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La subasta inversa de la contratación estatal en Colombia

La subasta inversa de la contratación estatal en Colombia

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La

subasta inversa de la contratación estatal en Colombia



 

Durante la década de los noventas e inicios del siglo XXI

en Colombia, se presentó un drástico proceso de privatización de empresas y

entidades públicas, iniciado con la venta de prestadores de servicios de

infraestructura y de instituciones financieras pública y posteriormente se

extendió a servicios sociales como son salud y educación. En este panorama

nace la política reguladora y de promoción de la competencia del Estado

como modalidad de intervención pública en la economía (Rivera, 2004, p.

310).

 

En

1993 la Ley 80 es creada como normativa de contratación y en desarrollo de

los principios constitucionales señalados en el artículo 209 de la

Constitución Política para la función administrativa, buscando la

modernización de la contratación.  El

argumento principal para el planteamiento de las subastas inversas dentro

de la actual política de contratación en Colombia, como herramienta de

eficiencia y transparencia, fue que esta herramienta ya se había utilizado

en el 2002 a través del Decreto 2170 reglamentario de la Ley 80 de 1993 que

fue declarado nulo en el articulado donde se regulaba su uso.  El decreto en mención establecía nuevas

reglas para los procesos de contratación directa e introducía los

lineamientos para la utilización de herramientas de información y

comunicación en la contratación estatal (Prada, 2005, p. 5-6). 


 

Los

datos de ahorro evidenciados en el uso de esta herramienta fueron: 1.

Ecopetrol que presentó entre el 2002 y el 2004 ahorros entre el 18 y el 25%

respectivamente en relación con los presupuestos estimados oficialmente. 2.

La EPS del ISS: entre el 2003 y el 2004 obtuvo ahorros del 7 y el 20%

respectivamente en relación con los precios históricos de adquisición de

medicamentos. 3. Para el Banco Agrario en el 2004 obtuvo ahorros del 32%,

en relación con el presupuesto estimado oficialmente. 4. En el FEN para el

2003 dos procesos de compra de medidores eléctricos para 8 electrificadoras

se obtuvieron ahorros entre el 44 y el 38% del presupuesto oficial

estimado. 5. En Ecogás en dos licitaciones del 2004 se obtuvo ahorros del

21 y el 37% respectivamente en relación con el presupuesto oficial

estimado. En los casos de la FEN y Ecogás solamente se utilizaron en dos

oportunidades generando ahorros de más de $43.000 millones para ese momento,

demostrando un ahorro significativo para estas entidades colombianas que la

utilizaron (Exposición de Motivos Proyecto de Ley 020 de 2005 - Ley 1150 de

2007).

 

En

términos de oportunidad y eficiencia del tiempo también se mostraron

resultados para respaldar el uso de este instrumento. En efecto, Ecopetrol

adelantaba procesos contractuales en 2 meses mientras que con esta

herramienta y para la adquisición de bienes estandarizados solo 4 días

hábiles.  Ecogás duró menos de 10

días hábiles, desde la invitación a participar hasta la adjudicación. Según

cálculos del Departamento Nacional de Planeación, si se tomaban como base

las cifras del CONFIS del valor de los gastos del Sector Público

Consolidado en bienes y servicios que corresponden a $7,1 billones en 2004

y a esta cifra se le aplica un porcentaje de ahorro promedio conservador de

10%, la masificación de la utilización de la herramienta de subasta podría

representar unos $710 mil millones, una cifra que equivale a 0.3 puntos del

PIB. La eficiencia en el uso de tan cuantiosos recursos aparece no sólo

como una medida por el buen gobierno, sino más que eso, deviene en un

imperativo moral en tiempos de restricción fiscal (Exposición de Motivos

Proyecto de Ley 020 de 2005 - Ley 1150 de 2007).


 

En  el año 2000 se realiza un Informe de

Adquisiciones de compras y análisis de la normatividad contractual

denominado Country Procurement Assessment Review del Banco Mundial (CPAR),

donde se analizaron los siguientes puntos: 1.  Que la Ley 80 no era un estatuto  y existía dispersión de normas, 2.  Se consideró que el texto era anti

técnico y poco sistemático, que el mismo contempla algunas instituciones

ineficientes o ineficaces como el caso del RUP (registro único de

proponentes), y que existía una concepción rígida de procesos de selección

que terminó por encarecer y hacer ineficiente la escogencia de contratistas

para el Estado. 3. Deficiente planeación de los contratos de la

administración pública y que el sistema presupuestal no se encontraba

armonizado con las disposiciones que gobernaban la contratación y que los

procesos y procedimientos que seguían las entidades a efecto de aplicar la

Ley 80 del 93 y sus normas reglamentarias resultaban anacrónicos y en todo

caso asistemáticos. 4. El CPAR señaló que existen vacíos en la regulación

de la contratación con dineros públicos que favorecían la venalidad y la

corrupción. 5. Era inexplicable que, aunque Colombia contaba por un lado,

con varias entidades llamadas a contrarrestar la corrupción como eran la

Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación,

las Personerías Distritales y Municipales, las Contralorías departamentales

y municipales, la Fiscalía General de la Nación y la Veeduría Distrital de

Bogotá y, por otro, con un sistema legal destinado a combatir las

irregularidades y malos manejos en la celebración de contratos

administrativos (Estatuto Anticorrupción, Código Penal, Estatuto

Disciplinario), sin embargo el índice de corrupción en las contrataciones

del Estado seguía siendo demasiado alto. 6. La persistente corrupción y

falta de transparencia en la contratación pública fueron atribuidas a

diversas causas encontrándose así:


 

a) Las auditorías y controles a la

contratación eran de muy baja calidad, poco especializadas y llevadas a

cabo por funcionarios deficientemente capacitados en el área de la

contratación pública;

 

b) los controles ejercidos hacían énfasis

en el cumplimiento de procedimientos y formalismos de la contratación,

olvidando aspectos más importantes y relevantes que realmente constituían

fuentes de corrupción;

 

c) Las decisiones y resultados de las

investigaciones correspondían a motivaciones políticas y especialmente a

nivel territorial, donde la adjudicación de contratos comúnmente llegaba a

manos de amigos políticos de los ordenadores del gasto.

 

El

Departamento Nacional de Planeación fue llamado a formular un componente de

Reformas de la Contratación Pública para ser incluido en el Proyecto de

Modernización de la Administración Financiera Pública MAFP I y II (Crédito

7049-CO) en el que se incluyó el subcomponente de Fortalecimiento de la

Contratación Pública que se desarrolló en un plazo de cinco años.

 

Así,

el Proyecto de Contratación Pública BIRF-DNP fue conformado a final del mes

de octubre de 2001 en el Departamento Nacional de Planeación bajo la

dirección de Gonzalo Suárez Beltrán, con la tarea de reflexionar sobre la

contratación pública colombiana e impulsar las reformas correspondientes.

 

Posteriormente,

se creó una “Política de Estado para la Eficiencia y la Transparencia en la

Contratación Pública” (2002): a través del CONPES 3186 de 2002 en el

Gobierno de Andrés Pastrana. Con la llegada del Gobierno Uribe Vélez, en

2002, se decidió que el proyecto pasara a ser parte de las llamadas

“reformas transversales” del Programa de Reforma a la Administración

Pública – PRAP  “Política de

Contratación Pública para un Estado Gerencial” (2003): y la elaboración del

CONPES 3249 de 2003, que guio las acciones del proyecto durante toda su

gestión a la fecha, ya que remplazo integralmente el CONPES 3186.


 

La mayoría de procesos

contractuales se enmarcan en las subastas a sobre cerrado, a primer

precio.  En la adquisición o

suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de

común utilización, que corresponden a aquellos que poseen las mismas

especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus

características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad

objetivamente definidos, se hace uso de procedimientos de subasta inversa

debido a que la teoría económica de subasta inversa establece que este

modelo es eficiente para la adquisición de único bien y de condiciones

estandarizadas.


 

La principal razón para la

implementación de la subasta inversa es el ahorro que presentó para las

arcas estatales, según la exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente funcionaría por su agilidad y simplicidad, la mejor garantía de

la rectitud en el manejo de los recursos públicos involucrados, reduciendo

los costos de transacción que encarecen la contratación pública; además,

tendrían la eliminación de espacios que puedan ser utilizados para ofrecer

coimas en la adjudicación de contratos y contribuyendo así a la

transparencia (exposición de Motivos Proyecto de Ley 020 de 2005 - Ley 1150

de 2007).

 

De forma paralela, regula

los requisitos mínimos para participar en los procesos de selección y

permite subsanar errores de "papeleo" que no alteren las

condiciones que habilitan la participación en la puja. De igual modo, el

realizar una puja pública incentiva la selección objetiva de los

contratistas del Estado (exposición de Motivos Proyecto de Ley 020 de 2005

- Ley 1150 de 2007).

 

En la medida en que se

trate de adquirir un objeto cuyas características técnicas puedan reducirse

a unas comunes en su funcionalidad y calidad, tal proceso debe realizarse

únicamente en función del precio del bien, una vez se han verificado las

condiciones de capacidad de los licitantes mediante el procedimiento

pasa-no pasa (exposición de motivos, Ley 1150 de 2007).

 

La

adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común

utilización, al tener una participación del 80% en número de contratos en

la administración estatal,  hacía

necesario unificar el procedimiento a través de la subasta, para maximizar

los recursos del Estado que más participación presentaban dentro de la

contratación estatal (exposición de motivos, Ley 1150 de 2007).


 

Finalmente, se

establecieron parámetros de subasta por medios electrónicos y presenciales,

siendo las primeras una contribución adicional a la reducción de costos de

oportunidad y las segundas una manera de no restringir la participación de

quienes no tienen acceso a medios electrónicos ya sea por parte de las

entidades estatales o de la ciudadanía en general.

 

De igual manera, a través

de la leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, se introducen cinco modalidades de

contratación, donde la escogencia del contratista se efectúa con arreglo a

las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,

mínima cuantía, concurso de méritos y contratación directa, buscando la competencia,

eficiencia, objetividad y transparencia en la selección de los proveedores

de bienes y servicios.

 

La

implementación



 

Tras

la expedición de la Ley 1150 de 2007 se establece que las subastas inversas

serán utilizadas para la adquisición de bienes de características técnicas

uniformes y de común utilización; se regula su uso a través del decreto 066

de 2008 que posteriormente es remplazado en su totalidad por el decreto

2474 de 2008 quien reguló hasta abril de 2012 la subastas inversas tras la

expedición el decreto 734 de 2012. En 2013 se expide el decreto 1510

derogando los anteriores para que posteriormente fuera incluido su

contenido en el decreto 1082 de 2015, el cual en la actualidad regula el

tema.  A continuación se identifican

los diferentes periodos de vigencia de la normatividad relacionada:


 

Tabla

1


Normatividad Colombiana de

Contratación – Subasta Inversa

 









Decreto





Periodo









Desde





Hasta









066





16 de enero de 2007





6 de julio de 2012









2474





7 de julio de 2012





12 de abril de 2012









734





13 de abril de 2012





julio 16 de 2013









1510





17 de julio de 2013 (se da la posibilidad de

iniciar su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2014)





25 de mayo de 2015









1082





26 de mayo de 2015





Actualidad









Nota: Elaboró el autor.

 

Se estableció bajo el

decreto 2474 de 2008 que las entidades usarían la modalidad de subasta electrónica,

salvo que la entidad certificará que no se contaba con la infraestructura

tecnológica para ello, caso en el cual podría llevarse a cabo los

procedimientos de subasta de manera presencial, sin perjuicio de las

verificaciones que al respecto efectuará el Ministerio de Comunicaciones.

 

Se indicó en este mismo

decreto que la subasta inversa daría inicio en la fecha y hora señalada en

los pliegos de condiciones, previa autorización de la entidad para la cual

se utilizarían los mecanismos de seguridad definidos en los pliegos de

condiciones para el intercambio de mensaje de datos. El decreto 734 de 2012

introduce adicionalmente que los pliegos de condiciones establecerían la

oportunidad en la cual los proponentes podrían conocer con suficiente

antelación a la subasta, la herramienta que será utilizada para tal efecto.



 

Los decretos 1510 de 2013

y 1082 de 2015 establecieron que la entidad estatal puede escoger si

adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente. Si la entidad

estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los plie­gos

de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los

mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.


 

A la vez la normatividad en

general regló que el precio de arranque de la subasta inversa electrónica

será el menor de las propuestas iniciales de precio y que los proponentes

que resultaran habilitados para participar en la subasta presentarían sus

pujas o lances de precio electrónicamente, usando para el efecto las

herramientas y medios tecnológicos y de seguridad definidos en los pliegos

de condiciones.

 

De igual manera indicó que

si en el curso de una subasta dos (2) o más proponentes presentan una

postura del mismo valor, se registraría únicamente la que haya sido enviada

cronológicamente en primer lugar. Adjudicado el contrato la entidad debía

publicar el desarrollo y resultado de la subasta incluyendo la identidad de

los proponentes.

 

Se estableció de igual

forma que la entidad deberá asegurar que el registro de los lances válidos

de precios se produjera automáticamente sin que hubiera lugar a una intervención

directa de la entidad. Conforme avanzará la subasta el proponente sería

informado por parte del Sistema o del operador tecnológico que brindaba

servicios de subasta, únicamente de la recepción de su lance y de la

confirmación de su valor, así como del orden en que se ubicaba su

propuesta, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la

identidad de los proponentes. En ningún caso se haría público el valor de

las ofertas durante el desarrollo de la subasta.

 

Bajo los Decretos 2474 de

2008 y 734 de 2012 se estableció que si en el curso de una subasta

electrónica inversa se presentaren fallas técnicas imputables al Secop, a

la entidad o a la empresa a cargo de la operación tecnológica de la

subasta, que impidieran que los proponentes enviaran sus propuestas, la

subasta era cancelada y debía reiniciarse el proceso.

 

Sin embargo, la subasta debía

continuar si la entidad perdía conexión con el Secop o con la empresa a

cargo de la operación tecnológica de la subasta, siempre que los

proponentes pudieran seguir enviando sus propuestas normalmente.  Si por causas imputables al proponente o a

su proveedor de servicio de Internet, aquel pierda la conexión con el Secop

o con el operador tecnológico de la subasta, no se cancelaría la subasta y

se entendería que el proveedor desconectado ha desistido de participar en

la misma, salvo que logrará volver a conectarse antes de la terminación del

evento.


 

La entidad debía contar

con al menos una línea telefónica abierta de disponibilidad exclusiva para

el certamen que prestará auxilio técnico a lo largo de la subasta para

informar a los proponentes sobre aspectos relacionados con el curso de la

misma.

 

Bajo los decretos 1510 de

2013 y 1082 de 2015 se modificó y se indicó que si en el curso de una

subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los

oferentes presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la

falla técnica haya sido superada la entidad estatal debe reiniciar la

subasta. Igualmente si por causas imputables al oferente o a su proveedor

de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante

la subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se perdía, la

subasta continuaría y la entidad estatal entendía que el proveedor que

pierde su conexión ha desistido de participar en la misma.

 

Los decretos 2474 de 2008

y 734 de 2012 establecieron que los lances serían válidos si superaban el

margen mínimo de mejora en relación con el precio de arranque si se trata

del primer lance, o el último lance válido ocurrido durante la subasta en

lo sucesivo.

 

Con los decretos 1510 de

2013 y 1082 de 2015, este último vigente en la actualidad, se aclaró que si

los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal

debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio

inicial más bajo. Que al terminar la presentación de cada lance, la entidad

estatal debe informar el valor del lance más bajo y si al terminar la

subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente

que presentó el menor precio inicial, en caso de persistir el empate la

entidad estatal debe aplicar las reglas establecidas en el mismo decreto

1510 de 2013 para desempates;

 

Indicaron de igual forma,

que la entidad estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que

antes de la adjudicación, los participantes en la subasta no identifiquen

las ofertas y los lances con el oferente que los presenta. La subasta

termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un período

para la presentación de lances. La entidad estatal debe adjudicar el

contrato al oferente que haya presentado el lance más bajo. En el acto de

adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre de los oferentes y el

precio del último lance presentado por cada uno de ellos

 

La normatividad en general

estableció que Los precios artificialmente bajos serían aplicados al precio

de adjudicación.

 

 

 

Estas reformas han

afectado el procedimiento de subasta en especial en el número mínimo de participantes

y la pluralidad de oferentes en el evento de subasta, así:

 

Tabla

2


Comparación normativa de

número mínimo de licitantes








Decreto 2474 de 2008





Decreto 734





Decreto 1510





Decreto 1082









Si sólo un oferente resultare habilitado para

participar en la subasta, la entidad ampliará el plazo para la

presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial de

precio, por el término indicado en los pliegos de condiciones, el cual en

ningún caso podrá ser mayor de la mitad del inicialmente previsto.

Si vencido ese plazo no se alcanza la

pluralidad de proponentes, la entidad adjudicará el contrato al

proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto

oficial indicado en el pliego de condiciones.





Si sólo un

oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad

adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta no

exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones y

ajuste su oferta a un descuento mínimo.





La Entidad Estatal

puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta

siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga

los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las

disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente decreto

para la subasta inversa

 

Hay subasta

inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos

bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.

 

Si en el proceso

de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios

cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede

adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es

igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso

en el cual no hay lugar a la subasta inversa





La Entidad Estatal

puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta

siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga

los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las

disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente decreto

para la subasta inversa

 

Hay subasta

inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos

bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.

 

Si en el proceso

de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios

cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede

adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es

igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso

en el cual no hay lugar a la subasta inversa



























Nota1: Elaboró el autor.

Nota 2: Se realiza el análisis bajo el

alcance de la investigación.

 

La subasta inversa tras la

Ley 1150 de 2007 se define en como una puja dinámica efectuada presencial o

electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un

tiempo determinado, esperando que fuera un instrumento idóneo en la

administración del recurso público (Ley 1150 de 2007).

 

Para que exista subasta se

establece la necesidad de mínimo dos proponentes y se permite la

adjudicación la del contrato a un único oferente que cumpla con lo

establecido en el pliego de condiciones no exceda el presupuesto oficial, solamente

en el Decreto 734 de 2012 constituye un descuento mínimo para ser

adjudicado a un solo proponente.

 

El

Consejo de Estado en el 2010 estableció la necesidad de pluralidad de

oferentes, para maximizar los beneficios para el Estado a partir de la competencia

entre varios de ellos.

 

El presente modelo de

subasta parte de que no existe colusión debido a que la Constitución

Política de Colombia, en su artículo 333, establece entre otras situaciones

que: “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone

responsabilidades” (…) El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en

el mercado nacional.”


 

De igual manera, la Ley 155 de

1959 establece en su artículo primero: “Quedan prohibidos los acuerdos o

convenios o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto

limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias

primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en

general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a

limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios

inequitativos”.

 

Paralelamente, el decreto 2153

de 1992, artículo dos, establece que entre sus funciones, La

Superintendencia de Industria y Comercio velara por la observancia de las

disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales

restrictivas, en los mercados nacionales.  Adicionalmente, el artículo 47,

numeral 9, se establece que son contrarios a la libre competencia, entre

otros, los siguientes acuerdos: colusión en licitaciones o

concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de

contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las

propuestas.


 

De igual manera, la Ley 1340 de

2009 dictó normas en materia de protección de la competencia y se le

concedió a la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia

privativa de las investigaciones administrativas, la imposición de multas,

así como la adopción de las demás decisiones administrativas que deban

tomarse por infracción a las disposiciones sobre protección de la

competencia. Esta ley fue de la mano junto a

los decretos 3523 de 2009, modificado por el decreto 1687 de 2010.


 

Desde el año 2009,  la Superintendencia de Industria y

Comercio creó un grupo anti-colusión, dio inicio a más de 30 averiguaciones

preliminares relacionadas con la conducta tipificada en el artículo 47

numeral 9 del Decreto 2153 de 1992 (Archila, 2012, p. 1).


 

Con ocasión

de la coyuntura de los denominados “carruseles de contratación” en Colombia

y particularmente en Bogotá, Distrito Capital, se presentó un giro

institucional importante para proteger los procesos de selección de

contratistas. La Superintendencia de Industria y Comercio, en el año 2010,

realizo una guía práctica para combatir la colusión en las licitaciones, en

la cual se establece que la colusión no es solo una conducta que afecta a

los demás proponentes que no participan en el cuerdo colusivo, sino que

tiene un impacto directo en el aumento de los precios de los bienes y

servicios contratados, generando desequilibrio en el gasto público. Según

estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE), las adquisiciones del sector público representan hasta el 15% del

PIB, lo que convierte a la contratación pública en un componente importante

de la actividad económica, y a la vez se evidencia la necesidad de orientar

políticas para disminuir y detectar la colusión y no permitirlas en la

contratación pública.

 

Con la

promulgación de la Ley 1474 de 2011, comúnmente conocido como estatuto

anticorrupción, en su artículo 27,  acuerdos restrictivos

de la competencia
adicionó  a

la  Ley 599 de 2000 el artículo 
410A, el

cual estableció que en un proceso de licitación pública, subasta pública,

selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar

ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6)

a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos

legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades

estatales por ocho (8) años.


 

De igual manera, establece que

quien en su condición de delator o clemente, mediante resolución en firme,

obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la

Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo

anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los

siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de

la multa a imponer una inhabilidad para contratar con entidades estatales

por cinco (5) años.


 














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SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS

Jefe de Control Interno

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Equipo: Control Interno

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