La transformación digital del Estado

Desde que llegué a Función Pública en 2018 he trazado una hoja de ruta, liderada por el presidente Iván Duque, para transformar y mejorar la eficiencia en el Estado. Una tarea que decidimos asumir con todo el compromiso por y para los ciudadanos. En esta transformación que lideramos han surgido enormes desafíos. Y uno de los que mayor impacto tiene en la relación del ciudadano con el Estado es la estrategia de racionalización de trámites. Función Pública como líder de la Política de Racionalización de Trámites y reconociendo el impacto que tiene la mejora de trámites en el acceso de los ciudadanos a sus derechos y en la reducción de costos de transacción para los particulares en su relación con el Estado, ha adelantado diferentes acciones que permitan su optimización, estandarización y eliminación. En primer lugar, gracias al trabajo articulado con las diferentes ramas del poder público y, en especial, al Congreso por las facultades extraordinarias otorgadas a la Presidencia de la República, se lideró la elaboración del Decreto Ley 2106 de 2019 con su expedición se simplifican 6.159 trámites y se estiman ahorros para los ciudadanos por más de $219.743 millones, por efectos de su implementación. Avanzando en la simplificación de la relación de la ciudadanía con el Estado, este año se cerrará con mil acciones que generan impactos en eficiencia en la administración pública y ahorros públicos y ciudadanos. Pero no nos hemos detenido ahí. Recientemente fue sancionada la Ley Antitrámites 2052 de 2020 que complementa el Decreto Ley 2106 de 2019, dado que comparte los sujetos obligados y el objetivo de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. La ley refuerza las disposiciones en materia de automatización de trámites, dado que establece que todos los trámites que se creen a partir de su entrada en vigencia, deben poder efectuarse totalmente en línea. Así mismo, establece que los ciudadanos no deben asumir costos adicionales por ello y reitera la obligación de la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales. También quiero destacar que el rol de Función Pública como entidad líder de la política de racionalización de trámites se fortalece con esta ley que le da la competencia de revisar trámites existentes y elaborar un informe con recomendaciones sobre su simplificación, las cuales deberán ser de obligatoria observancia en el marco de las agendas regulatorias. Así mismo, nos faculta para emitir concepto sobre trámites creados a través de proyectos de ley y establecer esquemas de reconocimiento a las entidades que mayores avances presentan en el tema. Continuaremos trabajando articuladamente con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la automatización de los trámites y en la implementación de los servicios ciudadanos digitales, de modo que los ciudadanos dejen de ser los mensajeros del Estado y sigamos modernizando la administración pública para poder cumplir con los desafíos que nos trae la nueva normalidad. Todo bajo la guía de tener unas instituciones con mayor legalidad, equidad y emprendimiento.