Descripción

La gestión jurídica se concibe como el conjunto de acciones, políticas y medidas encaminadas a la eficaz y eficiente defensa de los intereses patrimoniales y judiciales de los entes estatales. Una de las políticas más importantes de la gestión jurídica, es la prevención del daño antijurídico, que se refiere a las gestiones encaminadas a evitar que por las mismas causas generadoras de responsabilidad se produzcan, en el futuro, nuevas obligaciones patrimoniales a cargo de los organismos oficiales.

De otra parte, la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”, dentro de su Capítulo IX sobre Buen Gobierno contempla como una de las estrategias para lograr el objetivo 3 de promover la eficiencia y eficacia administrativa, implementar la Gestión Jurídica Pública en las entidades.

Para lograr este cometido, desde 2016 Función Pública ha implementado el Modelo de Gestión Jurídica con el cual se busca mejorar la calidad normativa, armonizar y racionalizar las normas existentes, propender por llenar vacíos existentes en las normas y crear mayores niveles de certidumbre, crear unidad de criterio jurídico y homogeneidad en los temas de competencia de la entidad, establecer directrices sobre la prevención del daño antijurídico, promover el uso de la conciliación en aquellos casos en que exista alta probabilidad de condena contra la entidad y fortalecer las competencias de los  servidores públicos para aumentar su capacidad de análisis de la información, el uso de tecnologías y hacer énfasis en su capacidad preventiva y anticipatoria.

El modelo es el siguiente:

 

Fuente: Dirección Jurídica – Función Pública

Fecha de actualización: 16 de Mayo de 2018