la realizacin de misiones o encargos especficos, esto es, de tareas, labores o cometidos concretos que le sean asignados por el Presidente.

 

En la tercera hiptesis, es claro que el Vicepresidente cumple las funciones que constitucional, legal o reglamentariamente corresponden al respectivo cargo.

 

Surge de lo expuesto, que el cargo de Vicepresidente corresponde a un empleo pblico y que sus funciones estn determinadas en la Constitucin. Igualmente, que segn sta, es el Presidente la nica autoridad que puede asignarle funciones adicionales, bien confindole misiones o encargos especiales o mediante el mecanismo de la designacin en un cargo de la rama ejecutiva.[20]

 

Conforme con los criterios sentados en el fallo precedente, puede afirmarse que el de vicepresidente de la Repblica s es un cargo pblico con funciones constitucionales propias o asignadas por el presidente de la Repblica, expresamente previsto por la Carta Fundamental. De esta manera, en cuanto el cargo de violacin constitucional que ahora se analiza se estructura justamente sobre el supuesto contrario, no est llamado a prosperar.

 

Adicionalmente, es de anotar que la Constitucin en el numeral 7 del artculo 150 superior reserva al legislador la facultad de determinar la estructura de la administracin nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional ( resaltado fuera del texto superior), cosa que es justamente lo que hace la disposicin legal contenida en el literal b) del artculo 38, ahora bajo examen, al sealar que la Vicepresidencia de la Repblica formar parte del sector central de la Rama Ejecutiva del poder pblico.

 

Y en cuanto a la facultad que le asiste al presidente de la Repblica para sealar el conjunto de servicios auxiliares que integran la Vicepresidencia de la Repblica, como lo indica el segundo inciso del pargrafo del artculo 56 de la Ley 489 de 1998, ella encuentra su soporte en el numeral 14 del artculo 189 superior, conforme al cual a l corresponde crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administracin central, sealar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos.

 

En tal virtud se declarar la exequibilidad del literal b) del artculo 38 de la Ley 489 de 1998, y el segundo inciso del pargrafo del artculo 56 ibdem.

 

26. En relacin con los comentarios del demandante, quien opina que por el hecho de la suplencia del titular el vicepresidente no puede llegar nunca a ser considerado como un ex presidente, de lo cual se deducira que tampoco puede llegar a gozar de los derechos que la ley concede a los ex presidentes, la Corte aprecia que tales asertos no tienen ninguna relacin con lo preceptuado por las disposiciones demandadas, por lo cual se abstendr de hacer consideraciones o pronunciamiento al respecto.

 

27. Por lo que tiene que ver con los cargos dirigidos contra los artculos 38, 68 y 82 de la Ley bajo examen, la Corte aprecia lo siguiente:

 

La Ley 489 de 1998 contempla dos variantes del concepto de superintendencia. Uno, el definido en el artculo 66, correspondiente a la figura de superintendencias sin personera jurdica, que son organismos creados por la ley, con autonoma administrativa y financiera que aquella les seale, sin personera jurdica, que cumplen funciones de inspeccin y vigilancia atribuidas por ley o mediante delegacin que haga el presidente de la Repblica previa autorizacin legal. (resalta la Corte) Las superintendencias as definidas, pertenecen al sector central de la Administracin.

 

De otro lado estn las superintendencias con personera jurdica, definidas por el artculo 82 de la Ley demandada, que son entidades descentralizadas, con autonoma administrativa y patrimonial, las cuales se ajustan al rgimen jurdico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos pblicos.

 

Ntese que la ley slo se refiere al cumplimiento de funciones de inspeccin y vigilancia respecto de las superintendencias sin personera jurdica. As, en principio las superintendencias con personera no estn, por definicin legal, llamadas a cumplir tal tipo de funciones. No obstante, cabe preguntarse si la ley que llegara a crear una superintendencia con personera jurdica, constituida como entidad descentralizada, podra atribuirle funciones de esa naturaleza. Al respeto la Corte estima que s podra hacerlo, por las siguientes razones:

 

-         De conformidad con el numeral 7 del artculo 150 de la Carta, corresponde al Congreso crear las superintendencias, sealando sus objetivos y estructura orgnica. De esta disposicin no puede extraerse la conclusin (porque no lo dice), de que tales entidades deban pertenecer al sector central la Administracin nacional. Por lo tanto, el legislador s puede crear superintendencias con personera jurdica, en el sector descentralizado de la administracin pblica nacional.

-         De los numerales 24 y 25 del artculo 189 de la Constitucin se desprende que al Congreso corresponde sealar las directrices a las que habr de sujetarse el ejecutivo para el cumplimiento de las funciones de inspeccin vigilancia y control a que aluden los referidos numerales, esto es las que recaen sobre las personas que realicen actividades financieras, burstil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversin de recursos captados del pblico, as como sobre las entidades cooperativas y las mercantiles. Nada en el texto superior impide al Congreso que, al sealar tales directrices, permita que las referidas funciones presidenciales se transfieran a superintendencias con personera jurdica pertenecientes a la administracin descentralizada.

-         Contrariamente a lo que afirma el demandante, las funciones presidenciales de inspeccin vigilancia y control son funciones de naturaleza administrativa, ya que por no involucrar el sealamiento de polticas, no corresponden a actos de gobierno. Tampoco se adelantan por el presidente en su condicin de jefe de Estado. As las cosas, son de aquellas que segn la jurisprudencia de esta Corporacin, admiten ser transferidas mediante desconcentracin.

-         El artculo 211 superior indica que la ley sealar las funciones que el Presidente de la Repblica podr delegar en los superintendentes, sin distinguir si se trata de entidades centralizadas o descentralizadas.

 

Todos los anteriores textos constitucionales reseados, interpretados armnicamente, permiten descartar que exista una restriccin impuesta al legislador, que emane de la Constitucin, que le impida la creacin de superintendencias dotadas de personera jurdica, en el sector descentralizado nacional, y el traslado a ellas de funciones presidenciales de inspeccin, vigilancia y control. Adicionalmente, la jurisprudencia sentada por esta Corporacin en torno al tema de la de la delegacin y desconcentracin de las facultades presidenciales mencionadas, corrobora las anteriores conclusiones. En efecto, en la Sentencia C-496 de 1998 antes mencionada, indic:

 

El numeral 24 del artculo 189 de la Constitucin seala que le corresponde al Presidente ejercer la inspeccin, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, burstil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversin de recursos captados por el pblico. Asimismo, determina que el Presidente tambin realizar este control sobre las entidades cooperativas y las mercantiles. De otro lado, la parte final del numeral 25 del mismo artculo 189 se refiere a la intervencin en las actividades financiera, burstil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo del recursos provenientes del ahorro de terceros.

 

...

De los preceptos constitucionales mencionados se deduce que el Congreso es el rgano encargado de sealar las pautas que regirn las labores de inspeccin, vigilancia y control sobre las actividades a las que aluden los numerales 24 y 25 del artculo 189 de la Carta. Ello se realizar a travs de leyes marco - como ocurre con las que se dictan con base en el numeral 19 del artculo 150 - o por medio de leyes ordinarias, como es el caso de las que se fundamentan en el numeral 8 del mismo artculo.

 

El Congreso fija las directrices de accin en estas reas y el gobierno las desarrolla, las lleva a la prctica. Estas funciones tienen ante todo un carcter administrativo, razn por la cual se puede concluir que en ellas el Presidente de la Repblica acta como suprema autoridad administrativa. Esta situacin autoriza al Congreso a disponer la desconcentracin de estas funciones, para lo cual puede crear instituciones especializadas que realicen esas tareas, de acuerdo con la atribucin que le seala el numeral 7 del artculo 150. (Negrillas por fuera del texto original)

 

28. Para la Corte, la diferencia entre las nociones de entidades descentralizadas y centralizadas o sector central y sector descentralizado- es de rango puramente legal. El numeral 7 del artculo 150 de la Constitucin, al indicar que corresponde al Congreso determinar la estructura de la administracin y crear, suprimir o fusionar diversa clase de organismos, se refiere indistintamente a entidades centralizadas y descentralizadas, sin establecer entre ellas una diferencia. Tal distincin, por lo tanto, no emana de sus normas, sino de otras de rango legal.

 

Ahora bien, la distincin entre entidades centralizadas y descentralizadas, que comporta el reconocimiento de personera jurdica a las segundas, tiene como nica finalidad habilitar a estas ltimas para ser sujetos de derechos. Esta habilitacin, en modo alguno afecta las posibilidades de delegacin de funciones presidenciales, pues la Constitucin no lo proscribe, ni afecta las relaciones de jerarqua entre sectores. Lo que propiamente afecta esa relacin, es el grado de autonoma que la ley conceda en cada caso a la entidad descentralizada, el cual viene determinado por los distintos mecanismos de control que se reservan para la entidad jerrquicamente superior, respecto de cada entidad en particular.

 

As, la autonoma se presenta en mayor o en menor grado tanto en las entidades del sector central como del descentralizado, y siempre es asunto determinado por la ley en cada caso. Por lo tanto, la delegacin de funciones a entidades descentralizadas, permitida de manera general por la norma bajo examen, no viola per se la Constitucin, pues esta autorizacin general no conlleva la prdida de control de las funciones presidenciales que asume la delegataria.

 

29. En relacin con la expresin las unidades administrativas especiales con personera jurdica, que tambin se encuentra incluida dentro de los segmentos normativos acusados de los artculos 38, 68 y 82 que ahora se examinan, la Corte no encuentra expresin de cargos, por lo cual se declarar inhibida para llevar a cabo un pronunciamiento de fondo.

 

 

8. Artculos 49 y 85

 

8.1 Texto de las disposiciones

 

 

Artculo 49. Creacin de organismos y entidades administrativas. Corresponde a la ley, por iniciativa del Gobierno, la creacin de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y los dems organismos y entidades administrativas nacionales.

 

Las empresas industriales y comerciales del Estado podrn ser creadas por ley o con autorizacin de la misma.

 

Las sociedades de economa mixta sern constituidas en virtud de autorizacin legal.

 

Pargrafo. Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economa mixta se constituirn con arreglo a las disposiciones de la presente ley, y en todo caso previa autorizacin del Gobierno Nacional si se tratare de entidades de ese orden o del Gobernador o el Alcalde en tratndose de entidades del orden departamental o municipal.

 

 

Artculo 85. Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por sta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestin econmica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que renen las siguientes caractersticas:

 

a) Personera jurdica;

 

b) Autonoma administrativa y financiera;

 

c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos pblicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinacin especial en los casos autorizados por la Constitucin.

 

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podr estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.

 

2A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economa mixta se les aplicar en lo pertinente los artculos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994.

 

Pargrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la informacin comercial se aplicarn a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las empresas industriales y comerciales del Estado.

 

 

8.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

Respecto de los extractos acusados de los artculos 49 y 85 de la Ley 489 de 1998, aduce el impugnante la vulneracin de los artculos fundamentales 150 numeral 7, 209, 210, 300 numeral 7 y 313 numeral 6. Se fundamenta la inconstitucionalidad de los artculos legales indicados, en que la Constitucin no permite que las empresas comerciales e industriales del Estado puedan ser creadas por simple autorizacin legal (evento que si aplica a las empresas de economa mixta), toda vez que son las leyes, ordenanzas o acuerdos las normas llamadas a crear directamente tales entes.

 

En relacin con la anterior acusacin, la intervencin del Ministerio del Interior llama la atencin sobre la errnea interpretacin que del artculo 150 numeral 7 hace el demandante en sus acusaciones contra los artculos 49 y 85 de la Ley 489 de 1998. Indica la apoderada del ministerio que la competencia que le atribuye la Carta al Congreso respecto de la creacin de entidades por va directa o por autorizacin legislativa, se extiende tanto a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como a las sociedades de economa mixta. A este respecto, el referido Ministerio cita la Sentencia C-196 de 1994 de esta Corporacin.

 

4. 3 Concepto del Ministerio Pblico

 

Frente de las acusaciones contra las expresiones subrayadas de los artculos 49 y 85 de la referencia, coincide el Ministerio Pblico con los argumentos expuestos por el Ministerio del Interior. Seala que el artculo 150 numeral 7 de la Carta, en relacin con las empresas industriales y comerciales del Estado, as como de las sociedades de economa mixta, permite que la ley las cree directamente, o simplemente autorice al ejecutivo su creacin.

 

8. 4 Consideraciones de la Corte

 

30. Considera la Corte que le asiste razn a los intervinientes y a la vista fiscal cuando sealan que el cargo que ahora se analiza se estructura sobre una errnea interpretacin del numeral 7 del artculo 150 de la Constitucin Poltica. En efecto, dicha disposicin superior es del siguiente tenor literal:

 

ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

...

 

7. Determinar la estructura de la administracin nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos o establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional, sealando sus objetivos y estructura orgnica; reglamentar la creacin y funcionamiento de las Corporaciones Autnomas Regionales dentro de un rgimen de autonoma; as mismo, crear o autorizar la constitucin de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economa mixta. (Resalta la Corte)

 

Como puede apreciarse, el simple tenor literal de la disposicin constitucional resulta contrario a las afirmaciones sobre las cuales el actor estructura el cargo de inexequibilidad. En efecto, es claro que la Carta permite la constitucin de empresas industriales y comerciales del estado mediando tan solo la autorizacin legal, sin necesidad de creacin directa por parte del legislador. Esta disposicin superior, de otro lado, se ve reforzada por lo prescrito por el artculo 210 de la Carta, que dispone que las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios slo pueden ser creadas por ley o por autorizacin de esta. En consecuencia, los apartes acusados de las disposiciones que ahora se examinan se declararn ajustados a la Constitucin.

 

4. Artculo 61

 

9.1 Texto de la disposicin

 

 

Artculo 61. Funciones de los ministros. Son funciones de los ministros, adems de las que les sealan la Constitucin Poltica y las disposiciones legales especiales, las siguientes:

 

a) Ejercer, bajo su propia responsabilidad, las funciones que el Presidente de la Repblica les delegue o la ley les confiera y vigilar el cumplimiento de las que por mandato legal se hayan otorgado a dependencias del Ministerio, as como de las que se hayan delegado en funcionarios del mismo;

 

b) Participar en la orientacin, coordinacin y control de las superintendencias, entidades descentralizadas y sociedades de economa mixta, adscritas o vinculadas a su Despacho, conforme a las leyes y a los respectivos estatutos;

 

c) Dirigir y orientar la funcin de planeacin del sector administrativo a su cargo;

 

d) Revisar y aprobar los anteproyectos de presupuestos de inversin y de funcionamiento y el prospecto de utilizacin de los recursos del crdito pblico que se contemplen para el sector a su cargo;

 

e) Vigilar el curso de la ejecucin del presupuesto correspondiente al Ministerio;

 

f) Suscribir en nombre de la Nacin y de conformidad con el Estatuto General de Contratacin y la Ley Orgnica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios del Ministerio previa delegacin del Presidente de la Repblica;

 

g) Dirigir las funciones de administracin de personal conforme a las normas sobre la materia;

 

h) Actuar como superior inmediato, sin perjuicio de la funcin nominadora, de los superintendentes y representantes legales de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas.

 

Pargrafo. La representacin de la Nacin en todo tipo de procesos judiciales se sujetar a lo dispuesto en el Cdigo Contencioso Administrativo y a las disposiciones especiales relacionadas.

 

 

9.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

 

En lo relativo a la demanda en contra del artculo 61 literal h de la Ley referida, el actor enuncia que en la descentralizacin por servicios, la autoridad central ejerce un control de tutela sobre los institutos descentralizados y sus actuaciones, sin que por ello la Constitucin determine que exista entre los ministerios y las entidades descentralizadas una relacin de dependencia jerrquica. Ante disposicin en contrario en aparte legal aludido, el accionante indica la violacin de los artculos 208, 209 y 210 de la Carta, por vulnerar el principio bsico de la descentralizacin: la existencia de autoridades propias en cada uno de los institutos descentralizados.

 

Contra las imputaciones de inconstitucionalidad relativas al artculo 61 literal ahora en comento, el Ministerio del Interior en su intervencin afirma que el control de tutela propio de la descentralizacin administrativa predicada por la Constitucin, implica que el titular de aquel control est investido de un poder de superioridad sobre el ente tutelado, el cual no implica una relacin de jerarqua que d lugar al recurso de apelacin.

 

9. 3 El concepto del Ministerio Pblico

 

Ante la solicitud de inexequibilidad del literal h del artculo 61 del ordenamiento legal aqu estudiado, el concepto fiscal concuerda con las pretensiones del actor al considerar que la expresin demandada transgrede la Constitucin, en tanto que est atribuyndole al ministro la calidad de superior inmediato de los representantes legales de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas, cuando el artculo 208 constitucional slo le seala esa atribucin en las dependencias del ministerio a su cargo. Adems, arguye el escrito, es claro que los representantes legales de los entes descentralizados adscritos o vinculados no son servidores de las dependencias del respectivo ministerio, a pesar del control de tutela que tal organismo tiene sobre aquellos en virtud de la relacin jerrquica que los vincula directamente con el Presidente de la Repblica.

 

9.4 Consideraciones de la Corte

 

31. La descentralizacin es una forma de organizacin administrativa propia de los Estados de forma unitaria, que atena la centralizacin permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que adquieren autonoma en la gestin de las respectivas funciones. No obstante, esta transferencia no implica la ruptura total del vnculo entre el poder central y la entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de coordinacin que gobierna la funcin administrativa (artculo 209 superior), dicho vnculo permanece vigente a travs del llamado control de tutela, existente en nuestra organizacin administrativa respecto de los entes funcionalmente descentralizados, con definidos perfiles jurdicos, desde la reforma constitucional y administrativa operada en 1968.

 

De esta manera, la autonoma para la gestin de los asuntos que son de competencia de los entes funcionalmente descentralizados no es absoluta, sino que se ejerce dentro de ciertos parmetros que de un lado emanan de la voluntad general consignada en la ley, y de otro surgen de la poltica general formulada por el poder central. As, el control de tutela usualmente comporta el doble aspecto de la legalidad y la oportunidad de la actuacin administrativa. Diversos mecanismos hacen posible ejercer este doble control, como pueden ser, entre otros, la capacidad nominadora de las autoridades centrales respecto de los cargos directivos en la entidad descentralizada, la presencia de representantes de este poder en los rganos directivos del ente funcionalmente descentralizado, la operancia del recurso de apelacin por la va gubernativa, el mecanismo del veto mediante la exigencia del voto favorable de la autoridad central, o los dems que el legislador en su libertad configurativa determine o se establezcan en los estatutos de las respectivas entidades.

 

Diferente al control de tutela, que tiene cabida respecto de la Administracin descentralizada, es el control jerrquico tradicionalmente operante en el sector central de la misma. Sobre las diferencias que se predican respecto de estas dos formas de supervisin administrativa, la Corte, en Sentencia C-497A de 1994[21], dijo lo siguiente:

 

Sobre el control de tutela cabe hacer cuatro observaciones, segn el autor citado (se refiere a Jean Rivero):

a) La descentralizacin no excluye, a diferencia del federalismo, el control por parte del Estado central. Este control es necesario, a la vez, tanto en inters del Estado mismo, que debe salvaguardar su unidad poltica y vigilar el respeto a la ley, como en inters de la persona descentralizada, y asimismo en inters de los individuos que pueden tener necesidad de una proteccin contra la autoridad descentralizada; b) El control de tutela es normalmente una atribucin del Estado, aunque aparece tambin en las relaciones de las colectividades locales con los establecimientos pblicos que dependen de ellas; c) El control de tutela se refiere normalmente a las personas jurdicas de derecho pblico; sin embargo, el lenguaje administrativo emplea el mismo trmino para el mismo control sobre algunas personas de derecho privado encargadas de un servicio pblico; d) Finalmente, escribe Rivero, "el control debe conciliarse -so pena de aniquilarlo- con la libertad reconocida a la colectividad. Por ello se opone punto por punto al control jerrquico. En la centralizacin, la subordinacin, se ha visto, es de principio y el control se ejerce sin texto: es para excluirlo que un texto es necesario. Adems ella (la subordinacin) es total; el control se extiende a todos los aspectos del acto, y puede conducir a su anulacin o a su modificacin. Respecto a la autoridad descentralizada, por el contrario, la libertad es la regla, y el control la excepcin; un texto debe establecer el principio, designar la autoridad que lo ejerce en nombre del Estado, fijarle la extensin (legalidad u oportunidad), los procedimientos; fuera o ms all de las prescripciones legales, la tutela termina, y la libertad retoma su imperio; de all las frmulas clsicas: no hay tutela sin texto, y no hay tutela ms all de los textos". 3

 

32. La Constitucin no define qu cosa es la descentralizacin, pero acudiendo a lo que usualmente se entenda por tal sistema de organizacin administrativa al momento de expedirse la Carta, el intrprete puede concluir que cuando el constituyente hizo mencin del mismo, se refera a aquella figura jurdica tal y como la ley, la doctrina y la jurisprudencia colombiana la entendan entonces. En este sentido, dicha figura involucra entre nosotros, desde 1968[22], el concepto de vinculacin del ente funcionalmente descentralizado a un ministerio o departamento administrativo, el cual ejerce un control de tutela sobre el primero, con miras a obtener la coordinacin de la funcin administrativa. As las cosas, el control de tutela parte de la base de la distincin entre organismos superiores e inferiores dentro de la estructura administrativa.

 

Dentro del desarrollo histrico de la figura del control de tutela entre nosotros, vale la pena recordar, por lo que tiene que ver con el tema que ahora se debate, que dentro de la reforma administrativa de 1968 diversos artculos de los decretos 1050 y 3130 de ese ao establecieron mecanismos para el ejercicio de dicho control de tutela sobre las entidades descentralizadas, otorgando facultades en cabeza de los ministros o los jefes de departamento administrativo a los cuales se adscriban o vinculaban las entidades descentralizadas.

 

Todo lo anterior permite concluir que entre nosotros la descentralizacin por servicios siempre ha tenido como presupuesto una relacin que implica un poder de supervisin y orientacin que se ejerce para la constatacin de la armona de las decisiones de los rganos de las entidades descentralizadas con las polticas generales adoptadas por el sector, y que es llevado a cabo por una autoridad sobre otra, o sobre una entidad, control que el constituyente aval cuando acogi esta forma de organizacin administrativa. Por ello no resulta extrao ni contrario al espritu de la Carta, que la ley hable de que los representantes legales de las entidades descentralizadas tengan un superior inmediato, tal y como lo hace la norma sub examine. Ello no supone que dicho superior ejerza un control jerrquico, en su nocin clsica, como lo afirma el demandante, consideracin sobre la cual estructura su acusacin. Significa tan solo, que ese superior inmediato ejerce el control administrativo propio de la descentralizacin.

 

Adicionalmente, la facultad del ministerio debe analizarse dentro del contexto del control administrativo que la misma Ley 489 de 1998 establece en sus artculos 42 y 105. La primera de estas disposiciones se refiere explcitamente a que algunas entidades se adscriben o vinculan a otras. La segunda, definiendo los lmites de ese control administrativo sobre las entidades descentralizadas, deja a salvo del mismo las decisiones de ellas respecto de sus competencias legales. En efecto dicha norma dice lo siguiente:

 

Artculo 105. Control Administrativo. El control administrativo sobre las entidades descentralizadas no comprender la autorizacin o aprobacin de los actos especficos que conforme a la ley competa expedir a los rganos internos de esos organismos o entidades.

 

As las cosas, para la Corte la presencia de un superior inmediato que ejerce un control administrativo, no implica que en su cabeza se radiquen las facultades de nombramiento y remocin del representante legal de las entidades descentralizadas, ni toca con la toma de decisiones que operen dentro de las competencias legales del organismo, pues una interpretacin contraria desvirtuara el mecanismo de la descentralizacin. Hace referencia, ms bien y sobre todo, a la armonizacin y coordinacin de polticas administrativas, como lo ordena la Constitucin. En este sentido, tal control administrativo desarrolla plenamente el artculo 208 superior, conforme al cual los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administracin en su respectiva dependencia, palabra esta ltima, que no puede interpretarse restrictivamente, sino que, es comprensiva de las entidades adscritas o vinculadas la ministerio en cuestin.

 

33. En cuanto al concepto del seor Procurador, segn el cual el segmento acusado que ahora se examina viola la Constitucin por cuanto le atribuye al ministro la calidad de superior inmediato de los representantes legales de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas, cuando el artculo 208 superior slo le seala esa atribucin en las dependencias del ministerio a su cargo, la Corte encuentra que la propia Carta, en su artculo 115, dispone que el Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. As, es claro que el poder central, titular del control de tutela, est conformado por ellos y no, como lo dice la vista fiscal, por las dependencias administrativas a su cargo. Por lo cual no resulta contrario a la Constitucin que la disposicin bajo examen, en lo acusado, disponga que es funcin de los ministros, actuar como superior inmediato de los representantes legales de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas. Ello bajo el entendimiento de que esta superioridad le confiere el control administrativo que es propio de la figura de la descentralizacin, y que debe entenderse dentro del contexto normativo completo de la Ley 489, segn antes se explicara. En los anteriores trminos la norma se declarar exequible.

 

 

4. Artculo 63

 

10.1 Texto de la disposicin

 

Artculo 63. Unidades ministeriales. La nomenclatura y jerarqua de las unidades ministeriales ser establecida en el acto que determine la estructura del correspondiente Ministerio, con sujecin a la presente ley y a la reglamentacin del Gobierno.

 

 

10.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

Frente del aparte acusado del artculo 63, sostiene el demandante que no respeta la jerarqua normativa estipulada por la Constitucin en sus artculos 4, 150 y 189, toda vez que supedita la norma que en el futuro determinar la estructura administrativa de un ministerio, a una reglamentacin del Gobierno Nacional. Se estima as, que el ejercicio legislativo no puede estar condicionado a la potestad reglamentaria pues, ello equivale a ir en contra del principio que consagra la separacin misma de los poderes pblicos.

 

En relacin con el cargo anterior, la intervencin del Ministerio del Interior no formula ninguna apreciacin.

 

10.3 El concepto del Ministerio Pblico

 

Respecto de la expresin que se acusa en el artculo 63 referenciado, se indica que resulta contraria al artculo 150 numeral 7 del ordenamiento fundamental, toda vez que al disponerse que el acto que determine la estructura del ministerio deber ajustarse, entre otros, a la reglamentacin del Gobierno, se est supeditando la funcin legislativa a la potestad reglamentaria.

 

10.4 Consideraciones de la Corte

 

34. En lo que se refiere a la determinacin de la estructura de la Administracin Nacional, la Constitucin Poltica ha distribuido competencias concurrentes entre Congreso Nacional y el presidente de la Repblica. En efecto, conforme al numeral 7 del artculo 150 superior, corresponde al legislador (d)eterminar la estructura de la administracin nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional, sealando sus objetivos y estructura orgnica.... (resalta la Corte ) De su parte, el numeral 16 del artculo 189 constitucional dispone que compete al presidente de la Repblica (m)odificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dems entidades u organismos administrativos nacionales, con sujecin a los principios y reglas generales que defina la ley.

 

En relacin con este sistema de competencias concurrentes, la jurisprudencia de esta Corporacin ha manifestado lo siguiente:

 

El ordenamiento constitucional colombiano atribuye al Legislador la facultad de regular la organizacin y el funcionamiento de las entidades administrativas del orden nacional. Aun cuando el Constituyente de 1991 asign mayores poderes al Ejecutivo para que la administracin pblica fuera dinmica y se adecuara ms fcilmente a las necesidades inherentes al ejercicio de la funcin administrativa, mantuvo para el Congreso de la Repblica la competencia constitucional de determinar la estructura de la administracin nacional, con el respectivo sealamiento de sus objetivos y estructura orgnica, as como, de regular los asuntos relacionados con el rgimen jurdico de los trabajadores, con la contratacin y con las materias de ndole presupuestal y tributario, entre otras. Dicha potestad del Legislador no supone un ejercicio totalmente independiente de la misma, requiere de la participacin gubernamental para expedirlas o reformarlas, ya que la iniciativa de esas leyes pertenece en forma exclusiva al Gobierno Nacional.

 

...

 

La Constitucin Poltica reconoce al Presidente de la Repblica, como suprema autoridad administrativa, las atribuciones consistentes en reordenar la estructura de la administracin central mediante la creacin, fusin o supresin, conforme a la ley, de los empleos que demande la administracin central, con el sealamiento de sus funciones especiales y la fijacin de sus dotaciones y emolumentos; suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales; as como, modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dems entidades u organismos administrativos nacionales, de conformidad con la ley. As pues, estas facultades le permiten al Ejecutivo adecuar las entidades y organismos mencionados a las polticas del gobierno, de conformidad con los principios y reglas generales que para el efecto defina el Legislador, mediante una ley que seale el mbito de accin y decisin del Ejecutivo.[23]

 

35. Conforme con lo expuesto, de la Constitucin emana que corresponde al Congreso determinar la estructura de la Administracin Nacional, creando los ministerios, pero que el Gobierno puede modificar su estructura segn se lo permite el numeral 16 del artculo 189 superior. Significa esto que el Gobierno puede, como lo menciona la norma que se estudia, establecer prima facie la nomenclatura y jerarqua de las unidades ministeriales? En otras palabras, puede un disposicin legal conceder al Ejecutivo la facultad referida?

 

La Corte encuentra que la respuesta al anterior interrogante es negativa toda vez que es evidente que la determinacin inicial de la estructura administrativa es competencia del legislador. Se pregunta entonces qu fue lo que quiso decir la norma bajo examen cuando indic que en el acto que determine la estructura del correspondiente Ministerio, con sujecin a la ley se establecer la nomenclatura y jerarqua del mismo. Evidentemente al referirse a tal acto el legislador no haca alusin a la ley, pues entonces la disposicin carecera de sentido pues indicara que la ley, con sujecin a la ley hara tal sealamiento, lo cual es absurdo. As, ha de entenderse que la disposicin se refiere a actos del Gobierno.

Sin embargo, esta lectura, que es la nica que lgicamente puede hacerse de la disposicin, lleva a concluir en su disconformidad con la Constitucin, pues estara permitiendo al Ejecutivo ejercer una competencia que es exclusiva del legislador. En efecto, solo a la ley compete determinar inicialmente la estructura de la Administracin, facultad que la norma acusada permite ejercer al Gobierno Nacional. En tal virtud, la Corte retirar del ordenamiento jurdico el segmento normativo del artculo 63 de la ley 489 de 1998 que dice y a la reglamentacin del Gobierno, y el resto de la disposicin lo declarar ajustado a la Carta, bajo el entendido de que el acto a que se refiere, que determina la estructura del correspondiente ministerio y en el cual se seala la nomenclatura y jerarqua de las unidades ministeriales es nicamente la ley.

 

4. Artculos 71 y 78

 

11.1 Texto de las disposiciones

 

Artculo 71. Autonoma administrativa y financiera. La autonoma administrativa y financiera de los establecimientos pblicos se ejercer conforme a los actos que los rigen y en el cumplimiento de sus funciones, se ceirn a la ley o norma que los cre o autoriz y a sus estatutos internos; y no podrn desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los all previstos ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en ellos.

 

 

Artculo 78. Calidad y funciones del director, gerente o presidente. El director, gerente o presidente ser el representante legal de la correspondiente entidad, celebrar en su nombre los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, tendr su representacin judicial y extrajudicial y podr nombrar los apoderados especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad.

 

A ms de las que les sealen las leyes y reglamentos correspondientes, los representantes legales de los establecimientos pblicos cumplirn todas aquellas funciones que se relacionen con la organizacin y funcionamiento, con el ejercicio de la autonoma administrativa y la representacin legal, que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.

 

En particular les compete:

 

a) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecucin de las funciones o programas de la organizacin y de su personal;

 

b) Rendir informes generales o peridicos y particulares al Presidente de la Repblica, al Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, sobre las actividades desarrolladas, la situacin general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la poltica del Gobierno.

 

Pargrafo. Los establecimientos pblicos nacionales, solamente podrn organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones correspondientes no estn asignadas a las entidades del orden territorial. En este caso, el gerente o director seccional ser escogido por el respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal.

 

 

11.2 La demanda y la intervencin ciudadana

 

En lo relativo al origen y funcionamiento de los establecimientos pblicos nacionales, el accionante solicita que se declaren inexequibles los apartes subrayados de los artculos 71 y 78 pargrafo de la Ley 489 de 1998. A este respecto aduce primeramente que el artculo 71 aludido, tal como est redactado en la actualidad, contrara el artculo 150 numeral 7 de la Constitucin Poltica toda vez que el mismo indica que los establecimientos pblicos nicamente podrn ser creados directamente por la ley, sin que pueda bastar autorizacin legal para ello, ni norma jurdica diferente de la ley misma. En segundo lugar, el actor aduce que el pargrafo del artculo 78, implica una vulneracin de los principios constitucionales de la descentralizacin territorial (artculos 1 y 151 C.P.) y de los principios que deben guiar la funcin pblica (artculo 209 C.P.), toda vez que sugiere la posibilidad de que las funciones asignadas a las entidades territoriales puedan ser desarrolladas simultneamente por un establecimiento pblico del orden nacional.

 

 

En lo referente a la presunta inconstitucionalidad del artculo 71 de la mencionada ley, el escrito del Ministerio del Interior establece que el numeral 10 del artculo 150 de la Constitucin prev claramente la posibilidad de que el Congreso otorgue al Presidente de la Repblica facultades extraordinarias de carcter legislativo, sin que dentro de las excepciones consagradas a las mismas se encuentre la de crear establecimientos pblicos.

 

Finalmente, frente de la solicitud de inexequibilidad parcial del pargrafo del artculo 78 de la Ley 489 de 1998, la apoderada del Ministerio del Interior aduce que la norma no atribuye en cabeza de los establecimientos pblicos nacionales funciones propias de las entidades territoriales sino que permite que stos organicen seccionales o regionales cuando las funciones correspondientes no estn asignadas a aquellas. Debido a esto, arguye, la norma enunciada no vulnera la Carta Magna, tal y como lo afirma el actor en su escrito.

 

 

11.3 El concepto del Ministerio Pblico

 

En cuanto a las expresiones acusadas del artculo 71, la vista fiscal indica que debe declararse su inconstitucionalidad, en razn a que la Carta es clara en reservar la creacin de establecimientos pblicos a las leyes de la Repblica salvo que, excepcionalmente y de conformidad con el artculo 150 numeral 10 de la Ley Fundamental, se otorguen facultades extraordinarias al Gobierno para que cree tales establecimientos mediante decretos con fuerza de ley.

 

Por ltimo, frente de la demanda parcial en contra del artculo 78 pargrafo de la citada ley, el Ministerio Pblico considera que los cargos que la fundamentan no estn llamados a prosperar pues tal norma resulta conforme con el artculo 1 constitucional que predica la existencia de un Estado Social de Derecho, descentralizado y con autonoma de sus entidades descentralizadas. Del mismo modo, las expresiones acusadas son coherentes con el propsito del constituyente de 1991, en el sentido de evitar la existencia de diversas entidades que cumplan con una misma funcin.

 

11.4 Consideraciones de la Corte

 

36. En lo referente a la primera de las acusaciones formuladas en contra de las disposiciones que ahora se examinan, la Corte encuentra que el cargo tiene un fundamento constitucional adecuado.

 

En efecto, el numeral 7 del artculo 150 de la Constitucin expresa que corresponde al Congreso mediante ley, ...crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional.... Si bien, dentro del texto superior se encuentra tambin el artculo 210 conforme al cual (l)as entidades del orden nacional descentralizadas por servicios slo pueden ser creadas por ley o por autorizacin de sta, norma que aparentemente sera contradictoria con la primera, y permitira la creacin de establecimientos pblicos mediando tan slo la autorizacin legal, la Corte encuentra que la primera de las disposiciones constitucionales citadas, por referirse expresamente a los establecimientos pblicos, reviste una especialidad que la hace ser la expresamente aplicable al caso que ahora se estudia. As, la creacin de dicha clase de entidades es siempre legal.

 

Para la Corporacin, la simple autorizacin legal para creacin de entidades del orden nacional, es permitida por la Constitucin nicamente en relacin con las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economa mixta, ms no con los establecimientos pblicos que como lo dice el actor, deben ser creados directamente por la ley.

 

No obstante lo anterior, a juicio de la Corte tambin les asiste razn al interviniente y a la vista fiscal cuando afirman que tambin los decretos expedidos con fundamento en facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al presidente de la Repblica, pueden crear ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos pblicos y otras entidades del orden nacional. As, la expresin o norma contenida en la disposicin que se estudia y que acusa la demanda, debe entenderse como referida a esos decretos, por lo cual no resulta contraria a la normas superiores. En efecto, la Constitucin no prohibe la concesin de facultades extraordinarias para tales efectos, como se deduce del texto del tercer inciso del numeral 10 del artculo 150 superior.

 

As las cosas, la Corte, declarar, en los trminos de las presentes consideraciones, la exequibilidad condicionada de la expresin o norma contenida en el artculo 71 de la Ley 489 de 1998.

 

37. En cuanto al reproche formulado en contra del segmento normativo acusado del pargrafo del artculo 78, cargo segn el cual estas expresiones sugieren la posibilidad de que las funciones asignadas a las entidades territoriales puedan ser desarrolladas simultneamente por un establecimiento pblico del orden nacional, la Corte encuentra que la acusacin parte de una lectura equivoca de la disposicin. En efecto, a juicio del actor la norma permite a los establecimientos pblicos nacionales ejercer funciones propias de las entidades territoriales; no obstante, lo que en realidad dispone es justamente lo contrario, pues prohibe que tales entidades organicen seccionales o regionales cuando las funciones correspondientes, esto es las que llevaran a cabo tales seccionales o regionales, estn asignadas a entidades del orden territorial. En tal virtud el cargo no prospera.

 

En mrito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, odo el concepto del seor procurador general de la Nacin y cumplidos los trmites previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin,

 

 

R E S U E LV E

 

 

Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del pargrafo del artculo 8 de la Ley 489 de 1998.

 

Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresin a ellas asignadas contenida en el pargrafo del artculo 9 de la Ley 489 de 1998.

 

Tercero: Declarar EXEQUIBLE la expresin o entidad, contenida en el primer inciso del artculo 12 de la Ley 489 de 1998, as como el pargrafo de la misma disposicin.

 

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artculo 14 de la Ley 489 de 1998, bajo la condicin de que los convenios a que se refiere el inciso primero de la norma tengan carcter temporal, es decir trmino definido, e INEXEQUIBLE el pargrafo del mismo artculo.

 

Quinto: Declarar INEXEQUIBLE la expresin o desconcentracin contenida en el numeral 6 del artculo 52 de la Ley 489 de 1998.

 

Sexto: Declarar INEXEQUIBLES el literal b) del numeral 1 del artculo 38 y el segundo inciso del pargrafo del artculo 56 de la Ley 489 de 1998.

 

Sptimo: Declarar EXEQUIBLE la expresin las superintendencias, contenida en el literal c) del numeral 2 del artculo 38, en el primer inciso del artculo 68 y en el artculo 82 de la Ley 489 de 1998, e INHIBIRSE respecto de la expresin unidades administrativas especiales con personera jurdica contenida en los mismos artculos, y la expresin unidades administrativas especiales del artculo 82 de la misma Ley.

 

Octavo: Declarar EXEQUIBLES las expresiones o con autorizacin de la misma, contenida en el segundo inciso del artculo 49 de la Ley 489 de 1998 y o autorizados por sta, contenida en el primer inciso del artculo 85 de la misma Ley.

 

Noveno: En los trminos del fundamento nmero 33 de la parte considerativa de esta Sentencia, declarar EXEQUIBLE la expresin y representantes legales de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas, contenida en el literal h) del artculo 61 de la Ley 489 de 1998.

 

Dcimo: Declarar EXEQUIBLE el artculo 63 de la Ley 489 de 1998, bajo el entendido de que el acto a que se refiere, que determina la estructura del correspondiente ministerio y en el cual seala la nomenclatura y jerarqua de las unidades ministeriales, es nicamente la ley. Salvo la expresin y a la reglamentacin del Gobierno, que se declara INEXEQUIBLE.

 

Undcimo: En los trminos del fundamento nmero 36 de la parte considerativa de la presente Sentencia, declarar EXEQUIBLE la expresin o norma contenida en el artculo 71 de la Ley 489 de 1998.

 

Duodcimo: Declarar EXEQUIBLES las expresiones solamente y siempre que las funciones correspondientes no estn asignadas a las entidades del orden territorial, contenidas en el pargrafo del artculo 78 de la Ley 489 de 1998.

 

Cpiese, notifquese, publquese, comunquese al Gobierno Nacional, insrtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archvese el expediente.

 

 

 

ALEJANDRO MARTNEZ CABALLERO

Presidente

 

 

 

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

 

 

 

ALFREDO BELTRN SIERRA

Magistrado

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUOZ

Magistrado

 

 

 

CARLOS GAVIRIA DAZ

Magistrado

 

 

 

JOS GREGORIO HERNNDEZ GALINDO

Magistrado

 

 

 

FABIO MORN DAZ

Magistrado

 

 

 

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado

 

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SCHICA DE MONCALEANO

Secretaria

Auto 076/00

 

Referencia: expediente D-2696

 

Aclaracin y correccin de la parte resolutiva de la Sentencia C-727/00

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artculos 8 pargrafo (parcial), 9 pargrafo (parcial), 12 pargrafo, 14, 38 numeral 1 literal b y numeral 2 literal c (parcial), 49 (parcial), 52 numeral 6 (parcial), 56 pargrafo (parcial), 61 literal h (parcial), 63 (parcial), 68 (parcial), 71 (parcial), 78 pargrafo (parcial), 82 y 85 (parcial) de la Ley 489 de 1999

 

Actor: Pedro Alfonso Hernndez M.

 

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA

 

Santafe de Bogot, D.C. dos (2) de agosto de dos mil (2000)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

CONSIDERANDO

 

Que en el numeral sexto de la parte resolutiva de la Sentencia C-727/00, por error se indic que se declaraban inexequibles el literal b) del numeral 1 del artculo 38 y el segundo inciso del pargrafo del artculo 56 de la Ley 489 de 1998, cuando, conforme a lo expresado en el numeral 25 de la parte de Consideraciones del fallo, tales normas fueron estimadas por la Corte como exequibles.

 

Que resulta necesario corregir el anterior error,

 

RESUELVE

 

Corregir el numeral sexto de la parte resolutiva de la Sentencia C-727 de 2000, en el sentido de declarar la exequibilidad del literal b) del numeral 1 del artculo 38 y el segundo inciso del pargrafo del artculo 56 de la Ley 489 de 1998. Por lo tanto, dicho numeral quedar as:

 

Sexto: Declarar EXEQUIBLES el literal b) del numeral 1 del artculo 38 y el segundo inciso del pargrafo del artculo 56 de la ley 489 de 1998.

 

Notifquese, cpiese, publquese, comunquese e insrtese en la Gaceta de la Corte Constitucional

 

FABIO MORON DIAZ

Presidente

 

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

EDUARDO CIFUENTES MUOZ

Magistrado

 

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Magistrado

 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

 

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

 

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado

 

ALVARO TAFUR DIAZ

Magistrado

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 

 

 

 

[1] M.P Alejandro Martnez Caballero

[2] M.P Eduardo Cifuentes Muoz

[3] M.P Alfredo Beltrn Sierra

[4] Sayaguz Laso, Enrique, Tratado de derecho Administrativo, tomo Y, editorial Martn Bianchi. Montevideo, 1986.

[5] M.P Eduardo Cifuentes Muoz

[6] M.P Alfredo Beltrn Sierra.

[7] Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

[8] Para hacer esta afirmacin, el escrito del Ministerio del Interior se apoya en Sentencia del 22 de abril de 1982 de la Corte Suprema de Justicia, en la que se indic que la desconcentracin es un fenmeno de descongestin de la tarea administrativa (que no implica) que el delegante de la tarea pueda desprenderse de su funcin supervisora (ni) que los delegatarios adquieran autonoma en su actividad.

[9]Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-345/93, M.P Alejandro Martnez Caballero y C-005/96, M.P Jos Gregorio Hernndez Galindo

[10]Sentencia C-005/96, M.P Jos Gregorio Hernndez Galindo.

[11] Cf. Sentencias T-024 de 1996, C-496 de 1998 y C-561 de 1999

[12] Ver Hernndez M. Pedro Alfonso. La Carta de Naturaleza de la Descentralizacin , Desconcentracin y Delegacin. Coleccin Derecho de la Administracin. Santaf de Bogot, 1999.

[13] Sentencias T-024 de 1996, C-496 de 1998 y C-561 de 1999

 

[14] Sentencia c-496 de 1998, m.P Eduardo Cifuentes Muoz

[15] Cassagne, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Ed. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 1996. Tomo I, pg, 207

[16] Ver Hernndez M. Pedro Alfonso. La Carta de Naturaleza de la Descentralizacin , Desconcentracin y Delegacin. Coleccin Derecho de la Administracin. Santaf de Bogot, 1999.

[17] Las diferencias entre la desconcentracin y la delegacin fueron sealadas por la Corte en la jurisprudencia arriba reseada

[18] M.P. Fabio Morn Daz

[19] Reiterada posteriormente mediante los pronunciamientos referenciado con los nmeros C-496 de 1998 y C-561 de 1999:

 

[20] Sentencia C-594 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell

[21] MP. Vladimiro Naranjo Mesa

3 J. RIVERO. Derecho Administrativo (Caracas, U. Central, 1984). pp. 344-345.

[22] Cf. Decretos extraordinarios 1050 y 3130 de 1968

[23] Sentencia C-209 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara