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Este Estudio de Integridad examina en profundidad el sistema colombiano de integridad pública, centrándose en particular en tres aspectos. En primer lugar, aporta recomendaciones concretas sobre cómo fortalecer las disposiciones institucionales para dirigir las políticas de integridad y asegurar la coordinación entre sus actores clave, tanto a nivel nacional como subnacional, en particular entre la Comisión Nacional de Moralización, las Comisiones Regionales de Moralización y la Secretaría de Transparencia. En segundo lugar, este estudio examina las políticas y prácticas actuales para integrar las políticas de integridad en la administración pública colombiana en su conjunto. Más específicamente, recomienda políticas y mejores prácticas sobre la manera de fortalecer las directrices respecto a valores y conflictos de intereses, asegurar la capacitación correspondiente, introducir medidas de integridad en la gestión de recursos humanos y mejorar el sistema actual de declaraciones de bienes y rentas. En tercer lugar, el estudio analiza el marco y las prácticas de gestión de riesgos y control interno, cruciales para la rendición de cuentas mencionada explícitamente en el Acuerdo de Paz. El Departamento Administrativo de la Función Pública desempeña un papel decisivo en promover la cultura de integridad en la administración pública, la gestión de riesgos y el control interno, pero requiere de recursos humanos y financieros suficientes para cumplir con este mandato fundamental.