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Gobierno nacional ha racionalizado 1.103 trámites para mejorar la calidad de vida de los colombianos
Balance mega meta

Bogotá, martes 29 de mayo de 2018. Con la racionalización de 1.103 trámites el Gobierno nacional ha superado lo previsto en la mega meta planteada con Función Pública, que buscaba la racionalización de 800 trámites en el periodo 2015 – 2018, y ha generado una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, gracias a un ahorro aproximado de más de 62 mil millones, gracias a la disminución de tiempos, requisitos y eliminación parcial y total de tarifas, entre otros factores.

 

El impacto de esta política es enorme si se tiene en cuenta que involucra a todos los grupos de valor del Estado, tales como ciudadanos, empresarios, extranjeros y hasta entidades, dado que algunas realizan trámites en otras dependencias del Estado.

 

“Ayudamos a las entidades en la identificación de cuellos y oportunidades de mejora para reducir pasos, costos y tiempos hacia los ciudadanos. Contamos con guías, metodologías y un equipo humano calificado, con presencial nacional y territorial, que acompaña y asesora a las entidades en la creación y el mejoramiento de trámites”, aclara Fernando Segura Restrepo, Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública.

 

La Política de Racionalización de Trámites tiene como objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos mediante acciones normativas, administrativas y tecnológicas que permiten reducir tiempos, ahorrar dinero y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.

 

Función Pública debe garantizar que todo trámite creado no incluya requisitos prohibidos por la ley, tales como cobros ilegales; esta entidad del Gobierno, además, propende porque los trámites sean fáciles para el ciudadano, con información clara y precisa.

 

Muchas acciones logradas en el marco de esta política se traducen en acceso a derechos para poblaciones específicas como las víctimas del conflicto o las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, disminución de tiempos en el procedimiento de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en Caquetá y Huila, o mayor rapidez para la adquisición de publicaciones especializadas en discapacidad auditiva y reducción del tiempo de respuesta para que las víctimas del conflicto reciban los giros de la indemnización administrativa, que de un año se redujo a 3 meses.

 

Así mismo, en el Guaviare, la Unidad de Restitución de Tierras abrió una oficina para la atención de solicitudes para evitar el traslado de los solicitantes hasta el departamento del Meta.

 

A su vez, otras acciones permitieron la eliminación de cobros como el duplicado de la cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, copia del Registro Civil y rectificación de la cédula para los indígenas.

 

Otras mejoras realizadas tienen un impacto favorable en la productividad; por ejemplo, la eliminación del requisito de titularidad de cuenta bancaria para actualizar o inscribir el RUT como persona jurídica, o la notificación electrónica de actos administrativos del INVIMA para varios registros sanitarios, procedimiento que reduce costos de transporte y tiempos de desplazamiento.

 

Se resaltan también otras acciones como la notificación electrónica al ciudadano de la decisión tomada sobre la solicitud de Pensión de sobreviviente ante la Unidad de Pensiones y Parafiscales –UGPP-; disminución en el tiempo de respuesta a solicitudes de Visitas guiadas en el Archivo General de la Nación; y la eliminación de documentos para la Indexación de revistas científicas colombianas especializadas – Publindex- ante Colciencias.

 

De igual manera, con la Secretaría de Educación Distrital se desarrolló un aplicativo que permite diligenciar en línea trámites como la Inscripción en el Escalafón Nacional Docente, la Constancia de Registro de Diploma, la Protocolización del Tiempo de Servicio de docentes que laboran en instituciones privadas; y la Evaluación de Obras presentadas por los docentes con fines de ascenso al escalafón.

 

En el sector Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, permite el pago de sus trámites mediante la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea –VITAL.

 

Cabe destacar que desde el año 2015 a la fecha se han racionalizado 953 trámites en el orden nacional; por su parte, en el orden territorial ya son 150 trámites racionalizados. Algunos de los municipios donde se llevaron a cabo estas mejoras son: Villarrica, en el departamento del Cauca, donde se logró reducir de tres meses a 15 días hábiles la inclusión en el Sisben; Montería, con la consulta en línea en la página web de la Alcaldía del estado de cuenta de los inmuebles y el valor del impuesto unificado; San Agustín, Huila, que disminuyó de un día a dos horas el trámite del certificado de defunción; o en Yopal, Casanare, donde los ciudadanos pueden realizar totalmente en línea el trámite del impuesto de industria y comercio complementario de avisos y tableros.

 

Además la apertura del Súper CADE de Engativá, por parte de la Alcaldía de Bogotá, representa un espacio que facilita el acceso de los ciudadanos a trámites de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asesor de Bogotá, entre otras entidades capitalinas.

 

“Por todo lo anterior, expresamos que los logros alcanzados con esta política reafirman el compromiso de Función Pública con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de la gestión de las entidades nacionales y territoriales”, agregó Segura Restrepo.

 

La estrategia de racionalización surge de un mandato legal de 2005 que le asignó a Función Pública la tarea de liderar la racionalización de trámites, para lo cual la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano acompaña y brinda asistencia técnica a las entidades nacionales y territoriales para que implementen acciones de racionalización, además de promover la articulación interinstitucional y el seguimiento al cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.