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La transparencia en la contratación de servidores públicos

Quiero comenzar agradeciendo a la Organización de los Estados Americanos por invitar a Función Pública el pasado 13 de octubre al conversatorio virtual sobre la transparencia en la contratación de servidores públicos. Sin lugar a duda, mitigar el riesgo en la contratación de servidores públicos y velar por la transparencia en este proceso es una prioridad de Gobierno.

En Colombia se encuentran delegadas las competencias que regulan las formas de ingreso de las diferentes categorías de servidores públicos, centrando en la Comisión Nacional del Servicio Civil como ente constitucional autónomo que se creó con la Constitución Política de 1991, encargado de la administración y vigilancia de la carrera administrativa.

Para cumplir su función de vigilancia de la carrera administrativa, la Comisión adelanta acciones de verificación y control de la gestión de los procesos de selección con el fin de observar su adecuación o no al principio del mérito y dado el caso, suspende cautelarmente el respectivo proceso y si comprueba la ocurrencia de irregularidades los puede dejar sin efecto total o parcialmente.

Es por ello, que La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, atendió el llamado del Gobierno Nacional para disminuir los tiempos y costos de las convocatorias y que, de acuerdo con información suministrada por la CNSC al 30 de agosto de 2020, se han ofertado de manera acumulada un total de 247.958 vacantes en el nivel nacional y territorial, logrando disminuir el nivel de provisionalidad al 32% en el orden nacional y 40% en el orden territorial.

De otra parte, desde la creación del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática a la fecha, se han evaluado 43.141 aspirantes. Es importante mencionar que en el actual gobierno, desde agosto de 2018 hasta el 7 de octubre de 2020 se han evaluado a 15.702 candidatos para empleos de libre nombramiento y remoción y concursos públicos y abiertos, de estos el 48.5% son hombres y el 51.5% mujeres, lo que refleja una acción concreta por vincular a estos cargos directivos a los más idóneos y competentes.

Finalmente, todas las anteriores acciones demuestran el compromiso del Gobierno nacional por la prevalencia del principio constitucional de mérito en el ingreso, desarrollo y retiro de los servidores públicos en Colombia.