Para el caso de las entidades que hacen parte de la administración pública, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, reguló en los artículos 11 y 12 las causales de impedimento y recusación de los servidores públicos y su trámite, se establecen directamente sin necesidad de remitir a ningún otra norma. Por lo tanto le corresponde a los servidores públicos cumplir lo señalado en la ley. Le corresponde a las entidades implementar acciones preventivas en conflicto de intereses para evitar que los servidores a pesar de la existencia de las causales de conflicto de interés, no se declaren impedidos.
