Concepto 521471 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública

Fecha de Expedición: 23 de octubre de 2020

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

CONCEJO MUNICIPAL
- Subtema: Sesiones

Corresponderá a la Corporación de elección popular, a través de su mesa directiva o el reglamento interno, señalar la forma como se realizarán las sesiones, de manera que se garantice la prestación del servicio y los protocolos de bioseguridad; sin que en ningún caso se pueda prohibir la asistencia presencial de aquellos miembros de las corporaciones públicas que así lo consideren.

ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
- Subtema: COVID-19

Corresponderá a la Corporación de elección popular, a través de su mesa directiva o el reglamento interno, señalar la forma como se realizarán las sesiones, de manera que se garantice la prestación del servicio y los protocolos de bioseguridad; sin que en ningún caso se pueda prohibir la asistencia presencial de aquellos miembros de las corporaciones públicas que así lo consideren.

*20206000521471*

 

 Al contestar por favor cite estos datos:

 

Radicado No.: 20206000521471

 

Fecha: 23/10/2020 12:46:48 p.m.

 

Bogotá D.C.

 

REF: PERSONERO MUNICIPAL - Elección. Reunión virtual en el Estado de Emergencia – Covid 19. RAD N° 20202060470902 del 24 de septiembre de 2020.

 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si para la lo siguiente:

 

“El Concejo Municipal de Nátaga se reunió por decreto extraordinario del alcalde para realizar entrevista a los aspirantes a Personería Municipal de Nátaga, sin embargo dos concejales lo hicieron de manera virtual luego de padecer síntomas de Covid-19 y el resto lo hicieron presencial, sin estar debidamente reglamentado, puede declararse inválida la reunión o validar la situación por efectos de la pandemia que atraviesa todo el país y han generado retrocesos en los cuerpos colegiados.”

 

Al respecto me permito manifestarle lo siguiente:

 

Respecto al estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica , que actualmente se encuentra el país, el Gobierno Nacional expidió el decreto 491 de 2020 el “cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”

 

En cuanto a la reunión de los organismos de las entidades estableció:

 

“ARTÍCULO 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder público. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.

 

Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios.

 

Excepto los asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganos colegiados de la rama judicial, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento.

 

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.”

 

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-242 del 9 de julio de 2020 declaró la inexequibilidad de esta norma al considerar:

 

(…) la Corte encontró́ que para las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial existen normas de rango legal que les permiten realizar reuniones corporativas acudiendo a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Así́, para la rama Judicial la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración Judicial, expresamente lo permite en su artículo 95. En idéntico sentido, para la rama Ejecutiva la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tiene la misma previsión en su artículo 633, norma que resulta aplicable también a las reuniones de las asambleas y concejos municipales. Y para la rama Legislativa, se encuentra que la Ley 5a de 1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, permite en su artículo 3o que, a falta de norma expresamente aplicable, acuda “a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, la jurisprudencia y la doctrina constitucional”, con fundamento en lo cual bien puede utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de sus reuniones y el ejercicio de las funciones legislativas y la importante labor de control político en tiempos de emergencia económica, social o ecológica, sin perjuicio del deber de garantizar las condiciones para la deliberación, la decisión, la publicidad y la participación de conformidad con la Constitución y la ley. (…)

 

En tal virtud, la Corte entendió́ que las ramas del poder público y los órganos del Estado, como es el caso del Congreso de la República, son los llamados a definir la manera en que han de reunirse en situaciones como la que motivó la declaratoria del estado de excepción a raíz del COVID-19 y que mientras ello ocurre, bien pueden las mesas directivas de las cámaras legislativas acudir a la aplicación del mencionado artículo 3 de la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso.

 

En similar sentido, la Corte encontró́ que los órganos constitucionalmente autónomos están llamados a darse su propio reglamento para efectos de su funcionamiento interno.

 

Finalmente, la Sala plena estimó que era del caso reparar en que la regla general del funcionamiento del Congreso y de las demás corporaciones públicas de elección popular es la presencialidad, por ser el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad, por lo cual no es posible impedir tal presencialidad en épocas de pandemia. De esta regla general de la presencialidad se deriva que, sin perjuicio de la asistencia virtual de algunos de los miembros de la corporación, no sea posible prohibir la asistencia presencial de aquellos miembros de las corporaciones públicas que así́ lo consideren1. (Subrayado por fuera del texto original).

 

Así las cosas, corresponderá a la Corporación de elección popular, a través de su mesa directiva o el reglamento interno, señalar la forma como se realizarán las sesiones, de manera que se garantice la prestación del servicio y los protocolos de bioseguridad; sin que en ningún caso se pueda prohibir la asistencia presencial de aquellos miembros de las corporaciones públicas que así lo consideren.

 

Por lo que la corporación deberá revisar el reglamento interno para verificar las pautas para la realización de las secciones virtuales.

 

En cuanto al acto de nombramiento el artículo 88 del CPACA dispone.

 

“ARTÍCULO 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. “

 

En consecuencia, los actos administrativos se presumen legales por lo que mientras el acto no haya sido anulado por la Jurisdicción de lo contencioso administrativo goza de validez.

 

Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; y demás temas competencia de este Departamento Administrativo, me permito indicar que en el link /eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica.

 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

Cordialmente,

 

ARMANDO LÓPEZ CORTES

 

Director Jurídico

 

Proyecto: Adriana Sánchez

 

Reviso: José Fernando Ceballos

 

Aprobó: Armando López Cortes

 

11602.8.4

 

NOTAS DE PIE DE PAGINA

 

1. Tomado del comunicado de prensa de la Corte Constitucional: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20No.%2029%20del%209%20de%20julio%20de%202020.pdf