Concepto 471651 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública

Fecha de Expedición: 22 de septiembre de 2020

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA
- Subtema: COVID-19

"El el trabajo y su correspondiente remuneración es un derecho fundamental y un deber social protegido Constitucionalmente, que limita el ámbito de libertad de configuración normativa por parte del gobierno en la materia, incluso durante la configuración del estado de emergencia."

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
- Subtema: Asignación Salarial

"El el trabajo y su correspondiente remuneración es un derecho fundamental y un deber social protegido Constitucionalmente, que limita el ámbito de libertad de configuración normativa por parte del gobierno en la materia, incluso durante la configuración del estado de emergencia."

*20206000471651*

 

 Al contestar por favor cite estos datos:

 

Radicado No.: 20206000471651

 

Fecha: 22/09/2020 08:38:43 a.m.

 

Bogotá D.C.

 

REF.: REMUNERACION. Asignación básica. Salarios de los empleados públicos durante emergencia ocasionada por el covid-19 RAD.: 2020-206-045667-2 del 16 de septiembre de 2020.

 

En atención a su escrito, remitido a este Departamento Administrativo por parte del Ministerio del Trabajo, mediante el cual presenta derecho de petición relacionado con la eventual disminución en la remuneración de los empleados públicos durante la emergencia ocasionada por el covid-19, me permito indicar lo siguiente:

 

El artículo 215 de la Constitución Política, establece lo siguiente:

 

ARTÍCULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

 

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. (…)

 

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente (…)

 

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.”

 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política, durante el estado de emergencia, declarado así por el Presidente de la República y los Ministros de Despacho, se podrán dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, entre otros, se podrán establecer en forma transitoria nuevos tributos o modificar los existentes.

 

Por otra parte, el inciso final del citado artículo 215 Constitucional, prohíbe desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante la expedición de los decretos extraordinaríos.

 

Frente al particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1433 de 2000, señaló:

 

“2.7. De las normas de la Constitución surge el deber constitucional del Estado de conservar no sólo el poder adquisitivo del salario, sino de asegurar su incremento teniendo en cuenta la necesidad de asegurar a los trabajadores ingresos acordes con la naturaleza y el valor propio de su trabajo y que les permitan asegurar un mínimo vital acorde con los requerimientos de un nivel de vida ajustado a la dignidad y la justicia. En efecto, la exigencia de dicho deber surge: i) de la necesidad de asegurar un orden social y económico justo (preámbulo); ii) de la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho, fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad y de la consagración del trabajo como valor, derecho subjetivo y deber social (art. 1); iii) del fin que se atribuye al Estado de promover y garantizar la prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (arts. 2, 334 y 366); iv) del principio de igualdad en la formulación y aplicación de la ley (art. 13); v) de la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil (art. 53); vi) del reconocimiento de un tratamiento remuneratorio igual tanto para los trabajadores activos como para los pasivos o pensionados (arts. 48, inciso final y 53, inciso 2); vii) del deber del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334) y viii) de la prohibición al Gobierno de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, entre los cuales se encuentra naturalmente el salario, durante el estado de emergencia económica, lo cual indica que en tiempo de normalidad mucho menos puede disminuir los referidos derechos.” (Subrayado fuera de texto).

 

De acuerdo con la conclusión de la Corte, de la Constitución Política surge el deber supremo del Estado de conservar no sólo el poder adquisitivo del salario, sino de asegurar su incremento teniendo en cuenta la necesidad de asegurar a los trabajadores ingresos acordes con la naturaleza y el valor propio de su trabajo y que les permitan asegurar un mínimo vital acorde con los requerimientos de un nivel de vida ajustado a la dignidad y la justicia, por tal motivo, no es procedente que el Gobierno Nacional desmejore el salario de los trabajadores, incluso durante el estado de emergencia.

 

De otro lado, se considera importante destacar que el artículo 25 de la Constitución Política determina que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

 

Por su parte, el artículo 53 de la Constitución establece a título enunciativo algunos principios tales como la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social; así como la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.

 

En este orden de ideas, el trabajo y su correspondiente remuneración es un derecho fundamental y un deber social protegido Constitucionalmente, que limita el ámbito de libertad de configuración normativa por parte del gobierno en la materia, incluso durante la configuración del estado de emergencia.

 

Ahora bien, el Gobierno Nacional, entre otros, expidió el Decreto Ley 491 de 2020, en el que prevé el trabajo en casa con el fin de evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la emergencia ocasionada por el covid-19, para tal efecto, las entidades u organismos públicos velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la mencionada modalidad de trabajo, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, en este orden de ideas, de manera general, los servidores públicos continúan prestando los servicios a su cargo.

 

Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público, las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos; así como la normatividad que ha emitido el Gobierno Nacional a propósito de la emergencia ocasionada por el covid – 19, me permito indicar que en el link /eva/es/gestor-normativo y https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html podrá encontrar conceptos y normativa relacionados con el tema.

 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

Cordialmente,

 

ARMANDO LÓPEZ CORTES

 

Director Jurídico

 

Proyectó. Harold Herreño

 

Revisó: José Fernando Ceballos Arroyave

 

Aprobó: Armando López Cortes

 

GCJ-601 - 11602.8.4