91. ¿Cuál es el fundamento normativo y la política aplicable al conflicto de intereses?

En términos generales, un conflicto de intereses es una situación, que se origina cuando un interés particular genera un sesgo en la neutralidad y objetividad de una acción o decisión en el servicio público. Teniendo en cuenta que un conflicto de intereses representa un potencial riesgo para materializar hechos de corrupción, afectar la transparencia e integridad y vulnerar la prevalencia del interés general, resulta fundamental que los gobierno lo regulen y desarrollen instrumentos para gestionarlo.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Manual de integridad de la Organización de Desarrollo y Cooperación Económica – OECD, coinciden en que los Estados parte están obligados a establecer directrices para que los servidores públicos declaren sus actividades externas, inversiones, activos y cualquier beneficio que puedan configurar un conflicto de intereses con el ejercicio de sus responsabilidad y decisiones.

Para el caso colombiano, el conflicto de intereses esá regulado en el Régimen de Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses, que se fundamenta en la Constitución Política. El artículo 122 de la Constitución indica que:

“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento… Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público”.

Por su parte, el artículo 126 determina los grados de consanguinidad y afinidad que están cobijados por en el círculo de intereses de los servidores públicos:

“Los servidores públicos no podrán nombrar empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco
podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Por su parte, el Código único Disciplinario, Ley 734 de 2002, establece las disposiciones en cuando a deberes y prohibiciones de los servidores públicos.

“ARTÍCULO 40. Conflicto De Intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.”

“ARTÍCULO 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(...) 17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. (...)”

A su vez, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en los artículos 11 y 12 señalo lo referente al conflicto de interés y causales de impedimento y recusación como también su trámite.

“ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta (…)”

Recientemente, la Ley 2013 de 2019, por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés señala,

“Artículo 4°. Información mínima obligatoria para registrar. T0do sujeto obligado contemplado en el artículo 2° de la presente ley, deberá registrar de manera obligatoria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), o herramientas que lo sustituyan, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, y cargar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

Teniendo en cuenta este marco normativo, la gestión preventiva del conflicto de intereses hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como componente de la política de integridad. El Manual Operativo establece como lineamiento genera:

“Desde un enfoque preventivo, las entidades deben implementar un marco o modelo de Integridad público que incluya la formación y fortalecimiento de los valores del servicio público establecidos en el código de integridad, la implementación de acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y control interno que permitan un seguimiento efectivo a los riesgos de gestión y corrupción, así como la implementación de las acciones de mitigación.