Sentencia C-142 de 2001 Corte Constitucional - Gestor Normativo - Función Pública

Sentencia C-142 de 2001 Corte Constitucional

Fecha de Expedición: 07 de febrero de 2001

Fecha de Entrada en Vigencia: 07 de febrero de 2001

Medio de Publicación: Gaceta de la Corte Constitucional

DERECHOS
- Subtema: Derecho al Voto

El ejercicio del voto constituye una manifestación de la libertad individual, en la medida en que la persona selecciona el candidato de su preferencia. Así mismo, constituye base de la legitimidad del sistema. El núcleo esencial de este derecho implica, que la decisión contenida en el voto sea respetada y que, de manera efectiva, incida en la selección de los gobernantes. Es decir, el voto ha de ser contabilizado. Su libre ejercicio, apunta a alcanzar condiciones de transparencia máxima en el proceso electoral.

C-142-01 Sentencia C-142/01

Sentencia C-142/01

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones por las cuales textos acusados se estiman violados

 

CONSTITUCION POLITICA-Requisitos de expedicin de norma anterior

 

VOTO-Ejercicio

 

El ejercicio del voto constituye una manifestacin de la libertad individual, en la medida en que la persona selecciona el candidato de su preferencia. As mismo, constituye base de la legitimidad del sistema.

 

DERECHO AL VOTO-Complejidad/DERECHO AL VOTO-Funcin organizacional

 

DERECHO AL VOTO-Elementos del ncleo esencial

 

DERECHO AL VOTO-Respeto e incidencia/VOTO-Contabilizacin

 

El ncleo esencial del derecho al voto implica, que la decisin contenida en el voto sea respetada y que, de manera efectiva, incida en la seleccin de los gobernantes. Es decir, el voto ha de ser contabilizado.

 

DERECHO AL VOTO EN EL ESTADO DE DERECHO-Sujecin de ejercicio

 

En el Estado de Derecho, el ejercicio individual y colectivo del derecho al voto, est sujeto a condiciones normativas que establecen las condiciones de validez, tanto del voto individual, como de la actividad electoral en s considerada. La democracia precisa de tales condiciones, a fin de garantizar que la decisin contenida en el voto sea una genuina expresin de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona. Se busca rodear de garantas, pues, el ejercicio libre del voto, apunta a alcanzar condiciones de transparencia mxima en el proceso electoral.

 

DERECHO AL VOTO-Sujecin normativa

 

DERECHO AL VOTO-Tensin entre principios democrticos y Estado de derecho

 

DERECHOS FUNDAMENTALES-Ncleo esencial

 

JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES-Aplicacin

 

JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Alcance

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Nulidad

 

JURADO DE VOTACION-Parentesco con candidato

 

JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHO AL VOTO/VOTO-Anulacin por parentesco de jurado con candidato

 

PROCESO ELECTORAL-Transparencia

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Eventos de exclusin de votos anulados

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Situaciones de nulidad por violencia

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Nulidad por violencia

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Nulidad por alteraciones sustanciales

 

VOTO-Alteraciones sustanciales del nmero

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Nulidad por errores en el cmputo

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Vulneracin del sistema de cuociente electoral

 

ACTAS DE ESCRUTINIO-Nulidad por falsedad en el registro

 

DOCUMENTO-Validez

 

DOCUMENTO PUBLICO-Reflejo de la verdad

 

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Proposicin inexistente

 

DOCUMENTO-Falsedad

 

DERECHO AL VOTO-Efectividad

 

 

Referencia: expediente D-3023

 

Normas Acusadas:

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artculos 223 y 226 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Demandante:

Galo Arturo Torres Serra.

Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

 

 

Bogot, D. C, febrero siete (7) de dos mil uno (2001).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trmite establecidos por el decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

I. ANTECEDENTES

 

En ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad, el ciudadano Galo Arturo Torres Serra, le solicito a esta Corporacin la declaracin de inexequibilidad de los artculos 223 y 226, 230, 233, 235, 245 y 246 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Mediante providencia de 19 de junio de 2000, esta Corporacin no admiti la demanda, al considerar que no reuna los requisitos de forma y contenido exigidos por el artculo 2 del decreto 2067 de 1991. Durante el trmino hbil, el actor present escrito de correccin de la demanda.

 

La Corte en auto de 11 de julio de 2000, admiti la demanda formulada en contra de los artculos 223 y 226, y orden su rechaz en relacin con los artculos 230, 233, 235, 245, y 246 del citado Cdigo. El actor guardo silenci en relacin con esta decisin, quedando en firme el 19 de julio de dicha anualidad.

 

En consideracin a lo anterior, el presente examen de constitucionalidad habr de hacerse en relacin con los artculos 223 y 226 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Cumplidos los trmites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

 

 

II. NORMAS DEMANDADAS.

 

A continuacin se transcribe el texto de los artculos demandados y se destaca en negrilla lo acusado:

 

DECRETO 01 DE 1984

Por el cual se reforma el Cdigo Contencioso Administrativo

 

El presidente de la Repblica de Colombia,

 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiri el artculo 11 de la ley 58 de 1982 y oda la comisin asesora creada por el artculo 12 de la misma ley,

Decreta:

 

 

LIBRO CUARTO

Procedimiento ante la jurisdiccin en lo contencioso administrativo

 

Captulo IV

De los procesos electorales

 

 

ARTICULO 223.- Modificado ley 96/85, art. 65 y ley 62/88, art. 17. Las actas de escrutinio de los jurados de votacin y de toda corporacin electoral son nulas en los siguientes casos:

 

1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votacin, o stas se hayan destruido por causa de violencia

 

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apcrifo, o falsos o apcrifos los elementos que hayan servido para su formacin.

 

3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, despus de firmadas por los miembros de la corporacin que las expiden.

 

4. Cuando los votos emitidos en la respectiva eleccin se computen con violacin del sistema del cuociente electoral adoptado en la Constitucin Poltica y las leyes de la Repblica.

 

5. Cuando se computen votos a favor de los candidatos que no renen las calidades constitucionales y legales para ser electos.

 

6. Cuando los jurados de votacin o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cnyuges o parientes de los candidatos de eleccin popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anular el acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya eleccin o escrutinio se haya violado esta disposicin

 

ARTICULO 226. Declarada en la forma que se expresa en los artculos siguientes la nulidad de un registro o de un acta, segn el caso, deber ordenarse que se excluyan del cmputo general los votos en l contenidos.

 

La declaratoria de nulidad de la eleccin de un principal no afecta a los suplentes si la causa de la nulidad fuere la carencia de alguna calidad constitucional o legal del candidato o su inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la nulidad de la eleccin de los suplentes o de algunos de stos no afecta al principal ni a los dems suplentes, segn el caso.

 

Cuando se declare la nulidad de la eleccin del principal que encabez una lista, por las causas sealadas en el inciso anterior, se llamar a ocupar el cargo al primer suplente de la lista.

 

 

III. LA DEMANDA.

 

En un extenso escrito, el demandante acusa los artculos 223 (modificado por el artculo 17 de la Ley 62 de 1988) y 226 del Cdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) de violar los artculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 29, 37, 40, 83, 84, 90, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 121, 132, 133, 152, 153, 155, 170, 171, 176, 188, 190, 202, 228, 229, 230, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 287, 293, 299, 303, 304, 307, 311, 312, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 326, 327, 375, 377, 378, 379 y 380, as como el prembulo de la Constitucin.

 

A pesar de lo extenso de la demanda y a que el demandante presenta respecto de cada una de las disposiciones que seala como violadas un concepto de violacin, los cargos de la demanda se pueden resumir en tres.

 

a) Violacin de los artculos 152 y 153 de la Constitucin.

 

En concepto del demandante, las normas demandadas violan la reserva de ley estatutaria que existe en materia de asuntos electorales. Sostiene que:

 

las normas acusadas no pueden regular materias que solo pueden serlo mediante leyes estatutarias expedidas por el Congreso de la Repblica.

 

Bien seala el artculo 152 constitucional que la regulacin de Derechos y Deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su proteccin, organizacin y rgimen de los partidos y movimientos polticos, estatuto de oposicin y Funciones electorales, instituciones y mecanismos de participacin ciudadana, deben hacerse en normas legislativas estatutarias, no en normas como las acusadas en este punto que adems son anteriores y contrarias a la Constitucin Poltica (Negrillas en el original)

 

Tal como lo dispone el artculo 150 numeral 10 de la Carta, el Presidente de la Repblica no puede ser revestido con facultades extraordinarias para expedir leyes estatutarias, razn por la cual, tampoco puede ser facultado para expedir normas que deben ser reguladas mediante ley estatutaria.

 

b) Violacin de los artculos 3, 4, 103 y 258 de la Constitucin.

 

En concepto del demandante, los artculos 223 y 226 del C.C.A. tienen por efecto anular los votos vlidos como consecuencia de las conductas de los funcionarios electorales al momento de realizar el escrutinio o de organizar las elecciones. Dicha anulacin resulta inconstitucional puesto que desconoce el mandato popular y la voluntad individual que se materializan en el acto de depositar un voto. De ah que la efectividad del derecho al voto y la realizacin de la democracia dependan, en ltimas, de la correcta conducta de funcionarios estatales. Ello quebranta el principio democrtico de la Constitucin. El demandante explica sus argumentos en los siguientes trminos:

 

...las anulaciones de actas de escrutinio de los jurados de votacin y de toda corporacin electoral consagradas en el artculo 223 del C.C.A. y la exclusin del cmputo general de los votos contenidos en un registro o acta declarados nulos consagrada en el artculo 226 del C.C.A., a pesar de que los ciudadanos electores hayan votado conforme al procedimiento electoral, quebrantan el Principio Fundamental de que el nuestro es un Estado organizado en forma democrtica, participativa y pluralista. La dignidad del ciudadano-elector se ve lesionada al anulrsele su voto depositado constitucionalmente, la solidaridad dentro del conglomerado democrtico sucumbe ante un procedimiento legal inconstitucional y prevalece el inters legal procedimental sobre el inters general de la constitucin democrtica en sus diversos niveles territoriales (negrillas en el original).

 

Ms adelante seala que:

 

La anulacin de las actas de escrutinio de los jurados de votacin y de toda corporacin electoral sealada en el artculo 223 del C.C.A. con la exclusin del computo general de los votos contenidos en un registro o acta declarado nulo sealada en el artculo 226 del C.C.A. es una salida inconstitucional que el legislador impone como consecuencia de hechos u omisiones no predicables del ciudadano-elector que concurre a las urnas para darle vida y realidad al principio de la soberana popular para que en virtud de los votos por ellos depositados emane el poder pblico. Si este artculo 3 constitucional seala expresamente que el pueblo ejerce la soberana en forma directa en los trminos que la Constitucin establece viene a resultar que a pesar de que el ciudadano vote conforme al claro procedimiento constitucional (artculo 258 y concordantes de la C.N.) el legislador cre procedimientos dirigidos a anular y excluir los votos emitidos en forma directa, en los trminos que establece la Constitucin.

 

Las causales de nulidad consagradas en el artculo 223 y como consecuencia lo sealado en el artculo 226, ambos del C.C.A. TRASLADAN AL CIUDADANO-ELECTOR ACCIONES Y OMISIONES NO PREDICABLES DEL CIUDADANO-ELECTOR YA QUE ESTE NADA TIENE QUE VER CON EL TRAMITE DE ACTAS DE ESCRUTINIO NI CON NINGUNA DE LAS CONDUCTAS SEALADAS EN LOS NUMERALES DEL ARTICULO 223 DEL C.C.A. (Negrillas, subrayados y maysculas del original)

 

c) Violacin de los artculos 37, 40, 103 y 258 de la Carta.

 

El numeral 2 del artculo 223 del C.C.A. desconoce la Constitucin en la medida en que se anula el censo electoral, impidindole, en consecuencia, al ciudadano ejercer el derecho a la participacin, cuyo goce depende de su inscripcin en dicho censo:

 

[el numeral 2 del artculo 223 del C.C.A.] impide al ciudadano a quien se le anula su inscripcin en el censo electoral hacerse partcipe de reuniones pblicas en lo que pueda estar los respectivos ciudadano como en los cabildos abiertos, por ejemplo.

 

Tmese en cuenta que este numeral 2 del artculo 223 del C.C.A. implica la declaratoria de falso o apcrifo del censo electoral, registro que se utiliza como base par acreditar la calidad de ciudadano con residencia electoral en el respectivo municipio; la ley puede limitar la participacin de quien no aparezca en el respectivo censo electoral declarado nulo o apcrifo en el proceso dentro del cual no estuvieron vinculados los ciudadanos registrados en dicho censo electoral

 

 

IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto de su apoderado, interviene para defender las normas acusadas. En su escrito, que en el fondo se dirige a defender normas respecto de las cuales se rechaz la demanda, seala que:

 

3. Las razones genricas expuestas por el demandante en su escrito carecen de fundamento, puesto que, como ya se dijo, la accin de nulidad tiene el carcter de ser pblica y est destinada a defender la Constitucin y la ley. Adems constituye expresin del derecho poltico que ostenta todo ciudadano de participar en la conformacin, ejercicio y control del poder poltico.

 

As las cosas, es un contrasentido y una peticin de principio alegar que la accin pblica de nulidad electoral conculca la Constitucin Poltica, al ser aquella instrumento de los ciudadanos para defender el Estado de Derecho que la misma Carta ampara y prohja.

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIN

 

El Procurador General de la Nacin solicita a la Corte que declare exequibles las normas acusadas.

 

En relacin con las causales de nulidad consagradas en el artculo 223 del C.C.A., cada una de ellas se ajustan al propsito constitucional de la transparencia de los procesos electorales, porque permite que el principio democrtico se desarrolle de manera amplia y libre.

 

Por esta razn la causal primera, mediante la cual se dispone que cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras papeletas de votacin o stas se hayan destruido por causa de violencia, tiene como finalidad eliminar los vicios que establece la norma demandada y permitir que se haga un nuevo escrutinio, excluyendo aquellos votos contenidos en las actas anuladas, que son los que pusieron en duda el proceso democrtico.

 

Respecto de la causal segunda, debe precisarse que cuando el juez administrativo encuentra demostrada esta causal de nulidad electoral, no declarara la nulidad de los votos de los ciudadanos, sino del acta o documento donde se consignan los registros contables de los votos depositados en las urnas electorales. De otra parte, el Procurador seala que, el demandante confunde el censo electoral, con los registros de los votos realizados en los documentos suministrados a los jurados escrutadores por las autoridades electorales.

 

Lo concerniente con la causal tercera es de recibo, porque si las actas de escrutinios electorales han sufrido alteraciones sustanciales despus de haber sido firmadas por los miembros de la corporacin que las expiden, deben sustraerse del ordenamiento jurdico ordenando su nulidad.

 

La causal cuarta se ajusta a la Constitucin, porque "cuando los cargos a proveer son varios, el medio adecuado de distribucin de los mismos es el que se encuentra previsto en el articulo 253 constitucional y en las leyes que lo desarrollan. De est manera si se computan estos votos por un sistema diferente al previsto, el resultado definitivo de la eleccin sera diferente. Por ello, la nulidad no opera del oficio, pues el acto como est revestido de la presuncin de legalidad, es vlido, y los elegidos accedern al cargo, hasta tanto, previa demanda ciudadana, la jurisdiccin contencioso administrativa declare la nulidad del acto administrativo por encontrar probada la causal demandada."

 

En lo que atae a la causal quinta, su constitucionalidad resulta evidente, pues la misma constitucin defiri en el legislador la regulacin del rgimen de inhabilidades e incompatibilidades, como un mecanismo de control para sanear el ejercicio de la funcin pblica.

 

Al respecto la vista pblica dijo:

 

"Si una persona aspira a un cargo pblico de eleccin popular, pero despus de elegido no puede acceder a el por estar en curso en una causal de inhabilidad e incompatibilidad, no solo las autoridades no podrn, si no que el juez de la administracin tendran que declarar la nulidad de la eleccin previa demanda contencioso administrativa, en la medida en que constituye una causal que vicia la legalidad del acto administrativo que as lo declare".

 

En cuanto a la causal sexta no existe reproche de inconstitucionalidad, porque busca garantizar la transparencia del proceso electoral; razn por la cual prohibe que los parientes en el grado que determina sta causal hagan parte de los jurados de votacin. Por ello el legislador no pretende la declaracin de nulidad del acta de escrutinio, sino de los votos depositados a favor del candidato en razn de que rompen el equilibrio existente entre los derechos del elector y el elegido. De esta manera, contrario a la opinin del actor, la causal demandada se convierte en el medio adecuado a travs del cual se asegura la transparencia del proceso electoral.

 

Respecto del primer inciso del articulo, considera la vista pblica que no merece reparo de constitucionalidad alguno, porque la naturaleza del proceso electoral exige que los votos contenidos en las papeletas en el momento de escrutarse, deben responder a la forma original en que lo consign el sufragante.

 

Por est razn, si la declaracin de una eleccin se hace teniendo en cuenta la contabilizacin de los votos contenidos en varias actas, pero estas fueron declaradas nulas por el juez administrativo, al configurarse alguna de las causales de nulidad electoral, resulta razonable que se excluyan del computo general contenidos en ellas, en cuanto desde el punto de vista fctico resulta difcil restablecer la forma original en la que se consignaron los votos y de todas formas quedara un manto de duda que afectara el principio de la transparencia y moralidad pblica.

 

 

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

 

Competencia.

 

1. En los trminos del artculo 214 de la Constitucin, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.

 

Problema jurdico.

 

2. En concepto del demandante las normas acusadas desconocen el principio democrtico, pues se anula el voto de los ciudadanos como consecuencia de las acciones de los escrutadores o de las deficiencias de la organizacin electoral. El Ministerio Pblico y el Ministerio de Justicia y del Derecho consideran que las normas acusadas constituyen expresin del Estado de Derecho, pues garantizan que las elecciones se realicen conforme a la Constitucin y a la ley.

 

Se aprecia que la demanda, la intervencin oficial y la posicin del Ministerio Pblico, ubican la temtica de esta decisin en la tensin entre los principios democrticos y el Estado de Derecho. Corresponde a la Corte, en esta oportunidad, definir si resulta constitucionalmente admisible que como consecuencia de la anulacin de las actas de escrutinio y de toda corporacin electoral, se pueda excluir del cmputo general los votos en ellos contenidos. Antes de resolver este asunto, la Corporacin se pronunciar sobre el escrito de demanda, y resolver el cargo por violacin de la reserva de ley estatutaria.

 

De la demanda de inconstitucionalidad

 

3. La Constitucin no establece requisitos especiales para el ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad. Con todo, la ley y la jurisprudencia de la Corte, con el objeto de racionalizar el ejercicio de dicho derecho[1], han fijado algunas pautas de obligatoria observancia, que se explican por la existencia de deberes en el ejercicio de sus derechos[2]. Tales pautas se refieren, en trminos generales, a la presentacin personal de las demandas, con el objeto de demostrar la calidad de ciudadano[3]; de transcribir por algn medio las normas acusadas[4], con el fin de ubicar claramente el contenido normativo acusado; de presentar cargos suficientemente claros y precisos que sean susceptibles de control constitucional, para evitar, en ltimas, que la Corte asuma oficiosamente el control encomendado por la Carta[5]. La interpretacin de tales pautas, ha sealado la Corte, no puede tener por efecto anular el ejercicio de la accin pblica de inconstitucionalidad, razn por la cual se ha de considerar con cierta indulgencia al ciudadano inexperto en asuntos jurdicos[6].

 

En el presente caso se observa que el demandante acusa la violacin de 76 artculos de la Constitucin, as como de su prembulo. Respecto de cada disposicin constitucional presenta un cargo de constitucionalidad. Si bien cada ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los parmetros fijados por la Corte), considera la Corte que al tenor del numeral 3 del artculo 2 del Decreto 2067 de 1991, que obliga a indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, el ciudadano tiene el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas.

 

Si bien es cierto que la Constitucin constituye un orden sistemtico, dentro de ella se recogen tensiones que se resuelven paulatinamente y de conformidad con la evolucin histrica del pas. Tales tensiones suponen, dadas las caractersticas de la Carta, la existencia de normas que regulan, de manera ms precisa que otras, las distintas situaciones objeto de desarrollo normativo. Le corresponde al ciudadano identificar, como ya se dijo, de manera relativamente clara, cuales son dichas disposiciones puntuales, a fin de construir sobre ellas sus cargos de inconstitucionalidad.

 

En el futuro, la Corte se abstendr de considerar demandas como la interpuesta en esta oportunidad y solicitar al demandante que precise los cargos en las condiciones indicadas. En este caso, en razn de que fue posible identificar unos cargos concretos, se dar curso a la demanda.

 

Violacin de la reserva de ley estatutaria

 

4. La Corte ha sealado en repetidas oportunidades, que las normas expedidas antes de entrar en vigencia la Constitucin no se tornan inconstitucionales, por no haberse expedido de conformidad con las condiciones que la actual Carta les impone. En la sentencia C-582 de 1996 la Corte seal:

 

Ya se seal que no se pueden invalidar normas anteriores al rgimen constitucional por ausencia de requisitos relacionados con la competencia de los rganos, que por obvias razones no podan ni conocerse ni observarse cuando no se haban estipulado constitucionalmente.

 

Por lo tanto, por este aspecto, las normas se declararn exequibles.

 

Derecho al voto. Tensin entre principios democrticos y Estado de Derecho

 

5. El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la democracia. No podra comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a travs del voto de los ciudadanos. El ejercicio del voto constituye una manifestacin de la libertad individual, en la medida en que la persona selecciona el candidato de su preferencia. As mismo, constituye base de la legitimidad del sistema. Desde el punto de vista del voto como derecho y manifestacin de la libertad individual, la Corte ha sealado que se trata de un derecho complejo, que comporta la eleccin individual y supone la existencia de una organizacin prestadora. Adems tiene una funcin organizacional, lo cual no le resta su carcter de derecho fundamental, de aplicacin inmediata:

 

 

"5. A la idea de sufragio como simple manifestacin de la libertad individual, es necesario adicionar dos elementos. Uno de ellos de naturaleza institucional y otro de orden individual.

 

5.1. El concepto de prestacin estatal debe ser tenido en cuenta, de tal manera que el ncleo esencial del derecho al sufragio comprenda la posibilidad de acceder a los medios logsticos e informativos necesarios para participar efectivamente en la eleccin de los gobernantes.

 

5.2. De otra parte, el voto ciudadano no slo debe ser entendido como un derecho individual, sino tambin como una funcin en cuanto contribuye a la formacin de la voluntad poltica y al buen funcionamiento del sistema democrtico. En su doble vertiente - derecho y funcin - las posibilidades de ejercicio y cumplimiento estn supeditadas a la existencia de una adecuada, consciente y eficiente organizacin electoral que facilite su realizacin.

 

5.3 De acuerdo con lo dicho, el ncleo esencial del derecho al sufragio comprende tres elementos. El primero de ellos hace alusin a la libertad poltica de escoger un candidato. El segundo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a obtener del Estado los medios logsticos e informativos para que la eleccin pueda llevarse a trmino de manera adecuada y libre. Finalmente, el tercer elemento hace relacin al aspecto deontolgico del derecho, esto es, al deber ciudadano de contribuir con su voto a la configuracin democrtica y pluralista de las instituciones estatales.

 

5.4. Es importante dejar en claro que el derecho al sufragio es un derecho fundamental de aplicacin inmediata; en consecuencia, su componente prestacional no lo convierte en un derecho de carcter programtico cuya efectividad se encuentre librada a contingencias econmicas o a decisiones polticas futuras."[7]

 

El derecho de voto no se agota en los elementos antes indicados. No es suficiente que existan condiciones de libertad para la eleccin, ni que exista suficiente informacin para que dicha eleccin se realice en condiciones de libertad, ni que se reconozca el aspecto "deontolgico" del voto, si no se asegura que la voluntad popular (escrutinio), producto de la sumatoria de voluntades individuales (voto), sea respetada. El ncleo esencial del derecho al voto implica, adems de los elementos antes sealados, que la decisin contenida en el voto sea respetada y que, de manera efectiva, incida en la seleccin de los gobernantes. Es decir, el voto ha de ser contabilizado. De ah la importancia de los procesos de escrutinio, que tienen por objeto establecer en quien ha confiado la ciudadana para formar parte de las instituciones estatales.

 

6. En el Estado de Derecho[8], el ejercicio individual y colectivo del derecho al voto, est sujeto a condiciones normativas que establecen las condiciones de validez, tanto del voto individual, como de la actividad electoral en s considerada. La democracia precisa de tales condiciones, a fin de garantizar que la decisin contenida en el voto sea una genuina expresin de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona. Se busca rodear de garantas, pues, el ejercicio libre del voto, apunta a alcanzar condiciones de transparencia mxima en el proceso electoral. La Corte ha destacado cmo la Constitucin de 1991 supuso una apuesta a favor de una mayor apertura democrtica y un refuerzo a la garanta de transparencia del voto. En punto a este ltimo asunto indic:

 

Adicionalmente, y con el fin de brindar mayores garantas a la transparencia del voto, es decir, a la voluntad de los ciudadanos representada en las urnas, se le concedi rango constitucional a la organizacin electoral (C.P. arts. 263 ss.) - la cual fue elevada simultneamente a la categora de organismo independiente y autnomo (C.P. arts. 113 y 120) -, e incluso, con el objeto de garantizar de manera ms clara el libre ejercicio del voto, se reglament constitucionalmente que ste se efectuara en cubculos secretos y a travs de tarjetas electorales suministradas por la organizacin electoral.[9]

 

La existencia de estas condiciones normativas implica la posibilidad de controlar jurdicamente la validez del voto y de las elecciones. No basta con la mera expresin de la voluntad popular. Es menester que dicha voluntad se haya expresado conforme al ordenamiento jurdico, de suerte que cualquier desconocimiento de las prescripciones en la materia, acarrean la nulidad de las elecciones o del voto individualmente considerado.

 

7. El sometimiento del ejercicio del derecho al voto, sea individual o colectivamente, a condiciones normativas, supone una enorme tensin entre la democracia entendida como voluntad popular e individual- y el Estado de Derecho. Dicha tensin no puede resolverse a favor de alguno de los extremos sino que es necesario que la regulacin expresin del Estado de Derecho- tenga por efecto potenciar el principio democrtico.

 

En este panorama, le corresponde a la Corte Constitucional verificar que el ejercicio de la funcin legislativa se dirija a desarrollar armnicamente los valores y principios mencionados:

 

La Corte Constitucional, en numerosas oportunidades ha sealado que los derechos constitucionales no tienen carcter absoluto, sino que stos contienen "estndares de actuacin"[10], de suerte que el legislador pueda armonizar los distintos derechos y valores constitucionales. Frente a ello, el control constitucional consiste en "controlar los virtuales excesos del poder constituido, o, en otras palabras, las limitaciones arbitrarias, innecesarias, intiles o desproporcionadas de los derechos fundamentales[11].[12]

 

Derecho al voto. Necesidad del juicio de proporcionalidad.

 

8. Los derechos fundamentales, en tanto que fijan estndares de actuacin susceptibles de desarrollo legal[13], estn sujetos a ciertas condiciones de ejercicio y disfrute. Le compete a la Corte verificar que el legislador no ha impuesto a los derechos limitaciones excesivas que desconozcan su ncleo esencial, puesto que ste ha sido entendido como el reducto medular invulnerable que no puede ser puesto en peligro por autoridad o particular alguno[14], de manera que postula la idea de un contenido mnimo irreductible del derecho que, por serlo, se erige en barrera infranqueable frente al legislador. Este lmite de los lmites, permite distinguir, en relacin con cada derecho, lo que es obra del constituyente y lo que pertenece al quehacer del legislador histrico que, con la condicin de no trasponer el umbral del ncleo esencial, puede actualizarla segn la poca, tendencias, valores y necesidades de cada momento.[15].

 

El ncleo esencial de un derecho fundamental, tal como lo ha sealado esta Corporacin, es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderacin del fin legtimo a alcanzar frente a la limitacin del derecho fundamental, mediante la prohibicin de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio[16]. En otras palabras, se ha de aplicar el juicio de proporcionalidad, el cual, por su carcter estricto, en principio se ha reservado para el estudio de las restricciones impuestas a los derechos fundamentales[17]:

 

"El juicio de proporcionalidad al que se refiere el actor, es pertinente efectuarlo cuando la norma acusada en efecto restringe derechos o principios fundamentales, pues su objetivo es establecer si la finalidad perseguida con la respectiva norma justifica tal restriccin, y si su contenido, en cuanto limita el ejercicio de aquellos, es proporcional a la restriccin impuesta."[18]

 

Dicho juicio, supone un mecanismo de ordenacin de la actividad judicial, pues nicamente si se superan todos los pasos del juicio de proporcionalidad[19], al juez le es dable declarar la exequibilidad del precepto. Es decir, se ha establecido una metodologa para el anlisis judicial de las normas objeto de control, que suponen un estudio sobre la finalidad legtima de la medida[20], "si el trato diferente y la restriccin a los derechos constitucionales son "adecuados" para lograr el fin perseguido, segundo si son "necesarios", en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en trminos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, tercero, si son "proporcionados stricto sensu", esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer"[21].

 

Contenido normativo demandado.

 

9. El demandante no acusa la anulacin de las actas de votacin (salvo en lo que al numeral 2 del artculo 223 del C.C.A., que ser analizado posteriormente), sino el hecho de que el legislador hubiese dispuesto que tal anulacin acarrea la exclusin de los votos contenidos en dichas actas. Es decir, demanda la consecuencia jurdica, definida en el inciso primero del artculo 226 del C.C.A., de la declaracin judicial sobre la ocurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artculo 223 del C.C.A.

 

En consecuencia, dado que no existen cargos concretos contra los numerales 1, 3, 4 y 5 del artculo 223 y los incisos 2 y 3 del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo, la Corte se abstendr de pronunciarse sobre ellos.

 

Como se ha indicado, el contenido normativo demandado corresponde a la consecuencia jurdica de la declaracin de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votacin o de las corporaciones. Dado que el artculo 223 establece diversas causales de nulidad de tales actas, la Corporacin deber considerar la hiptesis normativa que se desprende de aplicar la consecuencia jurdica (inciso primero del artculo 226 del C.C.A.) a cada causal de nulidad.

 

10. El legislador no ha brindado igual efecto jurdico a las distintas causales de nulidad. Segn se desprende de la lectura de los artculos 223 y 226 del C.C.A., se pueden distinguir las siguientes situaciones:

 

a) La anulacin de las actas de escrutinio por las causas previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artculo 223 del C.C.A., acarrea la consecuencia jurdica prevista en el inciso primero del artculo 226 del C.C.A.: exclusin del cmputo de los votos contenidos en el acta.

 

b) En el caso previsto en el numeral 6 del artculo 223 del C.C.A., no se eliminan todos los votos contenidos en el acta, sino aquellos que favorezcan al familiar del jurado de votacin.

 

c) La anulacin por la causal establecida en el numeral 5 del artculo 223 del C.C.A., nicamente afecta al principal de la lista, segn lo dispone el inciso segundo del artculo 226 del C.C.A.

 

La Corte nicamente se pronunciar sobre las hiptesis a) y b), por cuanto en el caso de la anulacin prevista en el numeral 5 del artculo 223 del C.C.A., se aplican las consecuencias jurdicas establecidas en los incisos 2 y 3 del artculo 226 del C.C.A., que no tienen como efecto la exclusin de los votos del cmputo general, sino la nulidad de la eleccin del candidato que no ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Por lo tanto, se observa que el contenido normativo demandado no se presenta en este caso. Por lo expuesto, la Corte se inhibir de considerar esta hiptesis normativa.

 

Caso previsto en el numeral 6 del artculo 223 del C.C.A.

 

11. De lo dispuesto en el numeral 6 del artculo 223 del C.C.A., se desprende que est prohibido que los parientes, en el grado indicado en la norma, funjan como jurados de votacin. Como lo seala el Ministerio Pblico en su concepto, la disposicin busca garantizar la transparencia en los procesos electorales. La Corte comparte la posicin del Procurador.

 

En otra oportunidad[22], la Corte ha puesto de presente la absoluta y radical incompatibilidad del nepotismo con el modelo democrtico. Este fenmeno no puede entenderse simplemente como que familias compartan el poder estatal, sino de manera ms amplia, como proscripcin de toda oportunidad para que los miembros de una misma familia incidan, tanto en el ejercicio del poder, como en las posibilidades de acceso al poder de uno de sus miembros. No son necesarios grandes esfuerzos para comprender el enorme poder y la oportunidad que tiene un jurado de votacin para favorecer a un candidato en particular.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no observa la Corte que la medida consistente en excluir los votos que favorecen al candidato cuyos familiares integran el jurado de votacin o sean miembros de las comisiones escrutadoras, sea arbitraria, intil e innecesaria. En cuanto a la estricta proporcionalidad, el demandante aduce que el ciudadano no puede ver menoscabada la efectividad de su voto por la presencia de un familiar de su candidato de preferencia, pues su designacin ha sido el resultado de la voluntad estatal. Este argumento, antes que objetar la disposicin, refuerza su constitucionalidad, pues es claro indicio de la capacidad de injerencia que puede tener cierto grupo familiar sobre la conformacin de los jurados de votacin. La Corte estima que, en estas circunstancias, la efectividad del voto entendida como capacidad para incidir en el resultado final de la eleccin-, debe ceder al inters superior de la transparencia del proceso electoral.

 

Por lo expuesto, se declarar la exequibilidad del numeral 6 del artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Exclusin de los votos contenidos en las actas de votacin.

 

12. La exclusin de los votos contenidos en las actas de escrutinio anuladas ocurre en cuatro eventos distintos: violencia (numeral 1 del art. 223 del C.C.A), falsedad en el registro (numeral 2 del art. 223 del C.C.A), alteraciones sustanciales de las actas (numeral 3 del art. 223 del C.C.A) y errores en el cmputo (numeral 4 del art. 223 del C.C.A). La causal segunda ser objeto de anlisis separado.

 

12.1 El legislador ha previsto 3 situaciones en las que se presenta nulidad de las actas de escrutinio por violencia: violencia contra los escrutadores, destruccin de papeletas de votacin o su mezcla con otras. En los dos ltimos casos, la Corte considera que la exclusin de los votos contenidos en el acta es una consecuencia necesaria del hecho de violencia. La imposibilidad de confrontar el contenido de las actas con las tarjetas electorales, sea por destruccin de las ltimas o por mezcla con otras, impide al Estado garantizar la transparencia de las elecciones. Ante la imposibilidad absoluta de dar fe sobre la votacin, esta carece de validez, pues nicamente puede resultar electo quien efectivamente ha vencido.

 

En cuanto a la violencia contra los escrutadores, la Corte considera que la restriccin al derecho no resulta desproporcionada por cuanto se ha alterado en forma grave la libertad de la eleccin. Elecciones libres no suponen solamente que no existan injerencias al momento de depositar el voto, sino que la jornada debe transcurrir en paz. La labor escrutadora, en cuanto momento de identificacin de la voluntad popular, debe ser independiente y ajena a toda fuerza extraa. La violencia, sea directa o indirecta, constituye un hecho reprobable que, si bien no necesariamente es causada por los electores, afecta la transparencia del proceso de manera, pues resulta razonable suponer que ella se ejerce con el objeto de alterar la voluntad popular. Ello implica, de otra parte, que no puede entenderse que toda violencia tenga el efecto anotado. Unicamente debe considerarse aquella que tenga una capacidad real para desvirtuar la transparencia del proceso electoral. En suma, el legislador ha optado por adoptar una medida cautelar, ante la imposibilidad de verificar la decisin real del pueblo.

 

Por lo tanto, respecto de esta causal, la exclusin de los votos contenidos en el acta de escrutinio se declarar exequible.

 

12.2 El numeral 3 imparte la consecuencia jurdica mencionada cuando la nulidad se produzca por cuanto aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, despus de firmadas por los miembros de la corporacin que las expiden.

 

El artculo 142 del Cdigo Electoral (artculo 12 de la Ley 6 de 1990), seala que del acta de escrutinio que elaboran y firman los jurados de votacin se harn dos ejemplares, ambos vlidos, destinados al arca triclave y a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Por su parte, el artculo 163 del Cdigo Electoral (artculo 11 de la Ley 62 de 1988) dispone que si existen tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas de escrutinio se proceder al recuento de los votos.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el efecto jurdico de eliminar los votos del cmputo general resulta innecesario, habida consideracin de que la ley ha previsto la posibilidad de que, presentndose alteraciones sustanciales, como lo es una enmendadura sobre el nmero de votos, se cuenten nuevamente los votos emitidos. Pudindose corregir el yerro, acudiendo a la expresin genuina de la poblacin - contenida en los votos-, no se observa que exista razn alguna que justifique el sacrificio de la efectividad del voto de los ciudadanos.

 

Por lo expuesto, se condicionar la exequibilidad del inciso 1 del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo, a que la hiptesis normativa all prevista, no se aplique cuando la nulidad de las actas se decrete por la causal 3 analizada.

 

12.3 El numeral 4 del artculo 223 del C.C.A. sanciona con la nulidad del acta el hecho de que los cmputos de los votos se hubiesen realizado con violacin del sistema de cuociente electoral. La Corte observa que la exclusin de los votos del cmputo tiene por propsito, en este caso, garantizar que se cumpla una regla constitucional: aplicacin del sistema de cuociente electoral. As mismo, puede admitirse que la medida resulta til, en cuanto se eliminan los votos computados errneamente. Sin embargo, desde ningn punto de vista puede considerarse necesaria.

 

En efecto, habindose constatado que el cmputo se ha realizado en violacin del sistema de cuociente electoral, qu necesidad existe en eliminar los votos del cmputo. No basta con proceder a realizar el cmputo en debida forma? Obsrvese que el artculo 136 del Cdigo Electoral dispone que los jurados de votacin deben anotar en el acta el nmero de votos que ha recibido cada candidato.

 

La falta de necesidad de la medida implica una restriccin inadmisible al derecho fundamental al voto, que desconoce su ncleo esencial, en la medida en que impide, por una circunstancia del todo ajena al elector y claramente superable, la efectividad del voto. Por lo tanto, se condicionar la exequibilidad del inciso 1 del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo, a que la hiptesis normativa all prevista, no se aplique cuando la nulidad de las actas se decrete por la causal 4 analizada.

 

El registro falso

 

13. El numeral 2 del artculo 223 del C.C.A. seala que es nulo el registro si es falso o apcrifo, o falsos o apcrifos los elementos que hayan servido para su formacin. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 114 del Cdigo Electoral, una vez se ha verificado que la cdula aparece en el listado de votantes, se procede a registrar el hecho de que la persona vot.

 

El demandante acusa la disposicin desde dos perspectivas. De una parte, presenta un cargo de fondo contra la causal de nulidad y, por otra, que de la nulidad por el motivo indicado se derive la exclusin de los votos del cmputo. La Corte deber proceder a analizar en primera medida la primera acusacin, pues de proceder, la segunda carecera de sentido, ya que no operara la consecuencia jurdica prevista en el inciso primero del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

13.1 El demandante considera que la nulidad tiene efectos inconstitucionales, en la medida en que impide al ciudadano que vot debidamente, participar en los procesos electorales en los cuales sea indispensable probar que ha participado en la eleccin pasada. Tal es el caso, seala, de la revocatoria del mandato. El Procurador asegura que el demandante confunde el censo electoral con el registro de las personas que han votado, razn para desestimar el cargo.

 

Resulta claro que el demandante confunde los trminos censo electoral y registro de votantes. Sin embargo, de la demanda se desprende claramente que se considera al segundo concepto, pues el censo electoral se refiere a la lista de personas habilitadas para sufragar.

 

En un Estado de derecho resulta inadmisible que se tengan por vlidos los documentos respecto de los cuales existe prueba de que son falsos o apcrifos. Los documentos pblicos, en especial si tienen por objeto registrar hechos ocurridos, debe reflejar la verdad. La eliminacin jurdica de tales documentos, no desconoce derecho constitucional alguno. Antes bien, la posibilidad de su anulacin integra el debido proceso, porque no puede predicarse la existencia de un debido proceso justo como lo exige los procesos democrticos de formacin del poder- cuando las decisiones se basan en esta clase de documentos.

 

No obstante lo anterior, del contenido normativo acusado no se desprende la imposibilidad del ciudadano-elector de participar en los procedimientos democrticos de control del poder. En efecto, la hiptesis normativa acusada se limita a establecer que los registros, cuando no son verdaderos, sern anulados. En ninguna parte se indica que ello impida la participacin del ciudadano en procesos democrticos, tales como la revocatoria del mandato. Es decir, el demandante ha dirigido su acusacin, no contra el numeral 2 del artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo, sino contra una disposicin normativa que no se desprende de su texto. El contenido normativo que acusa el demandante puede resultar de considerar varias normas, sin embargo, a la Corte no le corresponde ubicar, dentro de todo el ordenamiento jurdico, aquellas que integran dicho contenido normativo. Por otra parte, esta Corporacin se ha inhibido de conocer de aquellas demandas en las cuales los cargos de constitucionalidad se dirigen contra un contenido normativo que no se desprende de las disposiciones acusadas:

 

"Pero esa tcnica de control [sentencias condicionadas] difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. Esta es la circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una hiptesis arbitrariamente inferida de ella.

 

No resulta posible resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotticamente cobijados por un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente particulares no previstos en l.

 

Para llegar a la declaracin de inexequibilidad total o parcial de una disposicin de la ley es menester definir si existe una oposicin objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitucin"[23]

 

Por lo tanto, la Corte se inhibir de pronunciarse sobre este cargo.

 

13.2 En opinin del demandante, la exclusin de los votos contenidos en las actas de escrutinio anuladas por demostrarse falsos o apcrifos los registros o los elementos que se consideraron para su elaboracin, debe ser declarado inconstitucional, pues resulta desproporcionado que se sacrifique el voto de personas que acudieron en debida forma a ejercer su derecho constitucional, debido a las conductas de otros votantes que falsean, por ejemplo, su cdula, o de los jurados de votacin que alteran los registros de votantes.

 

La Corte no comparte esta apreciacin. El Estado tiene la obligacin de respetar el derecho al voto. Ello implica el deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del voto. Empero, tambin le asiste la obligacin de preservar la transparencia del proceso electoral. La existencia de medios logsticos efectivos, tales como las fijadas por la Carta -cubculos individuales, tarjetas electorales numeradas e impresas en papel de seguridad, suministradas oficialmente, identificacin clara y plena de los candidatos (Art. 258)- y las medidas de prevencin dictadas por el legislador, tiene por objetivo alcanzar la transparencia plena del proceso electoral, nica condicin que asegura que la voluntad popular sea respetada.

 

La consecuencia jurdica adoptada por el legislador, adems de perseguir un fin vlido -transparencia- y resultar til para tal propsito, es necesaria ante la imposibilidad absoluta de establecer, dado el fraude que se observa, cual fue el genuino sentido de la votacin. En cuanto a la proporcionalidad propiamente dicha, si bien resulta claro que existe un sacrificio individual, ste no supera el beneficio colectivo (principio de transparencia) que se logra al erradicar actos corruptos en los procesos electorales. Tngase en cuenta que la democracia descansa en un elemento frgil, como lo es la confianza que tienen los ciudadanos en que el resultado del proceso electoral reflejar su verdadera eleccin.

 

Por lo tanto, se declarar exequible la hiptesis normativa analizada.

 

Precisin sobre las decisiones a adoptar

 

14. Tal como se expuso en el fundamento jurdico 9. de esta sentencia, el contenido normativo "los votos registrados en actas de escrutinio declaradas nulas sern excluidos del cmputo general ", es el resultado de considerar los textos normativos de los numerales 1 a 4 del artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo, y el inciso 1 del artculo 226 del mismo estatuto. Debido a ello se declarar la exequibilidad condicionada del inciso primero del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo. Lo anterior resulta necesario a fin de que la decisin cobije el contenido normativo acusado y no se limite declarar exequible o inexequible el texto normativo del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo[24].

 

 

VII. DECISION.

 

En mrito de lo expuesto, la sala plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin.

 

 

RESUELVE

 

Primero.- Declarar EXEQUIBLES los artculos 223 y 226 del Cdigo Contencioso Administrativo, nicamente en cuanto a que su expedicin no deba hacerse mediante ley estatutaria.

 

Segundo.- INHIBIRSE, por las razones expuestas en la parte motiva, de fallar de fondo respecto de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Tercero.- INHIBIRSE, por las razones expuestas en la parte motiva, para decidir de fondo en relacin con la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el contenido normativo resultante de aplicar la consecuencia jurdica prevista en los incisos 2 y 3 del artculo 226 del Cdigo Contencioso, a los eventos en los cuales las actas de escrutinio sean declaradas nulas por la causal establecida en el numeral 5 del artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 6 del artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo.

 

Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artculo 226 del Cdigo Contencioso Administrativo, bajo el entendido de que la consecuencia jurdica all dispuesta no se aplica a los casos en los cuales la nulidad de las actas de escrutinio se declara por las causales previstas en los numerales 3 y 4 del artculo 223 del Cdigo Contencioso Administrativo, por cuanto en tales eventos el efecto jurdico resulta inconstitucional.

 

Notifquese, comunquese, publquese, insrtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archvese el expediente.

 

 

 

FABIO MORON DIAZ

Presidente

 

 

 

ALFREDO BELTRAN SIERRA

Magistrado

 

 

 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

 

 

 

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

 

 

 

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Magistrado

 

 

 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

 

 

 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado

 

 

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

 

[1] Sentencia C-447 de 1997

[2] Numeral 1 del artculo 95 de la Constitucin

[3] Sentencia C-562 de 2000

[4] Artculo 2 del Decreto 2067 de 1991

[5] Sentencia C-447 de 1997

[6] Ver sentencia C-016 de 1993, entre otras.

[7] Sentencia T-324 de 1994

[8] Sentencias T-049 de 1993, C-179 de 1994, SU-747 de 1998, entre otras.

[9] Sentencia SU-747 de 1998.

[10] Sentencia C-475/97.

[11] Ibd.

[12] Salvamento de voto a la sentencia C-392 de 2000.

[13] Sentencia C-475 de 1997

[14] Sentencia T-799 de 1998

[15] Salvamento de voto a la sentencia C-373 de 1995

[16] Sentencia T-426 de 1992

[17] Sentencia C-584 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muoz. Respecto del test intermedio y el dbil, ver sentencias C-445 de 1995 M.P. Alejandro Martnez Caballero y C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muoz.

[18] Sentencia C-741 de 1999 M.P. Fabio Morn Daz

[19] Ver sentencia T-230 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muoz, en la que se analiza este punto en materia de igualdad, cuyo test guarda evidentes similitudes con el juicio de proporcionalidad.

[20] Sentencia C-584 de 1997

[21] Sentencia C-309 de 1997. Sobre el juicio de proporcionalidad strictu sensu, en la sentencia C-584 de 1997 se precisa que " Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restriccin de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposicin genera. Si el dao que se produce sobre el patrimonio jurdico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma est en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional."

[22] Sentencia C-373 de 1995

[23] Sentencia C-504 de 1995 M.P. Jos Gregorio Hernndez Galindo. En igual sentido, sentencia C-402 de 1999 M.P. Martha Victoria Schica de Moncaleano

 

[24] Sobre contenido normativo y texto normativo, ver Salvamento de Voto a la sentencia C-040 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muoz y Alejandro Martnez Caballero, sentencias C-427 de 1996 M.P. Alejandro Martnez Caballero, C-489 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Daz, C-598 de 2000 M.P. Jos Gregorio Hernndez Galindo, entre otras.