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Siete años con las víctimas y por la Paz

Siete años con las víctimas y por la Paz

Abril 09 de 2018 09:30 AM

Con motivo del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, declarado y conmemorado desde el año 2011, Función Pública destaca los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional en la transformación y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de dignificar a las personas golpeadas por la violencia.

Bogotá, lunes 9 de abril de 2018. Con motivo del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, declarado y conmemorado desde el año 2011, Función Pública destaca los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional en la transformación y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de dignificar a las personas golpeadas por la violencia.

 

Función Pública ha participado activamente en el diseño, creación y puesta en marcha de las entidades encargadas de trabajar por las víctimas del conflicto, pero también se ha dedicado al fortalecimiento de los valores de los servidores públicos cuya función es servir a las víctimas.

 

De esta manera, Función Pública ha hecho esfuerzos para garantizar una mejor atención que contribuya con el restablecimiento de los derechos y la dignificación de las víctimas, mediante la prestación de un servicio empático de los servidores públicos, la conciencia de que el país atraviesa por un momento histórico, y el respaldo a cada uno de los esfuerzos que el Gobierno Nacional ha hecho a favor de la paz.

 

De hecho, el Estado colombiano ha materializado diversos esfuerzos para el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Entre ellos se resalta la Ley 975 de 2005, por medio de la cual se creó la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación.

 

A pesar de su corta duración (2006-2011), la Comisión logró promover el deber de la memoria, específicamente en el sentido de que el Estado tiene la obligación de investigar y preservar la memoria y el conocimiento de las causas históricas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley (Ley 975 de 2005), generando así reconocimiento a las víctimas del conflicto por primera vez en la historia.

 

Un segundo esfuerzo del Gobierno Nacional es la Ley 1448 de 2011 que promulga la necesidad de diseñar y poner en marcha entidades dedicadas –específicamente– a la labor de reconocer, reparar, dignificar, y garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.

 

Esta Ley enfatiza y recalca la necesidad de restablecer la dignidad de las víctimas a partir de la reparación material y simbólica. De su implementación se desprende la estructuración de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuyo objetivo es cerrar las brechas entre el Estado y las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación.

 

A partir de esta misma Ley, se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El primero con la inmensa tarea de recibir, recuperar, conservar, compilar y analizar todo el material documental por medio de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas, y otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos; conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos.

 

Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras se crea con el propósito de servir como órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras. Esto se traduce en administrar y conservar el registro de tierras despojadas, acopiar las pruebas y acompañar el trámite de despojos y abandonos forzados ante las autoridades competentes.

 

El último esfuerzo para seguir consolidando la garantía de los derechos de las víctimas se da en el marco de la implementación del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon. Atendiendo el principio de tener a las víctimas en el centro de la construcción de paz se creó la Jurisdicción Especial para la Paz; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

 

La Jurisdicción Especial para la Paz se ocupa de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia a partir de un principio restaurativo. A su vez, pretende dar plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno pero reconocen la verdad y se comprometen a reparar a los afectados.

 

La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos es un mecanismo humanitario y extra-judicial dedicado a dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna.

 

Y por último, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad cumple con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, el cual ha reconocido el Acuerdo Final con las FARC - EP como un pilar fundamental para la consolidación de la paz.

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