Concepto 517181 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública - Gestor Normativo - Función Pública

Concepto 517181 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública

Fecha de Expedición: 20 de octubre de 2020

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

ACCIONES JUDICIALES
- Subtema: Venta de derechos litigiosos

"Los servidores públicos que consideren que les fueron vulnerados algunos derechos laborales, cuentan con la prerrogativa constitucional de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la entidad, sin importar si se encuentran aun vinculados a ella. En cuanto a la procedencia y procedimiento para disponer de los derechos litigiosos, se sugiere dirigirse al Consejo Superior de la Judicatura para que esta entidad absuelva las inquietudes."

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*20206000517181*

 

 Al contestar por favor cite estos datos:

 

Radicado No.: 20206000517181

 

Fecha: 20/10/2020 11:45:54 a.m.

 

Bogotá D.C.

 

REF: ACCIONES JUDICIALES Y/O MEDIOS DE CONTROL. Venta de derechos litigiosos. RAD. 20202060474782 del 27 de julio de 2020.

 

En la comunicación, informa que unos empleados activos del municipio tienen varios procesos jurídicos en contra de la entidad por obligaciones que ésta dejó de cubrir en algún momento, procesos que ahora son vendidos a terceros. Con base en esta información, consulta si es posible que estos empleados hagan este tipo de demandas a la entidad y sean cedidas a terceros. Sobre las inquietudes expuestas, me permito manifestarle lo siguiente:

 

Sobre la función administrativa, la Constitución Política señala:

 

ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

 

Es así como, cualquier persona que estime que se ha vulnerado uno de sus derechos, tiene la potestad de acudir a la justicia para que sea un juez quien decida sobre su situación. El derecho a acceder a la justicia, hace parte de los derechos fundamentales, pues forma parte del derecho al debido proceso.

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en su Sentencia T-283 del 16 de mayo de 2013, con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló lo siguiente:

 

“El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.[41]

 

Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.

 

En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos [42]. (…)

 

En cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996 establece que, dentro de los principios que informan la administración de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (artículo 2º), la celeridad (artículo 4º)[45], la eficiencia (artículo 7º)[46] y el respeto de los derechos (artículo 9º)[47], los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.

 

También se facilita la administración de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, idóneos[48] y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas[49]; (ii) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten protejan los derechos conforme a la Constitución y demás normativa vigente.

 

Asimismo, el deber de tomar medidas implica la obligación de remover los obstáculos económicos para acceder a la justicia [50], crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población en condiciones de vulnerabilidad [51].

 

Por otra parte, hacer efectivo el derecho a la administración de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados [52].”

 

Para el caso que nos ocupa, si un servidor público estima que se ha conculcado alguno de sus derechos laborales, podrá, con base en la garantía constitucional, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para que le sea resulta definitivamente su situación, sin importar si aún se encuentra vinculado a la entidad que demanda.

 

Con base en los argumentos expuestos, esta Dirección Jurídica considera que los servidores públicos que consideren que les fueron vulnerados algunos derechos laborales, cuentan con la prerrogativa constitucional de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la entidad, sin importar si se encuentran aun vinculados a ella. En cuanto a la procedencia y procedimiento para disponer de los derechos litigiosos, se sugiere dirigirse al Consejo Superior de la Judicatura para que esta entidad absuelva sus inquietudes.

 

En caso que requiera mayor información sobre las normas de administración de los empleados del sector público y demás temas competencia de este Departamento Administrativo puede ingresar a la página web de la entidad, en el link “Gestor Normativo”: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo, donde podrá encontrar todos los conceptos relacionados emitidos por esta Dirección Jurídica.

 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

Cordialmente,

 

ARMANDO LÓPEZ CORTÉS

 

Director Jurídico

 

Elaboró: Claudia Inés Silva

 

Revisó: José Fernando Ceballos

 

Aprobó Armando López Cortés

 

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