Sentencia 917 de 2002 - Corte Constitucional

La ley 640 de 2001, al advertir que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, puede instruir a los conciliadores acerca de la forma en que éstos deben administrar justicia, invade la órbita exclusiva de reglamentación que le confiere la Constitución Política al Consejo Superior de la Judicatura y además propicia la intromisión de la Rama Ejecutiva en labores propias de la Judicial, la cual tiene garantizada, por vía constitucional, la independencia de sus decisiones y la autonomía de su funcionamiento