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Función Pública, entidad del Gobierno con más visibilidad según informe de Transparencia por Colombia
Bogotá, miércoles 26 de abril de 2017. Función Pública obtuvo la mejor calificación en el factor visibilidad de las entidades del Gobierno Nacional con 95,6 sobre un máximo de 100, de acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, vigencia 2015-2016, presentado por la Corporación Transparencia por Colombia.
 
"Los resultados generales del Índice, si bien no son los mejores, demuestran un incremento frente a mediciones anteriores; esto es una prueba de los esfuerzos y compromisos del Gobierno Nacional para apoyar leyes y formular políticas públicas integrales sobre participación, transparencia y servicio al ciudadano", señaló Fernando Segura Restrepo, director del área competente en el tema en Función Pública.
 
En líneas generales, se destaca que el Gobierno Nacional disminuyó los riesgos de corrupción del año 2013 al 2016; en la presente medición, ninguna entidad de sus entidades fue clasificada en Riesgo Muy Alto.
 
Así mismo, los primeros 10 lugares del listado son ocupados por entidades del Ejecutivo, a excepción de la Contraloría, que se encuentra en 5° lugar; las Superintendencias de Sociedades y Financiera mantienen el primer y segundo lugar en la medición de 2013 a 2016.
 
Por su parte, la Presidencia de la República ocupa el 8° lugar por encima de la Cámara de Representantes (puesto 59), el Senado de la República (puesto 72), la Procuraduría General de la Nación (puesto 50) y la Fiscalía General de la Nación (puesto 74).
 
Adicionalmente, entidades como Planeación Nacional (DNP) y Función Pública, las cuales son clave para la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio, disminuyeron su nivel de riesgo ubicándose en el tercer y cuarto lugar de la medición.
 
En este aspecto, se destacan también entidades de sectores administrativos como Protección Social, Salud y Defensa, específicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que incrementó su registro 24,7 puntos respecto a la medición 2013 y en la medición 2016 ocupa el 7° lugar; el Invima, con el 6° lugar, y el Ministerio de Defensa con el 9° puesto.
 
En el factor visibilidad, además de la figuración de Función Pública, se resalta el aumento significativo que obtuvo el ICBF, al pasar de un promedio de 40,4 a 91,3, y de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, que pasó de un promedio de 48,8 a 88,4.
 
Conclusiones del Informe de Transparencia por Colombia
 
Ninguna entidad del Gobierno Nacional es clasificada en Riesgo Muy Alto de corrupción. 
 
Nueve de los primeros 10 lugares son ocupados por entidades del Gobierno Nacional. Las Superintendencias de Sociedades y Financiera mantienen el primer y segundo lugar desde la medición 2013 a la 2016. 
 
Entidades como Planeación Nacional (DNP) y la Función Pública disminuyeron su nivel de riesgo, ubicándose en el tercer y cuarto lugar de la medición. 
 
Se destaca un aumento de 7,4 puntos en las entidades del Gobierno Nacional en el factor visibilidad, que evalúa la disponibilidad y acceso a la información. La mejor calificación la obtuvo la Función Pública, con un resultado de 95,6. Es importante destacar el aumento significativo que obtuvieron el ICBF y la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas en este factor pasando de un promedio de 40,4 a 91,3 y de 48,8 a 88,4, respectivamente.  
 
Se destacan también en los primeros lugares del índice, entidades de sectores estratégicos para la implementación del Acuerdo de Paz como lo son Protección Social, Salud y Defensa; específicamente el ICBF (que incrementó 24,7 puntos respecto a la medición 2013 y en la medición 2016 ocupa el 7° lugar), el INVIMA (6°) y el Ministerio de Defensa (9°). 
 
Por su parte, la Presidencia de la República ocupa el 8vo lugar en el índice general, por encima de la Cámara de Representantes (puesto 59), el Senado de la República (puesto 72), la Procuraduría General de la Nación (puesto 50) y la Fiscalía General de la Nación (puesto 74). 
 
Principales medidas contra la corrupción del gobierno Juan Manuel Santos
 
La lucha contra la corrupción ha sido una permanente prioridad durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En 2011, después de un año de haber iniciado su Gobierno, el presidente sancionó el Estatuto Anticorrupción y en 2013 implementó la Política Pública Integral Anticorrupción, que ha sido la carta de navegación del Gobierno en esta materia. 
 
Con la expedición de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014), con la que se garantiza el derecho al acceso a la información pública, buena parte de las decisiones públicas están disponibles para cualquier ciudadano que las quiera consultar. Esto ayuda a eliminar favoritismos.
 
Adicionalmente, el Gobierno Nacional promovió legislación anticorrupción que ha mostrado efectos positivos, como el Estatuto de Participación Ciudadana (2015), la Ley Antisoborno (2016), la Ley Anticontrabando (2016), el Decreto-Ley Antitrámites (2012), y la reforma al régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro (2017).
 
Las estrategias de transparencia en las adquisiciones del gobierno a través de Colombia Compra Eficiente permiten que la relación entre la oferta y la demanda encuentren equilibrio dentro de las compras del Estado, evitando así hechos de corrupción y ahorrándole miles de millones a los ciudadanos colombianos. 
 
En materia de empleo público el Gobierno Nacional ha fortalecido los mecanismos de selección para privilegiar el mérito como requisito fundamental para proveer cargos de libre nombramiento y remoción, incluyendo a los jefes de control interno y superintendentes. Ha aumentado la oferta de capacitación y formación de los servidores públicos conscientes de que ello generará un mejor servicio para los ciudadanos. 
 
Por primera vez y como parte de la política de transparencia del Gobierno, el Presidente y todos sus ministros publicaron su declaración de bienes y rentas en atención a las mejores prácticas internacionales en la lucha contra la corrupción.
 
Se eliminaron, liquidaron o transformaron entidades en las que se identificaron hechos de corrupción, como el INCO, Ingeominas, el DAS, Caprecom o el Seguro Social, entre muchas otras. 
 
Nuevas medidas contra la corrupción  del Gobierno Nacional
 
 
Se fortalece el Grupo Anticorrupción de la Dijín de la Policía Nacional con 100 nuevos servidores. 
 
Más herramientas a las Superintendencias para que investiguen y sancionen con más rapidez y mayor contundencia. 
 
Autorización del Consejo de la Judicatura para la creación de jueces especiales para los delitos contra la administración pública y otros para la extinción de dominio.
 
El Ministerio de Educación volverá a instaurar la educación cívica, para hacer más pedagogía en valores. 
 
Se bancarizará totalmente el sistema de contratación con el Estado, de forma que todos los pagos a contratistas, así como los pagos de ellos a sus subcontratistas y empleados, se hagan por medios bancarios y nunca en efectivo. 
 
Se concertará con el sector privado normas claras sobre el llamado lobby o cabildeo, de forma que los intereses privados no interfieran indebidamente en las decisiones del Estado. 
 
Se creará el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, para que cualquier ciudadano pueda hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a la inversión de los recursos, nacionales e internacionales, para su implementación. 
 
Paquete de medidas legislativas que contempla una Ley de Protección de Denunciantes, creación del Registro de Beneficiarios Reales y una Ley que reduce y condiciona los Beneficios por Allanamiento a Cargos, y que elimina la casa por cárcel para los corruptos.
 
Se expedirá un decreto que extiende a los entes territoriales y a las personas de derecho privado que administran recursos públicos la obligación de publicar toda la información relacionada con su gasto, sin excepción, en el Portal Central de Transparencia Fiscal del Estado.
 
El Gobierno Nacional presentará los proyectos de reforma política y electoral, luego de una consulta con los partidos sobre el reciente informe entregado por la Misión Electoral Especial.
 

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