"La Cámara de Representantes al amparo del Tratado Internacional Convenio Andrés Bello, aprobado por el Estado colombiano mediante las Leyes 122 de 1985 y 20 de 1992, promulgado mediante Decreto 83 de 1996 y en vigencia de la ley 80 de 1993 artículo 13, inciso 4o., suscribió el Convenio Marco de Cooperación número 001 de 2007, a través del cual se ejecutaron dos proyectos. De estos mediante carta de acuerdo se ejecutó el proyecto No. 002 de fecha 25 de junio de 2007, el cual se encuentra en ejecución y cuyo objeto consiste en ‘Modernización física de las instalaciones de las comisiones constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes’.

Se quiere poner en su conocimiento que para el perfecto funcionamiento de las respectivas comisiones que fueron objeto del proyecto anteriormente mencionado, el valor aprovisionado sólo cubrió la totalidad de la Comisión Séptima Constitucional Permanente y la comisión Cuarta hasta la adquisición de inmobiliario y equipos de sonido y cómputo indispensables para las sesiones que en esta comisión se llevan a cabo. Por esta razón nos encontramos frente a la necesidad imperiosa de buscar el mecanismo legal que permita una adición al respectivo convenio suscrito en la vigencia de la Ley 80 de 1993. …".

"1. ¿Pueden adicionarse o prorrogarse los convenios suscritos con organismos internacionales –caso Convenio Andrés Bello-, que desde su formación se rijan por sus propias normas?

2. De no poder adicionarlos o prorrogarlos: ¿es viable que, para la cabal ejecución y cumplimiento del objeto contractual, se suscriba un nuevo convenio?

3. ¿Cómo debe interpretarse el parágrafo 1o. del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que sin más precisiones establece que los convenios de esta naturaleza suscritos con personas extranjeras de derecho público pueden someterse a las reglas de éstos?".

"Por lo tanto, al decir la norma que los respectivos contratos, ‘(...) podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y ejecución y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes’. Tal discrecionalidad sólo puede asumirse, y por ende, ejercerse válidamente, dentro de los precisos linderos de los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, lo cual usualmente ocurre a título de empréstito o de donación.

Ahora bien, como acertadamente lo expresa la Vista Fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que por virtud de la misma ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto de Contratación Pública en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales.

Por otra parte, -continúa la vista fiscal- nótese que en el caso de las donaciones la norma impugnada se ajusta al artículo 62 superior, cuando dispone que el destino de las donaciones para fines de interés social no pueda ser variado a menos que el objeto de las mismas desaparezca. Por tanto no es razonable desconocer la voluntad de los donantes, la cual se puede plasmar en la decisión de que la entidad receptora acoja sus reglamentos, mediante los cuales pueda intervenir en la formación, adjudicación y ejecución de los contratos financiados con sus recursos".

En estos términos la regla de interpretación que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia en comento, es clara, al señalar que siempre que se esté en presencia de contratos que se financian con recursos que provengan del organismo internacional, es viable optar por la aplicación de los reglamentos de tales entidades internacionales; a contrario sensu, cuando se trate de contratos que se financian con recursos del presupuesto general de la nación, se deberá aplicar el Estatuto General de Contratación Pública.

Así las cosas, las adquisiciones de bienes o la prestación de servicios que se financien con recursos del presupuesto nacional, no se encuentran dentro de la excepción prevista en el inciso 4o. del artículo 13 de la ley 80 de 1993.

Hace notar la Sala, que la Corte, al fijar el alcance de la excepción propuesta fue tajante y no dio margen alguno para una interpretación diferente.

Este criterio conduce a determinar, en cada caso, que el tipo de contrato que se proyecta suscribir con el organismo internacional no sea para administrar los recursos estatales, pues ese objeto contractual quedó proscrito por la sentencia.

Señaló la Corte:

La anterior prohibición de la Corte Constitucional, es producto de la reflexión sobre la desnaturalización de la figura prevista en el artículo 13 de la ley 80 de 1993, y su aplicación a convenios cuya finalidad era ejecutar el presupuesto a través de este tipo de organismos.³

En conclusión, cuando el objetivo de la contratación sea la administración de los recursos estatales y, por ende, la ejecución de los mismos sin sujeción a las normas de contratación pública y de presupuesto, no habrá lugar a la aplicación del inciso en comento y, el contrato tendrá, indefectiblemente, que regirse por lo dispuesto en la ley 80 de 1993, que en materia de administración de recursos contempla figuras tales como, el contrato de fiducia pública, en el que la entidad fiduciaria se ocupa de garantizar la ejecución de los recursos, pero sometida a cumplir los procedimientos legales y las instrucciones que le imparta el fideicomitente.

Con posterioridad a la Sentencia C-249 del 16 de marzo de 2004, el Gobierno Nacional dictó dos decretos reglamentarios del inciso cuarto del artículo 13 de la ley 80 de 1993. Por su importancia para la consulta se trascriben parcialmente a continuación:

El decreto 1896 del 10 de junio de 2004, por el cual se reglamentó el artículo 13 de la ley 80 de 1993,  y derogó el artículo 15 del decreto 2170 de 2002, señalaba:

Posteriormente, mediante el decreto 2166 del 7 de julio de 2004, se modificó el Decreto 1896 de 2004, y en su lugar prevé:

"ART. 1o. El artículo 1o. del Decreto 1896 de 2004 quedará así:

"Los contratos o convenios financiados con recursos provenientes de empréstito y donación celebrados con organismos multilaterales de crédito, personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

"El mismo tratamiento se dará a los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones".

"ART. 2o. Los contratos o convenios celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales soportados en instrumentos de cooperación internacional de los cuales haga parte la Nación, para el cumplimiento de objetivos de cooperación y asistencia técnica, podrán someterse a los reglamentos de tales organismos en todo lo relacionado con procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

"Lo anterior sin perjuicio de los contratos con personas extranjeras de derecho público que se celebrarán y ejecutarán según se acuerde entre las partes.

"ARTÍCULO 20. DE LA CONTRATACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 8055 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.

Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

PARÁGRAFO 1o. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos.

PARÁGRAFO 2o. Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la información a los organismos de control y al Secop relativa a la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo.

PARÁGRAFO 3o. En todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se deberán cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la entidad, organización o persona cooperante, así como los del ente nacional colombiano. Las contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos celebrados con organismos multilaterales".

"Artículo 31. Régimen de transición. Los procesos de contratación en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación. Los contratos o convenios a que se refiere el artículo 20 de la presente ley que se encuentren en ejecución al momento de su entrada en vigencia, continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación, sin que sea posible adicionarlos o prorrogarlos".

"1. ¿Pueden adicionarse o prorrogarse los convenios suscritos con organismos internacionales –caso Convenio Andrés Bello-, que desde su formación se rijan por sus propias normas?, y

2. De no poder adicionarlos o prorrogarlos: ¿es viable que, para la cabal ejecución y cumplimiento del objeto contractual, se suscriba un nuevo convenio?".

3. ¿Cómo debe interpretarse el parágrafo 1o. del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que sin más precisiones establece que los convenios de esta naturaleza suscritos con personas extranjeras de derecho público pueden someterse a las reglas de éstos?".