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Este domingo 31 de mayo se conmemoran 15 años de aplicación de la Ley de Cuotas
  • La Ley señala que las mujeres deben ocupar "al menos el 30% de los cargos del máximo nivel decisorio, y la misma proporción en los cargos del otro nivel decisorio".
  • Función Pública realiza el informe anual de provisión de cargos y participación femenina en el sector público, con información que aportan las entidades con corte al mes de agosto de cada año.
  • La Ley de Cuotas expedida el 31 de mayo de 2000, busca otorgarle mayor participación a la mujer en los cargos con poder de decisión de la administración pública.

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública con el motivo de la conmemoración de los 15 años de la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, resalta los resultados positivos de la participación femenina en los cargos con poder de decisión en la administración pública.

 

"Los resultados son muy alentadores, lo cual indica que año tras año la mujer está ganando espacio en las decisiones de la política pública colombiana", afirmó Liliana Caballero, Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

 

"Estamos muy contentos por el aniversario este 31 de mayo de esta Ley, porque la administración pública colombiana ha entendido que el rol de la mujer en los cargos directivos es esencial para un país equitativo y educado", expresó Francisco Camargo, Director de Empleo Público de la Función Pública. Audio

 

Para conocer el grado de cumplimiento de esta Ley, "Función Pública es la encargada de recopilar la información y de agregarla y entregarla al Congreso de la República, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Les recordamos a los directivos de las entidades que cumplir con la Ley es un deber de riguroso cumplimiento", afirmó el Director de Empleo Público.

 

De forma anual esta Entidad entrega el informe sobre provisión de cargos y participación femenina en el sector público con corte al mes de agosto, con lo cual da cumplimiento al artículo 12 de la Ley. De acuerdo con el informe correspondiente a la vigencia 2014, las mujeres ocupan el 35,97% de los cargos provistos en el máximo nivel decisorio en las entidades del orden nacional de los 24 sectores administrativos. En el otro nivel decisorio, los cargos provistos al género femenino ascienden a 51,88%.

 

En el análisis por entidades del nivel central, se destacan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con un total de 5 cargos directivos provistos en el máximo nivel ocupados por mujeres, mientras que la Dian cuenta con 7 cargos directivos provistos, de los cuales 5 están ocupados por mujeres.

 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes lidera el escalafón de participación femenina por entidades en otro nivel decisorio, al reportar 7 cargos provistos ocupados por mujeres, mientras que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, la Imprenta Nacional de Colombia, y el Instituto Nacional para Ciegos, Inci, reportan 4 cargos provistos de los cuales 3 están ocupados por mujeres.

 

En la Rama legislativa, en el Senado de la República el 47.06% de cargos provistos para el máximo nivel decisorio es ocupado por mujeres, además de un 50% de cargos provistos en otro nivel decisorio. Por otra parte, en la Cámara de Representantes el 60% de cargos provistos para máximo nivel decisorio lo ocupan mujeres. Esta corporación en su estructura no tiene el otro nivel decisorio, por lo tanto no está contemplado para este análisis dentro de la Rama.

 

Para la Rama judicial, el 30,77% de los cargos provistos en máximo nivel decisorio es ocupado por mujeres. Por otra parte, la participación femenina en cargos provistos en los Organismos de Control y Vigilancia en el máximo nivel decisorio en promedio es de 41,06% y en el otro nivel decisorio está en promedio en 44.44%.

 

Finalmente, el informe anual de Ley de Cuotas puntualiza que la participación femenina en cargos provistos en los Entes Autónomos en el máximo nivel decisorio es en promedio 33.33%, mientras que en el otro nivel decisorio la participación de la mujer en cargos provistos llega a 49.36%.

 

Mediante la Ley de Cuotas, cuya aplicación vigilan el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, se reglamentó "la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles del poder público", señalando que las mujeres deben ocupar, al menos el 30% de los cargos directivos del máximo nivel decisorio, y la misma proporción en los cargos del otro nivel decisorio.

 

La citada norma sostiene que los cargos del máximo nivel decisorio corresponden a los "de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal".

 

También aclara que los cargos de otros niveles decisorios son empleos de libre nombramiento y remoción con "atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial".

 

De otro lado, para los casos de nombramientos que deban proveerse por el sistema de ternas, la Ley establece que se deberá incluir en la terna al menos el nombre de una mujer. Así mismo para la designación de cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore deberá incluir hombres y mujeres en igual proporción.

 

La Ley no se aplica a cargos de "carrera administrativa, judicial u otras carreras especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito".

 

Por otra parte, la norma contempla sanciones por su incumplimiento, la cual podría ser castigada con "suspensión hasta de 30 días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente".

 

Función Pública es la entidad estratégica, técnica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.

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