Bogotá, D.C., Primero (1°) de noviembre de dos mil seis (2006).

El señor Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, doctor Fernando Grillo Rubiano, consulta a la Sala acerca de los efectos de la suspensión provisional de los actos administrativos.

Menciona que los efectos jurídicos de la nulidad difieren de los de la suspensión provisional de los actos administrativos, teniendo en cuenta que el análisis de la validez se hace sobre los elementos existentes al momento de la expedición del acto, por lo que los efectos de la nulidad se retrotraen a ese punto en el tiempo, mientras que la suspensión del acto genera la pérdida de su fuerza ejecutoria con base en un hecho posterior a su vigencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Afirma que la jurisprudencia y la doctrina han señalado que la nulidad de los actos administrativos tiene efecto ex tunc, pero existe controversia sobre los efectos de la suspensión provisional de los mismos. Así, para una parte de la doctrina, los efectos de la suspensión provisional, que constituye una causal temporal de decaimiento de los actos administrativos, son ex nunc, es decir hacia el futuro, a partir de la fecha en que la providencia de suspensión esté en firme, dado que no es una decisión definitiva sobre la validez del acto administrativo que goza de la presunción de legalidad hasta que la nulidad sea declarada, sino una figura que "pretende evitar que los actos que contienen vicios en su expedición continúen produciendo efectos mientras se adopta una decisión de fondo que puede confirmar la validez del acto o declarar su nulidad".

Y para referirse a la posición contraria, el Departamento Administrativo de la Función Pública cita algunos párrafos que considera son obiter dicta de las sentencias T-045 de 1993 y C-069 de 1995, en las que la Corte Constitucional transcribe unos apartes del concepto proferido el 24 de abril de 1981 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, según el cual "La suspensión provisional, si no implica insubsistencia del acto, es un juzgamiento provisional del mismo, mientras se profiere sentencia que decida si infringe o no las disposiciones de jerarquía superior invocadas en la demanda. Por consiguiente, con la misma provisionalidad, esta medida cautelar tiene efectos ex tunc, desde cuando el acto tuvo vigencia, no idénticos, pero semejantes a los de la sentencia que declare su nulidad. Se diferencia en que, mientras ésta es definitiva, aquella es temporal o transitoria..." (Resalta el consultante).

Por otra parte, anota que el concepto de la Sala arriba mencionado fue proferido en vigencia del anterior Código Contencioso Administrativo, y que la Corte Constitucional ha señalado que los obiter dicta son un criterio auxiliar de interpretación, en los términos del articulo 230 de la Constitución de 1991, citando al respecto la sentencia C-836 de 2001.

Por último, el Departamento Administrativo de la Función Pública, considerando que la jurisprudencia y la doctrina no son armónicas en la definición de los efectos de la suspensión provisional de los actos administrativos, formula a la Sala los siguientes interrogantes:

Antes de proceder a responder las preguntas formuladas por el Sr. Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, aclara la Sala que en el tema de los efectos de la decisión judicial de suspensión provisional de los actos administrativos, es necesario distinguir el contenido del acto sobre el cual recae, pues no es lo mismo la suspensión de uno de contenido general, como un reglamento, que la de otro de contenido particular, como el caso de la desvinculación de un funcionario, al que se refiere la consulta. Es generalmente aceptado que los reglamentos y los actos administrativos de contenido general poseen un efecto normativo que se prolonga en el tiempo, en tanto se integran a la norma que reglamentan o en tanto ejercen, por vía general, las atribuciones conferidas en la ley. Por el contrario, por regla general, los actos administrativos de contenido particular, en tanto aplican a una determinada situación concreta la hipótesis legal, sus efectos se agotan con su ejecución.

En vista de ésta distinción, el presente concepto tan sólo se ocupará de los aspectos generales de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos de carácter particular o concreto, y específicamente de los de desvinculación de los funcionarios públicos, pues es el tema sometido a su consideración.

Por ésta misma razón, no hará ningún comentario acerca del concepto emitido por esta Sala de fecha 24 de abril de 1981, radicado bajo el número 1.511, pues se refiere a los efectos de la suspensión provisional de un acuerdo municipal que regulaba el cobro de un impuesto local, pues como se observa, el contenido del mismo es de carácter general.

El artículo 238 de la Constitución Política, consagra la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos, en los siguientes términos:

La norma transcrita, elevó a rango constitucional la institución de la suspensión provisional de los actos administrativos dejando a la ley su regulación. El artículo 152 del código contencioso administrativo estableció las reglas propias de tal figura jurídica, en estos términos:

La suspensión provisional es una medida cautelar propia de los procesos contencioso-administrativos en los que se discute la validez de los actos administrativos, cuya finalidad es doble: preservar la legalidad objetiva y minimizar los perjuicios que se le puedan causar al particular afectado con la decisión manifiestamente ilegal, interrumpiendo la producción de sus efectos. La suspensión provisional inhibe o ataca la eficacia del acto jurídico, a partir de un juicio provisional de legalidad. Por ésto el artículo 66 del código contencioso administrativo la enumera dentro de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. Como se verá mas adelante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha permitido que mediante este expediente se protejan también los derechos fundamentales de las personas que pudieren ser desconocidos por el acto particular acusado.

De la regulación transcrita se observa que la ley guarda silencio sobre la definición de los efectos que pueden ser suspendidos con esta medida cautelar, de manera que le ha correspondido a la jurisprudencia del Consejo de Estado construir una teoría sobre el particular, tema que procede la Sala a exponer.

En general, puede decirse que la jurisprudencia ha venido sosteniendo, que para que proceda la suspensión provisional de un acto administrativo de contenido particular, es necesario que se encuentre produciendo efectos, pues si su contenido ya se ejecutó y sus efectos se cumplieron, carece de sentido suspenderlos, en parte porque habría una especie de sustracción de materia, y en parte porque no es posible evitar el daño. Como se exponía en el acápite anterior, la finalidad de la suspensión provisional es la de evitar que, con la ejecución del acto administrativo ilegal, se produzca un daño al particular.

Como punto de partida puede afirmarse que por lo general la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sus diferentes secciones, ha señalado que esta medida resulta improcedente cuando ya se produjeron en su totalidad, pues aún en el caso de evidenciarse la violación manifiesta de normas superiores por parte de aquel, resulta imposible materializar en el mundo jurídico la orden de suspensión provisional de unos efectos que ya se agotaron¹.

Con el fin de ilustrar el anterior aserto, transcribe la Sala algunos apartes de varias providencias de las Secciones en que se compone la Sala de lo Contencioso Administrativo, en las que se expresan las anteriores ideas.

Sección Primera. Expediente 306. Auto 8 de mayo de 1992.

"No pudiéndose suspender los efectos ya producidos por el acto acusado, es decir la realización del concurso en el que participaron quienes reunían los requisitos señalados en la convocatoria, carece totalmente de eficacia la suspensión provisional y no cumple en este caso la finalidad inherente a esta figura. Por esa razón no es posible acceder a esta petición".

Los párrafos transcritos muestran que la jurisprudencia general de la Corporación supone, como requisito de la suspensión provisional, que el acto administrativo esté produciendo efectos pues de lo contrario esta medida deviene en improcedente.

A partir de este razonamiento, y así lo presenta la solicitud de concepto elevada por el Sr. Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, se ha planteado la diferencia entre los efectos de la suspensión provisional y la nulidad del acto administrativo, pues mientras que la primera se limita a la suspensión de los efectos que se estén produciendo o que pueden llegar a producirse, con el fin de evitar que se consolide el daño al particular, la segunda elimina del mundo jurídico el acto ilegal, por lo que el fallo debe tratar de devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de su expedición. Con base en esta comparación se afirma que los efectos del auto de suspensión provisional son hacia el futuro, (ex nunc) mientras que los de la nulidad son hacia el pasado, es decir desde la expedición del acto anulado (ex tunc).

Si bien esta es la posición generalizada de casi todas las secciones de la Sala Contencioso Administrativo, en materia de insubsistencia o destitución de un funcionario, la Sección Segunda ha venido variando esta posición tradicional, por lo que es necesario proceder a estudiarla, a efectos de dar respuesta a los puntos planteados por el consultante.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se encuentra que hasta el año de 1994, se aplicó la orientación general antes anotada sobre este tema, según la cual es improcedente la suspensión provisional cuando se han cumplido los efectos del acto administrativo; sin embargo, a partir de este año se ha considerado que es procedente decretar la suspensión provisional de actos de retiro del servicio, cuando se trata de funcionarios de carrera, y recientemente se ha ampliado dicha medida cautelar a otras situaciones. Procede la Sala a ocuparse de esta evolución.

Una de las providencias más representativas de este período es el auto proferido el 7 de marzo de 1959 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en la que se sostuvo la tesis, conforme a la cual, no era dable acceder a la suspensión provisional de actos administrativos que implicaran el retiro del servicio, de acuerdo con el razonamiento expuesto en el punto anterior.

El fundamento jurídico tanto del auto citado, como el de las diferentes providencias que se analizaron para este estudio³ se puede exponer de la siguiente manera:

*La razón del amparo establecido en el Código Contencioso Administrativo, es la de evitar un perjuicio, es decir, la de suspender la vigencia de un acto en cuanto ésta pueda ocasionar daño a situaciones jurídicas subjetivas. Pero mal puede suspenderse la vigencia de un acto que ya ha producido todos sus efectos.

*En el caso de la destitución de un empleado, admitir la suspensión provisional de los efectos del acto, implicaría entrar en el problema de fondo del litigio, puesto que necesariamente habría que analizar cuestiones de hecho que solamente pueden quedar debidamente aclaradas con el debate probatorio.

*El amparo al cual tiende la suspensión provisional no opera en los casos de destitución de empleados, por cuanto el resultado final del proceso no se ve influido por la falta de la suspensión. Si el proceso desemboca en que ha habido violación legal y se anula el acto respectivo, debe restablecerse el derecho en la medida en que ello sea conducente; si no hay violación legal que dé mérito para anular, el actor no ve tampoco menoscabado su derecho. En cambio, si en el último caso hubiese habido suspensión provisional, se habría producido un desequilibrio en contra de la administración, que reintegró un funcionario habiendo sido legal la decisión de desvinculación.

*El hecho de no suspender el acto, no hace mayor el perjuicio.

*Sólo la anulación por declaración judicial tiene la virtualidad de retrotraer la situación al momento en que se produjo el quebrantamiento de la norma.

*El solo hecho del despido no prueba el perjuicio grave.

*La declaratoria de insubsistencia o la destitución del cargo de un servidor público, implican la ruptura del vínculo laboral.

*El perjuicio que con esos actos se infirió se causa desde la fecha en que el acto se ejecutorió y sólo podría cesar con la expedición de un nuevo acto que colocara al interesado nuevamente en la situación anterior. Ello únicamente puede hacerse a través de una orden de restablecimiento del derecho que no es propia de la decisión de suspensión de los efectos.

*El reintegro es materia del fallo de fondo y quien decreta la suspensión no está facultado para ordenar el restablecimiento del derecho, ni "para volver las cosas al estado anterior"⁴, pues para que una persona retirada del servicio por insubsistencia pueda reintegrarse "se requiere, o un nuevo nombramiento o una orden judicial que solo puede impartirse en la sentencia después de analizar si la remoción se ajustó o no a derecho"⁵.

Adicionalmente, la Sección Segunda, en auto del 3 de junio de 1992, expediente 6610, advierte que se puede presentar una situación de desequilibrio en contra del Estado, al manifestar:

Como se observa, la argumentación expuesta por las providencias citadas de la Sección Segunda, están en consonancia con la posición general de la jurisprudencia de las otras secciones de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Tal posición irá variando como se expone enseguida.

En el año de 1994, la Sección Segunda moduló el alcance de la jurisprudencia anterior para permitir la suspensión provisional de los actos administrativos de retiro de funcionarios de carrera, en aras de proteger su derecho a la estabilidad laboral.

Es así como, en el auto proferido el 11 de enero de 1994, en el expediente 8252, la Sección Segunda distinguió entre la suspensión provisional de los actos administrativos de remoción de funcionarios escalafonados en carrera, de los de desvinculación de empleados de libre nombramiento y remoción, para concluir que:

De acuerdo con esta posición, el retiro de este tipo de empleados tiene carácter reglado y por lo tanto, es procedente ordenar la suspensión provisional de los mismos cuando la solicitud se fundamente en la falta o carencia de motivación.⁶

En relación con los efectos de la medida de suspensión observa la Sala que la Sección considera que "debe concluirse que suspendido el acto de remoción, readquiere vigencia el vínculo que tenía con la administración, sin necesidad de la expedición de acto administrativo que así lo disponga", de manera que el funcionario indebidamente desvinculado restablece la relación laboral a partir de la decisión judicial de suspender los efectos del acto administrativo, dejando para el fallo la definición sobre la posible indemnización de perjuicios, o el pago de la remuneración durante del tiempo en que estuvo separado del servicio, y demás consecuencias de la posible nulidad. Se observa además, que el auto guarda silencio sobre los efectos del fallo en caso de ser absolutorio para la entidad demandada y que por lo mismo se revoque la decisión de suspensión provisional. Sobre éste tema se volverá mas adelante.

En auto del 23 de febrero de 1996, expediente 12802, la Sección Segunda reforzó la tesis, al decretar la suspensión provisional de un acto que declaró la insubsistencia de nombramiento en período de prueba, argumentando que su desvinculación estaba sometida a motivación, pues la Constitución Política le dio una gran importancia a la protección al sistema de Carrera Administrativa, como pilar de la eficiencia y profesionalización de la función pública.

La Sección Segunda encargada de los asuntos laborales, a partir de 1996, ha ampliado la posición anterior a todos los actos administrativos que contengan una decisión de retiro de un funcionario, expresando en síntesis lo siguiente: que los únicos requisitos exigidos por la Constitución y la ley para decretar la suspensión provisional son la flagrante violación a las reglas a las que está sometido el acto administrativo acusado y la existencia de un perjuicio, que en los casos de retiro de un funcionario se colige, pues el funcionario deja de recibir los ingresos, luego basta con la manifiesta ilegalidad. Tácitamente está expresando que no se puede exigir que esté produciendo efectos o los vaya a producir en un futuro, pues este no es un requisito expresamente consagrado en las normas constitucionales o legales.⁷ Obviamente, si la violación de la ley no es flagrante, no procede la suspensión provisional.⁸

En relación con los efectos de la medida cautelar, se ha guardado silencio, de manera que no hay claridad sobre si esta medida restablece el vínculo laboral del funcionario al que se le suspendió el acto administrativo de retiro del servicio, sobre lo que sucede con el período intermedio entre el retiro y la suspensión provisional, y sobretodo, cuál es el efecto de la medida si la sentencia definitiva le es desfavorable al actor y por lo mismo si la vinculación surgida a partir del auto de suspensión, deviene en ilegal.

Las tesis y los vacíos doctrinarios anteriormente expuestos, fueron sostenidas en providencia del 11 de abril de 1996 y en auto del 12 de septiembre de 2002, expediente 3685-02, al resolver una solicitud de suspensión de la insubsistencia del nombramiento del gerente de un hospital, que había sido decretada por un alcalde abiertamente incompetente,⁹ decisión en la que la Sección Segunda, sostuvo:

"Adicionalmente el perjuicio sufrido por el demandante aparece demostrado indiciariamente, conforme a lo autorizado por los artículos 175, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 168 del C.C.A., porque de la declaratoria de insubsistencia se colige la suspensión de la percepción de dineros para su manutención y la de su grupo familiar".

Recientemente, la misma Sección Segunda, Subsección B, mediante auto del 7 de abril de 2006, considerando que había prescrito la acción disciplinaria, ordenó suspender los efectos de un acto administrativo en el cual se impuso a un servidor una sanción de destitución del cargo con la inhabilidad consecuente, proferida en un proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación.

En este auto, se efectuaron algunas consideraciones sobre la finalidad de esta medida cautelar para salvaguardar los derechos del accionante y los de la entidad pública demandada, en estos términos:

No obstante lo anterior, observa la Sala que en veces se encuentran en los últimos años, providencias de la misma Sección Segunda, que no admiten la suspensión provisional de los actos administrativos de retiro, como por ejemplo el auto del 8 de noviembre de 2001, que acogió la tesis inicialmente aceptada en el sentido de que no es posible aplicar la figura de la suspensión provisional frente a actos de retiro del servicio, "por cuanto no existe objeto sobre el que pudiera caer tal medida; sería inane declarar suspendidos los efectos de un acto ya consumado, pues el perjuicio que con él se infirió ya se causó y sólo podría cesar con la expedición de una nueva decisión administrativa que colocara al actor nuevamente en la situación anterior, y ello únicamente puede hacerse a través de una orden de restablecimiento del derecho, no propia de una decisión cautelar.¹⁰"

Retomando el tema de la consulta, cual es el de los efectos de la decisión judicial de suspensión provisional de un acto administrativo de desvinculación de un funcionario, salvo el párrafo transcrito en el punto 4.2 sobre funcionarios de carrera en el que se sostiene que se debe restablecer el vínculo laboral, los demás autos estudiados guardan silencio sobre el particular, e incluso, en la parte resolutiva se limitan a ordenar que "por la secretaría de la Sección 2ª del H. Consejo de Estado, una vez ejecutoriada esta providencia, remítanse sendas comunicaciones y copias de esta decisión judicial al Sr. Procurador General de la Nación, Presidencia de la República, Dirección General de la Policía Nacional, para lo de su cargo" como se lee en el más reciente de los autos citados, el de 7 de abril de 2006.

El recuento de la jurisprudencia de esta Corporación, permite a la Sala formular estos planteamientos: que por regla general, la suspensión provisional solo procede cuando los efectos del acto administrativo objeto de la medida cautelar no se hayan cumplido, que la consecuencia natural de la orden judicial consiste en interrumpir la producción de los efectos que no se hayan causado; que en los casos considerados por la jurisprudencia de la Sección II del Consejo de Estado en que se proceda a suspender provisionalmente un acto de retiro del servicio, debe estarse a lo que fije la providencia que dio la orden de suspensión.

En el caso consultado a la Sala, se relata que existe un acto administrativo de retiro de un funcionario el cual terminó, por si mismo el vínculo laboral, por lo que había producido sus efectos antes de expedirse la medida cautelar de suspensión provisional. En éste auto se guardó silencio sobre la forma como se debía cumplir la orden de suspensión. Como la ley no define cómo ha de procederse en caso de suspensión provisional, ni la jurisprudencia analizada contiene una teoría sobre este particular, procede la Sala a recomendarle a la entidad consultante la forma de actuar en ésta situación.

Al definir la suspensión provisional expresaba esta Sala, que es una medida cautelar que se basa en un juicio provisional y previo de legalidad del acto demandado, pero que por sí misma ataca la eficacia del acto mas no su validez, de manera que el acto administrativo continúa siendo válido hasta la sentencia definitiva que lo anule, pero no puede seguir siendo ejecutado ni por la misma administración ni por ninguna de las partes interesadas en la decisión suspendida. La finalidad de tal medida cautelar es la de mantener en lo posible el estado de cosas anterior al acto administrativo suspendido para evitar que éste sea alterado con la ejecución del acto demandado, protegiendo la legalidad objetiva y evitando que se consolide o se cause un perjuicio.

A partir de estas premisas, encuentra la Sala que el efecto del auto de suspensión provisional es el de procurar mantener el estado de cosas anterior, por lo que la administración debe limitarse a restablecer el vínculo laboral interrumpido hasta que se produzca la sentencia definitiva. La decisión judicial de suspender los efectos del acto de retiro, conlleva entonces a la necesidad del reintegro temporal del funcionario, el cual se fundamenta en la orden judicial de suspensión provisional, que a su vez se ha basado en el juicio provisional de legalidad. Esta decisión no conlleva el pago de ninguna indemnización ni tampoco de los salarios intermedios entre el retiro y el reintegro, pues estas determinaciones son claramente condenatorias, que escapan a los efectos de una medida cautelar.

Pregunta el Director del Departamento Administrativo consultante por la oportunidad para expedir el acto de reintegro en caso de que ésta fuera la recomendación por la que se inclinara la Sala de Consulta y Servicio Civil, a lo que se responde teniendo como sustento el artículo 153 del código contencioso administrativo según el cual "el auto de suspensión se comunicará y ejecutará previa ejecutoria" de manera que la administración debe proceder a expedir el reintegro una vez le sea comunicada la orden por la autoridad judicial competente.

Advierte la Sala que este reintegro no genera en absoluto un fuero de inamovilidad del funcionario, de manera que continúa sometido al régimen laboral que le sea aplicable, y podrá ser retirado posteriormente por causas diferentes de las que dieron lugar al acto administrativo suspendido, con arreglo a las normas que rijan la vinculación del servidor público.

En el evento en que se presente un fallo adverso, pues puede ocurrir que lo que parece ilegal a primera vista no sea confirmado en la sentencia, opina la Sala que no habría lugar a la devolución de los salarios y demás prestaciones, porque corresponden a una contraprestación de los servicios prestados efectivamente a la entidad, en virtud de una relación laboral que se reestableció temporalmente con fundamento en una orden judicial.

Para concluir, advierte la Sala que comparte la posición jurídica de la Sección Segunda al decretar la suspensión provisional de actos administrativos que ya han se han cumplido, por dos razones de orden constitucional: la primera, que una de las finalidades de la suspensión provisional debe ser la de proteger los derechos fundamentales y por lo mismo debe dársele cabida a medidas de carácter preventivo y no solamente a las de carácter indemnizatorio, y segundo porque en la Constitución de 1991 se presenta un cambio en el papel del juez administrativo, en la medida en que debe actuar buscando mas prevenir que se causen perjuicios a las personas que reparar, mediante indemnización, los daños causados. Es evidente que se crea alguna confusión a partir de decisiones como las que se han reseñado, pues los poderes del juez contencioso administrativo contemplados en el código están dirigidos a restablecer los derechos o a indemnizar los perjuicios causados, más no para adoptar las órdenes y medidas necesarias para prevenir los daños. Una reforma al código se impone sobre este particular.

1. y 2. Los efectos del auto que decreta la suspensión provisional de los actos administrativos de contenido particular, pueden sintetizarse en esta forma:

a. Por regla general, la suspensión provisional solo procede cuando los efectos del acto administrativo objeto de la medida cautelar no se hayan cumplido;

b. La consecuencia natural de la orden judicial de suspensión provisional consiste en interrumpir la producción de los efectos que no se hayan causado;

c. En los casos considerados por la jurisprudencia de la Sección II del Consejo de Estado en que se proceda a suspender provisionalmente un acto de retiro del servicio, además de sus efectos propios, debe estarse a lo que fije la providencia que dio la orden de suspensión;

d. En los casos en que se suspenda provisionalmente un acto administrativo de retiro de un funcionario y el auto guarde silencio sobre la forma como ha de cumplirse la orden de suspensión, la administración debe proceder a su reintegro, el cual surte efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia judicial.

3. Las actuaciones de la administración basadas en el cumplimiento de la orden judicial de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, están amparadas por la presunción de legalidad, aunque el acto cuya validez se discute en el proceso contencioso se declarare nulo en la sentencia.

4. El servidor público que es vencido en el proceso contencioso, no tiene la obligación de reintegrar lo que hubiese percibido a título de contraprestación por un servicio prestado durante el período de la suspensión, pues estos fueron percibidos en cumplimiento y durante la vigencia de una orden judicial que posteriormente es revocada.

5. Como se expuso en los puntos (c) y (d) de la primera respuesta, ante todo la entidad pública debe estarse a lo decidido en el auto de suspensión provisional. Si guarda silencio sobre sus efectos, debe proceder al reintegro del funcionario, a partir de la ejecutoria del auto, profiriendo el correspondiente acto administrativo de ejecución de la orden judicial.

6. Las actuaciones de la administración basadas en el cumplimiento de la orden judicial de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, están amparadas por la presunción de legalidad, aunque el acto cuya validez se discute en el proceso contencioso se declarare nulo en la sentencia.

7. El servidor público que es vencido en el proceso contencioso, no tiene la obligación de reintegrar lo que hubiese percibido a título de contraprestación por un servicio prestado durante el período de la suspensión, pues la remuneración fue percibida en cumplimiento y durante la vigencia de una orden judicial que posteriormente se revocó.

8. La suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que impuso una sanción disciplinaria ejecutoriada, no tiene como efecto la reapertura de la investigación.

9. Como se ha expuesto, ejecutoriada la decisión que decreta la suspensión provisional de los efectos de un acto que ordena la destitución, el reintegro debe hacerse a partir de la comunicación expedida por la autoridad judicial competente.

Transcríbase al señor Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.