El cumplimiento de los estándares de la OCDE en integridad pública es una prioridad estratégica para Colombia. Estos lineamientos ofrecen un marco internacional reconocido que orienta la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión ética en las entidades públicas, fortaleciendo la confianza ciudadana y facilitando la cooperación internacional. Alinear las prácticas institucionales con la OCDE no solo mejora la prevención y detección de riesgos de corrupción, sino que también incrementa la eficiencia y la legitimidad de la gestión pública.
Por tanto, avanzar en mejores prácticas dentro de las entidades es clave para consolidar una cultura de la legalidad. Esto implica institucionalizar políticas claras de integridad, sistemas de control y canales de denuncia, así como capacitación continua y liderazgo ejemplar. Cuando las entidades internalizan estos mecanismos, se reducen vulnerabilidades, se promueve la conducta pública responsable y se incentiva el comportamiento ético entre servidores y contratistas.
Con este propósito, se implementa el test de autogestión sobre el avance de la Política de Integridad Pública y de percepción de la Cultura de Integridad como una herramienta diagnóstica diseñada para medir el nivel de madurez institucional en cada entidad, los aspectos evaluados comprenden el marco institucional, el liderazgo por la integridad pública, los roles para el desarrollo del marco de integridad, la estrategia institucional por la Integridad Pública y la cultura de integridad; asimismo, incluyen los compromisos por la integridad, el liderazgo, la responsabilidad y las herramientas y formación.
En este sentido, la participación de los jefes de talento humano y de los servidores públicos que ejercen el rol de gestores de integridad es fundamental, ya que su conocimiento operativo y estratégico permite identificar avances, brechas y prioridades de mejora. Asimismo, los resultados del test orientarán a las entidades en la adopción de acciones concretas para fortalecer los controles internos, la capacitación, la gestión del riesgo y la cultura organizacional, contribuyendo así a una administración pública más íntegra y resiliente frente a la corrupción.