Más mujeres en el Estado

En las últimas décadas, las mujeres en Colombia han logrado llegar a importantes cargos directivos, gracias al avance en materia de equidad y empoderamiento. Sin embargo, aún existe una gran brecha en igualdad de género.

 

Por esta razón, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a cargo de su director, Fernando Grillo, decretó una nueva norma, la cual indica que para el 2022 el 50% de los cargos directivos del Estado deberán estar ocupados por mujeres.  Asimismo, esta norma busca garantizar la paridad de género y aplicará para las entidades de la Rama Ejecutiva del país en lo nacional, departamental, distrital y municipal.

 

Esta iniciativa es un gran reto, puesto que para finales de este año un 35% de los empleos tendrán que estar ocupados por mujeres, para el 2021 deberá ser de 45% y para el 2022 cumplir con el objetivo del 50%. De esta manera, Colombia progresa en igualdad de oportunidades y fomenta la participación política de las mujeres en el Estado. Y es que, de acuerdo con el último informe de la Función Pública, en el año 2019 el 43% de las plazas de la Rama Judicial fueron ocupadas por mujeres y en la Rama Ejecutiva subió un punto, con respecto al año 2018, pasando de 40% a 41%.

 

Por otro lado, para 2019 la participación de mujeres en empleos directivos fue de 44,7%, lo cual supera a lo indicado en la Ley de Cuotas (30%) y como lo afirma Andrea de la Cruz, politóloga de la Universidad Nacional y especialista en temas de género, esta ley “es un gran avance en términos de equidad, participación pública y política, pues las mujeres, por factores sociales y culturales, nos hemos visto históricamente relegadas de estas posiciones. En este sentido, estas medidas brindan la posibilidad de mostrar las capacidades que tienen las mujeres para ejercer dichos cargos”.

 

Finalmente, esta medida es un progreso social significativo, en cuanto a la implementación de normas que garantizan los derechos y promueven la participación política de las mujeres colombianas. Todo lo anterior quedó consignado en el Decreto 455 de 2020 de la Función Pública.