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Desde el sector Justicia impulsamos el cambio institucional
El Ministerio de Justicia y del Derecho continúa aportando a la lucha que se fijó el presidente Iván Duque Márquez, en pro de la transparencia y contra la corrupción. Es ambiciosa la agenda en la que está empeñado el Gobierno y nuestra tarea es sacarla adelante con la ayuda de todos cuantos hacemos parte de esta cartera. La corrupción es un hecho innegable, pero también hay que decir que son pocos los que afectan con sus actos la credibilidad de la justicia. Necesitamos remarcar el tema de la ética en los corazones de los funcionarios y de todos los ciudadanos, y también necesitamos profesionales idóneos que atiendan las medidas de supervisión y control que estamos reforzando. La meta es clara: mejorar la justicia con una revolución tecnológica, dando un salto cuantitativo que contribuya a mejorar su eficiencia. Necesitamos ofrecer seguridad jurídica para que en el país se desarrolle el emprendimiento, y quienes hacemos parte del Ministerio de Justicia y del Derechos jugamos un papel fundamental en dicho apartado. Poseemos los instrumentos para empoderar a los innovadores y para contribuir a que se hagan efectivos sus derechos. Hoy vivimos en un país diferente. Estamos ante un ciudadano que entiende que la justicia es un servicio público, por lo que reclama mayor eficiencia y entendimiento acerca de la labor de los jueces, quienes no pueden ser indiferentes frente a este llamado. Por ello estamos empeñados en transformar la justicia construyendo una relación virtuosa entre la Rama Judicial y el Ejecutivo. Son grandes nuestros retos, y el primero es llevar la justicia a los territorios, fortalecer a los jueces, acercarlos al ciudadano y hacer su labor más transparente. Estamos impulsando una agenda legislativa con la que pretendemos fortalecer lo que existe y transformar el órgano de gobierno y de administración judicial con reformas legales y constitucionales. No solo para luchar contra la corrupción: el objetivo es apuntar a un sistema legal ágil y eficiente. Con fórmulas sencillas vamos avanzando. Y el sistema penitenciario y carcelario del país tampoco es ajeno a ese objetivo. Instrumentos como el SEPEC (Servicios Penitenciarios de Calidad) lo demuestran. Esta herramienta tecnológica implementada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) permite a las personas privadas de la libertad -con tan solo unos clics- reportar incidentes y documentarlos con imágenes. El aplicativo es de fácil manejo, compatible con dispositivos móviles y su creación no tuvo ningún costo para la entidad. El USPEC no solo está empeñado en dignificar las condiciones de vida de quienes están privados de su libertad. También hay que anotar que mediante el uso del SEPEC se generan alertas en otras áreas, como la de contratación, y así se reduce el riesgo de corrupción. Al SEPEC se une LegalApp, otra herramienta que se ha ido fortaleciendo para facilitar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. En diciembre pasado se implementó un software offline llamado LegalApp Rural, que busca garantizar dicho acceso para las personas de las regiones que no cuentan con internet. Maríalabaja (Bolívar) es el primer municipio que recibe esta ayuda. En su portal web, LegalApp ofrece además una nueva funcionalidad que permite a los ciudadanos agendar citas en consultorios jurídicos para recibir asesoría jurídica personalizada y, de ser el caso, representación jurídica gratuita. Dicho servicio ya se implementó en Bucaramanga, Cali, Medellín y Barranquilla. Entre agosto de 2018 y febrero de este año, 534.672 usuarios han ingresado al portal web. Y se la app móvil se ha descargado 4.352 veces. Hoy son más de 1.200 los usuarios que ya se encuentran registrados y disfrutando del servicio de agendamiento de citas en consultorios jurídicos. Cabe anotar que la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del MinJusticia también se sirve de la web para orientar al ciudadano en trámites relacionados con la expedición de licencias para los cultivos de cannabis medicinal-científico y sustancias químicas, remitiendo a los usuarios a la Oficina de Atención al Ciudadano sin ningún costo para las personas. Y se invita a denunciar si se cobra por estos servicios. Como siempre, contamos con el compromiso de todos los funcionarios del sector y con la participación responsable de la comunidad. Nuestra mayor aspiración: impulsar el cambio institucional para el bien colectivo.

El Ministerio de Justicia y del Derecho continúa aportando a la lucha que se fijó el presidente Iván Duque Márquez, en pro de la transparencia y contra la corrupción. Es ambiciosa la agenda en la que está empeñado el Gobierno y nuestra tarea es sacarla adelante con la ayuda de todos cuantos hacemos parte de esta cartera.

La corrupción es un hecho innegable, pero también hay que decir que son pocos los que afectan con sus actos la credibilidad de la justicia. Necesitamos remarcar el tema de la ética en los corazones de los funcionarios y de todos los ciudadanos, y también necesitamos profesionales idóneos que atiendan las medidas de supervisión y control que estamos reforzando.

La meta es clara: mejorar la justicia con una revolución tecnológica, dando un salto cuantitativo que contribuya a mejorar su eficiencia. Necesitamos ofrecer seguridad jurídica para que en el país se desarrolle el emprendimiento, y quienes hacemos parte del Ministerio de Justicia y del Derechos jugamos un papel fundamental en dicho apartado. Poseemos los instrumentos para empoderar a los innovadores y para contribuir a que se hagan efectivos sus derechos.

Hoy vivimos en un país diferente. Estamos ante un ciudadano que entiende que la justicia es un servicio público, por lo que reclama mayor eficiencia y entendimiento acerca de la labor de los jueces, quienes no pueden ser indiferentes frente a este llamado. Por ello estamos empeñados en transformar la justicia construyendo una relación virtuosa entre la Rama Judicial y el Ejecutivo.

Son grandes nuestros retos, y el primero es llevar la justicia a los territorios, fortalecer a los jueces, acercarlos al ciudadano y hacer su labor más transparente. Estamos impulsando una agenda legislativa con la que pretendemos fortalecer lo que existe y transformar el órgano de gobierno y de administración judicial con reformas legales y constitucionales. No solo para luchar contra la corrupción: el objetivo es apuntar a un sistema legal ágil y eficiente.

Con fórmulas sencillas vamos avanzando. Y el sistema penitenciario y carcelario del país tampoco es ajeno a ese objetivo. Instrumentos como el SEPEC (Servicios Penitenciarios de Calidad) lo demuestran. Esta herramienta tecnológica implementada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) permite a las personas privadas de la libertad -con tan solo unos clics- reportar incidentes y documentarlos con imágenes.

El aplicativo es de fácil manejo, compatible con dispositivos móviles y su creación no tuvo ningún costo para la entidad. El USPEC no solo está empeñado en dignificar las condiciones de vida de quienes están privados de su libertad. También hay que anotar que mediante el uso del SEPEC se generan alertas en otras áreas, como la de contratación, y así se reduce el riesgo de corrupción.

>Al SEPEC se une LegalApp, otra herramienta que se ha ido fortaleciendo para facilitar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. En diciembre pasado se implementó un software offline llamado LegalApp Rural, que busca garantizar dicho acceso para las personas de las regiones que no cuentan con internet. Maríalabaja (Bolívar) es el primer municipio que recibe esta ayuda.

En su portal web, LegalApp ofrece además una nueva funcionalidad que permite a los ciudadanos agendar citas en consultorios jurídicos para recibir asesoría jurídica personalizada y, de ser el caso, representación jurídica gratuita. Dicho servicio ya se implementó en Bucaramanga, Cali, Medellín y Barranquilla.

Entre agosto de 2018 y febrero de  este año, 534.672 usuarios han ingresado al portal web. Y se la app móvil se ha descargado 4.352 veces. Hoy son más de 1.200 los usuarios que ya se encuentran registrados y disfrutando del servicio de agendamiento de citas en consultorios jurídicos.

Cabe anotar que la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del MinJusticia también se sirve de la web para orientar al ciudadano en trámites relacionados con la expedición de licencias para los cultivos de cannabis medicinal-científico y sustancias químicas, remitiendo a los usuarios a la Oficina de Atención al Ciudadano sin ningún costo para las personas. Y se invita a denunciar si se cobra por estos servicios.

Como siempre, contamos con el compromiso de todos los funcionarios del sector y con la participación responsable de la comunidad. Nuestra mayor aspiración: impulsar el cambio institucional para el bien colectivo.